LA CAÍDA DEL NARCOPREDICADOR

Con una extraña personalidad en la que fusionó al político y al comunicador, Servando Gómez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios, corrompió a miembros de todos los cuerpos policiales y militares en Michoacán, incluida la Marina. Pese a que dijo que no sería detenido con vida, ya está formalmente preso en el penal del “Altiplano”. En próximos días se integrarán diversas averiguaciones previas por delitos como homicidio, secuestro, extorsión y robo de hidrocarburos

Con la detención de Servando Gómez Martínez “La Tuta” no solo cayó  un narcotraficante más en manos de las autoridades, sino uno de los personajes más sanguinarios y corruptores del mundo criminal que se tenga memoria.

El michoacano marcó un cambio en la manera de operar de las organizaciones convencionales del tráfico de drogas con la participación de los narcos en diversidad de modalidades delictivas, y el incremento de las formas de violencia que se habían visto en México.

No solo cooptó la voluntad de policías municipales, estatales y federales, como lo han hecho infinidad de delincuentes, sino que consiguió penetrar en las filas de la Marina, servirse de la información de su actuar en Tierra Caliente, y adelantarse a las intenciones operativas del alto mando de las Fuerzas Armadas.

Los datos se desprenden de informes de investigación de la Policía Judicial Federal Militar, anexos a la causa penal 197/2014, en los que se hace constar el involucramiento de personal naval perteneciente a la Secretaría de Marina con integrantes de la organización delictiva denominada Los Caballeros Templarios. Más de una decena de marinos de diferentes rangos, son procesados actualmente por ello.

La voluntad política y los más recientes ajustes del Gobierno de la República para atrapar a Servando Gómez -tras el rotundo fracaso del comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo- redujeron el campo de operación del capo, quien primero se refugió en una cueva durante dos semanas y, finalmente, quiso pasar inadvertido en la ciudad de Morelia.

“La Tuta” juró que no sería detenido con vida. Lo dijo en 2009, cuando salió por primera vez ante los medios de comunicación para explicar las motivaciones de su grupo criminal, en ese entonces La Familia Michoacana, y lo repitió en un video a finales del año pasado. Hoy ya tiene un auto de formal prisión en un penal de máxima seguridad por delitos contra la salud y delincuencia organizada.

DE MAESTRO A DELINCUENTE

Gómez Martínez nació el 6 de febrero de 1966 en Arteaga, Michoacán. Estudió para educador de primaria y durante muchos años ejerció la noble profesión, alternando sus actividades con la agricultura. Se casó con Ana Patiño López y procreó tres hijos. Hoy se señala en investigaciones que tiene 38 hijos en total, con al menos ocho mujeres.

Las necesidades “espirituales” de Servando le llevaron a participar en actividades religiosas y predicar la “palabra de Dios”, sobre todo entre personas adictas a las drogas. Así conoció a Nazario Moreno González “El Chayo”  y Enrique Plancarte Solís, con quienes promovió la creación de algunos centros de rehabilitación.

A la postre y con el apoyo del reconocido narcotraficante Jesús “El Chango” Méndez, el grupo de “rescatadores” de adictos decidieron fundar La Familia Michoacana, cuyos miembros se presentaron como una organización “amigable” y con principios religiosos, interesada en el bienestar de los michoacanos.

Al iniciar el nuevo milenio, los líderes del grupo obligaron a dueños de medios impresos a publicar desplegados en los que prometían atacar la producción de drogas sintéticas y terminar con delitos como el secuestro y la extorsión. Sin embargo, La Familia Michoacana atacó a los maleantes de época para apoderarse del control criminal.

“La Tuta” se dedicó a la siembra y cultivo de la marihuana que en esa tierra occidental tan fértil para producir la yerba. En 2002 fue identificado por autoridades federales como narcoproductor, y en 2003, se libró una orden de aprehensión en contra del profesor normalista por delitos contra la salud. Un Juzgado de Distrito en Uruapan le concedió el amparo y protección. En 2004 le fue dictado un nuevo mandamiento de captura por delincuencia organizada.

