El
fuero constitucional del que gozan legisladores y gobernantes es una protección
que funciona como en tiempos de la Colonia, dice Buscaglia.
Edgardo
Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, dijo que mientras los
políticos sigan teniendo un sistema de protección tan grande, México jamás
podrá llegar a la verdad en materia de desaparición forzada. Foto: Cuartoscuro
Ciudad
de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– México carece de una política de
Estado para atender las decenas de miles de casos de desaparición forzada que
hay en el país y para los que no hay legislación que proteja a víctimas ni a
los potenciales testigos de los crímenes.
Así,
planteó ayer en un foro el investigador Edgardo Buscaglia, en el país está
prácticamente cancelada la posibilidad de que la información sobre los
perpetradores fluya hacia las investigaciones y, con ella, se pueda establecer
el paradero de las víctimas.
Buscaglia
participó ayer vía skype en el “Foro Internacional Sobre Personas Desaparecidas
en México”, en el que insistió en que la Ley que se genere –en discusión en el
Senado de la República– debe contar con programas integrales de protección a
víctimas y a testigos; esto, dijo varias veces, para que puedan avanzar las
indagatorias ahora detenidas por “el terror” que viven potenciales testigos.
Otro
problema para la solución de los casos, agregó el experto en marco legal para el
combate al crimen organizado, es el fuero constitucional del que gozan
legisladores, Gobernadores y otros funcionarios para no ser procesados y que,
dijo Buscaglia, funciona como el sistema de protección política vigente durante
la Colonia.
“Tenemos
que entender que la delincuencia organizada es hija de la corrupción política,
y en la medida en la que sigan teniendo un sistema de protección de políticos a
través de un fuero tan amplio, jamás podrán llegar a la verdad”, dijo.
“Una
de las principales medidas que deben impulsar es limitar el fuero del que gozan
estos legisladores y se les pueda procesar por delitos”, agregó.
En
su participación, Buscaglia también insistió en que las familias se organicen
para tratar de llevar los casos ante la Corte Penal Internacional, en lugar de
la Corte Interamericana, debido, dijo el académico, a que esta segunda
instancia carece “de dientes” y no puede ni girar órdenes de detención contra
probables responsables.
Las
recomendaciones, sin embargo, fueron desairadas por cuatro servidores públicos
que llegaron a la inauguración del foro realizado en la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) Xochimilco y que, sin embargo, se fueron justo antes de que
iniciara la ponencia de Buscaglia –conocido crítico de los “vacíos” del Estado
mexicano ante el crimen organizado.
–¡Ya
se fueron! –exclamaron desde su silla en el salón en el que se realizaba el
foro algunas madres de víctimas mientras Buscaglia, a través de la pantalla,
criticaba que los legisladores mexicanos dieran discursos en lugar de “llenar
los vacíos legales”.
Se
referían a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Senado; Sergio Rochín del Rincón, presidente de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación;
Mercedes Peláez, directora de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos
de la misma Segob; y Jorge Aguilar Montaño, director general de Promoción de
Cultura de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Desgraciadamente
llegaron aquí la fauna de políticos, y en cuanto usted empezó a hablar,
salieron volando, para no oír. Inmediatamente salieron y sólo llegaron para que
nosotras pudiéramos escuchar su discurso, ya sabe”, dijo al micrófono Julia
Alonso, integrante de la organización de familias de víctimas Ciencias
Forenses, que busca generar un banco de datos sobre casos.
“Saben
que les íbamos a decir todo lo que tienen que hacer”, dijo Teresa Vera, hermana
de Minerva Vera –desaparecida en Oaxaca en 2006–, entrevistada por este medio
al final de la ponencia. “Pero nosotros solicitamos que esté la autoridad
presente, para que escuchen nuestras necesidades”, agregó la también integrante
de la Plataforma de Víctimas de Desaparecidos de México.
La
única funcionaria que regresó al término de la ponencia de Buscaglia, y para
presentar sus datos, fue Peláez, que dijo haberse ausentado para atender
“precisamente un caso”. En su exposición, la funcionaria planteó que –de los
más de 26 mil casos de desaparición que, se estima, existen en el país– la
dependencia a su cargo “acompaña” actualmente mil 348; es decir, un 5.1 por
ciento.
“JUSTICIA INEXISTENTE”
Los
servidores públicos tampoco escucharon las quejas de familiares que, a lo largo
del foro, expusieron la total impunidad en la que se encuentran los casos y los
diferentes obstáculos que enfrentan en las agencias del ministerio público.
Tita
Radilla Martínez, de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y
Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, participó como ponente y planteó
que la inoperancia de las instituciones del país es tal que, a cinco años de
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenciara al Estado
mexicano por la desaparición, en los años 70, de su padre Rosendo Radilla, la
investigación sigue sin avances.
“Este
caso ilustra claramente cómo se ha negado a las víctimas de la desaparición forzada
el acceso a la justicia; asimismo, ha servido para demostrar que en nuestro
país la justicia es inexistente, permitiéndonos tener acceso a los tribunales
internacionales, porque pues aquí no están haciendo nada”, dijo Radilla.
“Pero,
como decía el ponente, no tiene dientes la Comisión Interamericana, porque a
cinco años de emitida la sentencia, no hay ninguna pista no hay nada en cuanto
a la investigación”, agregó.
La
impunidad e incluso la obstaculización de las indagatorias por parte de las
autoridades, sobre todo la exigencia de esperar 72 horas para que inicien los
trabajos de búsqueda, fueron los temas comunes planteados tanto por
investigadores como por víctimas.
“Yo
quiero denunciar a Juan Antonio Ferrer, director del Centro de Atención a Personas
Extraviadas y Ausentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (Capea), y a su equipo, porque quieren hacer el trabajo de coordinar la
atención desde el escritorio”, dijo una madre de familia cuya hija se perdió en
agosto en esta capital y que, por temor a represalias, pidió no revelar su
identidad.
En
el mes y medio que lleva buscando a su hija, agregó, ha sido ella quien ha
tenido que recorrer el lugar de los hechos, rogado por pesquisas y oficios para
poder revisar, ella, los videos de las cámaras de Seguridad Pública en la zona
donde ocurrió el extravío. Videos que, por lo demás, explicó, eran inservibles
y carecían de nitidez para poder hacer identificaciones.
“Se
da uno cuenta de la falta de sensibilidad y capacidad técnica para investigar,
la falta de voluntad, de diligencias, y de que, pese a que existen varias
instancias en el Gobierno federal con funciones parecidas, no se coordinan”,
dijo la madre de familia en entrevista con este medio.
(SIN
EMBARGO.MX/ Sandra Rodríguez Nieto/ septiembre 30, 2015 - 00:04)
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