La sucesión presidencial del
partido en el poder no comenzó el domingo, sino en las semanas previas a las
críticas elecciones en el Estado de México. Fue a finales de abril, cuando el
PRI anunció que la XXII Asamblea Nacional se adelantaba de noviembre al 12 de
agosto. A dos personas responsabilizó el Presidente Enrique Peña Nieto para
armarla y preparar los consensos: la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz
Massieu, y el ex miembro del gabinete, Jesús Murillo Karam, quien fue el
responsable de redactar la convocatoria. El documento, con una estructura
burocrática, no abría muchos márgenes para que se escucharan las voces disidentes,
pero Ruiz Massieu comenzó a hablar con diferentes figuras dentro del PRI que
habían presentado objeciones a la forma vertical como querían desarrollar la
asamblea y, como consecuencia, controlar la sucesión presidencial.
La preocupación del Presidente,
expresada por varios líderes del PRI, es la existencia de candados para la
nominación del candidato a sucederlo, donde se mantiene la obligación a todos
quienes aspiren la candidatura, a tener un mínimo de 10 años de militancia
probada en el partido, que es un requisito que se arrastra desde la XVIII
Asamblea Nacional desde noviembre de 2001. A este control contra neopriistas,
se le ha añadido una presión de varios grupos internos del partido, encabezados
por Democracia Interna, que quieren que los delegados aprueben el requerimiento
de que quien aspire necesita haber ganado un cargo de elección popular -de
mayoría-, con lo cual los únicos miembros del primer equipo de Peña Nieto que
podrían aspirar son los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
y Agricultura, José Calzada, o el Gobernador del estado de México, Eruviel
Ávila.
Las negociaciones de Ruiz
Massieu tienden a evitar que los delegados a la Asamblea pudieran añadir
candados, así como eliminar el requerimiento de los 10 años de militancia
probada. Lo que varios dirigentes del PRI han contrapropuesto, es que Peña
Nieto abra el proceso de selección de candidato, que es un punto donde hasta
ahora, públicamente, el Presidente no ha mostrado indicios de moverse. De
mantenerse rígida la posición de Peña Nieto, y si actúa como lo ha hecho
durante todos los procesos electorales bajo su mandato, el candidato sería
Osorio Chong. La explicación es que si el Presidente es consistente con su
forma práctica de decidir candidaturas, optaría por quien aparece mejor
colocado en las encuestas, donde el Secretario de Gobernación ha figurado de
manera sistemática, salvo en algunas mediciones ocasionales donde el Gobernador
Ávila lo supera, como el priista mejor ubicado en la tabla de presidenciables.
Lo cerrado del proceso
electoral en el estado de México no ha alterado el proceso de sucesión
presidencial, de acuerdo a lo que se están manejando en el círculo interno de
Peña Nieto. Antes incluso de la elección, el Gobernador Ávila estaba prácticamente
descartado de la sucesión, por una pérdida de confianza en Los Pinos, ante la
sospecha de no haber trabajado a toda su capacidad a favor de la campaña del
candidato Alfredo del Mazo, donde uno de los argumentos que se esgrimen es que
en toda la contienda, ni la candidata de Morena, Delfina Gómez; su mentor,
Higinio Martínez; el jefe del partido en el estado y viejo amigo del
Gobernador, o el líder morenista, Andrés Manuel López Obrador, lo criticaron o
lo metieron en la fórmula de la mafia del poder.
El otro elemento a discusión
en los pasillos palaciegos, es una fórmula similar a la que utilizó el
Presidente Miguel de la Madrid durante la sucesión presidencial en 1988, donde
pese a tener en la mente dos candidatos posibles, los secretarios de
Gobernación, Manuel Bartlett, y de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas,
organizó una pasarela con seis aspirantes ante el Consejo Político en 1987,
para que expusieran su visión de país y programa de gobierno. Una pasarela de
cuatro aspirantes es lo que se viene planteando como una posibilidad, donde
figurarían los secretarios Osorio Chong;
de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; de Salud, José Narro; y de Turismo,
Enrique de la Madrid.
La idea que se está
proponiendo, y que no ha sido mal vista por el Presidente, es que la pasarela
no se haría ante el Consejo Político, sino en el País, para lo cual tendrían
que renunciar a sus cargos. La lista no incluiría al Secretario de Hacienda,
José Antonio Meade, que está siendo promovido para la presidencia del Banco de
México en otoño, cuando concrete su renuncia Agustín Carstens, ni al Secretario
de Educación, Aurelio Nuño, que podría ir a Gobernación si, como se menciona en
los primeros niveles del gobierno, el Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique
Miranda, es sustituido por Osorio Chong.
Uno de los objetivos por los
cuales se analiza abrir el proceso, es oxigenar al partido y recuperar el
consenso interno. Los dos líderes del PRI que más éxitos electorales tuvieron
durante su presidencia, Beatriz Paredes y Roberto Madrazo, fueron resultado de
procesos internos que permitieron su legitimación. El candidato de Peña Nieto
tendrá que legitimarse y evitar una fractura dentro del partido, como sucedió
con Roberto Madrazo en 2006, que tiró la votación del PRI para ese cargo a un
histórico 22 por ciento. Según ha trascendido, no hay una decisión tomada.
Tampoco si el Presidente modificará la forma como manejará el proceso interno
después de lo que sucedió en el Estado de México. Pero no falta mucho para ver
las señales. Un ajuste en el Gabinete, podría ser el principio de todo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ Estrictamente Personal/
Raymundo Riva Palacio/ 08/06/2017 | 04:09 AM)
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