Los recursos para los veracruzanos que
sufren afectaciones sociales y ambientales por la explotación de petróleo han
sido manejados discrecionalmente por los gobiernos estatal y municipal en
tiempos de los gobernadores Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes
Linares.
A los desvíos de fondos y las obras
fantasmas se suman a las violaciones de las normas creadas con la Reforma
Energética para, supuestamente, mejorar las condiciones de vida en las
comunidades petroleras. Esta es la historia de la ruta de un dinero que nunca
llegó a las manos de miles de pobladores, quienes padecen por la contaminación
de la tierra, el agua y el aire, y
encima se hicieron más pobres.
PRIMERA ENTREGA DE DOS PARTES
Ciudad de México, 31 de enero
(Connectas/SinEmbargo).– Era 2014 cuando el Presidente Enrique Peña Nieto
promulgó la Reforma Energética en el Palacio Nacional. Entonces prometió que
México contaría con más recursos, que habría más empleos y que los estados que
producen petróleo, aceite y gas fortalecerían sus ingresos.
A las familias del campo les
dijo que la reforma les daría otro horizonte. “Les ofrecerá una nueva y
sustantiva fuente de ingresos en los casos donde se produzcan energéticos en
sus tierras, recibiendo una contraprestación justa, equitativa, y transparente”,
dijo en su discurso.
Veracruz era pieza clave en
el proceso que implicaba la apertura del negocio de hidrocarburos a la
inversión privada. En el estado se producen 88 mil barriles diarios de petróleo
que no han servido para que deje de ser uno de los cinco más pobres de México.
Lo que siguió después para
cumplir la promesa de hacer justa la repartición de recursos fue la creación en
2015 del Fondo para Entidades Federativas y los Municipios Productores de
Hidrocarburos (FEFMPH), el cual se alimenta de los impuestos cobrados a las
empresas por asignaciones y contratos.
A esa acción se sumaron una
serie de modificaciones en las reglas de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la
distribución de donativos y donaciones y para la ejecución de programas en las
comunidades petroleras. Fue un intento de controlar los desembolsos con mayor
rigor y de asegurar su efecto social.
Los resultados distan de lo
planteado en los decretos firmados. Veracruz ha recibido en los últimos seis
años más de 9 mil millones de pesos, aproximadamente 450 millones de dólares,
en fondos petroleros. Un total de 60 por ciento provinieron del FEFMPH y de
donativos de Pemex, que sumaron 5 mil 956 millones de pesos, alrededor de 297
millones de dólares.
A la comunidad de Reforma Escolín los
pozos petroleros llegaron hace 68 años, pero eso no bastó para tener agua
potable. Foto: Connectas.
Las cifras millonarias, sin
embargo, no han servido para cumplir la misión principal: mitigar la afectación
por la extracción de hidrocarburo, atender el rezago social y generar
desarrollo en las comunidades petroleras que siguen siendo las de más alta
marginación en Veracruz.
Esta investigación, realizada
por la Agencia Veracruzana de Noticias (AVC Noticias), en alianza con el
International Center for Journalists (ICFJ) y la plataforma latinoamericana de
periodismo Connectas, siguió la ruta del dinero del FEFMPH y de Pemex.
Los datos recopilados
confirman que parte importante del dinero se ha transferido sin mecanismos de
control, lo que ha generado desvíos y el uso discrecional de los fondos.
Para documentar la ruta del
dinero, se recorrieron comunidades en las tres cuencas petroleras de Veracruz,
se analizaron las bases de datos de recursos públicos, licitaciones, contratos
de obras, auditorías, las bases estadísticas petroleras y se realizaron 26
solicitudes de información al gobierno estatal y federal sobre el uso de estos
dos fondos.
Entre 2015 y 2016, cuando
Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador del estado preso por corrupción, controló
los recursos, más de mil millones de
pesos quedaron sin que se comprobara su destino. En esta investigación además
se encontraron obras abandonadas, con sobrecostos y fallas de construcción
graves que suman más de 42 millones de pesos.
Con el Gobierno panista de Miguel
Ángel Yunes, las irregularidades continuaron con el uso discrecional de
recursos con fines políticos- electorales en municipios donde ni siquiera hay
extracción petrolera, lo que violentó la normatividad federal precisamente
destinada para favorecer a comunidades petroleras.
Gráfico: Connectas
El dinero fue controlado por
la Secretaría de Infraestructura de Obras Públicas (SIOP) del estado, que
concentró el 90 por ciento de los recursos en obras de pavimentación que fueron
entregadas a través de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a
grupos empresariales privilegiados.
