La desclasificación de la investigación sobre el
asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, abre la puerta para que otros casos
emblemáticos que carecen de verdad sean esclarecidos. MCCI consiguió la
averiguación completa y contrastó las evidencias con las versiones informadas
públicamente
México tiene una deuda con la verdad, la
justicia y el acceso a la información.
A través de los años y sin
importar el gobierno en turno, pocas veces el Estado ha sido capaz de
esclarecer los crímenes o agresiones en contra de figuras públicas, ya sean
políticos, activistas o periodistas.
Aunado a esto, la información
que brindan sobre las investigaciones que se están llevando a cabo y los
avances de las mismas suelen permanecer ocultos para la ciudadanía
Uno de los casos más actuales
que ejemplifica esta realidad es el asesinato de la periodista de investigación
Miroslava Breach ocurrido el 23 de marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua, el
cual a pesar de las exigencias y exhortos del gremio periodístico, de la
sociedad civil y hasta de organismos internacionales para que se resuelva y se
transparente la investigación, poco se sabe sobre el trabajo que han realizado
las autoridades correspondientes.
Esta situación se replica con
los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y la ‘Verdad Histórica’ creada por
el propio Gobierno federal o con las violaciones a derechos humanos cometidas
por militares y policías en Atenco contra los pobladores, entre muchos otros
acontecimientos que evidencian la falta de capacidad y compromiso por parte de
las autoridades mexicanas para atender este tipo de casos como lo dicta la Ley.
25 años pasaron para que se revelara
parte de la averiguación
Sin embargo, la organización
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha logrado dar un paso que ayuda
a romper con esta tradición al conseguir la desclasificación del expediente
completo del proceso penal condenatorio contra Mario Aburto de 1994, el asesino
confeso del entonces candidato presidencial por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta, hace casi 25 años.
LAS HIPÓTESIS
En las más de 9 mil hojas de
este expediente, hasta hoy en resguardo de las autoridades, hay documentos
sobre cómo se sostuvo oficialmente la hipótesis del “asesino solitario”.
Además, también aparecen las pruebas presentadas por la defensa de Aburto, así
como dictámenes oficiales, partes policiales, declaraciones y recreaciones, con
lo que MCCI hizo una comparación entre lo informado oficialmente por las
autoridades en su momento y lo que las pruebas y testimonios recabadas
realmente demostraban.
68 mil hojas componen el expediente
completo
De manera oficial, el
gobierno de Carlos Salinas de Gortari como el de su sucesor, Ernesto Zedillo Ponce
de León, sostuvieron la hipótesis de que el 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo
Colosio llegó a un mitin en la ciudad de Tijuana, en la colonia Lomas Taurinas.
Poco antes de las cinco de la
tarde empezó el evento político donde fue recibido por cientos de colonos.
A las 5:12 de la tarde, la
bala de un revólver Taurus calibre .38 perforó la cabeza del candidato. Unos
segundos después otra bala entró por el estómago. Se le trasladó a un hospital.
El que disparó se llamaba Mario Aburto Martínez y había logrado evadir al
Estado Mayor Presidencial. Trabajaba en una maquiladora. Y cuando se le arrestó
confesó que lo hizo “porque de acuerdo a sus ideas personales quería evitar
hechos que pudieron pasar semejantes a los que ocurrieron en Chiapas”.
En las miles de hojas de la
averiguación hay documentos sobre cómo se sostuvo oficialmente la hipótesis del
“asesino solitario”
Sin embargo, ante las
sospechas de que el asesinato fue orquestado desde las altas esferas del poder
y para cerrar el expediente de manera definitiva, Salinas de Gortari creó la
Fiscalía Especial para el Caso Colosio, en la cual durante siete años cuatro
fiscales fueron designados y en donde cada uno de ellos presentó hipótesis y
teorías diferentes sobre el hecho.
De acuerdo con el documento
publicado por MCCI, el primero fue Miguel Montes, quien dijo que Mario Aburto
había tenido cuatro cómplices, luego cambió de hipótesis: aseguró que se trató
de un asesino solitario y que el candidato dio un giro de 90 grados antes de
caer. Tras cinco meses en el cargo Montes renunció.
La siguiente fue Olga Islas
de González Mariscal, quien se ocupó de llevar 22 líneas de investigación,
ninguna de ellas relacionada con un posible segundo tirador. Fue ella quien
logró la sentencia de 42 años contra Mario Aburto el 21 de octubre de 1994.
En sus conclusiones sostuvo
que Aburto se hacía llamar Caballero Águila y que mató al candidato
presidencial. Según su investigación primero le dio un balazo en la cabeza,
cinco segundos después y ya con el cerebro perforado, Colosio dio un giro de 90
grados, quedó de frente al presunto asesino, quien le disparó un segundo balazo
en el estómago. Olga Islas también renunció a los cincos meses, en diciembre de
1994.
