CIUDAD DE MÉXICO (apro).-
Desde el 2006, cuando Felipe Calderón se puso una casaca y el kepi militar para
declarar la guerra contra el narcotráfico, las Fuerzas Armadas comenzaron a
sufrir bajas innecesarias que han ido aumentando y hoy preocupan porque las
hace ver vulnerables.
Así ocurrió en Sinaloa el
pasado viernes, cuando murieron cinco soldados acribillados por un grupo de
sicarios que los masacró en las calles de Culiacán.
Sectores de la opinión
pública han manifestado su malestar porque la ciudadanía no ha protestado contra
estos asesinatos como sí lo han hecho contra la desaparición de los estudiantes
normalistas de Ayotzinapa. Pero el reclamo no debería ser contra la sociedad,
sino contra quien los mandó a esta guerra: el presidente de la República,
Felipe Calderón, en su momento, y ahora Enrique Peña Nieto.
Como jefe de las Fuerzas
Armadas, el panista en el 2006 y ahora el priista, son los responsables
directos de exponer al Ejército, Marina y Fuerza Aérea al riesgo de ser
acribillados en las calles, montañas, sierra y en el mar donde opera el crimen
organizado.
Pero Calderón Hinojosa y Peña
Nieto no solo expusieron a las tropas militares a los ataques de ejércitos
irregulares de sicarios con capacidad de derribar aeronaves, sino también a la
infiltración y corrupción institucional, ocasionando un daño más severo que es
la pérdida de la confianza y la credibilidad que se les tenía en amplios
sectores de la sociedad.
Poco antes de terminar su
mandato, Felipe Calderón quiso resarcir ese daño al mandar a hacer un memorial
en el Campo Marte dedicado a los soldados caídos en la guerra contra el
narcotráfico.
Esta acción fue porque el
Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad exigió levantar un memorial por las
miles de víctimas civiles que han muerto o desaparecido, precisamente en medio
de esta declaración de guerra contra el narcotráfico.
Hoy que las Fuerzas Armadas
siguen sufriendo bajas –76 en los últimos cuatro años y mil 45 ataques, según
un reportaje publicado en Milenio–, Peña Nieto mantiene la misma estrategia militar
y policiaca de lucha contra el crimen organizado, sin tocar lo que más les
duele: el bolsillo.
Mientras siga esta estrategia
dictada desde la Presidencia de la República, las Fuerzas Armadas seguirán
siendo el objetivo de los ejércitos irregulares conformados por sicarios bien
armados con fusiles de asalto, granadas, lanzacohetes y otras armas de alto
poder.
Pero sobre todo, serán el
blanco de los jefes del crimen organizado que tiene un arma más poderosa: el
dinero suficiente para corromper a los altos mandos militares.
Así que el reclamo de
defender a los militares caídos en esta guerra no debe ser a la sociedad, sino
al jefe máximo de las Fuerzas Armadas, al Presidente de la República, quien es
el responsable directo de mandarlos labores policiacas para las cuales no están
preparados, a combatir a fuerzas criminales que actúan como guerrilla urbana, a
ser acribillados en emboscadas y, sobre todo, a luchar contra un poder que ha
crecido de manera impune dentro del propio gobierno.
(PROCESO / ANÁLISIS/ JOSÉ GIL OLMOS , 5 OCTUBRE, 2016)
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