Las irregularidades se
repiten a nivel federal, en el Consejo de Administración de Pemex se decidió
distribuir más de mil 800 millones de pesos en donativos y donaciones de dinero
en efectivo sin mecanismos de fiscalización. Parte de estos recursos han sido
desviados o manipulados por los gobiernos estatal y municipal.
Además la petrolera ha
utilizado esquemas como el Programa de Apoyo a las Comunidades y Medio Ambiente
(Pacma), cuyos fondos se originan del impuestos cobrados a empresas extranjeras
y nacionales, para pagar obras y proyectos que están subutilizados, con fallas
de operación y con graves acusaciones de corrupción.
DISCRECIÓN EN FONDO PETROLERO
Las comunidades indígenas de
la sierra norte de Veracruz son un ejemplo de las fallas sistemáticas en la
aplicación de estos fondos.
Hace 68 años, los pozos
petroleros invadieron el territorio de cuatro de sus comunidades. Entre las
parcelas de naranja y maíz de Escolín, Nueva Reforma, Ojital y Rancho Nuevo, se
estableció el campo Escolín con más de 200 pozos, pero el boom no fue
suficiente para cumplir la principal demanda de los habitantes: tener agua potable.
Pastora García, subagente
municipal, recuerda que los manantiales se secaron cuando Pemex hizo
exploraciones con detonaciones de dinamita en varias parcelas en busca de más
petróleo.
Hace casi una década, unos 3
mil habitantes integraron un comité para conseguir el sistema de agua. Desde
entonces han ido y venido con decenas de planos y proyectos, han conseguido
permisos y comprado terrenos para la instalación de tanques que no llegan.
García recuerda que la única
temporada cuando tuvieron agua fue gracias a una conexión clandestina que
hicieron con los tubos que Pemex utiliza para enviar líquido hacia los pozos.
Cuando estos fueron taponeados, el acceso al agua también se acabó.
Hace 68 años, los pozos petroleros
invadieron el territorio de cuatro de comunidades en Veracruz Foto: Connectas.
El sistema que aliviaría a
las comunidades tiene un costo de 18 millones de pesos. Si se construyera, las
familias dejarían de pagar pipas para abastecerse que van desde los 150 pesos a
los 300 pesos.
García y otros de sus
compañeros fueron el año pasado al ayuntamiento de Papantla y allí les dieron
la respuesta de siempre: no hay dinero, el proyecto fue rechazado y les
pidieron un nuevo estudio de factibilidad, que deberá ser pagado con dinero de
los habitantes de las comunidades.
García dice que a veces
quisiera regresar el tiempo, cuando en su pueblo todo era bonito. “Había
arroyos, peces, camarones, teníamos de dónde tomar agua y comer, pero las redes
que tendió Pemex por las parcelas acabaron con todo”.
En 2011, indignados por la
falta de respuestas, los pobladores bloquearon por dos días la vialidad
principal en reclamo del sistema de agua y también de mejoras en los caminos,
pero no obtuvieron ni lo uno ni lo otro, sino demandas judiciales federales de
Pemex.
Pastora vivió escondida dos
semanas para evitar ir a la cárcel. Al final tuvo que pagar una fianza de 41
mil pesos y durante dos años ir a firmar al penal cada domingo.
“No tengo miedo, porque
exigimos algo justo, pero me da coraje porque estamos como coladera de Pemex,
por tantos pozos, y para el agua tenemos que comprar, llenar cubetas, tinas, y
seguimos aquí, nos han engañado tantas veces y nos dicen una y otra vez que no
hay dinero para el agua ”, se queja.
Su historia se repite en otras
comunidades petroleras en Veracruz donde los beneficios de la Reforma
Energética y los recursos que Pemex destina para paliar daños, no llegan a
quienes necesitan asistencia o se utilizan discrecionalmente.
La comunidad de García forma
parte de la cuenca petrolera Tampico-Misantla, la de mayor reserva de crudo del
país. La zona fue asignada en agosto del 2014, a Pemex en la ronda cero para
extracción de gas y aceite por 20 años como parte del campo Poza Rica dentro
del proceso de Reforma Energética adelantado por Peña Nieto.
Esto, en teoría, colocó a su
comunidad automáticamente entre las que pueden beneficiarse del FEFMPP
destinado precisamente para asumir los pasivos sociales causados por la
explotación petrolera y que han creado rezago.
Pero mientras a Pastora y al
comité del que forma parte les niegan recursos para su pequeña obra, el
gobierno de Veracruz ha invertido más de mil 300 millones de pesos en
pavimentaciones y rehabilitaciones de asfalto en municipios donde no hay un
solo pozo y la vocación petrolera es mínima, según se estableció en la presente
investigación.
