FOTOS: Ramon T. Blanco V
Malversación de fondos,
procesos de licitación simulados para adjudicaciones directas, compra de
insumos a sobreprecio, permisos falsos para la transportación de armas de fuego
para cacería y otros delitos, son cometidos por medios y altos mandos en la
milicia. Las transacciones irregulares para hospitales dependientes de la
SEDENA seducen a sus operadores, pues se manejan importantes cantidades de
dinero. Se investigan montos erogados en un parque eólico en Oaxaca que costó
casi 500 millones de pesos
La constante participación de las Fuerzas Armadas en
la estrategia contra el crimen organizado en México ha expuesto a algunos de
sus elementos que se han coludido con el narcotráfico o han cometido abusos
contra la sociedad, sin embargo, dentro de la institución castrense también se
registran actos de corrupción y una muy variada gama de delitos.
Como en el
ámbito civil, en la milicia el ejercicio del servicio público está empedrado de
tentaciones.
El mismo tipo de males se han
descubierto entre importantes funcionarios que coordinan, dirigen o se encargan
del manejo del dinero del mundillo militar, aunque la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) ha actuado en consecuencia y actualmente esos malos soldados
y soldaderas están en prisiones de su categoría.
Así, los jueces militares de
las diversas regiones en que se divide la República Mexicana conocen asuntos de
malversación de fondos, compras a sobreprecio, simulación en licitaciones,
falsificación de documentos en trámites varios, fraudes y hasta abusos de
autoridad en la que algún mando envía a personal de tropa a que le trabaje en
sus negocios particulares.
Como ocurre en la justicia de
los civiles, los órganos -persecutor y administrador- de justicia militar van desfasados
en la resolución de averiguaciones y en el actual sexenio los perseguidos son
los militares que presuntamente cometieron delitos en anteriores
administraciones federales. Por ello los años que señalan las imputaciones
corresponden a inicios de la década de 2000 y hasta principios de 2013.
NEGOCIOS EN HOSPITALES
Al Coronel de Fuerza Aérea
Especialista en Electrónica de Aviación -Diplomado de Estado Mayor Aérea-, de
iniciales SPC, lo encarcelaron por los delitos de uso indebido de atribuciones
y facultades de los servidores públicos, e infracción de deberes
correspondientes a cada militar según su comisión o empleo.
El imputado era jefe de
Sección de Suministros Médicos cuando la Inspección y Contraloría General del
Ejército y Fuerza Aérea advirtió que el coronel, en su calidad de servidor
público, intervino en el procedimiento de adjudicación con el interés de
favorecer a un contratista que suministró materiales e insumos de alta
especialidad a sobreprecio.
La erogación, que data de
diciembre de 2013, fue de 2 millones 212 mil 339 pesos y algunos centavos.
El material adquirido
serviría para diversos procedimientos quirúrgicos en el Hospital Central
Militar y el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología.
Entre otros aparatos fue comprado
un dispositivo automático Maxcore para la toma de biopsia de órgano sólido
grosor 18 fr., y un ballón Thermachoice III Gynecare, además de soluciones,
sondas y otros implementos.
Al mando, hoy procesado en el
Juzgado Tercero Militar de la Primera Región Militar, se le acusa de celebrar
indebidamente el contrato con la empresa ganadora de la licitación en la que no
hubo otra contendiente para obtener las mejores ofertas de proveedores a nivel
nacional o internacional.
Según se dicta en estos
casos, es necesario contar con al menos tres proposiciones aceptadas
técnicamente; por lo que debió emitirse una segunda convocatoria.
En otro caso, un General de
Brigada Médico Cirujano, de iniciales ASOM, también está sometido a una causa
penal, ante el Juzgado Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar.
Se desempeñaba como director
general de Sanidad y es presunto responsable en la comisión de los delitos de
fraude en grado de tentativa y falsificación de documentos.
De acuerdo a lo que señala el
expediente, el alto mando castrense habría favorecido a un contratista durante
una licitación al haber sustituido las últimas cuatro fojas de un dictamen
técnico y asentar en el acta del fallo que la empresa elegida cumplía técnica y
económicamente con lo requerido por la SEDENA para adquirir 596 mil 578 pesos
en medicamentos y 325 mil 77 pesos en otros insumos.
Sin embargo, la intervención
oportuna de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza recomendó
que no se formalizara la firma del contrato y así se evitó que se vulneraran
las finanzas del Instituto Armado, quedando acreditada la irregularidad en el
informe de auditoría de fecha 22 de abril de 2013.
