Lejos de los reflectores
públicos, el reloj caminaba aceleradamente para la sucesión en la Presidencia
del INEGI al terminar 2015. En noviembre pasado se mencionaron en este espacio
las maniobras que se venían dando para que el Gobierno recuperara el control
del INEGI, la gran fábrica de información sobre la cual se diseñan políticas
públicas en México que, por su autonomía, se había ganado el respeto como
contrapeso a las estadísticas y mediciones del Gobierno. Su independencia de
criterio y libertad de expresión no era algo con lo que la Administración del
presidente Enrique Peña Nieto estuviera cómoda. Todo lo contrario. El INEGI era
un órgano fundamental, y por eso la imposición de Julio Alfonso Santaella,
parte del equipo del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que está tomando
el poder del Gobierno, para que hiciera el trabajo de maquillaje que requiere
la Administración.
Dos mediciones causaban un
roce permanente con el INEGI, las del producto interno bruto y las de la
pobreza. En octubre el director del Servicio de Administración Tributaria
(SAT), Aristóteles Núñez, esbozó lo que venía en camino. Núñez cuestionó al
INEGI al asegurar que era “necesario evaluar si la forma en que actualmente se
(medía) el producto interno bruto de México (era) correcta, porque el
crecimiento económico del país no parece empatar con algunos indicadores de
recaudación, consumo y empleo”. Reiteradamente, por su parte, el secretario de
Desarrollo Social, José Antonio Meade, ha cuestionado la metodología de todos
los órganos que miden la pobreza en México porque sólo se enfocan en el ingreso
y no en “diversas carencias sociales”.
Todavía no hay cambio en la
medición del PIB, pero la modificación de la metodología para medir la pobreza,
realizada unilateralmente por el INEGI, está causando un escándalo. No es para
menos. Según el reporte trimestral sobre ingreso en los hogares, los más pobres
tuvieron un incremento real de 33.6% en un solo año. La nueva metodología
recortó en tercio lo que en 40 años no se había podido lograr. Nada mal para el
manejo de números. Según el INEGI, el ingreso real de los hogares a nivel
nacional se elevó 11.9%, aunque en algunas entidades ese aumento fue de 30%
entre 2014 y 2015.
El Consejo Nacional de Evaluación
de la Política Social, conocido por sus siglas Coneval, que mide la pobreza en
México, protestó airadamente. El cambio de metodología se hizo a espaldas de
ellos, pese a existir un convenio con el INEGI. “Dichos cambios carecen de
documentos públicos de carácter técnico que los justifiquen, y no fueron
debatidos técnicamente con el Coneval, ni anunciados de manera oportuna, por lo
que el proceso de captación del ingreso que elaboró el INEGI no fue
transparente”, indicó el órgano este domingo en un comunicado. Su secretario
ejecutivo, Gonzalo Hernández Licona, añadió: “Estamos muy molestos de que el
INEGI no nos hubiera dicho que harían esos cambios. Sin transparencia. Sin
planeación. No habrá forma de conocer la evolución de la situación de los hogares
en México respecto de años previos”.
El trabajo sucio comenzó. En
el texto publicado en este espacio en noviembre pasado se citaba un artículo de
Jonathan Heath, un respetado economista, maestro y conferencista, quien
escribió en octubre sobre lo dicho por Núñez: “Llaman la atención las
declaraciones del titular del SAT, de que el INEGI calcula mal el PIB del país.
Según la posición (del SAT), el crecimiento económico no empata con los
indicadores de recaudación, consumo y empleo. Lo que dice la dependencia de la
SHCP es que dado que las cifras que produce el INEGI no reflejan lo que el
Gobierno quiere, habría que cambiar la metodología de las cuentas nacionales…
Básicamente, lo que sugiere ahora (Hacienda) es que hagamos en México lo que
hicieron en Argentina: manipular las cifras económicas para reflejar los deseos
de los funcionarios”.
Heath alertó en su momento lo
que pretendía hacer Hacienda al imponer a un presidente en el INEGI cortado a
su medida. “Esta posición es exageradamente peligrosa... ¿A qué se debe esta
falta de respeto a la autonomía del INEGI?”. Ese mismo octubre, Gabriel
Casillas, economista en jefe de Banorte, apuntó en El Financiero: “Si los
analistas podemos ser críticos, ¿por qué no puede serlo un funcionario del
Gobierno federal, si la opinión se trata de un organismo autónomo a quien ya no
puede dirigir, ni ‘torcer las tuercas’, como se dice vulgarmente?”.
Casillas dijo en aquel
momento que esta dinámica se daba porque la libertad de expresión es mucho más
amplia que antaño y que el INEGI era autónomo. Es cierto que hoy en día hay
mayores márgenes de libertad de expresión, pero también lo es que hay
tendencias autoritarias regresivas. La autonomía tampoco es diáfana. En un país
de libertades acotadas como México no puede medirse bajo la definición clásica
de autonomía. En este espacio se afirmó en noviembre que la autonomía operaría
como reloj hasta que se enojara el Gobierno. Entonces empezarían los problemas.
Casillas pensaba en ese momento que no podían “dirigir o manipular” al INEGI
desde afuera, por lo que necesitaban a un cómplice metodológico que actuara
como le dictaran desde Hacienda, no a un presidente que defendiera la autonomía
del INEGI por encima de sus métricas. Las visiones catastrofistas se
cumplieron. En su primera prueba, Santaella demostró para qué fue nombrado.
(ZOCALO/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 22 DE JULIO 2016)
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