Fallas en el uso del
millonario recurso fueron detectadas en 2016 por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), cuando advirtió que la falta de vigilancia y control de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resultaba en un incumplimiento
de las reglas de operación, pues el dinero se usaba a conveniencia del
mandatario en turno.
El FEFMPH es alimentado por
el impuesto que deben pagar las empresas públicas y privadas que realizan
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con base en la
extensión de las áreas contractuales y de asignación en áreas marítimas y
terrestres.
Las obras de pavimentación
que han concentrado el uso de los fondos se han entregado a través de
adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Foto: Connectas.
Las reglas de operación
obligan a los estados a transferir al menos el 20 por ciento de sus recursos a
los municipios. El dinero puede dirigirse a tipos de obras que están descritas
en las normas.
Se pueden construir sistemas
para almacenar y distribuir agua potable o para tratar las residuales; para
rehabilitar ríos, arroyos y riachuelos; para para disponer de residuos sólidos;
para proteger áreas naturales; para mejorar la iluminación pública y la
protección civil; para reconstruir estructuras afectadas por desastres
naturales o para mejorar la vialidad y la movilidad de las comunidades.
En Veracruz, sin embargo, 98
por ciento del fondo se ha invertido en más de 900 obras de pavimentación o de
ampliación y reconstrucción de caminos. Apenas 28 obras han sido de
equipamiento urbano, 26 de agua y saneamiento, 6 de preservación y protección ecológica
y 1 de electrificación.
LOS CONTRATOS
Las obras de pavimentación
que han concentrado el uso de los fondos se han entregado a través de
adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Un grupo selecto de
empresarios pertenecientes a la cúpula de la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción han sido beneficiados con contratos directos por más de 800
millones de pesos, equivalentes a 40 millones de dólares.
Las principales fallas en la
aplicación del fondo en 2016 persistieron en los siguientes años. De acuerdo
con el análisis de las obras reportadas en la plataforma transparencia
presupuestaría, 40 por ciento de los 3. 400 millones de pesos invertidos han
sido distribuidos a seis municipios que están lejos de tener una vocación petrolera.
Es un monto de aproximadamente 170 millones de dólares, que generaría alivio en
otros lugares donde la industria ha provocado estragos.
El FEFMPH además no contempla
mecanismos de participación para las poblaciones que habitan zonas impactadas,
lo que genera inequidades. Así fue establecido en una investigación del Centro
de Investigación y Análisis (Fundar), que se publicó en el anuario 2017 “Las
actividades extractivas en México. Minería e Hidrocarburos hacia el fin de
sexenio”.
Veracruz es el estado con
mayor superficie destinada a la extracción de hidrocarburo con 47.300
kilómetros y hay serias dudas del porqué municipios sin áreas de asignación o
contratación, reciben recursos de este fondo, lo cual constituye una
irregularidad a los lineamientos de la legislación y la normatividad.
“Además resulta llamativo que
estados o municipios donde la superficie afectada por asignaciones es menor
reciban mayores montos que los que tienen superficie más comprometida”, señala
Carla Flores, integrante de Carto Crítica, quien colaboró en la edición del
anuario.
Gráfico: Connectas.
La investigadora coincide en
que el escaso control de la aplicación del fondo deja la puerta abierta para
que los gobiernos usen el dinero de manera discrecional o, incluso, para que se
desvíe a otros fines o a bolsillos a los que no debería llegar.
Veracruz es claro ejemplo de
esto. Mientras los bastiones electorales del PAN, partido del ex Gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares, recibieron obras por casi 500 millones de pesos,
otros tradicionalmente petroleros como Tihuatlán, Coatzintla, y Pánuco, suman
apenas 157 millones de pesos en inversión.
Incluso el municipio de
Molocán, donde se encuentra Villa Cuichapa, cuya área contractual fue entregada
a la empresa Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México desde el 2016
en la ronda 2, y que produce alrededor de 2 mil barriles diarios de aceite y
gas, tiene una inversión del fondo de apenas 12 millones de pesos, todos
destinado a pavimentación.
OBRAS PARA PANISTAS Y CONSTRUCTORES
Apenas el sol da tregua en el
Puerto de Veracruz y la tarde cae, los juegos recién instalados en el bulevar
se llenan de paseantes que se refrescan con la brisa del mar.
La obra fue inaugurada en el
último día de gobierno de Miguel Ángel Yunes como una de sus contribuciones más
importantes, pues aseguró es uno de los bulevares más bellos y moderno del
país. La inversión es millonaria: 149 millones de pesos para rehabilitar 10
kilómetros de paseo. Junto a la obra, se construirán tres hoteles privados de
cadenas internacionales, una plaza comercial y un conjunto habitacional de
lujo.
