Una de las centrales de
abastos de cocaína del Cártel de Sinaloa en Tijuana estaba ubicada en una de
las principales zonas de desarrollo económico de la región: el Centro Industrial
Pacífico.
Ahí, entre maquiladoras,
empresas de servicios, ensambladoras, mercados, escuelas, industrias,
funcionaba una bodega que el día que los Policías Estatales Preventivos la
encontraron resguardaba 631 kilos de cocaína. (En realidad se trata de 711
kilos.
Los Policías “encontrarían”,
una semana después, 80 kilos adicionales de cocaína que presuntamente estaba en
la misma bodega que cuando realizaron el decomiso, pero que oportunamente no
avistaron en aquel momento. Hasta que un día “alguien” les reporta gente armada
dentro de la bodega. Llegan, revisan, y ¡Zas! Más droga.
(Esta parte de la historia es
real. No es producto de la imaginación de nadie. Los Policías fueron
descubiertos con el adicional de droga, por otros policías, ya que los Militares
que resguardaban la bodega se quedaron callados).
Tal cantidad de enervante,
los 631 kilos originales, tiene un valor en el mercado fronterizo, como dicen
los criminales “ya puesta en Estados Unidos”, o lo que es lo mismo, trasegada
hacia la Unión Americana, de 16 millones de dólares.
Considerando 25 mil dólares
el kilo, si sumamos los 80 que los Policías “encontraron” después, resulta que
lo confiscado en la distribuidora de cocaína de Tijuana, asciende a 17 millones
775 mil dólares.
La bodega, no sobra decirlo,
estuvo activa en calidad de central de abastos de cocaína, durante tres años
hasta el 8 de agosto cuando la propiedad, algunos vehículos, y la droga (aun en
partes), fue descubierta por elementos de la Policía Estatal Preventiva en
colaboración con personal del Ejército Mexicano, y asegurada por funcionarios
de la Procuraduría General de la República.
De ello dimos cuenta en el
Semanario ZETA, en la edición del viernes 12 de agosto. Las autoridades no han
sabido determinar cada cuánto la bodega era surtida de droga.
Lo que sí es que en el
interior del almacén había también productos varios de abarrotes, por lo que
asumen que son las fachadas para el traslado de la droga.
Que llegaban en tráileres con
dichos productos al frente y la droga resumida en algún lugar que ni uno solo
de los retenes militares entre Sinaloa y Baja California, pudo alertar, al
menos pública y oficialmente.
Arely Gómez González, Procuradora
General de la República, asistió a una reunión con los integrantes de la
comisión especial de seguimiento de los hechos ocurridos de Nochixtlán, Oaxaca,
realizada en el Senado. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM
Una vez en Tijuana, la droga
era etiquetada para ser entregada a quienes sirven de traficantes para el
cártel de Sinaloa.
El cargamento de los 631
kilos (antes del conveniente olvido de los policías), estaba destinado para un
total de 19 células criminales ¡19! Cuya droga estaba identificada con algún
distintivo del grupo criminal.
Así como lo puede observar en
películas policiacas, los paquetes de droga estaban perfectamente embalados.
Cuadrados, se ven pesados por lo compacta que se percibe la droga.
Sellados con cinta adhesiva
gris o color café de las utilizadas precisamente para el embalaje de cosas.
El centro del largo tabique
de droga el distintivo de cada grupo. Una batiseñal, un Bob Esponja, un Señor
Increíble, un Messi, un colorido con imagen o sin ella, pero distintivo y
específico para hacer alusión a un grupo criminal determinado.
En algunos casos, directo, el
apodo del distribuidor. Quienes analizan el caso creen que en su enorme
mayoría, la droga de la central de abastos del cártel de Sinaloa en Tijuana,
era para ser trasegada a los Estados Unidos, y de ahí distribuida en sus
calles.
Los pocos detenidos que hubo
en el lugar (cuatro que custodiaban la carga), la ineficiencia de la
Procuraduría General de la República, y la incapacidad (o complicidad) de
quienes decomisaron la droga (Preventivos y Militares) para establecer el
debido proceso, hoy día acarician la libertad en el México impune luego que un
Juez los liberó cuando las “autoridades” participantes en el aseguramiento, se
contradijeron.
Y lo de la libertad es relativo, dado que a
los cuatro les decomisaron droga, eso en la ley del narco, tiene consecuencias.
