Académicos coinciden: Luego de 17 años
de alternancia en la Presidencia de la República y de la derrota del PRI en
2000, especialistas observan que el resquebrajamiento del presidencialismo
derivó en cacicazgos locales de donde emergieron los gobernadores priistas que
hoy son señalados por corrupción y desvíos de recursos públicos, entre otros
crímenes.
Además, con mayores cantidades de dinero
en la mano, producto de participaciones y del fortalecimiento del federalismo,
los mandatarios locales se convirtieron en amos y señores del presupuesto, lo
que derivó en el despilfarro y el robo a manos llenas.
Ciudad de México, 3 de mayo
(SinEmbargo).– La derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la
elección presidencial de 2000 fue celebrada en el mundo como la transición
pacífica de un partido autoritario a uno de oposición en México.
Casi dos décadas después, sin
embargo, esta derrota tricolor aparece en el espectro de causas que dieron pie
al reforzamiento de “cacicazgos” políticos estatales de los que emergieron,
entre otros, los hoy gobernadores priistas acusados de peculado y demás actos
de corrupción, como el veracruzano Javier Duarte de Ochoa, el coahuilense
Humberto Moreira Valdés o el chihuahuense César Duarte Jáquez.
Entre los motivos que
generaron este resultado de lo que se esperaba fuera un avance político, de
acuerdo con datos oficiales e historiadores, está el acceso que, a partir de
que el PRI perdió el poder sobre el Ejecutivo federal, en 2000, fueron ganando
las entidades federativas sobre el “gasto federalizado”, o los recursos
repartidos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que, tan
sólo entre los primeros dos lustros, crecieron casi al triple.
Incremento en el acceso a los
recursos que, sin embargo, coinciden analistas, no estuvo acompañado del
reforzamiento de la división de poderes estatales.
“La transición a la
democracia, la alternancia en la Presidencia, venía acompañada de una intención
de recuperar el federalismo y terminó regresando a las estructuras caciquiles
que venimos arrastrando desde el virreinato”, dice el historiador Froylán
Enciso Higuera.
“En los años 90, cuando la
oposición empezó a ganar ciertas presidencias municipales, como en Chihuahua, o
gubernaturas como Baja California, se esperaba que con la descentralización
presupuestal, el aumento de transferencias de presupuesto a los Gobiernos de
los estados, también se fortalecieran la independencia y la democracia de esos
estados. Sin embargo, ese proceso de descentralización, lo único que logró es
que regresáramos al estatus de cacicazgos o de pequeños virreinatos”, agrega el
también analista de la organización internacional Crisis Group.
Con el análisis coincide el
también historiador José Antonio Crespo, profesor e investigador del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Por lo menos no sirvió para
lo que pensábamos que iba a servir (…) Es decir, con la democratización, con
dizque respetar el federalismo, fue darles impunidad a los Gobernadores para
que hicieran lo que quisieran en sus estados, sin el contrapeso presidencial
que había antes, o cierto contrapeso presidencial, y sin los controles
internos, porque no sirven en los estados, donde todo lo controla el
Gobernador. En realidad, no tuvimos federalismo, sino un feudalismo auténtico,
donde los gobernadores son amos y señores, hacen lo que quieren porque no
tienen contrapesos, y es lo que ha pasado. En ese sentido estuvo peor”.
MÁS DINERO, MÁS DEUDAS
El aumento del gasto
federalizado a su vez, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), dio pie a otra problemática generada en las entidades y que también
creció a partir de que el PRI perdió el control de la Presidencia: el aumento
de las deudas públicas estatales, que aumentaron al amparo de estos recursos
públicos usados por los Gobernadores para acceder a créditos bancarios.
“La tendencia del crecimiento
de la deuda de los Gobiernos locales y sus organismos dependientes es
consecuencia, entre otros, de los factores siguientes: las mayores
participaciones federales han brindado más oportunidades de contratación de
crédito, al quedar como garantía o fuente de pago”, advirtió desde 2011 la
Auditoría Superior de la Federación en un análisis de las deudas públicas.
“En el periodo 2000-2010 (las
participaciones) pasaron de 178 mil 136.2 millones de pesos a 437 mil 327.6; es
decir, su valor nominal creció 2.5 veces con una variación real de 39.9 por
ciento y un incremento de 124 mil 822.7 millones de pesos a precios constantes
de 2010. Las entidades federativas y algunos municipios han emitido
certificados bursátiles en el mercado de valores con fuente de pago en sus
ingresos y en las participaciones”, agrega el documento.
