INVESTIGACIÓN DE LAVADO LA INICIÓ LA DEA

FOTOS: Jorge Dueñes: El regidor regresara a la Corte el 9 de febrero

David Javier Espinoza y su esposa Claudia Ramírez son señalados de encabezar una red que lavó más de 10 millones de dólares a través de la casa de cambio “Olymar”. Aunque la Fiscalía no confirma que el dinero haya sido producto del narcotráfico, la investigación fue encabezada por la Agencia Antidrogas (DEA) y un grupo especial antinarcóticos. Mientras tanto, el regidor con licencia, Luis Torres Santillán recuperó su libertad bajo fianza de 300 mil dólares. Al avanzar la investigación, aparecen más ligas de los implicados con Fernando Beltrán, concesionario del Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, entre ellas, una residencia en Coronado Cays

Miles de documentos, horas de grabaciones de audio y reportes de vigilancia durante dos años, conforman la acusación por lavado de dinero que enfrentan –en tres expedientes separados– 21 empresarios tijuanenses y sus familiares, entre ellos el regidor panista con licencia Luis Torres Santillán.

De acuerdo con la Fiscalía Estatal, el primer círculo de la red, conformado por 12 personas, lavó más de 10 millones de dólares entre octubre de 2014 y octubre de 2016.

“En este punto, creemos que la organización era liderada por David Javier Espinoza y Claudia Ramírez”, explicó el fiscal a cargo del caso, John Dunn, al término de dos audiencias con 14 de los detenidos, el martes 3 de enero.

A través de la casa de cambio Olymar, ubicada en la delegación La Mesa de Tijuana, el matrimonio dirigía las operaciones de lavado de dinero.

“Los dólares eran recogidos ahí y transportados a la frontera, los depositaban en cuentas bancarias de Estados Unidos y los transferían casi inmediatamente a cuentas en bancos de México”, agregó el representante de la Fiscalía.

En 1998, Olymar obtuvo permiso de operación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La empresa fue fundada por Manuel Jesús Espinoza Ames, quien registró a su esposa y a sus hijos como socios.

El menor, David Javier Espinoza se convirtió en apoderado legal de la empresa en 2003, de acuerdo con un otorgamiento de poder registrado ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) en Baja California.

Antes de dirigir la casa de cambio, David Javier Espinoza trabajó al lado de Fernando Beltrán cuando éste fundó su empresa Promociones Zanfer.

Además, Claudia Ramírez, esposa del casacambista y también detenida por lavado, es prima de Lizeth Fimbres, esposa de Beltrán. Fernando Beltrán, a su vez, es concesionario del Gobierno de Baja California, a través de la empresa Baja California Railroad, la cual opera la vía ferroviaria Tijuana-Tecate. 

NEGOCIOS DEL REGIDOR EN EU  CON MISMO DOMICILIO QUE BELTRÁN 

En este primer círculo de involucrados se encuentra el regidor con licencia Luis Torres Santillán, quien el miércoles 4 de enero salió en libertad bajo fianza, un día después que el juez David J. Danielsen redujera el monto de 5 millones de dólares –solicitado por la Fiscalía– a 300 mil dólares.

Fernando Beltrán (ala izquierda) y David Javier (a la derecha) en una foto de la familia Fimbres

Su abogado, Anthony Colombo solicitó que la fianza se redujera a 250 mil dólares, principalmente porque Torres Santillán no cuenta con antecedentes penales, es ciudadano estadounidense, tiene familiares con residencia en Estados Unidos e incluso su esposa trabaja en una escuela Montessori de San Diego.

También citó al alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, quien entrevistado por la prensa después de la detención del regidor, describió a Torres Santillán como “un joven extraordinario”.

Fuera de la Corte, Colombo, conocido por haber representado a Benjamín Arellano Félix y trabajar en reducir una sentencia de 140 años a 25, aseguró a medios de comunicación “la base de mis argumentos es que (Torres Santillán) no va a huir, es un respetado miembro de su comunidad y nunca ha estado involucrado en algo así”.

El penalista aseguró que su cliente es inocente. La Fiscalía, también en audiencia, señaló al joven empresario y político de realizar 18 depósitos que suman 675 mil dólares, en bancos de Estados Unidos y desde esas cuentas, transferir el dinero a México.

Lo anterior entre julio de 2015 y julio de 2016, periodo que comprende el tiempo en el que Torres Santillán participó en la campaña electoral de Juan Manuel Gastélum, quien el 1 de diciembre asumió funciones como alcalde de Tijuana.

Al respecto, Colombo aseguró “ese dinero era el producto de ventas legítimas de un negocio de 55 años de distribución de granos”.

El abogado se refiere a “Productos Diamond”, una empresa fundada en 1961 por Luis Torres Leal, padre del imputado.

El negocio, de acuerdo con documentos del RPPC, se dedica a “la industrialización, envasamiento (sic) y empaquetamiento de productos en general”.