4 fiscales fueron asignados para
resolver el crimen
El siguiente fiscal fue Mario
Chapa Bezanilla, quien rechazó la tesis del giro de 90 grados y aseguró que
hubo un cómplice. Entonces metió a la cárcel a un hombre llamado Othón Cortés,
pero un año después se comprobó que los testigos que lo inculparon fueron
inducidos y mintieron. El 30 de agosto de 1996, Chapa Bezanilla fue removido de
la Fiscalía Especial.
Al concluir el sexenio de
Salinas, Ernesto Zedillo, nombró como fiscal a Luis Raúl González Pérez para
disipar las dudas que se manejaban entre la opinión pública; una de ellas la
existencia de un segundo tirador
González Pérez sostuvo la
hipótesis del asesino solitario, y en el año 2000 se clasificaron todos los
documentos de la averiguación previa argumentado que en el futuro podrían
aparecer nuevas pruebas, por lo que los mexicanos podrían tener acceso a las 68
mil fojas que conforman todo el expediente del caso Colosio a partir del año
2035.
LOS PUNTOS CLAVE
Con la desclasificación del
expediente ha quedado demostrado que la versión del asesinato de Colosio hecha
pública estuvo basada en testimonios de personas que no se encontraban en el
lugar, que muchas de las confesiones fueron obtenidas bajo tortura, incluida la
del propio Mario Aburto, y que se tomaron como evidencia pruebas que en su
momento se pidieron fueran descartadas, entre muchas otras irregularidades.
Dentro de todas éstas, MCCI
destaca algunos puntos clave que contrastan entre la versión oficial y lo que
realmente sucedió de acuerdo con el propio Aburto, los testigos interrogados y
hasta los policías que realizaron la detención.
En los documentos se detalla
que nueve policías federales elaboraron un parte informativo sobre la muerte
del priista en el que se explica que Aburto les confesó su responsabilidad en
el crimen
El primero de ellos señala
que todos los detalles de la muerte de Colosio se saben gracias a un parte
informativo elaborado por nueve elementos de la Policía Federal adscritos a la
ciudad de Tijuana, quienes, según ellos, cuando arrestaron a Mario Aburto confesó
que lo hizo “porque de acuerdo a sus ideas personales quería evitar hechos que
pudieron pasar semejantes a los que ocurrieron en Chiapas”.
Sin embargo, en la
ratificación de las declaraciones que forman parte del expediente
desclasificado, se encontró que, aunque todos firmaron y narraron cómo
ocurrieron los hechos, seis policías federales no participaron en la detención
o estuvieron cerca, pero fueron presentados como testigos del crimen.
Otra de las irregularidades
encontradas es en el informe del año 2000, Mario declaró que “tenía tiempo de
venirse preparando para herir al candidato a la Presidencia de la República en
un campo de tiro de la ciudad”.
En contraste, Mario Aburto no
firmó esta declaración, ni siquiera aparece su nombre en las hojas que la
conforman.
Para comprobar la falsa
versión, la Fiscalía presentó en 1994 las declaraciones de dos testigos: los
primos de Aburto, Marcelino y Mauricio Ortiz.
No obstante, en la ampliación
de sus declaraciones, los familiares del asesino, aseguraron que testificaron
en su contra porque los agentes que los detuvieron los asustaron y les dijeron
que si no lo hacían los iban a matar
De hecho, casi dos meses
después del asesinato, Mario Aburto amplió su declaración desde Almoloya y
aseguró que cuando era trasladado del lugar del asesinato a las oficinas de la
PGR en Tijuana, los agentes que lo llevaban lo torturaron y lo obligaron a
decir que tenía que declarar que pertenecía a un “grupo armado o a un grupo
político”, y declararse culpable.
A estas irregularidades se
suman las declaraciones hechas por los escoltas de Colosio que detuvieron a
Aburto y que cambiaron su versión para inculparlo.
Por último, en los
expedientes desclasificados también se pudo constatar que a 15 metros de la
escena del crimen se encontraba un agente del Cisen llamado Jorge Antonio
Sánchez Ortega quien tenía manchas de sangre en la chamarra que portaba al
momento del asesinato.
El hombre dijo que la mancha
se debió a que alguien que iba cargando el cuerpo de Colosio lo tocó en la
manga izquierda y que además el no iba armado porque no se le permitía portar
armas de fuego.
Los estudios químicos
completos de la prueba de Harrison Gilroy, comprobaron que en la mano derecha
del agente existía la presencia de plomo y bario, lo que indica que accionó un
arma.
(REPORTE INDIGO/ ERNESTO SANTILLÁN/ ENE 31, 2019)
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