Todavía desconocemos el alcance y los motivos legales reales de las detenciones de que han sido objeto Luis Armando Díaz, Hector Guadalupe Ibarra Espinoza y Guillermo Jáuregui Moreno. Lo que la prensa escuetamente ha dado a conocer hace referencia al delito de incumplimiento de un deber legal, pero aún desconocemos la acusación específica que se hace a cada uno de los inculpados.
Sobre la demanda penal que fue anunciada ya hace meses contra Narciso
Agúndez Montaño, desconocemos también el estado que guarda la
investigación y el proceso legal correspondiente.
Ambos incidentes involucran a ex funcionarios de primerísimo nivel del
gobierno estatal anterior. En el caso de el ex gobernador Agúndez el delito se
refiere a peculado, es decir, al delito que consiste en el
hurto de caudales del erario, hecho por aquel en quien está
confiada su administración, según define el término la Real Academia
Española.
Todavía no se han dado a conocer con precisión los detalles de los montos
involucrados con el delito supuestamente cometido por Narciso Agúndez
Montaño; y del que se refiere al de los recientes detenidos, aún menos
sabemos. Ni siquiera tenemos indicios, tampoco, sobre qué instancia realizó la
investigación que arrojó los resultados que animaron a la presente
administración a iniciar las averiguaciones previas y a dictar las órdenes de
aprehensión.
Si la responsabilidad de los hoy indiciados es probada, y aplicada la sanción
correspondiente, se estaría enviando a la ciudadanía una buena señal en el
sentido de que los delincuentes de cuello blanco, a veces extendidos
profusamente en la administración pública, ya no serán más tolerados.
Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el máximo órgano
auditor del Congreso de la Unión, en marzo de este año dio a conocer que de los
recursos federales destinados a educación en 2009 al Estado de Baja California
Sur, se encontró que fueron manejados irregularmente 1 mil 168 millones de pesos.
No obstante el gran prestigio de la instancia oficial – la ASF- que realizó
la auditoría; no obstante el dictamen negativo que ésta otorgó al desempeño de
instituciones estatales en el manejo financiero del recurso de origen federal, y
no obstante la gigantesca cantidad involucrada en su administración irregular,
la cuenta pública de 2009 del Gobierno de Baja California Sur, que fue aprobada
por la anterior legislatura, no ha sido sometida a revisión en este renovado
Congreso del Estado.
Omar Castro Cota, Secretario de Educación Pública en el
gobierno de Narciso Agúndez Montaño, declaró públicamente en su
momento, que la responsabilidad de rendición de cuentas, ante la Federación, del
recurso enviado a nuestra entidad como Fondo de Apoyo para Educación Básica y
Normal (FAEB) recaía en la Secretaría de Finanzas, a cargo, entonces, de
José Antonio Ramírez Gómez, y quien todavía hoy sigue
desempeñando, en este gobierno encabezado por Marcos
Covarrubias, la misma responsabilidad que desempeñó como tesorero de
Narciso Agúndez Montaño.
Sería muy temerario de mi parte hablar de peculado en el caso de los
extraordinarios recursos que fueron manejados irregularmente en 2009. Pero lo
que no puedo evadir es la responsabilidad de decir que dada la investidura de la
instancia que realizó la auditoría referida, y dados los desmesurados montos
involucrados en la administración irregular, el actual Secretario de Finanzas,
José Antonio Ramírez Gómez debe ser cesado de su responsabilidad para ser
investigado por lo que la Auditoría Superior de la Federación dio un dictamen
negativo.
¿O ya se está acordando con la Federación que las irregularidades sean
“solventadas”?
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