Secretos propios y de otros
funcionarios. Eso es lo que más se encuentra en el perfil público de Eduardo
Medina Mora, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que
ordenó a la Fiscalía de Chihuahua suspender “toda investigación o imputación penal”
en contra del Presidente Enrique Peña Nieto por el desvío de 270 millones de
pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el Gobierno del
priista César Duarte Jáquez en ese estado.
Cuando fue Procurador General de la
República (2006-2009), el recurso de la reserva fue el signo de su gestión al
grado que el organismo fue apodado como “el negrito en el arroz de la
transparencia”. Le puso candado a averiguaciones previas de delitos cometidos
por servidores públicos durante la guerra en contra del crimen organizado y de
paso, también a las investigaciones ministeriales sobre Amigos de Fox; los
procesos penales ligados con Elba Esther Gordillo, y las denuncias en contra de
Rosario Robles Berlanda y el empresario Carlos Ahumada Kurtz.
La compra de una flota de helicópteros
en 2008, por 200 millones de dólares, en el rearme aéreo más costoso de la
historia de la PGR también quedó bajo reserva.
Una constante se observa en los 19 años
en la administración pública de Eduardo Medina Mora: la discreción respecto a
su fortuna que jamás ha publicado en sus declaraciones patrimoniales; de modo
que se ha reservado para sí mismo lo que ha hecho con el dinero que le ha
pagado el Estado en las últimas dos décadas.
Ciudad de México, 4 de
noviembre (SinEmbargo).– El 6 de junio de 2008, el entonces Presidente de
México, Felipe Calderón Hinojosa, reunió a 900 funcionarios en el Palacio
Nacional. De manera pública les pidió que acabaran con “el influyentismo y el
amiguismo”, con el fin de “construir un gobierno caracterizado por rendir
cuentas”. Transcurría el tercer año del Gobierno del hombre que con 12 días en
el poder lanzó una guerra en contra del crimen organizado. Aquella vez, dio una
orden: “Actuar con transparencia y ponerse en los zapatos de la gente o al otro
lado del mostrador”. A la izquierda del Mandatario estaba el titular de la
Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, quien aplaudió
con efusividad.
Ese mismo año, tanto el
Presidente como el Procurador le dieron la espalda a la transparencia. Felipe
Calderón envió al Congreso de la Unión una reforma al artículo 16 del Código
Federal de Procedimientos Penales que le otorgó a las averiguaciones previas
“carácter estrictamente reservado” y Eduardo Medina Mora, apegado al nuevo
marco jurídico, clasificó todas las investigaciones –aun cuando ya estaban
concluidas– que concernían a la implicación de funcionarios públicos en delitos
relacionados con la guerra, lo que ha impedido conocer hasta ahora un dato
fundamental: la implicación del Estado en la muerte violenta de unas 200 mil
personas, la desaparición de otras 300 mil y el desplazamiento de otros miles.
También se mantiene bajo
reserva el nombre de la empresa que en 2008 le vendió a la PGR una flota de
helicópteros Blackhawk y Little Birds por 200 millones de dólares en el rearme
aéreo más costoso de la historia del organismo, ordenado por el ahora Ministro
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se usó para sellar la
frontera con Centroamérica con la justificación de que se requería inhibir
vuelos clandestinos cargados de droga desde América del Sur. El candado se lo
puso a la totalidad de la flota aérea de la Procuraduría (los modelos, el valor
de mercado, la capacidad, la antigüedad, las horas de vuelo y el proceso de
adquisición).
Por su parte, tiene una
reserva indefinida el expediente que guarda el registro de los bienes muebles,
inmuebles, numerario, centenarios, joyas, cuentas bancarias y los montos
asegurados a la banda de Daniel Arizmendi.
Y hasta 2020, bajo su mando,
también quedó reservado el número de chalecos antibalas adquiridos en 2008 para
la extinta Agencia Federal de Investigación.
Lo anterior resulta de una
búsqueda en los asuntos negados ante los ciudadanos por ser reservados o
confidenciales de la PGR, entre 2006 y 2009, los años en que la PGR estuvo a
cargo de Eduardo Medina Mora, en los archivos del Instituto Nacional de Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, en ese tiempo, IFAI).
De hecho, la PGR en ese tiempo fue llamada por el entonces comisionado Alonso
Lujambio (Q.E.P.D) “el negrito en el arroz de la transparencia” porque el
organismo recurría al Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa para negar
asuntos cruciales.
Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza nació en
la Ciudad de México el 30 de enero de 1957. El 10 de marzo de 2015 fue
ratificado para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación. Antes fue Embajador de México ante Estados Unidos en el Gobierno de
Peña Nieto, de 2013 a 2015. Foto: Cuartoscuro
FUNCIONARIOS PROTEGIDOS POR LA RESERVA
Entre esos velos, un nombre
quedó protegido: Genaro García Luna, quien ocupó la Secretaría de Seguridad
Pública de 2006 a 2012, llevó la estrategia frontal contra el crimen y en
cuanto concluyó el sexenio, se fue de México. Reapareció en abril de 2018
cuando presentó su libro “Seguridad y Bienestar”. En las averiguaciones bajo
reserva se encuentra la su presunta implicación en el montaje del caso de
Florence Cassez, una de las historias más escandalosas en la historia reciente
de México. Como en reality show, elementos de la extinta Agencia Federal de
Investigación, la detuvieron como presunta secuestradora al lado de su pareja
sentimental, Israel Vallarta, y liberaron a las víctimas frente a las cámaras.
