Si alguien pensaba que ya
habían terminado las ocurrencias en materia de seguridad y combate al crimen
organizado con el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que sólo revise
la prensa para descubrir que el próximo gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, se encamina a rebasarlo por izquierda y derecha. La última pincelada
de la improvisación la dio la doctora Loretta Ortiz, ex Diputada de Morena y
una muy reconocida especialista en Derecho Internacional, enfocada a los
derechos humanos, particularmente de migrantes, al proponer en una entrevista
que como parte de la pacificación del país, el nuevo gobierno va a servir de
mediador entre las bandas criminales para que hablen entre ellas y para que las
persuadan de regresar al orden legal, que por las buenas claudiquen en su
lucrativo negocio del narcomenudeo y el narcotráfico, y que dejen de pelearse
entre ellas porque están causando zozobra en el país. La cuarta transformación
de la República que propone López Obrador, también pasa por el arrepentimiento
de los criminales y su redención.
Para frenar la violencia en
estados como Guerrero o la Ciudad de México, le dijo a Carlos Marín, director
de Milenio, “hay conflictos, incluso entre grupos, (a quienes) se puede ofrecer
la mediación comunitaria que, de hecho, ya se ofrece, por ejemplo en el caso de
Tepito (donde) se actúa a través de esa mediación comunitaria”. ¿Y cómo se
establecería esa comunicación? Ortiz respondió: “Hay un facilitador y el que
viene a representar a un grupo y el otro representante de grupo, o los grupos
integrados. Entonces tiene que haber una voluntad obviamente de arreglar las
cosas”.
O sea, un gobierno legalmente
constituido, convoca a los líderes de los cárteles o las bandas criminales, que
deberían de estar siendo perseguidas, para que se decrete una tregua a fin de
que un facilitador del gobierno federal los siente en una mesa de conciliación
-como donde se dirimen los conflictos laborales entre patrones y trabajadores-,
y les haga ver que su reinserción a la vida legal es lo mejor que existe para
que haya paz en México. “Si vamos a llegar a acuerdos de pacificación -agregó
la doctora Ortiz-, se tienen que retirar del campo de la ilicitud; o sea, no
van a ser acuerdos para llegar a un resultado de que se metan en actos
ilícitos”. No se van a meter; ya están.
Más allá del galimatías de la
doctora, hay que revisar la complejidad de la realidad frente a la ligereza de
su solución. Lo primero es la convocatoria. ¿Cómo llamarlos a una reunión de
esa naturaleza? No lo dice, pero ¿cómo se hace? En 1989, al entonces Secretario
de Gobernación, el policía político por excelencia, Fernando Gutiérrez Barrios,
se le acercó a pedir consejo para combatir la delincuencia el primer procurador
capitalino nombrado por el entonces Presidente Carlos Salinas. Lo primero, le
dijo, era llamar a sus jefes de policía y decirles que no quería ningún robo,
ni el más mínimo, en el Poniente de la Ciudad de México, porque es donde se
encuentran las personas que tienen acceso a los medios de comunicación, y
cualquier acto delictivo tiene enorme repercusión. Que delinquieran en el
Oriente, pero que no se cruzaran la línea, porque los aplastarían. ¿Y cómo se
enterarían los delincuentes?, preguntó el bisoño funcionario. No se preocupe,
respondió, sus comandantes le informarán a los delincuentes. El Procurador
entendió que eran lo mismo, y al mes renunció.
La doctora Ortiz, si no sabe
cómo van a llamar a la mesa a los criminales, ahí está esa vieja recomendación
que en muchas partes del país, se puede argumentar, sigue vigente. Pero
entraría en un espacio de complicidad delincuencial, antes de enfrentar el
segundo problema. ¿Cuáles son los incentivos para ellos? No perdamos el tiempo
en busca de explicaciones. No existe ningún incentivo. Las bandas criminales no
responden a llamados de paz salvo que, por acuerdo entre ellas, dejen de pelear
y se repartan el mercado para evitar la confrontación con fuerzas federales.
Pero voluntariamente, como cree la integrante del Consejo de Asesores de
Seguridad de López Obrador, imposible.
Vamos, ni siquiera es
racional. Esos grupos operan bajo el parámetro del negocio, ilícito, pero
negocio. ¿De qué tamaño? Por ejemplo, según el Global Financial Integrity, una
institución en Washington que estudia los flujos financieros ilícitos, el
kilogramo de cocaína vale en la Ciudad de México 12 mil dólares, que puesto en
la frontera con Estados Unidos, sube 30 por ciento su valor. Si se le reduce la
pureza en 4 por ciento, como está sucediendo, las ganancias casi se triplican,
conforme a estimaciones a partir de los datos de la Estrategia Nacional para el
Control de las Drogas de Estados Unidos. Por más eficaz la dialéctica
esgrimida, imposible pedir que exculpen sus culpas y dejen el narco a cambio de
88.36 pesos de salario al día.
El combate a los criminales
no se hace con actos de fe y la buena voluntad de quienes matan por lucro,
esencia del narcotráfico. A los criminales se les confronta con velocidad para
que no puedan reagruparse y reclutar cuadros que suplan a los caídos,
acompañados de tareas de inteligencia, políticas de prevención y opciones
laborales que integralmente conformen una estrategia total. Pero como lo
planteó la doctora Ortiz, no por favor. Que no insulte la inteligencia de los
mexicanos ni diga bobadas. Si de este tema no sabe, que no hable o que no la
dejen hablar. Mucho retrocedió el país en materia de seguridad durante el
gobierno de Peña Nieto para que nos prometan un país peor de lo que está.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 11/07/2018 | 03:00 AM)
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