A excepción de Tijuana, donde la corporación ha participado en capturas y
decomisos, el resto de las policías municipales no tienen una estrategia sólida
y eficiente para el combate al crimen y a la inseguridad.
En Ensenada, el
militar en el retiro Florencio Cuevas dio la orden de no inmiscuirse en temas de
narcotráfico; en Tecate, el ex ministerial está más concentrado en las oficinas;
en Mexicali, el teórico Carrillo Maza se la pasa en conflicto con la PEP; y en
Rosarito, el alcalde Robles pretende eliminar al mando militar y ubicar a un
sospechoso ex jefe de Policía en Tijuana, Carlos Otal Namur.
Rosario Mosso Castro
A más de un año, el retiro de mandos militares de las policías municipales en
Baja California ha provocado retrocesos en materia de seguridad; como si los
criminales hubieran abandonado el estado, se cancelaron las capturas de los
capos, se ignora el combate al narcomenudeo y se evade hasta la ofensiva contra
simples ladrones, obviamente, protegidos por células delictivas posicionadas en
el territorio.
Las evidencias indican que los alcaldes priistas no están interesados en un
combate de fondo a la inseguridad, mientras sus directores parecen conformarse
con administrar la corrupción.
Salvo el caso de Tijuana (ejemplos: captura de Juan Sillas, decomiso de 70
kilos de cocaína), el resto de los directores y secretarios de Seguridad
municipales, decidieron cerrar los ojos ante el crimen organizado, ignorar la
responsabilidad de crear bases de información e inteligencia, y no cumplir con
la obligación de depurar las corporaciones.
Vale decirlo, el único miembro castrense que encabeza una corporación local,
General Florencio Cuevas Salgado, tampoco ha rendido frutos en Ensenada, pero su
ineficiencia fue conocida y probada desde que dirigió la Policía Ministerial
bajacaliforniana en 2009. Su nombramiento resultó incongruente desde un
inicio.
Para la zona costa, el futuro empeora ante la insistencia del alcalde de
Rosarito, Javier Robles Aguirre, de nombrar en ese municipio -reconocido como
importante plaza para el cruce de droga y residencia de miembros de los
cárteles- al ex jefe policiaco de Tijuana de oscuro historial, Carlos Otal
Namur.
Otal a Rosarito
Desde el inicio de su administración, el presidente municipal “Tito” Robles
aceptó, aunque evidentemente condicionada, la presencia del militar Magdaleno
Vázquez Luis como director de Seguridad Pública Municipal; lo hizo porque se
había comprometido con el General Alfonso Duarte ante el Consejo Estatal de
Seguridad, que los nombramientos serían aprobados por el máximo jefe militar en
la zona, para no tener problemas con la coordinación institucional.
Sin embargo, para controlar la institución, le impuso como comandante a su
amigo Mario Alberto Navarrete Núñez, otro policía que ha recibido serios
señalamientos de infiltración criminal.
De entrada, la plantilla de la
corporación municipal se dividió entre los elementos de extracción militar que
obedecían a Vázquez y los civiles aliados a Navarrete.
Los oficiales civiles empezaron a atacar a los ex castrenses y motivaron a
los ciudadanos, residentes de donde los ex militares realizaban operativos
especiales contra el narcomenudeo al principio de la administración, para que
acusaran a sus compañeros “por abuso de autoridad”.
Después, los ex soldados aconsejaban a la gente afectada por abusos, robos o
sustracción de bienes en cateos, y a los agentes civiles, para que pusieran
denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), acumulando
alrededor de diez casos en los primeros meses.
La división se hizo pública y patente el 27 de marzo, cuando fue asesinado el
comandante de la Policía Municipal en Primo Tapia, José Carlos Ventura Isida.
Las primeras indagatorias mostraron que este funcionario se había negado a
coordinarse con los narcotraficantes, y algunos de sus compañeros uniformados
cooperaron en el operativo organizado para matarlo.
A partir de entonces, cesó la participación de agentes municipales en la
captura de criminales ligados a la delincuencia organizada. Las pocas
detenciones de células ligadas al tráfico de drogas, en su mayoría de
delincuentes menores, así como los decomisos, los han realizado el Ejército y la
Policía Estatal Preventiva (PEP).
Entrevistado por ZETA en aquel período, el alcalde Robles
Aguirre defendió a Navarrete y cuestionó las sospechas en su contra de parte del
Consejo Estatal de Seguridad. Argumentó que quienes dudaban y señalaban, estaban
obligados a probar, porque hasta donde él tenía información, su amigo era un
policía honorable. Reiteró que no lo movería del cargo.
