Foto: Ramón Blanco
La tarde de este lunes 5 de
diciembre, 56 periodistas de Baja California sostuvieron una reunión de trabajo
para planear las acciones a tomar en torno al hostigamiento y las presiones que
el Gobierno del Estado ha ejercido para coartar la libertad de expresión.
El encuentro siguió dos
propósitos iniciales. El primero fue darle seguimiento a la carta pública que
el 11 de noviembre firmaron decenas de periodistas para denunciar el uso de
recursos públicos etiquetados para publicidad y comunicación, por parte de
Jorge Alberto Cornejo Manzo, director de Imagen y Publicidad, para censurar a
periodistas, dictar líneas editoriales y evitar la crítica a la administración
del Gobierno del Estado.
El segundo fue mostrar
solidaridad y apoyo hacia el periodista Antonio Heras, colaborador de Proceso y
Lindero Norte, quien hace unos días fue informado que la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE) se preparaba para solicitar una orden de
aprehensión en su contra por fraude.
Delito que a decir del
periodista, se trataba de una medida fraguada por el gobernador, Francisco Vega
de Lamadrid para intimidarlo en su labor y evitar la publicación de reportajes
sobre irregularidades en el gobierno estatal.
Adela Navarro, codirectora de
Semanario ZETA, apuntó que la unión de los comunicadora de la región es un
hecho no visto desde el asesinato de Héctor “El Gato” Félix Miranda en 1988.
“Es muy desafortunada la
situación que nos trajo, pero es la primera vez que un gobernador panista
intenta manipular por medio de recursos económicos para coartar la libertad de
expresión”, manifestó.
La periodista comparó las
prácticas del actual gobierno de Baja California con aquellas de José López
Portillo durante su paso por la presidencia de la República.
También destacó que desde la
publicación de la denuncia, en diversos medios de comunicación, el gobierno del
Estado no ha emitido una postura oficial ni ha respondido a las peticiones
hechas.
Por su parte, la directora de
Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), Dora Elena Cortés, puntualizó “estamos
enfrentando una embestida que no se había visto en mucho tiempo, el Estado
busca callar a periodistas mediante el uso de recursos públicos”.
Enfatizó que la unión gremial
responde al derecho de detener el derecho de decir, criticar y publicar.
De la misma forma, Mireya
Cuéllar, directora de La Jornada Baja California, detalló la situación de
Antonio Heras, quien recibió información de que agentes ministeriales lo
detendrían durante un evento público que cubriría.
“Se trata de una política de
Estado, gubernamental”, dijo. También remarcó que mediante este tipo de
acciones, dirigidas desde la Procuraduría, son una forma de hostigamiento para
libertad de expresión.
“No queremos reportear con un
amparo bajo el brazo, el gobernador está violando un derecho que es la libertad
de expresión”, apuntó Antonio Heras.
A manera de conclusión, los
más de 50 periodistas acordaron publicar un segundo desplegado en el que se
exija al gobernador, a la procuradora, al contralor y a los diputados locales,
una denuncia formal sobre las acusaciones hechas contra funcionarios estatales.
También determinaron asistir
tanto a organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos como analizar
las opciones legales para denunciar de manera formal, los hostigamientos,
presiones y amenazas recibidas desde el Gobierno del Estado.
(SEMANARIO ZETA/ INÉS GARCÍA RAMOS
/LUNES, 5 DICIEMBRE, 2016 05:40 PM)
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