Ismael Bojórquez Perea,
director de Ríodoce, hizo un llamado al gobierno norteamericano para que ponga
la parte que le corresponde en la lucha contra la impunidad y que si en los
Estados Unidos alguien ha fomentado la violencia y ha transgredido sus leyes,
sea castigado.
Esto lo dijo en un panel
realizado en el Instituto Wilson Center de Washington, en referencia a la
operación Rápido y Furioso, un expediente que, aunque sigue abierto, no ha
permitido que nadie sea juzgado hasta el momento.
“Respecto al crimen de Javier
Valdez —dijo—, recibimos con aprecio las expresiones de solidaridad del
secretario de Estado de este país, Rex Tillerson, y también la preocupación
manifestada por la embajadora Renata Jacobson. Pero necesitamos algo más de
ustedes. Y no solo los periodistas; la sociedad entera demanda del gobierno norteamericano
que ponga un alto al tráfico ilegal de armas a México. Y que si funcionarios de
este país incurrieron en algún delito sean castigados.
“Si no lo hacen por nuestros
muertos —agregó—, háganlo por los suyos: por la memoria del agente aduanal
Brian Terry, asesinado en diciembre de 2010 con un arma del expediente criminal
llamado “Rápido y Furioso”. Y por la memoria del agente del ICE Jaime Zapata,
asesinado en México en febrero de 2011,
también con un fusil que fue adquirido en el marco de esa operación frustrada”.
El panel fue organizado por
la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Instituto
Woodrow Wilson Center, y participaron también Adela Navarro, co-directora del
semanario ZETA, además de Norma Trujillo, corresponsal del diario La Jornada en
Veracruz, la entidad que más crímenes de periodistas acumula en los últimos
diez años.
“Vivimos en un país donde si
matas a un periodista, no te van a meter a la cárcel… y ese es el mensaje que
les dice, ‘Pues, puedes matar a un periodista”, apuntó Navarro.
Dijo que en México nunca ha
habido protección para los periodistas: “Hay mucha impunidad, no hay un estado
de derecho y más allá de las amenazas del narcotráfico y el crimen organizado,
están las presiones gubernamentales”.
“Deberíamos de tener los
periodistas, como cualquier mexicano, la garantía y la seguridad parar ejercer
una profesión en nuestro país… El Gobierno de la República debería concentrarse
en ello”, advirtió.
Norma Trujillo se refirió a
la violencia que los periodistas sufren en las empresas donde trabajan:
“Los periodistas enfrentamos
la violencia económica e institucional de nuestros patrones, los dueños de
medios de comunicación, y del estado [Veracruz], que no aplica la Ley Federal
del Trabajo… La mayoría debemos trabajar en al menos dos medios de
comunicación, jornadas que van de diez a doce horas diarias…”
“Tan solo en el ejercicio del
año 2014 —indicó—, de un presupuesto de 20 millones de pesos [en el estado de
Veracruz], solo 800 mil fueron para protección a periodistas; es decir, el
cuatro por ciento de los recursos. El resto fue ocupado para pagos de salarios
de personal… Con todo esto, siguieron ocurriendo más crímenes.”
Y advirtió que “mientras no
se ejecuten estas investigaciones, ni se dé con algún responsable de los
crímenes, la impunidad continuará y el mecanismo se seguirá llenando de
solicitudes de periodistas que han sido amenazados”.
En otra mesa, en la que se
analizó la situación de México respecto a agresiones contra periodistas, Ana
Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19 para México y
Centroamérica, dijo:
“En mi país quienes ejercen
la libertad de expresión tienen que enfrentarse en un terreno que de facto los
pone en desventaja con su adversario. La prensa se enfrenta a un enemigo que
busca a toda costa ejercer un control efectivo de la información que llega a la
sociedad.
“En 2017 van seis periodistas
asesinados y uno desaparecido… cada periodista asesinado se ha convertido en un
mensaje intimidatorio para aquellos que buscan seguir informando. Los
mensajeros se convierten en el mensaje y el mensaje original muere”.
Y remató:
“No habrá un combate decidido
a la impunidad mientras el estado no se investigue a sí mismo. El Estado tiene
que reconocer que es el propio Estado quien está agrediendo a la prensa. El
sistema de protección a periodistas no va a funcionar si no se considera que el
combate a la impunidad es la forma más poderosa de proteger”.
En la misma mesa, Jennifer
Clement, presidenta del premio PEN International, explicó que “la ley que hizo
que matar a un periodista en México fuera un delito federal fue finalmente
aprobada en 2012, pero tristemente, en este momento, es sólo un cambio
simbólico. Desde entonces, más periodistas han sido asesinados, más periódicos
han cerrado, y hay áreas enteras de México donde no tenemos ni idea de lo que
está pasando.
“Mi sensación es que el
gobierno federal es incapaz de controlar los gobiernos estatales, que los
gobiernos estatales están, en muchos casos, amenazados o en connivencia con los
cárteles, que ya no son sólo cárteles de la droga. Son mafias que se ocupan de
la extorsión, del tráfico de seres humanos y de todo tipo de delitos”.
Por su parte, invitado
también a la reflexión, Azam Ahmed, corresponsal en México del diario The New
York Times, dijo que “cuando se trata de matar a periodistas, el tema central
es la impunidad”.
(RIODOCE/ REDACCION/ 3 JULIO, 2017)
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