La obra es realizada con
recursos del FEFMPH. Según la auditoría a la cuenta pública 2017, construyó
esta obra con sobre costos, y sin la supervisión técnica adecuada.
Aunque el Puerto de Veracruz,
gobernado por Fernando Yunes Márquez, hijo del Gobernador, apenas tiene unos
kilómetros de áreas de asignación, suma en dos años junto a Boca del Río,
municipio colindante y también bastión panista, inversiones por 455 millones de
pesos.
El dinero de este fondo fue
controlado en su mayoría por la SIOP, dirigida por Julen Rementería, ex Alcalde
de Veracruz, ex Diputado, ex candidato y ahora senador por el PAN.
Con Rementería al mando, la
SIOP se convirtió en la cuarta secretaría más poderosa en el gobierno de Yunes.
De tener un presupuesto de 468 millones de pesos, recibió ampliaciones
presupuestales por 1.935 millones de pesos, la mayoría procedente del FEFMPH.
El aumento del presupuesto le
permitió lanzarse como candidato al senado por la alianza PAN-PRD con un lema
de campaña que no fue elegido al azar: “Manos a la obra”.
Durante su encargo, gran
parte de la obra del fondo fue asignada vía adjudicación directa o con
invitación restringida a tres personas. Pero Rementería se defiende y asegura
que los recursos se repartieron conforme a ley, sin favoritismos y que se
asignaron las obras a los empresarios más competitivos.
Este modus operandi lo
detectó la ASF en 2016 cuando revisó por primera vez el fondo. Entonces alertó
que había proyectos que excedían los montos para adjudicarse de forma directa,
había disparidad en las inversiones aprobadas y ejercidas, y existían falta de
comprobación y proyectos que no cumplían con objetivo principal del fondo.
Veracruz es el estado con mayor
superficie destinada a la extracción de hidrocarburo con 47.300 kilómetros.
Foto: Connectas.
Las mismas prácticas
continuaron en los años siguientes. Al revisar la lista de proyectos aprobados
en Veracruz a través de transparencia presupuestaria, se comprobó que la SIOP
otorgó al menos 250 obras vía adjudicación directa e invitaciones restringidas.
Apenas en octubre pasado, el
Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), sancionó y ordenó una investigación
contra funcionarios de SIOP, porque detectó que en la cuenta pública 2017, se
habían adjudicado obras de forma directa sin justificación y excediendo los
montos establecidos por ley. Además se detectaron deficiencias en la
construcción.
Un análisis de las
licitaciones realizado para este trabajo reveló que 15 grupos constructores se
repartieron 811 millones de pesos de obras, lo que equivalió al 30 por ciento
del fondo petrolero en Veracruz, es decir más de 40 millones de dólares.
De este grupo, diez empresas
constructoras pertenecen a empresarios que integran el primer círculo de poder
de la CMIC. En conjunto, recibieron 311 millones de pesos en asignaciones, 90
por ciento de las cuales fueron por vía de adjudicación directa. Los otros 500
millones de pesos fueron repartidos bajo el mismo esquema de adjudicación
directa entre otros cinco grupos constructores.
Adicionalmente las empresas
de esta lista fueron privilegiadas con obras de otros fondos federales durante
el gobierno de Duarte y Miguel Ángel Yunes.
Algunos empresarios
recibieron entre cuatro y cinco contratos relacionados con el FEFMPH, a través
de varias empresas donde son socios o apoderados legales. Un caso destaca: el
de Ramón Montano Hernández, vicepresidente de Infraestructura y Obras Públicas
de CMIC, quien recibió seis contratos vía adjudicación directa por 28.9
millones de pesos. Esto a pesar de que un año antes, el Organismo de
Fiscalización del Estado, le había hecho señalamientos por la mala calidad en
una de las obras, que tuvo que ser suspendida.
En 2017 una acusación anónima
prendió los focos rojos al interior de la CMIC, cámara de construcción. Según
ella, las grandes obras se quedaban entre los miembros del comité directivo. El
entonces presidente, Pedro Medina Amador negó la acusación.
Esta reportera buscó la
opinión del actual presidente de la cámara de la construcción en Veracruz, sin
embargo al cierre de este trabajo no respondió la petición de entrevista.
Gráfico: Connectas.
GOBERNADOR DECIDIÓ OBRAS
Entrevistado sobre los
cuestionamientos de esta investigación, Rementería expresó lo siguiente: “No
era vamos a repartir, si no era un juego de cartas, no hubo favoritos”
Rementería reconoce que
concentrar el cuarto presupuesto más grande del gobierno le sirvió para
impulsar su candidatura. “Todo suma”, admite, pero niega que existiera
discrecionalidad a la hora de aplicar el fondo de entidades productoras de
hidrocarburos.