De acuerdo con la auditoría,
estas operaciones surgieron desde el año 2001, un año después de que el PRI
perdió la Presidencia pero gracias a “las modificaciones a la Ley del Mercado
de Valores, que otorgaron facultades a los gobiernos locales para obtener
recursos en el mercado bursátil”.
Fue en este tiempo, de
acuerdo con esta misma investigación de la ASF, que empezó a crecer “de manera
crítica” la deuda de Veracruz, uno de los estados que ahora no sólo es uno de
los más endeudados, sino también origen del ex mandatario priista considerado
“emblema” de la corrupción que vive ahora México, Duarte de Ochoa.
“Veracruz fue un caso
crítico, al elevar su deuda en casi 1,229 veces, ya que de un saldo de 17.8
millones de pesos en 2000 llegó a 21 mil 874.9 millones de pesos en marzo de
2011”, advirtió desde entonces la ASF.
En la Secretaría de Hacienda,
a cargo de la vigilancia en este aumento en las deudas, estuvo entre 2000 y
2006 a cargo de Francisco Gil Díaz, electo en el Gobierno del panista Vicente
Fox pero parte del grupo de economistas cercanos al ex Secretario de Hacienda
del sexenio de Carlos Salinas, Pedro Aspe Armella, ambos ex profesores del
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). De éste grupo forma parte
también José Antonio Meade, Secretario de Hacienda en el siguiente sexenio, con
el Presidente panista Felipe Calderón, y actualmente, con el Presidente priísta
Enrique Peña Nieto.
EVERCORE, BANOBRAS, MOREIRA, DUARTE…
En la historia de este
mercado de deuda subnacional generado a partir de que el PRI perdió la
Presidencia, aparece desde 2002 el nombre de la firma Protego y que hoy es
Evercore, una casa de bolsa fundada por Pedro Aspe Armella, y de donde han
salido funcionarios de Hacienda como el primer titular de esa dependencia con
Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, así como su ex Subsecretario de Hacienda,
Fernando Aportela Rodríguez.
Entre los estados asesorados
por esta firma desde inicios de siglo están varios de los que ahora se
encuentran entre los más endeudados, como Veracruz, Coahuila o Chihuahua.
Sobre Veracruz, un documento
de la firma plantea que el trabajo inició en 2003, donde el entonces mandatario
priista Miguel Alemán Velasco había aumentado ya sustancialmente su deuda a más
de 2 mil 700.
“Debido a que el Gobierno de
Veracruz adelantó los pagos de capital de su deuda con el objetivo de entregar
sin deuda el Estado a la próxima administración [a cargo de Fidel Herrera
Beltrán], los recursos disponibles para concluir a tiempo la infraestructura
hospitalaria requerida eran insuficientes”, expuso la firma en una presentación
escrita de sus servicios de “Asesoría Financiera Estratégica a Estados y
Municipios”, de 2004.
“Protego diseñó una emisión
respaldada con el Impuesto Sobre Nóminas con el objetivo de poder disponer de
una parte de los flujos del impuesto que se recibirán durante el 2004, para
concluir a tiempo la infraestructura hospitalaria», dice el texto.
La misma firma de Aspe
asesoró en 2006, entre otros, al Gobierno de Coahuila, encabezado entonces por
el hoy ex mandatario priísta Humberto Moreira Valdés, también ex presidente del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional en 2011,
cuando el hoy Presidente Enrique Peña Nieto fue electo como candidato a la
Presidencia de la República.
En noviembre de 2012,
Evercore firmó con el Gobierno de Puebla, entonces a cargo del panista Rafael
Moreno Valle, la creación de un Fideicomiso que aun recibe el cien por ciento
de lo que pagan los empresarios del estado por concepto del Impuesto Sobre la
Nómina y que garantiza el pago de los compromisos contraídos por el mandatario
–además aspirante a la candidatura presidencial en 2018– para el pago de
diversas obras.
Y, en 2013, Evercore diseñó
un fideicomiso para que el Gobierno de Chihuahua, entonces a cargo del todavía
priísta César Duarte Jáquez, accediera a 19 mil 725 millones de pesos en once
préstamos bancarios.
Los tres estados, sin
embargo, emergieron después con problemas también críticos de endeudamiento:
Moreira había recibido 323.2 millones de pesos al inicio de su sexenio y para
su último año completo en el Gobierno, 2010, la deuda era ya de 8 mil 267
millones de pesos, y de 36 mil 509 al cierre de quien quedó como su interino.
La deuda de Chihuahua
registró un aumento del 79 por ciento en 2013, cuando se registró la
intervención de Evercore y los pasivos pasaron de 23 mil 284.8 millones a 41
mil 768 millones de pesos.