Mientras que por un lado, el maestro normalista seguía en la nómina del sector educativo, por otro se dedicaba a predicar y dar cursos de superación, pero a la vez, con la llegada de células del Cártel del Golfo a Michoacán, “La Tuta” formó un clan con migrantes centroamericanos con los que incursionaba al puerto de Lázaro Cárdenas para ejecutar a sus rivales, dedicados a la distribución de drogas.

Apoyados con La Familia Michoacana, los del Golfo se dedicaron a combatir al Cártel del Milenio o de Los Valencia, incrementándose los crímenes en la entidad y la compra de voluntades de elementos de diversas corporaciones policiales para que les protegieran. Así, en septiembre de 2005, Servando Gómez intervino ante el Ministerio Público para que liberaran al operador del Cártel del Golfo, Andrés Franklin Barragán Sánchez.

En Arteaga, Michoacán, “La Tuta” era propietario del rancho “El Encino”, cercano a una pista clandestina. Para sus actividades ilícitas en el campo y como sicarios, el narcotraficante empleó a personas de origen guatemalteco. Luego de que cometían ejecuciones o secuestros, los criminales se refugiaban en el rancho “El Valle”, a diez kilómetros de Tumbiscatío.

DE LA FAMILIA A LOS TEMPLARIOS

La Familia Michoacana, liderada por Nazario Moreno y “El Chango” Méndez, con Arnoldo Rueda Medina “La Minsa”, encargado de la operatividad del grupo y con Servando Gómez y Enrique “Kike” Plancarte en tercer plano, como encargados de narcotienditas y producción de marihuana, terminó relaciones con el Golfo y se enfrascó en una guerra con Los Zetas y Los Valencia.

También los michoacanos ejercieron una violencia brutal contra la población, a través de extorsiones, secuestros, privación ilegal de la libertad, robo y narcomenudeo. Fue la primera organización criminal en convertir la decapitación de personas en una práctica habitual de los nuevos narcos. En 2007 arrojaron varias cabezas humanas a la pista de un centro nocturno, y en 2008, arrojaron granadas durante la celebración del “Grito” de Independencia.

La organización criminal rebasó el ámbito de operación estatal y extendió su presencia a los estados de México, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas. Después se conoció que la organización llegaba hasta Baja California para la introducción de drogas a Estados Unidos por Tijuana y Mexicali; también por las fronteras de Sonora y Chihuahua.

El 23 de marzo de 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció recompensas de 15 a 30 millones de pesos para capturar a líderes de cárteles de las drogas. Los más conocidos y de más alto precio, eran Heriberto Lazcano, Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada, Juan José Esparragoza y los Beltrán Leyva. Pero también entre los de 30 millones estaban los de La Familia Michoacana: “El Chayo”, “El Chango” Méndez, Dionisio Loya Plancarte “El Tío” y Servando Gómez “La Tuta”.

A dos meses de ofrecer las recompensas, la PGR informó públicamente que La Familia Michoacana era el grupo delictivo más peligroso del país, al tener “el mayor poder de fuego y es el número uno en producción de drogas sintéticas”. Se ubicaban por docenas sus narcolaboratorios, principalmente en el municipio de Apatzingán. “Han sido particularmente crueles en la manera en que realizan su actividad”, afirmaba el entonces procurador de la nación, Eduardo Medina Mora.

En junio de 2009 cayó preso Arnoldo Rueda “La Minsa”, del que aseguraban, era el “coordinador de coordinadores” y se encargaba de la importación de precursores químicos por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Su captura desató violencia. Hubo ocho ataques con armas de fuego y granadas a instalaciones, agentes federales y soldados en Michoacán y Guerrero, con saldo de cinco policías federales muertos y otros 18 agentes heridos.

“La Tuta” y “Kike” Plancarte eran gente de “La Minsa” y tenían el control de los laboratorios clandestinos en Michoacán y Guanajuato. Determinaba las zonas de acopio y rutas para el trasiego de marihuana y el traslado de cargamentos de cocaína a los Estados Unidos. Semanas más tarde, otro lugarteniente informaría a las autoridades que Servando había asumido el mando operativo de la organización y ordenó atacar a policías y militares.