Una semana después que esto
sucedió, en Puerto Vallarta, Jalisco, un comando armado criminal (hay comandos
armados oficiales) entró a un restaurante/bar de moda en la ciudad, nombrado La
Leche, para sacar con violencia a doce personas (ahora la autoridad ha “descubierto”
que son seis y que trabajaban para un grupo criminal), y que se trata de los
hijos de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, uno de los cuales, Jesús , atendía
“negocios” fuera de Sinaloa y Jalisco, ajá, acá, donde tienen sus centrales de
abasto de cocaína.
El comando, obvio superior en
número al equipo de seguridad criminal que debieron traer los Guzmán, tuvo el
tiempo, la libertad, la intimidación de transeúntes y comensales, para entrar
al restaurante/bar, encañonar a las personas, hacerlas andar, obligarlas a
subir a camionetas en las que podrían asumir está el final de sus días, y
llevárselos sin que haya autoridad, policía, patrulla, retén militar u
operativo tradicional, que los divise en el camino, escuche el reporte del
incidente, y los detenga.
No pasó nada. Ni en el caso
de Tijuana los traficantes de droga han sido detenidos producto de una
investigación ministerial, ni los secuestradores/asesinos de los comensales de
Vallarta o los hijos de El Chapo, han sido identificados.
¿Y se ha dado Usted cuenta que de la
Procuraduría General de la República nada se sabe? Arely Gómez solo habla de
narcotráfico cuando ha de dar una conferencia para re-anunciar una aprehensión,
y porque es lo que en derecho y facultad administrativa corresponde.
No sabemos de ella en
investigaciones, en información sobre cuántas y cómo son las células criminales
que vulneran la vida de los mexicanos, sean o no criminales.
No sabemos de ella en temas
de combate a la violencia e inseguridad criminal, mientras no se trate de
operativos especiales cuando los delincuentes organizados ya se han salido de
control. Este es uno de esos casos.
Los narcotraficantes,
particularmente el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, están
demostrando al Gobierno Federal y a los mexicanos todos, que su gobierno
criminal es más rápido y muy temido.
Que si les confiscan una
central de abastos harán lo que sea para liberar a los suyos, que con 17
millones de dólares de una sola entrega en una semana durante tres años, pueden
corromper a quienes se les pongan enfrente, y que no son vulnerables, pero no
ante el combate del gobierno, sino ante la venganza de los cárteles enemigos,
que igual que ellos, ejercen su poder a base de sangre y plomo en un gobierno
criminal que impera en las calles de esta ciudad.
En México no hay Estado de
Derecho, no hay justicia, todos somos testigos atónitos de la criminalidad y su
ley del más temerario.
La última vez que se supo de
Arely Gómez, la Procuradora General de la República, fue el 12 de agosto de 2016
cuando atendió a legisladores de la Comisión Especial de Seguimiento a los
hechos de Nochixtlán, Oaxaca, mexicanos para dar cuentas de lo sucedido en
aquel poblado la noche del 19 de junio, donde elementos de la Policía Federal
intentaron sofocar una toma violenta y manifestación por parte de profesores de
la CNTE, que terminó a balazos, con heridos y seis muertos.
La Procuradora habló y
justificó. La realidad dijo, es que el Ministerio Público Federal a su cargo,
no ha podido entrar a Nochixtlán “para conocer y analizar la escena de los
hechos”.
Su trabajo ha sido a partir
de peritajes a los objetos externos o extraídos de la escena del crimen, a
declaraciones a kilómetros de distancia, procesal.
De hecho, en un dejo de
sometimiento del Estado Mexicano, la fiscal hizo un llamado a las víctimas de
aquella noche a que se acerquen al Ministerio Público Federal y denuncien los
hechos, pues, por increíble que parezca, la PGR no tiene una sola denuncia
penal de aquel día.
La Procuradora, está visto en
sus palabras y en sus acciones, no puede con la CNTE, no puede con el cártel de
Sinaloa, ni con el Jalisco Nueva Generación, ni con Los Zetas, ni con ningún
otro.
No le abona al combate, no da
certeza ni seguridad a los mexicanos, ni cuentas a su Presidente de la República.
La Procuradora General de la República no quiere hacer lo que le toca y por eso
debe irse. Pero ya.
(SEMANARIO ZETA/ Adela Navarro Bello/
Miércoles, 17 agosto, 2016 01:59 PM)
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