Ahora tiene planeado cerrar el círculo y de nuevo levanta sospechas y
preocupación al interior del Consejo Estatal.
En conjunto con el alcalde, el secretario de Finanzas, José María “Chema”
Lozano, quiere nombrar director de la Policía en el quinto municipio a Carlos
Edmundo Otal Namur, ex jefe policiaco señalado en múltiples ocasiones por
presuntas ligas con el crimen organizado.
Fue director de la corporación durante la administración municipal de Jesús
González Reyes, de quien se dijo, recibió decenas de miles de dólares para su
campaña a cambio del nombramiento de Otal; situación que no se denunció ni se
probó ante las autoridades.
En entrevista durante su gestión como alcalde de
Tijuana, González Reyes aseguró que esa designación había sido una decisión
personal porque la propuesta de trabajo de Otal le pareció “la más convincente y
sólida de todas”.
Al recibir el cargo, no tenía carrera policiaca que lo respaldara. Sus
antecedentes eran una amistad con Jorge Hank Rhon y haber sido “madrina” de la
Procuraduría General de la República (PGR) durante más de 20 años.
En abril de 2002, en su calidad de jefe de policías, Carlos Otal Namur fue
detenido por autoridades federales y trasladado a la Ciudad de México, junto a
un amplio grupo de agentes del orden que laboraban en Baja California, en el
primer operativo federal anticorrupción realizado en el estado.
Como la mayoría en aquella detención, fue liberado horas después por falta de
elementos, por presiones de las autoridades estatales y federales que lo
consideraban elemento corrupto, aunque no podían probarlo. Renunció en junio del
mismo año al cargo y regresó en la administración hankista.
Nuevamente, en enero de 2008, el controvertido hombre recibió las visitas
federales. Elementos del Ejército le pidieron permiso para realizar un cateo en
su casa de Playas de Tijuana, sin obtener resultado alguno. En ese tiempo era el
encargado de la seguridad de Arturo Valdez Otáñez, quien fue secuestrado y sigue
ausente.
La respuesta de los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad informados
de las intenciones del alcalde de Rosarito, fue de desconcierto, pero por
protocolo aceptaron hacerle a Otal Namur los exámenes de confianza. Aunque saben
que, los apruebe o no, será decisión de Robles Aguirre designarlo como lo hizo
con Navarrete; temen que esa decisión convierta a la jefatura policíaca de
Rosarito en la más oscura del estado, y pueda abrirse públicamente la
posibilidad de acuerdos con el crimen organizado.
En términos numéricos, las estadísticas delincuenciales expuestas en Rosarito
lucen tan iguales, que resultan sospechosas y aparentan manipulación. En 2010,
mil 533 robos violentos y exactamente la misma cantidad en 2011; mil 354 asaltos
sin violencia durante 2010 y mil 348 en 2011; 33 asesinatos en 2010 y 40 en
2011. Conforme a estos números, la incidencia apenas creció un 2 por ciento.
Ensenada y Sinaloa
Los titulares de las corporaciones integradas a las fuerzas coordinadas en el
estado, fueron informadas e investigan la presencia de un individuo que, a
nombre de la corporación municipal de Ensenada y con supuestas ligas familiares
con militares de alto rango en la Ciudad de México, se ha dedicado a contactar
policías, especialmente de jerarquía principal o ex militares.
Los ubica, entabla comunicación y los cita para notificarles que todo lo que
sucede en Baja California se debe reportar directamente al Distrito Federal. Que
él es la vía y que desde el centro del país, la instrucción es dejar correr al
Cártel de Sinaloa.
No lo menciona directamente, pero da entender que son órdenes de la base
militar en la Ciudad de México. A cada contacto le asegura que otros jefes y
municipios ya están coordinados.
Las autoridades en Baja California recibieron algunos nombres de presuntos
implicados, tema que, por lo pronto, se mantiene en indagatoria por parte de los
grupos de inteligencia.
En cuanto al General Cuevas, fue público que al llegar dio la orden
abiertamente: la Policía que él encabeza no debía molestarse en combatir al
crimen organizado, aunque sabe que estos grupos controlan todos los delitos,
incluidos los del fuero común.