Se trataba de un contrato
para la prestación del servicio de surtimiento de medicamentos, materiales e
insumos médicos de alta especialidad para los escalones de segundo y tercer
nivel de atención médica para el periodo comprendido del 1 de abril de 2013 al
31 de diciembre de 2014.
Estos no son los primeros
casos escabrosos en sanatorios castrenses, antes hubo uno muy sonado en la
Sección de Medicina Nuclear del Hospital Central Militar, donde se detectó un
faltante de 10 millones 496 mil 165 pesos, correspondientes al periodo del 1 de
abril de 2001 al mes de febrero de 2003.
Los hechos se atribuyeron a
un General Brigadier Médico Cirujano Reiterado, de iniciales ETC, quien en su
momento fue condenado a 12 años de prisión por el delito de malversación.
AVIONES Y PARQUES
El nepotismo y los negocios
en familia también salen a relucir. El Teniente Coronel Intendente Diplomado de
Estado Mayor, HGG, ex jefe de la Sección de Adquisiciones de la Fuerza Aérea
Mexicana, contrató entre junio y agosto de 2011 a una empresa -en la que su
hermano era el administrador único- para el mantenimiento de todo tipo de
aeronaves y suministro de refacciones, entre otros servicios.
El proceso de licitación de
tan atrevida maniobra estuvo avalado por el General de Brigada Diplomado de
Estado Mayor, JLCJ, a quien presuntamente el teniente le notificó del
impedimento para contratar a la compañía en la que laboraba su fraterno, pero
su superior le respondió que no había problema y le expidió un oficio,
falseando la fecha de consentimiento.
El contrato firmado en agosto
planteaba la adquisición de bienes necesarios para el mantenimiento preventivo,
correctivo y programado de los aviones EMB-145, Hércules C-130, Boeing 727/737,
C-26A, King Air C-90; helicópteros CH-53, MD-530 F y UH-60L, de cargo en la
Fuerza Aérea Mexicana.
La erogación fue de 84 mil
235 dólares americanos.
Nuevamente el 13 de
septiembre de ese 2011, vía adjudicación directa, se firmó contrato para
adquirir bienes para dichas aeronaves por 5 mil 410 dólares.
Ambos funcionarios castrenses
son enjuiciados en los Juzgados Quinto y Sexto Militar de la Primera Región.
Al teniente se le sigue
proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones, mientras que el
general, que era Subdirector de Adquisiciones, adscrito a la Dirección General
de Administración de la SEDENA, está encausado por infracción de deberes comunes
a todos los que están obligados a servir en el Ejército y coalición de
servidores públicos.
Otro mando militar que no la
está pasando bien es el Coronel Intendente Diplomado de Estado de Mayor, DSM.
Le juzgan por los delitos de fraude, extralimitación y usurpación de mando o
comisión, abuso de autoridad y coalición
de servidores públicos.
A este personaje, los
mandamases del Ejército le encomendaron en 2012 la construcción de un “Parque
Eólico” en la Base Aérea Militar Número 2, en Ixtepec, Oaxaca.
En mayo de ese año se
iniciaron las gestiones entre el encargado de obra, una empresa y las
autoridades militares en la población oaxaqueña.
La empresa subcontrató a otra
compañía y unos 250 trabajadores civiles con maquinaria pesada realizaron
maniobras durante meses para la cimentación del parque.
La empresa había iniciado
acciones de manera anticipada al procedimiento de contratación, y se firmó
contrato a finales de octubre de 2012 sin investigación de mercado previa para
la licitación por presuntas órdenes del Coronel DSM, aduciendo motivos de
seguridad nacional.
El monto total de la inversión fue de 495
millones 169 mil 761 pesos.
La persona jurídica
beneficiada se comprometió a entregar la obra terminada el 31 de diciembre de
2012, pero cerca de la fecha se suscribió un convenio de prórroga, pactándose
la entrega definitiva el 14 de enero de 2013.
La empresa no cumplió y, pese
a ello, señala la acusación, se pagó la totalidad del dinero en diversas fases,
falseando la información de trabajos ejecutados que en realidad no se
realizaban.
En los hechos constitutivos
de delito se involucra también a un Capitán Primero Ingeniero Constructor,
designado como ingeniero residente de la obra, por orden del Coronel Intendente
Diplomado de Estado Mayor.
MILITARES CONDENADOS
Algunos mandos del Ejército
Mexicano que han mostrado una ambición mal encaminada ya han probado las
cárceles militares y han sido sentenciados por su conducta antisocial.
Uno de ellos es el Capitán
Segundo de Administración, AAAC, quien durante años se ocupó del manejo
administrativo de la Alberca Olímpica del Centro de Adiestramiento Básico
Individual Regional (CABIR), de la Primera Región Militar, ubicado en
Temamatla, Estado de México.
