viernes, 16 de diciembre de 2011

ENFRENTA SONORA CRISIS EN TRANSPORTE URBANO


Faltan unidades para prestar servicio a usuarios

Dossier Político/ Reforma / El Norte
Hermosillo,  México (16 diciembre 2011).- La modernización del transporte público en Sonora prometida por el Gobierno del Estado enfrenta una crisis que ha afectado a concesionarios y usuarios. En lugar de mejorar, el servicio empeoró.

El Gobierno de Sonora empezó a subsidiar en julio pasado el transporte público, lo que generó un incremento en los usuarios, pero los concesionarios no estaban preparados para ello.

Las deudas que arrastraban los concesionarios de años atrás redundaron en menos unidades, mayor tiempo de espera de los usuarios y que hasta en ocasiones las personas no fueran recogidas porque el camión iba lleno.

La falta de dinero del Gobierno de Sonora en el último trimestre del año pegó directo en los concesionarios, quienes reciben rezagado el subsidio y les afecta en su plan de pagos, pues deben desde hace dos años 230 millones de pesos por 280 camiones, además de 40 millones de pesos a sus proveedores de diesel, llantas y refacciones.

De julio a la fecha, el Gobierno debió pagar a los transportistas unos 50 millones de pesos, pero sólo ha pagado la mitad y les adeuda el resto.

Los usuarios afectados señalan que el servicio de transporte público es deficiente, que los camiones van llenos y que deben esperar más de 20 minutos para tomarlos.

Víctor Alcaraz, director del Fondo para la Modernización del Transporte Público en Sonora (Femot), reconoce que fue una buena medida del Gobierno de Sonora el subsidiar dos pesos de cada pasaje al usuario en general, y dar transporte gratuito a 166 mil estudiantes, pero que esta medida también tuvo su impacto negativo.

Antes del subsidio, la tarifa del transporte era de tres pesos la preferencial y cinco pesos la general.

La tarifa preferencial sólo subió un peso y la general dos.

"La demanda ha aumentado hasta en un 59 por ciento y es lógico, al entregar un subsidio al usuario, por eso el problema de la falta de unidades", señaló Alcaraz.

José Luis Gerardo Moreno, presidente de la empresa que agrupa a los concesionarios en Hermosillo, reconoció que existe un descontento entre los usuarios.

Los concesionarios aseguran que fueron cayendo en mora de pagos por la tarifa estática de seis años y el alza de más del 40 por ciento en sus insumos.

"A las unidades les falta mantenimiento, deberían salir 360 y no más salen 320, además subió la demanda en más de 30 mil pasajeros diarios; antes era de 232 mil diarios y hoy tenemos 264 mil", explicó Moreno.

En marzo, el Gobierno del Estado pidió al Congreso una autorización para contratar un préstamo por hasta 600 millones de pesos para aplicarlo en mejoras del transporte público, pero aunque sí lo autorizaron, nunca lo ejerció.

En diciembre, bajo el argumento de que sí quieren ayudar a los transportistas, pidieron una modificación al decreto para poder acceder al crédito, pero luego de aprobarlo, los concesionarios encontraron que el dinero no se podrá usar para el pago de deuda.

"El Gobierno nos debe unos 20 millones de pesos de un mes y medio de subsidios, pero además le estamos pidiendo que nos apoyen con ese crédito de hasta 600 millones que pueden pedir para el transporte porque nosotros debemos 280 unidades", dijo Moreno.

"Del Gobierno nos dicen que les redujeron las participaciones, que les han quedado a deber de las cadenas productivas y nosotros los entendemos, pero ¿cómo comprende el usuario si le quedamos mal?", agrega.

Para presionar al pago de unos 20 millones y pedir apoyo para salir de su deuda principal, los concesionarios estacionaron el 23 de noviembre 29 camiones con fallas mecánicas en calles cercanas al Palacio de Gobierno.

Moreno mencionó que la financiera que les vendió 280 camiones requiere el pago de 230 millones de pesos por la vía legal y los abogados afirman que el juez les ha otorgado la petición de intervenir la empresa.

El Congreso del Estado aprobó el 6 de diciembre una modificación a un decreto aprobado en marzo para que el Gobierno contrate una deuda por hasta 600 millones de pesos, dinero que pretenden aplicarlo a la modernización del transporte, incluido el pago de deuda.

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