Alega que para realizar la
asignación de obra se consultó una lista de municipios y que si el lugar tiene
un ducto o alguna instalación petrolera era susceptible de ser beneficiado. Sin
embargo, las reglas de operación son estrictas y dicen lo contrario: el fondo
solo se aplica a las áreas con asignaciones o contratos de exploración y
explotación, lo cual se incumplió para Veracruz.
Rementería dice que ha sido
tanta la mala fama del gobierno, que cuesta creer que las cosas se hagan bien.
“No hay truco, simplemente es hacer el proyecto, validarlo técnicamente y
ocúpate de tener el dinero y haz el contrato bien a una buena empresa, y la
obra sale”.
En entrevista, el ex funcionario y ahora
Senador aseguró que no repartió las obras a modo, pero reconoció que el
gobernador Miguel Ángel Yunes decidió cómo y dónde se repartían los fondos
petroleros. Foto: Connectas.
Cuestionado sobre el criterio
utilizado para destinar recursos por casi 500 millones de pesos a Veracruz y
Boca del Río, contra Papantla con 51 millones de pesos, señaló que las reglas
operación no establecen monto a otorgar, por lo que fue el propio Gobernador Yunes
quien decidió cuáles son las prioridades del estado y las obras a realizarse.
También justifica que la
mayor parte del fondo se dirigiera a pavimentación: afirma que esa es la
principal solicitud de los alcaldes: “Es la demanda número uno, incluso por encima
del agua potable o la electrificación”.
Hay un grupo de constructores
que concentran las obras, se le cuestionó.
“Hay grupos de empresarios
que se agruparon para hacer consorcios. Es una situación natural de la
competencia, se puso el piso parejo para todos, ganaron los que eran más
competitivos”, respondió.
Rementería también justifica
que una gran parte de los contratos se realizaran por vía adjudicación directa,
pues está permitido en Ley.
“Las cámaras me dijeron
´¿Cuántas obras nos va a dar?’. Respondí ni una, ve y participa, gánatela, no
voy a impedir que participes, esa fue la política, y eso nos sirvió”, relata.
Rementería cuenta que cuando
llegó a la secretaría en diciembre del 2016, lo recibieron con una buena
noticia: había casi 100 millones de pesos disponibles para gastar como parte
del remanente del FEFMPH, la única condición era gastarlo antes del 31 de
diciembre.
La obra se repartió vía
adjudicación directa, pero cuando se iba a ejercer, las malas noticias llegaron
porque se enteraron que el gobierno de Javier Duarte solo había dejado el
dinero en papel, la caja estaba vacía. Las obras se tuvieron que cancelar, y
con recursos del 2017 se volvieron a licitar, lo que duplicó el costo de la
infraestructura.
DESVÍOS, OBRAS SIN OPERAR Y SOBRECOSTOS
Esto es parte del desorden
administrativo que la propia ASF documentó en 2016, cuando alertó que de los
mil 30 millones de pesos que le correspondían a Veracruz por los fondos de
entidades productoras, el gobierno de Duarte solo comprobó la entrega del 10
por ciento, unos 103 millones de pesos. Lo demás desapareció y nadie atina a
saber dónde está o en qué se utilizó.
Veracruz no entregó
información de la comprobación de las transferencias y, por tal situación, se
solicitó la intervención de las contralorías para investigar y determinar
responsabilidades a los funcionarios implicados, sin embargo a la fecha no hay
reporte de las sanciones.
La auditoría cuestionó que en
general el fondo se aplica con escasa supervisión de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público. En algunas obras el monto aprobado y el ejercido no tienen
correspondencia y, en general, no se entregan reportes del gasto.
En Veracruz, Pemex ha repartido del 2013
al 2018, un total de 1.621 millones de pesos en recursos, de los cuales 113
millones de pesos han sido repartidos en efectivo, el resto en gasolina, diesel
y asfalto. Las auditorías han revelado que los recursos se reparten sin
control. Foto: Connectas.
La falta de control ha
derivado principalmente en que los proyectos incumplen el propósito de resarcir
las afectaciones al entorno social y ecológico en las comunidades de donde se
extrae el petróleo, el gas y el aceite.
Otro de los hallazgos fue que
algunas obras se licitaron y adjudicaron por lo menos dos veces. Entre 2014 y
2016, el Orfis también documentó desvíos por 42 millones de pesos en el uso del
fondo.
El patrón fue común:
proyectos abandonados, sin terminar, bitácoras de obra inexistentes, entrega de
anticipos a empresas sin factura de comprobación, deficiencias en los proyectos
ejecutivos y sobrecostos en la construcción.
