Fotos: Cortesía.- Red social y video,
las pruebas presentadas por gobierno de Gastélum
Tijuanenses calificaron como un desacierto
la acción legal emprendida por Juan Manuel Gastélum Buenrostro contra quienes
lo denunciaron penalmente por no transparentar el contrato de arrendamiento que
adjudicó a Grupo Turbofin, S.A.P.I. de C.V.
Como respuesta a la acción
legal que el 19 de junio interpuso el Comité de Organizaciones Ciudadana
Independientes (COCI), sin más elementos de prueba que un video de Anonymous que
es de dominio público y la difusión que Rafael Maurizio Cruzmajarrez hizo del
mismo en su cuenta de Facebook, “El Patas” denunció, el 22 de junio, a los
abogados representantes de COCI, entre los que se encuentra Cruzmanjarrez.
El video anónimo en el que se
convoca a la población a hackear servidores del Ayuntamiento, fue el pretexto
para que el área jurídica se ocupara en arremeter legalmente contra los
ciudadanos que exigieron rendición de cuentas al alcalde, respecto al convenio
de 88 millones de pesos para la renta de patrullas y equipo de recolección de
basura.
Los acusó de sospechosos, de
“sedición, sabotaje, conspiración, conminación a delinquir y/o lo que resulte”.
No conforme, el domingo 25 de
junio, tres días después de denunciarlo, el Gobierno de Tijuana envió un
boletín de prensa, declarándolos como “personas non gratas para la ciudad”.
Después de unos días, el miércoles 28 de junio, el secretario de Gobierno
Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz, declaró que la administración municipal
había sido blindada de cualquier amenaza de hackeo cibernético.
No obstante, el área jurídica
no retiró la denuncia ni transparentó las exigencias de los ciudadanos que
radican en hacer del conocimiento público la transacción con Turbofin.
DESPLIEGUE JURÍDICO SIN SUSTENTO
Basándose en un video de
menos de 5 minutos, el representante legal del XXII Ayuntamiento de Tijuana,
Leonardo Martínez Delgado, presentó una querella ligando a quien, en el
anonimato, incitó a atacar en conjunto los servidores de la administración
municipal, con los abogados Rafael Maurizio Cruzmajarrez García, Román Antonio
Aboytes Hernández, Carlos Atilano Peña e Ignacio Anaya Barriguete.
Para ello, retoma la parte
del audiovideo en el que se menciona: “Ahora las pruebas del fraude electoral
son irrefutables, por lo que decidimos ´hackear´ las cuentas y correos
personales de todos estos personajes; lo que encontramos es una serie de
correos que relacionan como socios a Emilio Vilaso con Jaime Rogozinski, dueño
de Turbofin, empresa a la que fue concesionada ilegalmente la venta de
patrullas y camiones de basura por parte de Gastélum Buenrostro, en complicidad
con la síndico y pareja sentimental del alcalde. A su vez, Emilio Vilaso es el
encargado de manejar las cuentas y nóminas de estos negocios a través de la
empresa fiscal ´Tax Consulting Group. Vilaso, nuero del secretario de Turismo
del Estado y Rogozinski, estarán rentando sus primeros carros al Ayuntamiento
de Tijuana”.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.-
Abogados señalados como sospechosos y personas non gratas para Tijuana
Y la correlaciona con la
publicación hecha en la cuenta personal de Facebook de Rafael Maurizio
Cruzmajarrez, donde el abogado expresa: “De acuerdo al principio de legalidad y
Estado de Derecho y a la transparencia organizada, e invocando el eslogan del
actual Ayuntamiento ´que todo mundo se entere´, hago pública la denuncia formal
presentada, y los exhorto a que se sumen a ella. Los ciudadanos interesados en
que prevalezca el buen gobierno y se sancionen a quién traicione su promesa de
hacer cumplir las leyes y las de que en ellas emanen, y si no que el pueblo se
las demande. Favor de compartir para que se vuelva viral en su contenido y sea
público. Gracias y bendiciones”.
Con esta prueba, el abogado
del XXII Ayuntamiento asienta: “por lo que se puede observar que coinciden los
puntos expuestos en la denuncia por escrito presentada en la Agencia del
Ministerio Público antes señalada y lo manifestado dentro del audio-video que
se agrega en autos para que obre como legalmente corresponda”.
Además establece: “el
análisis de estos hechos narrados, así como de las documentales mencionadas, se
estiman aptos y suficientes para acreditar hechos constitutivos de los ilícitos
de SEDICIÓN, SABOTAJE, CONSPIRACIÓN, CONMINACIÓN A DELINQUIR y/o lo que
resulte…”.
Con este argumento, el
gobierno de “El Patas” demandó al agente de Ministerio Público de la
Procuraduría General de Justicia del Estado -PGJE- “ejercer acción penal
persecutoria contra el o los imputados ante la autoridad judicial competente”.
De acuerdo a su cuenta
personal de Facebook, Cruzmajarrez compartió el video firmado por Anonymous
Tijuana, a las 9:20 p. m., mientras que la demanda del gobierno de Gastélum,
con el Número Único de Caso 0204-2017-29005, fue interpuesta el mismo día, a
las 7:59 p. m.