De acuerdo con su página de internet, la compañía distribuye frijol, arroz y lentejas, entre otros productos, a supermercados como Calimax, WalMart y Comercial Mexicana en Baja California, Sonora, Baja California Sur y Sinaloa.

En 2005, cuando Torres Santillán cumplió 26 años, se le nombró apoderado legal de la empresa, según registros del RPPC.

Seis años después, Fernando Beltrán también lo nombró su apoderado legal, de acuerdo con un documento inscrito en la misma dependencia. La relación entre ambos no termina ahí.

Karla y Jorge Carlos Escalante llegaron sin el ex líder de la Coparmex, Jorge Escalante 

De acuerdo con el abogado Anthony Colombo, los 18 depósitos por los que la Fiscalía de California acusa a Luis Torres Santillán de lavado de dinero, corresponden a los pagos que Productos Diamond hacía a sus proveedores en el extranjero.

“El dinero era depositado en Estados Unidos, en una cuenta de una compañía subsidiaria de su negocio de distribución de granos para pagar a los proveedores legítimos localizados en Estados Unidos, Canadá y China”, expresó.

Cuando se le preguntó el nombre de esta empresa filial, a nombre de la cual se realizaron los depósitos bancarios en California, el penalista respondió “Towers Trading”. Según registros oficiales de California, Towers Trading and Transport fue creada el 15 de agosto de 2006.

Luis Torres Santillán aparece como el director ejecutivo y agente registrado.

En estos documentos, Torres Santillán señaló como domicilio particular el número 9 de la calle Sandpiper Strand en el exclusivo fraccionamiento Coronado Cays, donde Elba Esther Gordillo y el empresario José Susumo Azano también tienen residencias.

El complejo residencial, ubicado en la isla Coronado de San Diego, California, no solo ofrece vista hacia el mar, también tiene reservado, para cada vivienda –justo donde termina el patio trasero– un espacio para anclar una embarcación.

En específico, la residencia marcada con el domicilio de Torres Santillán, es propiedad de Silvia M. de Fernández y fue adquirida en el año 2000 por un precio de un millón 360 mil dólares.

Sin embargo, el actual número de teléfono registrado para esta vivienda, aparece bajo el nombre de Fernando Beltrán.  

TORRES SANTILLÁN UTILIZO  CASA DE CAMBIO PARA IMPORTAR DÓLARES: DEFENSA 

A pesar de que el fiscal a cargo del caso, John Dunn señaló al regidor con licencia de haber transportado dinero en efectivo a través de la frontera, su abogado aseguró lo contrario.

“Mi cliente no traficó dinero en efectivo. Hizo un contrato con la casa de cambio, les dio cheques de su negocio, la casa de cambio convertía ese dinero a dólares, los importaba a Estados Unidos y los depositaba en las cuentas bancarias del negocio de Torres Santillán”, expresó ante medios de comunicación.

El defensor legal de Claudia es Nicholas DePento, también fue abogado de Benjamín Arellano Felix

Una opción menos complicada, habría sido realizar las transacciones financieras desde México, pero de acuerdo con el litigante, su cliente no lo hizo así “porque los bancos cobran una comisión más alta en términos de tipo de cambio y la casa de cambio le daba una mejor tasa de porcentaje”.

E insistió en que Luis Torres Santillán mantenía un “contrato legítimo para convertir pesos a dólares e importarlos a Estados Unidos”.

No obstante, expertos consultados en Tijuana indican que las casas de cambio no tienen la facultad legal de realizar este tipo de contratos.

Al contrario, el dinero debe ser declarado ante la Aduana de México y la de Estados Unidos cuando abandona el país para que así se pueda rastrear la procedencia del mismo.

En este caso, las casas de cambio cuentan con los permisos correspondientes para importar los dólares que colectan a Estados Unidos, a través de empresas de traslados de valores y en ese país, depositarlos a sus cuentas bancarias.

Según detalló el abogado, los depósitos de Torres Santillán en bancos de Estados Unidos “eran por encima de 10 mil dólares en casi todas las ocasiones, y cuando la casa de cambio depositaba el dinero en las cuentas de banco en Estados Unidos, llenaba el reporte de transacción de efectivo”.

Agregó “podría ser posible si la casa de cambio tenía otros clientes y estaba recibiendo dinero de lugares ilegales, pero no es el caso de Torres Santillán”.

Ese día, el regidor con licencia lució afeitado, a diferencia de su primera audiencia pública, el 21 de diciembre. También apareció con el cabello más corto.

En un principio, antes de ponerse de pie, se llevó las manos a los muslos, apretó los ojos y bajó la cabeza.

En su segunda audiencia, luego de que se le redujera el monto de la fianza, se le vio más animado y volteó a ver a su esposa que se encontraba en la última fila del público.

Todavía esposado y encadenado de los pies, se sentó junto con los acusados hombres en el estrado que corresponde al jurado. Solo ahí había espacio suficiente para ellos.