En la cuenta pública 2016 del
ORFIS, se emitieron 34 observaciones al gasto del FEFMPH, la mayoría a la
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas por mala calidad en la obra, e
irregularidades en los contratos. Ver documento
Los desvíos duplicaron el
monto de las obras, que estaban presupuestadas para 2016, y tuvieron que
volverse a etiquetar para el presupuesto 2017 y 2018.
Por ejemplo, en el municipio
de Papantla se detectaron desvíos por 6.6 millones de pesos.
La auditoría observó un
desvío de 1.9 millones de pesos que se dio como anticipo para la rehabilitación
de pavimento de una avenida. Para justificar la obra se enviaron fotografías y
documentación que avalaban un supuesto avance físico. Sin embargo cuando los
auditores realizaron las visitas de inspección, se encontraron con que ni
siquiera estaba iniciada.
En 2016, el último año de gobierno de
Javier Duarte, la ASF detectó que de los 259 millones de pesos donados a
Veracruz, la mitad 110.7 millones de pesos, no fueron aplicados correctamente.
También se detectaron anomalías en la entrega de combustible. Foto: Connectas.
En un paquete de 17 obras
revisadas, la auditoría reveló que no existen bitácoras, ni se presentaron
proyectos de obra, por lo cual se generaron atrasos, deficiente control y
modificaciones a los términos contractuales.
En las visitas a las obras,
los auditores revelaron irregularidades en Papantla, Tantoyuca, Chicontepec,
Ayahualuco, Zongolica, Atzcan, Altotonga, San Juan Evangelista, San Andrés
Tuxtla, Villa Azueta, Martínez de la Torre, Coatepec, Veracruz, Córdoba,
Coscomatepec y Emiliano Zapata.
Los auditores también
acusaron que la SIOP durante el gobierno de Duarte tenía deficiencias en el
procedimiento de contratación. Las invitaciones se hicieron solo a un número
reducido de empresarios, las adjudicaciones directas se realizaron sin
dictámenes que justificaran y algunas empresas ni siquiera eran parte del
padrón de proveedores del gobierno estatal, por lo que hubo irregularidades en
su contratación.
PEMEX, LOS RECURSOS SIN CONTROL
Cuando el Alcalde de Castillo
de Teayo – al norte de Veracruz-, Enrique Isidro Limas inauguró la construcción
del sistema de agua potable en las localidades de Nuevo Naranjal y Teayo, hubo
fiesta con cohetes y comida.
Era 2014 y la obra se
realizaba con un donativo en efectivo de 7 millones de pesos de Pemex al
municipio, donde se concentran 6 campos petroleros, algunos parte del ATG.
Pero la obra nunca funcionó
correctamente porque el pozo de abastecimiento se colocó a escasos metros de
donde escurren aguas residuales, lo que contaminó el tanque, que ahora es
inservible.
El Orfis observó en la cuenta
pública 2014, que la obra estaba concluida pero no operaba, porque además le
faltaba un medidor, la validación de la Comisión Federal de Electricidad y las
pruebas sanitarias según la normatividad.
No era la primera vez que
ocurría algo así. En 2011 el entonces alcalde no comprobó el uso de 3 millones
de pesos para apoyar la “Rehabilitación del Parque Central La Pirámide”.
Otro caso es el ayuntamiento
de Papantla, que en 2014 recibió 2.5 millones de pesos en efectivo para la
construcción del sistema de drenaje en la localidad de La Grandeza.
Veracruz era pieza clave en el proceso,
que implicaba la apertura del negocio de hidrocarburos a la inversión privada.
Foto: Connectas.
La promesa era que el sistema
de agua podría abastecer a otras 13 comunidades indígenas de la región, sin
embargo las irregularidades en el proceso de construcción hicieron la obra
inservible, que no soportó la presión y terminó por romperse.
En la cuenca petrolera del
sureste la situación es la misma. El Alcalde de Las Choapas, Renato Tronco,
recibió en 2010, 4.6 millones de pesos en asfalto y combustible, que
originalmente serían para reconstruir el mercado municipal Bicentenario Miguel
Hidalgo y la carretera El Mulato-Ignacio Zaragoza, también conocida como
“Tronconada”.
Pero el Alcalde lo desvió
para pavimentar el camino de la Cordobesa, para renovar el piso del salón de
usos múltiples “El Titanic” y para el camino del Aserradero a Río Playas, donde
tiene varias de sus propiedades.
Pemex interpuso una denuncia
en contra del ayuntamiento y busca que le regrese el dinero. El litigió ya
cumplió media década y ahora la nueva administración municipal pretende que el
Congreso Local convierta este desvío en una deuda pública del ayuntamiento.
