Aunque el
secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, considera que el
Ejército es “la institución más sólida de este país”, contribuye a la
desconfianza general con su feroz resistencia a entregar información que
permita resolver los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, que tanto lastiman a la
sociedad. Muestra de esa actitud son sus respuestas a solicitudes de
información de este semanario, que provocaron un ríspido intercambio de
argumentos del IFAI contra cerradas negativas de la dependencia.
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no está dispuesta a
rendir cuentas. De nada y a nadie. Su titular, el general Salvador Cienfuegos,
sólo habla con el presidente de la República. Ni el Congreso, ni el Instituto
de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), incluso la
Procuraduría General de la República (PGR) y mucho menos los ciudadanos merecen
respuesta sobre las graves actuaciones del Ejército.
Los requerimientos
de información a la Sedena para esclarecer la matanza de civiles en Tlatlaya,
Estado de México, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en
Iguala, Guerrero, se han topado con la muralla del Ejército.
Las comisiones
especiales creadas en la Cámara de Diputados han sido desdeñadas, el IFAI
apenas ha logrado alguna información descontextualizada y hasta ha sido
cuestionado por la Sedena, mientras que la PGR ha tenido que integrar sus
averiguaciones con lo que el Ejército ha querido entregar.
La muerte de 22
presuntos delincuentes en Tlatlaya a manos de efectivos militares, en junio de
2014, y la actuación del Ejército ante la detención y desaparición de los 43
normalistas por policías municipales de Iguala hace medio año, se han traducido
en inútiles exigencias de transparencia.
En medio de la
presión internacional al gobierno de Peña Nieto, la Cámara de Diputados creó el
30 de septiembre pasado la comisión especial sobre el caso Tlatlaya, y una
semana más tarde, el 7 de octubre, la de Ayotzinapa. Medio año después, y a un
mes de que acabe el último periodo ordinario de la actual LXII Legislatura,
ambas comisiones quedaron en el olvido.
Las dos instancias
fueron inoperantes por la apatía de la mayor parte de sus miembros y la falta
de información a la cual las sometió la Sedena. Cada una tuvo un solo encuentro
con los mandos del Ejército. Como representantes del Poder Legislativo, no
fueron capaces de que la cúpula castrense se presentara ante el Congreso.
Tuvieron que ir a las oficinas de la Defensa Nacional para recibir lo que los
militares les quisieron dar.
(Fragmento del
reportaje que se publica en la revista Proceso 2004, ya en circulación)
(PROCESO/ JORGE
CARRASCO ARAIZAGA/ 28 DE MARZO DE 2015)
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