REACCIÓN DE LOS IMPLICADOS
Como “un acto visceral, fuera
de todo contexto e intimidatorio”, calificaron los abogados representantes de
COCI la denuncia por sabotaje y conspiración interpuesta en su contra.
“Lo que hicimos en nuestra
denuncia fue exigir transparencia y se nos quiere acusar de videos asociados y
vinculados con grupos que desconocemos, expuso Carlos Atilano Peña, coordinador
del Comité de Organizaciones Ciudadana Independientes.
El abogado deslindó al
colectivo del video y anotó que, “en su momento, acudiremos a la Procuraduría a
rendir nuestra declaración, a dejar muy en claro que no tenemos nada que ver
con los supuestos delitos que nos imputan como son sedición, sabotaje,
conspiración, lo cuales están fuera de todo orden en esta situación”.
De la reacción del gobierno
municipal manifestó, “lamentamos esa actitud que dista mucho de un funcionario
responsable y con visión de estado, cuando lo que esperamos todos es que aclare
cómo se dieron los contratos, sus fechas, las empresas contratadas, sus montos,
el plazo y demás condiciones en relación a los mismos y su disposición para
atender la denuncia en su contra”.
Para Román Antonio Aboyes, presidente
del Colegio de Abogados de Tijuana, la reacción del gobierno de Gastélum ante
la denuncia interpuesta en su contra, solo abona a la opacidad y le apuesta a
la intimidación.
“Por un lado, nos preocupa su
actuación, ya que su acción no es rendirle cuenta a los tijuanenses, sino
reprimirlos y tratar de intimidarlos para que no se le cuestione, ni critique,
sin embargo, al mismo tiempo también nos da un extraordinario valor civil para
continuar esta lucha que no es de COCI, sino de todos que decimos ya basta a la
opacidad y sí a la transparencia y rendición de cuentas”, asentó.
Ignacio Anaya Barriguete
indicó que el mensaje es totalmente equivocado, ya que no le abona al combate a
la corrupción y a la impunidad, sino que pretende que todo lo que haga el
gobierno no sea criticado y, por tanto, esté en la opacidad.
Los implicados conminaron a
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dar la misma celeridad a
ambas denuncias, considerando que la presentada por ellos fue primero, y actuar
con estricto apego a derecho.
EL MUTIS DE GASTÉLUM
“Yo, como alcalde de la ciudad,
en una acción responsable, debo guardar silencio y hacer lo que tengo que
hacer”, expresó Juan Manuel Gastélum al ser cuestionado sobre la demanda,
previa aclaración que, quién informa sobre ese tema, es el secretario de
Gobierno, Raúl Felipe Luévano Ruíz.
No obstante, tras los hechos,
aseguró que no se tomó personal la denuncia interpuesta en su contra por COCI,
“a mí nadie me amenazó, la amenaza no es personal, no es contra mí, ni lo tomó
yo personal… no es personal”.
Cuestionado por la razón de
relacionar a los abogados de COCI con el video de Anonymous y si siente que se
conspira contra la administración municipal, solo atino a responder que
“regresaría al contenido de la demanda, el contenido de la demanda, yo creo que
el contenido, como es literal, el documento eso es lo que tiene (SIC)”.
Y remató: “como abogado debo
de salvaguardar ese derecho que tienen las personas”.
SECTORES REPRUEBAN ESTRATEGIA POLÍTICA DE GASTÉLUM
“No puedes salir a tratar de
callar a través de denuncias penales, creo que debe prevalecer la transparencia
y la claridad”, planteó Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública, en relación a la denuncia con la que Juan
Manuel Gastélum respondió a los ciudadanos.
“Yo creo que es una estrategia
política que, en mi opinión, no es la adecuada”, dijo, al tiempo que subrayó la
inquietud de los abogados implicados en la denuncia oficial de “El Patas”: “no
es más que lo que sentimos muchos de los tijuanenses, es una inquietud general
de parte de la ciudadanía”.
Consideró que, en el
municipio de Tijuana, se enfrenta “un problema de transparencia en lo que está
haciendo el municipio, es cierto que hay un problema de sustentabilidad en el
costo-beneficio de lo que se está haciendo y creo que los ciudadanos tenemos el
derecho a saberlo y el derecho a inconformarnos”.
Hernández Niebla exhortó al
alcalde a “establecer un diálogo con las partes afectadas”.
Gilberto Fimbres, presidente
de Coparmex Tijuana, dijo no encontrarle sentido a la guerra de denuncias
surgida a raíz de la falta de transparencia de los contratos firmados por el
Gobierno municipal con Grupo Turbofin.
Consideró que “el gobierno
municipal no tiene derecho a mantener esa información en reserva, la autoridad
debe presentar transparencia en cuanto al gasto de los recursos públicos”.
Por lo que conminó a los
ciudadanos a mejor “aprovechar nuestras Leyes de Anticorrupción y
Transparencia, debemos apoyarnos en esas estructuras y elementos que no den pie
a especulaciones”.
Finalmente, indicó que sean
cual sean las acciones legales que de los ciudadanos emprendan para hacer valer
su derecho, “es importante darle seguimiento, los procedimientos por lo general
no son los más ágiles y nos desesperamos y abandonamos, pero es importante
concluirlos”.
(SEMANARIO ZETA/ Ezenario /Isabel Mercado /Lunes, 3 Julio, 2017 12:00
PM)
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