No fue lo único que se quedó
entre los archivos guardados por la PGR, bajo la gestión de Medina Mora. Con el
apego al mismo marco legal, se negó a responder a las solicitudes de
información sobre las investigaciones ministeriales sobre Amigos de Fox, los
procesos penales ligados con Elba Esther Gordillo Morales, entonces dirigente
nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, así como
las denuncias en contra de Rosario Robles Berlanga (hoy Secretaria de
Desarrollo Social) y el empresario Carlos Ahumada Kurtz (quien purgó cinco años
de prisión por un fraude multimillonario en contra de la Delegación Gustavo A.
Madero y fue conocido por aparecer en un video en el que le entrega un maletín
con billetes a René Bejarano Martínez).
En el apego al artículo 16 de
Eduardo Medina Mora no fue tan rígido en otro casos. Si bien la PGR se negó a
brindar información en determinados asuntos; sí lo hizo en el caso de Laura
Elena Zúñiga Huízar, ganadora del certamen “Nuestra Belleza Sinaloa”, quien fue
detenida en Zapopan, Jalisco, en diciembre de 2008, por el Ejército Mexicano.
Estaba en compañía de siete hombres que portaban armas de alto calibre y miles
de dólares en efectivo.
Laura Elena Zúñiga y los
detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) y luego, trasladados a la SIEDO [hoy SEIDO]. Permanecieron
bajo arraigo durante 40 días. Ella quedó en libertad porque el Ministerio
Público no reunió suficientes pruebas en su contra. Su caso fue conocido porque
la PGR envió boletines en los que brindaba detalles de la averiguación previa.
Coronada en julio de 2008
como “Nuestra Belleza Sinaloa”, Laura Elena Zúñiga había declarado que deseaba
realizar una carrera como modelo; pero después de los acontecimientos de
Zapopan prefirió retirarse de la escena pública.
LA OPACIDAD LO PROTEGIÓ A ÉL MISMO
Su carrera en la
administración pública federal es larga; pero marcada por los secretos. De 2000
a 2015, completó 19 declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la
Función Pública. En ninguna quiso hacer público su patrimonio o sus posibles
conflictos de interés, elementos clave para la medición de la transparencia
para la organización Transparencia Internacional. En México, conforme a la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, revelar el
patrimonio ante los ciudadanos queda a voluntad de los funcionarios y son pocos
los servidores con dos décadas en el servicio público que jamás han dado a
conocer un bien ante los ciudadanos.
En la imagen, Medina Mora y Peña Nieto.
El actual Ministro de la SCJN suspendió “toda investigación imputación penal”
en contra del Presidente por el desvío de 270 millones de pesos al Partido
Revolucionario Institucional (PRI) durante el Gobierno de César Duarte Jáquez
en Chihuahua. Foto: Cuartoscuro
Licenciado en Derecho por la
Universidad Nacional Autónoma de México, en 2000, cuando Vicente Fox Quesada se
convirtió en el primer Presidente de la República postulado por el Partido
Acción Nacional, pasó de abogado corporativo en Grupo Desc a Director General
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cargo en el que
estuvo hasta 2005. Después fue Secretario de Seguridad Pública Federal hasta
2006. Ese año, las elecciones presidenciales las ganó Felipe Calderón Hinojosa
–también del PAN– y entonces fue nombrado Procurador General de la República,
cargo en el que estuvo hasta 2009. De este año hasta 2013, fue Embajador de
México en Reino Unido. Y de 2013 a 2015, fue Embajador del Gobierno de Enrique
Peña Nieto en Estados Unidos.
En los 18 años como servidor
público, Eduardo Medina Mora ha estado en el centro de episodios oscurísimos
del país. De ello dan cuenta las recomendaciones archivadas en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos que aunque rechazadas, revelan su comportamiento
frente a la tragedia. Ahí está la 38/2006 por San Salvador Atenco cuando un
operativo policiaco militar causó la muerte de dos jóvenes y la detención de
207 habitantes y la agresión sexual en contra de 26 mujeres. Seguiría la
37/2006 sobre el movimiento de los trabajadores siderúrgicos de Lázaro
Cárdenas, Michoacán, en el que murieron dos obreros. La 64/2008 fue por la
investigación de funcionarios públicos sobre la muerte de 65 mineros en Pasta
de Conchos, Coahuila.
***
Desde marzo de 2015, Eduardo
Medina Mora es Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después
de la votación del Senado de la República pese a miles de firmas de ciudadanos
en la plataforma Change.org que criticaron la crisis de derechos humanos tras
su gestión en la PGR. Tres años después, ha vuelto a tomar relevancia: ha admitido
la impugnación presentada por el Consejo Jurídico del Ejecutivo federal, lo que
implica suspender “toda investigación imputación penal” en contra del
Presidente Enrique Peña Nieto por el desvío de 270 millones de pesos al Partido
Revolucionario Institucional (PRI) durante el Gobierno de César Duarte Jáquez
en Chihuahua.
La suspensión se derivó de
una controversia constitucional presentada el 11 de octubre por el consejero
jurídico de la Presidencia, Misha Granados, contra órdenes de aprehensión,
arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación de la Fiscalía
estatal contra funcionarios federales y que fue ampliada el 16 de octubre. El
argumento: la inconstitucionalidad del artículo 20, fracción I, del Código
Nacional de Procedimientos Penales, y el 7 del Código Penal estatal. Bajo esa
letra, los Gobiernos estatales sólo pueden denunciar delitos del fuero común y
no federal.
(SIN EMBARGO/ LINALOE R. FLORES/ INVESTIGACIONES/06
DE NOVIEMBRE 2018)
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