Una auditoría efectuada a
finales de 2006 puso al descubierto un desfalco de 3 millones 902 mil 88 pesos.
El lapso en el que se manejó
extrañamente ese dinero fue en el largo periodo del 1 de octubre de 1998 al 26
de septiembre de 2006. La transa se hacía con los encargados de abastecer Gas
LP que se utilizaba para mantener caliente el agua de la alberca.
El capitán fue sentenciado el
21 de agosto de 2014 a la pena de siete años de prisión por el Juez Sexto
Militar adscrito a la Primera Región, quien le encontró penalmente responsable
en la comisión del delito de malversación. Sin embargo, en segunda instancia,
el Supremo Tribunal Militar modificó la resolución y le aumentó la sanción a 12
años de cárcel.
Recientemente el ex
administrador de la alberca olímpica obtuvo un amparo directo para que se
estudie la pena exacta que habrá de imponérsele y establecer si ya la compurgó.
Por su parte, al Capitán Primero Pagador, ASHT, al que la SEDENA acusó -desde
2009- por malversación de fondos del Ejército, cuando fungía como pagador
general de la 30/a.
Zona Militar, con residencia
en Tabasco, el Juez Militar adscrito a la Tercera Región Militar en Mazatlán,
Sinaloa, le dictó sentencia de siete años de prisión, además de ordenar su
destitución del empleo y le inhabilitó por diez años para volver a pertenecer a
las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Un Tribunal Colegiado en
Materia Penal en la Ciudad de México concedió el amparo directo al que se acusa
de apoderarse de parte del dinero de la nómina de los soldados para que se
desahoguen pruebas periciales contables ofrecidas en tiempo y forma, que no
fueron tomadas en cuenta por el juzgador.
La defensa del pagador estima
que no están claras las cantidades faltantes y sus conceptos durante su
desempeño en Tabasco, ni se estableció la forma y las circunstancias
pormenorizadas en que se materializó la malversación que le atribuyen a su
cliente.
La falta de desahogo de
dichas pruebas y su valoración final para emitir un fallo definitivo vulneraron
el derecho de defensa adecuada del quejoso, según refiere el amparo otorgado al
capitán.
“PECCATA MINUTA”
Al Teniente Coronel Médico
Veterinario, HSM, lo procesaron en el Juzgado Segundo Militar adscrito a la
Primera Región Militar por abuso de autoridad en su modalidad de dar órdenes de
interés personal a sus subordinados.
Y es que el hombre, quien era
uno de los mandos del Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, tenía una veterinaria de su propiedad.
Según la acusación enderezada
en su contra por el Ministerio Público Militar, HSM enviaba a algunos de sus
elementos para que atendieran el negocio, lo cual resultó cierto, pero
presuntamente ocurría cuando dichos soldados gozaban de su franquicia, motivo
por el cual el teniente coronel fue absuelto en sentencia definitiva.
Sin embargo, a sus
subalternos aún les procesan por el delito de falsedad en declaraciones al
haber incurrido en contradicciones entre su primera declaración rendida ante el
fiscal militar y posteriores retractaciones, que supuestamente no influyeron
para exonerar finalmente a su jefe.
En otro hecho, una diversa
causa penal se instauró en contra de la soldado auxiliar oficinista JLEV por su
presunta participación en el delito de cohecho al desempeñarse en la XV Zona
Militar con residencia en La Mojonera, en Zapopan, Jalisco.
El 29 de junio de 2015, el
agente del Ministerio Público castrense recibió un mensaje de correo
electrónico con imágenes, en el que el Jefe de Estado Mayor de la referida zona
militar “fue informado sobre la elaboración de documentos apócrifos
relacionados con los permisos de transportación de armas que se conceden a los
Clubes Cinegéticos para prácticas de tiro y cacería, localizándose cuatro
permisos supuestamente elaborados en el Cuartel General de la referida Zona,
con firmas no reconocidas”.
Las investigaciones llevaron
a la Policía Militar con uno de los permisionarios, quien declaró que en el
módulo de atención al público, donde realizan trámites para la expedición de
permisos extraordinarios para la transportación de armas de fuego para cacería,
fue atendido por la soldado auxiliar, a quien le pidió agilizar el trámite a
cambio de 300 pesos y le dio el dinero.
En unos días le entregaron su
permiso, pero no sabía que las firmas eran apócrifas.
(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa
/Investigaciones Zeta/ Lunes, 3 Abril, 2017 12:00 PM)
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