Con el sistema de donaciones
y donativos, Pemex busca conseguir la licencia social en comunidades y
municipios impactados por la explotación y extracción.
El fin es contribuir con el
mejoramiento social, económico y ambiental de las comunidades localizadas en
zonas petroleras, pero el objetivo dista mucho de cumplirse.
En Veracruz, la empresa ha
repartido del 2013 al 2018, un total de 1.621 millones de pesos en recursos, de
los cuales 113 millones de pesos han sido repartidos en efectivo, el resto en
gasolina, diesel y asfalto.
Desde el consejo de
administración general de Pemex, presidido por el entonces director, Emilio
Lozoya Austin, ahora acusado en el caso de corrupción de Odebrecht, se
decidieron los recursos y los proyectos que serían favorecidos con estos
recursos.
Sin embargo, el dinero ha
sido utilizado por el gobierno estatal y los propios municipios sin un control
por parte de la empresa petrolera.
En 2013, durante el gobierno
de Duarte, Pemex entregó por ejemplo en 2013, recursos millonarios en efectivo
para generalidades como apoyar la realización de proyectos de asistencia
social, salud, protección civil, desarrollo agropecuario, desarrollo social e
infraestructura social, pero sin comprobar las obras.
Revisiones a los recursos por
parte de la Auditoria Superior de la Federación en 2010 y luego en 2016,
revelaron que se carecen de los mecanismos para controlar el otorgamiento y la
aplicación de los recursos.
Aroa Fuente, investigadora de
Fundar quien ha seguido la pista de estas donaciones, revela que existen vacíos
normativos. “Esto deja un amplio margen de discrecionalidad y dificulta el
control de los mismos. De esta manera, estos lineamientos no presentan
regulación sobre los plazos para la aplicación y comprobación de los donativos
y donaciones otorgados, ni sobre la periodicidad y plazos de los reportes de
aplicación de los mismos que deben entregar los beneficiarios”.
Además alerta que Pemex no
realiza un seguimiento de los acuerdos de autorización ni verifica la
aplicación de los recursos y bienes para los fines otorgados.
“El hecho de que Pemex no
comprobara el uso final que los beneficiarios dieron a los recursos y bienes
entregados impide que se conozca si los mismos fueron utilizados para los fines
establecidos y si cumplieron con los correspondientes objetivos de desarrollo
social para los que fueron entregados”, señala en el documento “Donativos y
donaciones de Pemex: deficiencias e irregularidades”.
Aunque los beneficiarios
están obligados a entregar un reporte de la aplicación del dinero, estos no se
realizan y pese a ello en algunas ocasiones Pemex sigue otorgando recursos.
La ASF observó en dos
ocasiones que aun cuando tiene un manual de organización interna que vigila
estos recursos, no está actualizado, por lo que es inexistente un marco
normativo para cuidar la buena aplicación.
En 2013 el Consejo de
Administración aprobó el Manual de Organización de la Gerencia de Desarrollo
Social, pero este fue reconocido como legal hasta 2015, dos años después de
acordado.
Para la auditoría 2016, la
irregularidad existe pues apenas el 1 de marzo del 2017 se publicó el documento
normativo para distribuir estos recursos.
Ejemplos de corrupción hay
muchos : De los 259 millones de pesos, 12.9 millones de dólares, donados a
Veracruz en 2016, que consistieron en gasolina, diesel y asfalto, se detectó un
daño patrimonial de 110.7 millones de pesos, 5 millones de dólares, por la
falta de comprobación en el uso y aplicación de los recursos.
También se detectó que los
vehículos del gobierno eran de 80 litros, pero funcionarios reportaba el
llenado de hasta 150 litros diarios.
La petrolera señaló que ante
la falta de comprobación de los recursos, era probable que el gobierno hubiera
revendido el combustible o incluso lo desviara a otras actividades.
Por estas irregularidades y
la falta de supervisión, la ASF ordenó a Pemex iniciar procedimientos
administrativos en contra de los funcionarios omisos.
Para esta investigación se
solicitó vía transparencia a Petróleos Mexicanos, la comprobación del uso de
donativos y donaciones en Veracruz desde el 2013 a la fecha. También se le
consultó si había irregularidades en su gastos de parte de gobierno o
municipios. La respuesta fue que tenía cero seguimiento al dinero y no sabía
cómo y en qué se habían ejercido.
El argumento que utilizaron
fue que cinco años después de entregados los recursos continuaban con la
integración de la documentación, pues la normatividad había cambiado.
Pemex tampoco quiso informar
si había denuncias penales o procesos administrativos sancionatorios en contra
de funcionarios por la falta de comprobación en el uso de dinero en efectivo,
combustible y asfalto.
