Tres años después de haber
iniciado su Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto hizo una importante
rectificación: no se tolerará ningún abuso por parte de la Policía Federal, ni
violación alguna a los derechos humanos. La advertencia es fundamental porque
lo que reconoce es que lo hecho hasta ahora está mal y se tiene que corregir lo
que empezó el 1 de diciembre de 2012, mientras asumía la presidencia en San
Lázaro. Afuera, en la génesis de lo que ahora promete cambiar, los responsables
de la seguridad comenzaban el regreso al pasado represor.
Ese día, la resistencia civil
opositora a Peña Nieto organizó oleadas de ataques contra la Policía Federal en
el perímetro de seguridad con el que se había blindado el Palacio Legislativo.
El primer responsable de la seguridad pública, Manuel Mondragón, sacó del baúl
de la ignominia a los “halcones” y les ordenó enfrentar a los provocadores.
Desde las barreras de metal
de la Policía Federal salieron agentes vestidos de civil con palos, cadenas y
armas para encararlos, y después de golpear, regresaban a sus trincheras. Nadie
le dijo a Mondragón que los recursos que utilizaba, propios de un régimen
represor, no eran aceptados. Al contrario, lo estimularon.
Halcones se utilizaron en
diferentes momentos. El último fue en Nochixtlán el 19 de junio pasado, cuando
desde las instalaciones de la Policía Federal en esa comunidad oaxaqueña,
agentes vestidos de civil fueron vistos con armas largas para enfrentar a la
población. No hay evidencia de que alguna bala de la Federal matara a una de
las ocho personas que cayeron ese día, pero la Comisión Nacional de Derechos
Humanos tiene pruebas que en otros enfrentamientos previos los policías no han
utilizado armas de cargo para esconder sus prácticas ilegales.
En este sentido, quiénes
dispararon en Nochixtlán sigue siendo un misterio. La suspicacia sobre los
federales se debe a que las malas costumbres que regresó Mondragón al Gobierno
federal, superaron a los dos hombres íntegros que lo sucedieron, Monte
Alejandro Rubido y Renato Sales.
El Presidente se refirió en
términos generales a los abusos y las ilegalidades de los policías federales,
sin entrar en detalles. Nochixtlán, como último botón de muestra, desnuda
además la falta de trabajo de inteligencia en la Policía Federal.
El comisionado Enrique
Galindo ha admitido públicamente que los emboscaron, pero el antecedente es que
en los cuatro días previos al enfrentamiento, los federales que llegaron a esa
comunidad no recopilaron la información de inteligencia que les habría
permitido a sus jefes ajustar su estrategia y evitar el choque. Como resultado,
los provocadores, que desplegaron tácticas defensivas, se aprovecharon de la
desorganización y desarticulación de la Policía Federal, que tuvo que recurrir
al uso de la fuerza sin acatar sus protocolos.
La falta de trabajo de
inteligencia ha sido una constante en este gobierno. Por decisiones de
Mondragón dejaron de recopilar información en los penales de máxima seguridad,
por lo que Joaquín “El Chapo” Guzmán vio en esas deficiencias la oportunidad
para su segunda fuga.
La inteligencia aparece en lo
alto de los protocolos de uso de fuerza de la Policía Federal, y el déficit o
ineficiencia en este Gobierno ha sido germen de tragedias, al producir en
cascada el incumplimiento de los protocolos de procedimientos y uso de la
fuerza.
Un notable ejemplo es la
noche de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de
2014, cuando los federales en la región de Iguala fueron omisos en sus
responsabilidades, cuando menos, al dejar que policías municipales y criminales
actuaran contra los estudiantes. Fueron testigos del ataque contra el equipo de
futbol de Los Avispones de Chilpancingo en Mezcala esa misma noche, sin que
actuaran para evitar el ataque, ni para preservar la escena del crimen para la
recopilación de evidencias, que es otra violación a los protocolos de la
Policía Federal.
Tampoco hicieron nada por
evitar el secuestro de un camión de normalistas que desaparecieron en la salida
de Iguala rumbo a Huitzuco.
Es cierto que en México hay
un problema estructural con las policías –algunas de sus causas son el mal
reclutamiento, capacitación, controles de confianza, salarios, equipamiento–,
pero en el gobierno de Peña Nieto se ha añadido una constante de errores que,
por su volumen no se sabe si son fallas o si se está dando, en las cañerías del
sistema de seguridad, una restauración del estado represor.
Tanhuato, es otro caso de
estudio. En esa comunidad michoacana hubo un enfrentamiento entre la Policía
Federal y miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación en mayo del año pasado.
Pero el saldo no fue resultado de un enfrentamiento sino de una matanza.
La Policía Federal utilizó
una fuerza letal que violó los estándares de Derechos Internacionales y la
llevó a una ejecución extrajudicial.
De acuerdo con los protocolos
de la Policía Federal, el índice de letalidad establece que un radio de un
policía muerto por 1.4 agresores; en Tanhuato hubo un policía muerto por 42
agresores abatidos. Adicionalmente, los federales alteraron la escena del
crimen y colocaron armas en donde no había, para probar la violencia de sus
actos. Aun si no fuera una violación a los protocolos, ni aun así, se
justificaría el abuso de fuerza.
El desempeño de la Policía
Federal ha sido desconcertante. La liga, a decir por las palabras del
Presidente, ya se rompió. Tendrán que venir acciones y consecuencias, porque de
palabras no se construye un estado de derecho.
(ZOCALO/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO
RIVA PALACIO/ 22 DE JULIO 2016)
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