El domicilio oficial de Luis Torres, con vista al mar y espacio privado para anclar yate 

En unas sillas, colocadas al frente, se encontraban Karla Escalante y su hijo Jorge Carlos Escalante, así como Liza Ampudia, quienes se encuentran libres bajo fianza y llegaron minutos antes de la hora de la audiencia.

En esta ocasión, Jorge Escalante, esposo de Karla y padre de Jorge Carlos, no acudió a la audiencia.

Más de 30 personas, entre familiares y amigos de los 14 acusados que se presentaron ese día, formaron filas en el pasillo de la Sala 23 de la Corte Superior de San Diego, pero los espacios al interior fueron ocupados solamente por los familiares más cercanos.

Mientras cada abogado hablaba con su cliente, personal de la Corte buscaba un traductor para Mario Rodríguez Rivera.

La audiencia de vinculación a proceso, presidida por el juez Rouston Maino, inició una hora después de lo establecido.

El juez explicó a los acusados que el caso en su contra “es atípico y muy complicado”, ya que la gran cantidad de evidencia requiere tiempo adicional para que sus abogados se preparen para representarlos.

Por ello, fijó la siguiente audiencia para el jueves 9 de febrero. Ese día, los fiscales y los abogados expondrán el caso ante el juez.

Los primeros para convencer a los acusados de que se declaren culpables y los segundos para demostrar que no hay elementos suficientes para continuar el proceso penal.

 Anthony Colombo, abogado del regidor

Si no se llega a un acuerdo entre Fiscalía y los acusados, habrá una siguiente audiencia preliminar.

Si en ésta, los imputados no se declaran culpables y el juez encuentra suficientes elementos para proseguir, entonces dará inicio el juicio.

De acuerdo con información de la Corte, antes de la audiencia para los 14 acusados, el 9 de febrero, David Javier Espinoza tiene fijada una audiencia para revisar el monto de su fianza correspondiente a 5 millones de dólares, según lo solicitado por la Fiscalía.  

LAS CÉLULAS DE LA ORGANIZACIÓN: VENDEDOR DE AUTOS, UNA BANQUERA Y UNA ABOGADA 

De acuerdo con la acusación formal, David Javier Espinoza, Claudia Ramírez, Luis Torres Santillán, Marco Díaz Ochoa, Liza Ampudia, Jorge Carlos Escalante, Karla Escalante, David Alejandro Espinoza, Sofía Espinoza, Karla Espinoza Camacho, Felipe Lizárraga y Mario Rodríguez-Rivera conforman el primer círculo de esta red de lavado de dinero.

De éstos, a Sofía Espinoza, Karla Espinoza Camacho, Marco Díaz Ochoa y Felipe Lizárraga no se les ha iniciado proceso penal.

A excepción de Marco Díaz Ochoa, los tres señalados forman parte de la familia del casacambista David Javier Espinoza.

En dos años, esta red hizo más que lavar 10 millones de dólares, creció tanto que subcontrató a dos células, detalló la Fiscalía.

En dos expedientes separados, a cargo de la fiscal Christina Eastman, nueve personas más se encuentran implicadas.

“Es una gran investigación, pero identificamos dos células independientes que estaban operando para lavar dinero”, explicó la representante de la Fiscalía. 

Salió de prisión el 4 de enero

Una de estas investigaciones penales señala como imputados a Yajaira Cabanillas Palacio, quien de acuerdo con perfiles en internet trabajaba en una sucursal de Bank of America en California; a Carolina Lefort Figueroa, quien formaba parte de la Firma Legal Levy en San Ysidro, California, fundada en 2011, pero que actualmente se encuentra dada de baja en registros oficiales.

Así como Jorge Ernesto Corona, Jesús Federico Olmedo, Eduardo Sánchez Aguilar y Marcelo Zúñiga. Todos ellos estuvieron presentes en la audiencia del martes 3 de enero y regresarán a la Corte, el 9 de febrero.

La segunda célula estaba integrada por Deborah Frida Cervantes, Claudia Berenice Fernández de Mendoza y Daniel Guerson.

Los nueve se encuentran detenidos y enfrentan cargos por lavado de dinero.

De éstos, Daniel Guerson aparece como socio de la empresa Autos El Gran Remate, dedicada a la compra, venta y exportación de automóviles, camiones y motocicletas.

Ésta fue conformada en junio de 2000 en Tijuana, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California.

Ambas investigaciones fueron de 14 meses y a decir de la fiscal Eastman, “viendo los casos en específico, podemos entender la cronología de los hechos”.

Cuando al fiscal John Dunn se le cuestionó si el dinero lavado correspondía a alguna organización dedicada al narcotráfico, éste dijo no poder hablar al respecto, pero detalló “esta investigación continúa”.

Sin embargo, en el caso de los tres expedientes penales, la Administración Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Unidad Especializada contra Narcóticos (Narcotics Task Force) participaron como las agencias que dirigieron las investigaciones.

(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa/ Inés García Ramos /Lunes, 9 enero, 2017 12:00 PM)