La distribución de los
donativos y donaciones también se realiza de forma discrecional en Veracruz,
los recursos en efectivo y especie los concentra el Gobierno estatal y
municipios como Coatzacoalcos o Minatitlán donde hay escasos pozos petroleros,
pero sí refinerías, han recibido recursos millonarios por más de 150 millones
de pesos.
Lo que contradice el objetivo
de este apoyo, que es contribuir al mejoramiento social, económico y ambiental
de las comunidades localizadas en las zonas petroleras.
EL PACMA, LAS MIGAJAS DE PEMEX
Es la hora de la comida, y el
comedor comunitario de Emiliano Zapata en Papantla, luce vacío y la razón es
simple: el menú no le gusta a nadie. Huevo en polvo, carne enlatada, crema de
zanahoria en bolsa, chilorio embotellado, son cosas que la gente en este lugar
no está acostumbrada a comer.
“No vamos a comer eso, cuando
en la parcela hay maíz y en los gallineros huevo fresco”, cuenta Felipe
campesino del lugar.
La cuota de recuperación para
la ración de comida es de 7 pesos, que sirven para la operación general del
comedor, sin embargo la gente de las comunidades petroleras integrada por
campesinos, pescadores y ganaderos no acude a estos comedores.
Pemex lo inauguró como parte
del Pacma y su alianza con la Secretaría de Desarrollo Social cuando el
gobierno federal lanzó el programa Cruzada contra el Hambre.
Pero en la comunidad nunca
preguntaron si eso era necesario.
La Auditoría Superior de la
Federación ha señalado que el programa de comedores opera con el 90 por ciento
de deficiencias, pues no se demostró abatir la carencia alimentaria en las
comunidades de alta marginación.
El Pacma es un programa que
busca obtener, ampliar y consolidar la licencia social para operar a través de
programas, obras y acciones, que impulsen el desarrollo sustentable en las
comunidades de las áreas de influencia de las empresas petroleras. Obliga al
contratista a aportar un monto mínimo del 2 por ciento del contrato que tengan
en las comunidades.
En Veracruz se han invertido
196 millones de pesos en obras de infraestructura financiada por 30 empresas
nacionales y extranjeras, como Perfolat de México, Weatherford, Dowell
Schlumberger, entre otras.
Bajo este programa, Pemex
construyó en las comunidades petroleras, casa de salud, bachilleratos,
secundarias y primarias, dotó de ambulancias, domos para escuelas y salones
sociales, y apoyó la instalación de cientos de comedores comunitarios.
Pero algunas obras se
realizaron sin preguntar a la gente si en realidad eran necesarias, ejemplo
claro son los comedores comunitarios, cada uno fue construido con una inversión
de 650 mil pesos, en total se invirtieron 42 millones de pesos en Veracruz.
Otro apoyo del Pacma fueron
las casas de salud, pero la mayoría opera sin doctor ni medicamentos, por lo
que la comunidad es quien tiene que pagar el servicio y mantenimiento del
lugar.
Pero además, los recursos que
ejerce Pemex están bajo la lupa de esquemas graves de corrupción.
En Veracruz se han invertido más de 190
millones de pesos en obras como casas de salud, escuelas, domos y comedores en
comunidades petroleras. Los campesinos dicen que son migajas en comparación con
lo que las petroleras extraen de sus tierras. Foto: Connectas.
El programa ha sido objeto de
señalamientos, el primero en 2013, cuando reportes periodísticos, indicaron que
la Secretaría de la Función Pública había detectado diversas irregularidades en
el ejercicio de recursos del fondo.
La dependencia guardó en
secrecía el documento “Diagnóstico de los contratos de obra pública con
contenido de Responsabilidad Social” que revelaba el desvío. En agosto de ese
año, la entonces paraestatal emitió un comunicado en el que reconoció que
hacían “falta soportes documentales vinculado a las obras, acciones y
programas”.
Luego de esto, el programa
fue relanzado en 2013, previo a la Reforma Energética, esta vez de la mano de
la organización Transparencia Mexicana.
Pero en 2014, una
investigación del periódico Reforma desató un nuevo escándalo: gestores
ofrecían a gobiernos locales priístas negociar donativos a cambio de regresar
el 20 por ciento para financiar campañas del PRI.
Sobre el tema, Bernardo Bosch
Hernández, entonces titular de la Gerencia y Coordinador General del Pacma
aseguró que el programa contaba con diversos candados a efecto de evitar este
tipo de prácticas, ya que el programa realiza su gestión directamente con la
empresa obligada.
ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CONNECTAS.
(SIN EMBARGO/ FLAVIA MORALES/31 DE ENERO 2019)
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