A pesar de que las investigaciones y reportes de inteligencia que el ex
militar conoce, indican que el puerto es usado por jefes de todos los cárteles
presentes en el estado para vivir, para cuidar a sus familias, bajar droga por
aire, por mar y trasladarla por tierra hasta California, al tomar posesión,
Cuevas le dijo a su tropa:
“Si ven armas largas, se hacen a un lado; si son
narcomenudistas, se voltean; si es crimen organizado, no entran”; conseja que
hasta la fecha el militar en el retiro ha cumplido, dándoles a los delincuentes
un espacio cómodo para desarrollar sus actividades.
Salvo contados mini-operativos contra narcomenudeo realizados de septiembre
de 2011 a la fecha, la presencia de la corporación es apenas perceptible.
Oficialmente, la incidencia delictiva entre 2010 y 2011 creció apenas 1 por
ciento, al denunciarse 13 mil 531 robos y 47 asesinatos el año pasado.
Mexicali sin depurar
Desde su llegada a la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, Marco
Antonio Carrillo Maza fue calificado como un teórico bien intencionado, sin
embargo, la desconfianza empezó a rodearlo a partir de los nombramientos de sus
jefes inmediatos, particularmente el del subcomandante Antonio Navarrete
Castillo. Aunque también manejan otros apellidos como Rincón, Delgado, Cárdenas,
Arvizu, Rendón, Duarte López, Sánchez y García.
Esto ha generado falta de coordinación y enfrentamientos de los agentes
municipales con elementos de la PEP, dado que los del estado no consideran
elemento confiable a Navarrete, basados en reportes de inteligencia y
declaraciones de diversos criminales dedicados al tráfico de droga al menudeo,
que lo involucran como parte del negocio.
Evidentemente, no han reunido elementos suficientes para una denuncia
oficial, pero notificaron a Carrillo Maza, quien decidió no tomar medidas al
respecto, lo mismo que sus antecesores.
Desde mayo de 2007, en un video grabado antes de ser asesinado por sus
captores, el ex comandante de la Policía judicial, Ramón Velázquez, advirtió que
en Mexicali las policías Municipal y Ministerial estaban compradas y pagadas por
el Cártel de Sinaloa.
Durante 2008, se aplicaron los primeros exámenes de confianza a la Policía
Municipal de Mexicali, decenas los reprobaron, por “corrupción, deshonestidad,
participación en comisión de delitos y omisión en su trabajo de proteger a la
ciudadanía”, pero ninguno fue despedido y Carillo tampoco consideró hacerlo al
entrar, aunque tiene la posibilidad de correrlos por falta de confianza.
En 2009, al ser capturado, el traficante Víctor Serrano también aseguró que
la Municipal lo protegió a cambio de cientos de dólares, incluso ofreció
nombres. Lo mismo sucedió en marzo del año pasado, cuando fue detenido Julio
César Aguilar “El Vaquero”. Proporcionó algunos nombres y hubo algunos
investigados, pero no se fue más lejos en la indagatoria.
Este 2012, la Secretaría de Seguridad estatal aplicará los segundos,
costosos e inútiles exámenes de confianza.
Salvo su colaboración en la captura de presuntos asesinos en febrero de 2011,
cuando atacaron a dos policías, en junio de un homicida de Sonora y en octubre
de los matones de una empresaria, el trabajo de la Policía Municipal cachanilla
ha sido tan deficiente, que la incidencia delictiva se incrementó el año pasado
en un 26 por ciento, registrando más de 32 mil robos, 139 homicidios y 15
secuestros.
Tecate, el ex ministerial
Juan Bartolomé Lam Canto, director de Seguridad Pública de Tecate, la ha
tenido fácil, no se mete con nadie y se ha dedicado a buscar recursos para
mejorar las instalaciones policiacas del municipio.
Optó por ignorar los primeros exámenes de confianza y evadir la
responsabilidad de depurar la corporación, que también está por enfrentar su
segundo período de pruebas.
Los reportes policiacos registran su actividad, a pesar de que el año pasado
hubo un pequeño período de extorsiones, algunas concretadas en secuestros
(oficialmente sólo dos reportados). La corporación no presentó operativos
especiales y los empresarios buscaron apoyo en el estado.
Según declaraciones de criminales detenidos en otros municipios, Tecate es
territorio del Cártel de Sinaloa, con operatividad de los hermanos Arteaga y de
José Soto; un punto de trasiego y descanso de los líderes de células del
narcomenudeo para evadir a las autoridades de los tres órdenes de gobierno
activas en Tijuana. Pero en aquel municipio, ni Bartolomé Lam ni su gente
detienen a nadie.
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