Y, en agosto pasado, también
de acuerdo con la ASF, el Gobierno de Puebla se ubicó en el primer lugar de
deuda pública no reportada al Gobierno federal: 16 mil millones de pesos más
que los 8 mil 608 contados por el Gobierno federal.
Otra institución que aparece
en este esquema de endeudamiento es el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (BANOBRAS), que en 2014 concedió cuatro préstamos por cuatro mil 285.3
millones de pesos al Gobierno de César Duarte y, también, fungió como garante
para que el hoy prófugo de la justicia pudiera mejorar sus calificaciones
crediticias.
Esto, durante la
administración al frente de Banobras de Alfredo del Mazo Maza, primo de Peña
Nieto y hoy candidato del PRI al Gobierno del Estado de México.
“En 2014 se contrató una
Garantía de Pago Oportuno (GPO) con Banobras para los créditos que se
encuentran en el fideicomiso F/0152, el cual tiene afectado el 56.98 por ciento
del FGP (Fondo General de Participaciones) del Estado”, dice un boletín de la
calificadora HR Rating publicado en noviembre de 2015.
“El Estado de Chihuahua,
Evercore Casa de Bolsa (Fiduciario) y Banobras (Garante) realizaron la firma
del contrato de Garantía Parcial, Incondicional e Irrevocable con el fin de
cubrir cualquier insuficiencia de pago a los acreedores de los créditos que
cuentan con esta garantía, incluyendo intereses y montos de principal insolutos
(…) Con la contratación de esta garantía a los financiamientos inscritos en el
Fideicomiso F/0152, se obtuvo una mejora en sus calificaciones crediticias y
por lo tanto una disminución en la sobretasa para el cobro de intereses”,
agrega el boletín.
Otro que apoyó como
funcionario de Hacienda el endeudamiento de Duarte Jáquez fue el hoy ex
Subsecretario Fernando Aportela, también ex empleado de Evercore.
“El endeudamiento de
Chihuahua se encuentra en niveles adecuados y no representa ninguna
problemática en términos macroeconómicos, porque su nivel es sólo del 2.9 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al nivel agregado”, dijo en febrero de
2016 el entonces Subsecretario Aportela, de acuerdo con la prensa de aquella
entidad.
MÁS RECURSOS, MENOS CONTRAPESOS
Tanto Duarte Jáquez como
Moreira Valdés terminaron además acusados, el primero, de peculado y, el
segundo, de lavado de dinero y otros delitos.
Excesos que, de acuerdo con
un reporte difundido en febrero pasado por la organización Crisis Group,
derivaron, en parte, de este acceso “sin precedentes” de los Ejecutivos
estatales a los recursos públicos.
“El desmantelamiento de los
viejos mecanismos de control informales ejercidos por el PRI llevó a un
incremento en la alternancia de poder político y a una mayor diversidad en las
oficinas municipales, estatales y federales. Pero en muchos casos no ha logrado
mejorar la gobernanza. La descentralización, promovida como la forma de
introducir una participación genuina en el sistema federal, ha brindado a los
gobernadores un acceso sin precedentes a los fondos federales (…) estos flujos
de fondos, sumados a la ‘absoluta ineficacia o ausencia de ‘controles y
contrapesos’ dentro de los estados, han permitido a los gobiernos
‘transformarse en señores feudales”, advirtió el reporte titulado “Veracruz:
reformar el Estado de terror mexicano”.
También para Alberto Aziz
Nassif, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS), la mezcla de este aumento en los
recursos por parte de los Gobiernos estatales más la falta de evolución en los
contrapesos políticos locales están en el origen de los abusos de poder ahora
atribuidos a los ex Mandatarios.
“Con las alternancias se
pierden los viejos mecanismos de control vertical que tenía la Presidencia
sobre los gobernadores, al mismo tiempo se va incrementando el presupuesto que
se destina, se va descentralizando el gasto y son Gobiernos que van teniendo
más recursos y que al mismo tiempo no van teniendo el conjunto de instituciones
que les puedan hacer contrapesos”, dice Aziz Nassif.
“Es decir, no se construyen
Congresos más plurales que sean organismos de transparencia o de rendición de
cuentas. Entonces, es como una contradicción: más recursos públicos, menos
vigilancia, menos transparencia, menos contrapesos y generan estas situaciones”,
agrega.
(SIN EMBARGO.MX/ SANDRA RODRÍGUEZ NIETO/
MAYO 3, 2017, 12:05 AM)
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