El tiempo de Andrés Manuel López Obrador
aún no llega. Foto: Cuartoscuro.
Enrique Peña Nieto sigue
siendo el Presidente de México. De su mandato constitucional aún le falta
ejercer el poder por cuatro meses 21 días más. Concluirá el 1 de diciembre de
2018 cuando tome posesión Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, por las
reacciones de algunos líderes de sectores, partidos políticos, titulares de
poderes, de gobiernos y congresos, pareciera que el Presidente ya no es
Presidente y quien ocupa ese cargo es el ganador de la elección del 1 de julio
de 2018.
Con el presidencialismo
tatuado en la piel pública de las formas que son fondo, los actores de la vida
política, económica y social de México se han volcado hacia López Obrador y
casi casi ya “acuerdan” con él cuando hay un Presidente y es distinto al
ganador de la contienda. De repente en el besamanos que aún no termina, se han
olvidado de Peña Nieto y sabrá qué estará haciendo, tramando o planeando el
todavía Ejecutivo Nacional.
Veamos, estamos en el
tradicional año de Hidalgo y además en un gobierno emanado del partido político
que creó el año de Hidalgo y el de Carranza también, y pocas instituciones y
grupos de la sociedad civil están ahora con la lupa al gobierno de Enrique Peña
Nieto, por estar banderilleando al que aún no inicia de Andrés Manuel López
Obrador.
Por ejemplo, han comenzado a
pedirle al electo que se comprometa con la lucha anticorrupción (de hecho esa
fue su bandera de campaña), pero se están olvidando que el actual gobierno, al
que le restan 4 meses con 21 días, sigue tan corrupto como inició. Que ni
Emilio Lozoya Austin, ni Rosario Robles, ni Gerardo Ruiz Esparza, ni Luis
Videgaray, ni el entorno principal del Presidente, ni Secretario o Universidad
alguna que hayan contribuido a la Estafa Maestra, han sido debidamente
investigados, retirados del cargo, sancionados, o indagados respecto los actos
de corrupción por los que han sido harto señalados en investigaciones de grupos
de la sociedad civil y de periodistas de investigación.
Vaya, que se están
preocupando por la corrupción que pudiera venir en el futuro, sin castigar la
actual.
Ahora se acusa a Andrés
Manuel López Obrador de no querer cambiar las bases para la Fiscalía General de
la República, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto se negó a hacerlo en su
momento cuando con su bancada y aliados no escuchó a los grupos que exigían un
cambio de fondo, y en contraparte votaron por una premisa que les es favorable,
además que hoy día deja de actuar cuando aún puede cambiar la legislación al
tener las Cámaras a modo.
Casos actuales de sospecha de
corrupción hay, y muchos. Por ejemplo, al 30 de junio de 2018, el gobierno de
Enrique Peña Nieto no había subsanado presuntas irregularidades detectadas por
la Auditoría Superior de la Federación sobre la fiscalización de la cuenta
pública 2017, por un total de 4 mil 205 millones 585 mil pesos.
En eso, es al sector salud al
que más inconsistencias le fueron detectadas, por 3 mil 691 millones 426 mil
pesos. Donde el Fondo para Aportaciones para los Servicios de Salud es la
entidad con mayor recurso observado, pues se desconoce el destino, transferencia,
gasto o inversión de mil 578 millones 323 mil pesos, además de 575 millones 599
pesos que andan bailando de los Acuerdos de Coordinación del Seguro Popular,
por mencionarle algunos.
En general, la cuenta pública
del 2017 del gobierno de Enrique Peña Nieto, presenta inconsistencias en,
Hacienda y Crédito Público, en el sector agrícola así como en el de
comunicaciones y transportes, en Prospera, en el gasto de la infraestructura
social básica y hasta en el fondo para el fortalecimiento de la infraestructura
estatal y municipal.
O ahí está el terreno de
Cancún-Tulum que valuado en mil 239 millones de pesos por el Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacional, la SEDATU vendió en 61 millones de
pesos.
Y aunque suene cansado (así
es la impunidad), el caso de Odebrecht en cuyas investigaciones internacionales
por sobornos de la compañía brasileña a funcionarios de gobiernos, únicamente
en dos no hay investigados, procesados o sentenciados, y uno de esos países es,
por supuesto, México. Donde Emilio Lozoya Austin, señalado por los directivos
-presos- de la compañía como el depositario de más de 10 millones de dólares,
sigue libre, protegido por una investigación congelada en la PGR, y por amparos
del Poder Judicial.
Además aun cuanto incuantificables
por el temor de los extorsionados para denunciar debido a las represalias que
pudieran sufrir, están los moches por adjudicación de contratos, obras, y
licitaciones, que el Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto ha
entregado en cinco años y seis meses.
Total, que por andar
señalando al Presidente Electo y exigirle cuentas anticipadas, se está
olvidando que los recursos de México están siendo administrados por el gobierno
señalado como el más corrupto en la historia reciente de este país, y al cual
todavía le quedan 4 meses y 21 días de gobierno, lo cual no es poca cosa
considerando la cantidad de recursos que aún pueden ejercer, y la documentación
que pueden ocultar, proteger o manipular para cubrir sus tropelías.
Ahora sí que volcados en el
presidencialismo, vueltas las miradas escrutadoras hacia el que aún no toma
posesión, se le está dejando el camino libre a quien ostenta el poder político
de la Nación, Enrique Peña Nieto y colaboradores, quienes todavía están a
tiempo de castigar la corrupción, de enmendar las irregularidades, aunque no se
les vean ni ganas ni compromiso de hacerlo, son quienes en este momento deben
rendir cuentas.
El tiempo de Andrés Manuel
López Obrador aún no llega. Le falta poco, pero aún no es Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos. Todavía el Presidente es Enrique Peña Nieto, y
es a quien desde la sociedad civil, organizada y participativa, se debería
seguir exigiendo combate a la corrupción, seguridad y justicia.
(SIN EMBARGO/ ADELA NAVARRO BELLO/ JULIO 11,
2018, 12:00 AM)
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