A
lo largo de toda la semana pasada, la preocupación de los asesores de Andrés
Manuel López Obrador era en qué momento la investigación de narcopolítica en la
Delegación Tláhuac, encabezada por un connotado miembro de su partido, Morena,
Rigoberto Salgado, empezará a salpicarlo. La puerta de entrada se encuentra en
Tlalpan, a donde se extienden líneas de investigación federales ante la
sospecha que dinero de procedencia ilícita que piensan financió la campaña de
Salgado, también se inyectó en contiendas como la de Claudia Sheinbaum, a quien
López Obrador impulsa como candidata al Gobierno de la Ciudad de México. ¿Será
Tláhuac el principio de una campaña de descrédito contra López Obrador, en
2018? El tabasqueño ha probado ser inmune a todo tipo de ataques, pero su
teflón en algo tan profundo como narco dinero en su partido y en sus campañas,
de probarlo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda,
¿podría mantenerlo inmune?
Salgado
está políticamente liquidado. Tras su comparecencia en la Asamblea Legislativa
de la Ciudad de México, no pudo desmentir las imputaciones que se le hicieron
salvo asegurar, contra documentos que le mostraron los diputados, que no tenía
vinculación con la delincuencia en Tláhuac, donde hace tres semanas un comando
de la Marina acabó con la vida del líder del narcomenudeo en el sur de la
capital federal, con vinculaciones al Cártel del Pacífico, Felipe de Jesús
Pérez Luna. Para Morena se volvió una pieza desechable, donde lo importante es
cómo su caso no contamina a Morena y al grupo compacto de López Obrador.
Tláhuac
es la bomba de tiempo para Morena. No se volvió un foco rojo de seguridad en
los últimos años, ni tampoco emergió como zona de narcomenudeo de manera
reciente. Desde los 70s, Tláhuac y una zona del mexiquense Neza, en la zona
conurbada al oriente de la Ciudad de México, era donde se adquirían drogas. En
aquél entonces era mariguana, y con el paso del tiempo se fue ampliando la
oferta a cocaína y drogas sintéticas. A las tienditas y los raves acudían los
fines de semana de todas partes de la Ciudad de México todos los grupos
socioeconómicos a adquirir sus drogas. Es imposible que Salgado no conociera
del tema de tiempo atrás, al haber sido dos veces responsable de la seguridad
pública en Tláhuac antes de llegar a delegado. Sus omisiones o comisiones -ya
lo determinarán las investigaciones-, le va a provocar la caída política y,
eventualmente, hasta la libertad.
Su
caso se extiende, cuando menos en el campo de las investigaciones, hasta otras
delegaciones morenistas, como Tlalpan, que encabeza la señora Sheinbaum, en
cuanto a si dinero criminal fue inyectado a sus campañas. López Obrador ha sido
enfático al hablar sobre Tláhuac, para deslindar claramente a Salgado de
Morena. No defiende al delegado; busca blindar al partido. Nunca antes había
estado tan cerca de ser vinculado él, sus cercanos y su partido, a grupos
criminales. Lo más cercano a lo que estuvo expuesto fue en el caso de José Luis
Abarca, Alcalde de Iguala cuando la desaparición de los normalistas de
Ayotzinapa, a quien había apoyado. La prensa ha documentado cómo cuando en la
campaña de Abarca le dijeron en Iguala sobre las acusaciones de haber ordenado
asesinatos, López Obrador los desoyó. Esa actitud, no querer escuchar para no
saber, lo ha marcado en el pasado.
Cuando
en la campaña para el Gobierno de la Ciudad de México, la entonces presidenta
del PRD, Rosario Robles, le dijo que había conseguido que un empresario
financiara al partido, López Obrador le respondió que lo arreglara ella pero
que él no quería saber nada de eso. Ese empresario era el argentino Carlos
Ahumada, que a cambio de ser mecenas de los perredistas e inyectar recursos a
sus campañas, incluida la de López Obrador, recibió contratos de obra pública
en diversas delegaciones, como Tláhuac.
El
dinero de Ahumada siempre fue asociado a ese tipo de intercambios, recursos a
campañas recuperados mediante entrega de obra pública, hasta que la
investigación de Ayotzinapa abrió una ruta inesperada. Campo Morado, una mina
de Ahumada en Tierra Caliente no lejos de Iguala, lo conectaba con un grupo
criminal de envergadura, escisión de la Familia Michoacana, encabezado por
Jhonny Hurtado Olascoaga, apodado “El Fish”, y autor intelectual de la ola de
secuestros que se dieron en Valle de Bravo hace pocos años. Nunca se exploró la
posible inyección de dinero criminal al PRD de López Obrador en aquellos años
por la vía de Ahumada, como tampoco lo que representaba Abarca para los
delincuentes en aquella zona.
López
Obrador nunca quiso saber de dónde salían los recursos, aunque era beneficiario
de ellos. Ese mismo modus operandi es el que vuelve a aparecer en Tláhuac,
donde probablemente, de acuerdo con su actitud de no preguntar lo que no quiere
saber, lo tiene en medio de una investigación federal de gran calado. López
Obrador no es deshonesto ni se vive jugando fuera de la ley. Pero la manera
negligente con la que trata los asuntos de financiamiento político, lo hacen
responsable de sus consecuencias. El no ser culpable de cometer o solapar
delitos, no lo llevan a puerto seguro. La preocupación de sus asesores sobre
cómo puede quedar involucrado él y su equipo compacto en el caso Tláhuac, debe
convertirse en una estrategia sólida y convincente para evitar que su barco
presidencial empiece a naufragar antes, incluso, de salir a la mar.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter:
@rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 08/08/2017 | 01:00 AM)
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