La polarización de la violencia en Michoacán movió a la federación a enviar más elementos de seguridad, como había ocurrido a inicios de sexenio, pero los narcos demostraron su poder a mediados de julio de 2009, cuando ejecutaron a 12 agentes de la Policía Federal –once hombres y una mujer- y abandonaron sus cadáveres sobre la autopista Siglo XXI.

“La Tuta” sorprendió por su habilidad para comunicarse, pues además de su función operativa, se convirtió en vocero del grupo criminal. Habló por teléfono el 15 de julio de ese año al programa de televisión de la empresa CB, “Voz y Solución de Michoacán”, con el conductor Marcos Knapp, que estaba al aire y lanzó una amenaza a las autoridades:

“Una cosa sí le voy a decir, también me defiendo. Si alguien va a atacar a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, por buscarme a mí, me van a encontrar, pero de otra manera. Yo le pido a Dios, que es el único que quiero que me juzgue, nunca voy a dejar que nadie me agarre en la tierra, y espero que Dios me dé esa oportunidad”.

Gómez pidió pactar. El gobierno aseguró que no pactaba con criminales. Un mes después del exabrupto, la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal dio a conocer -por primera vez- un retrato de Servando Gómez “La Tuta” o “El Profe”.

Además de extender sus dominios a las entidades vecinas, La Familia Michoacana replegó a sus rivales iniciales, pero empezaron hostilidades con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Al interior hubo disputas que ocasionaron la ruptura entre los líderes. “El Chayo” con los Plancarte y “La Tuta” formaron una nueva organización llamada Los Caballeros Templarios, y “El Chango” Méndez se fue con los de Jalisco.

EL PODER CORRUPTOR DE “LA TUTA”

El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR, identificó la operación de Los Caballeros Templarios y asentó en la ficha de investigación: “Opera principalmente en el Estado de Michoacán, cuyas actividades son cometer ejecuciones, extorsiones, secuestros, incorporación de menores al mercado de drogas y a su estructura operativa a través de la adicción, así como también, traficar metanfetaminas a los Estados Unidos”.

Después se conocerían sus tentáculos criminales en el tráfico de minerales y su extracción del país, así como su activa participación en el robo de hidrocarburos y el acoso a industriales y gasolineros para que adquirieran el combustible robado. También del hostigamiento a sacerdotes y obispos de Michoacán, a quienes amenazaron de muerte para que dejaran de lanzar sermones contra su actuar delictivo.

En el tránsito de identidad de La Familia Michoacana a Los Caballeros Templarios, la propia autoridad puso de manifiesto el poder corrupto de “La Tuta”, quien a la muerte de sus líderes, quedó como responsable absoluto del cártel y lo mismo había comprado la protección de policías municipales, estatales o de investigación, a soldados y hasta brindó apoyos a candidatos a cargos públicos.

El delincuente hizo gala de sus dotes de comunicación muchas veces más. Lo mismo daba entrevistas a cadenas de televisión o medios impresos internacionales, que mostraba sus videos con altos políticos o periodistas de Michoacán a través de las redes sociales, para exhibirlos que eran tan corruptos como él. Eso le costó el puesto al secretario de Gobierno, Jesús Reyna García; al propio gobernador, Fausto Vallejo -cuyo hijo Rodrigo aparece en videos-; y a presidentes (as) municipales. Algunos de ellos están en prisión.

En 2014, en plena persecución de Servando Gómez Martínez, el Gobierno de la República estableció que a partir de 2011, el capo había logrado penetrar en un grupo reducido de elementos de la Marina, quienes le proporcionaban información de las actividades militares en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada por parte de la Armada.

A través de un segundo maestre y un capitán de navío, “La Tuta” pudo reclutar a más de una decena de informantes que tenían a acceso a toda la información confidencial que se planeaba y ejecutaba en la zona naval. Sus contactos contaban con todas las órdenes operativas y administrativas de las diferentes bases hasta con 20 horas de anticipación.

Algunos marinos desertaron de la Décima Zona Naval de Lázaro Cárdenas y se fueron a trabajar para Los Caballeros Templarios. Otros más requerían estar dentro de la institución para servir a la organización y entregar copias fotostáticas de las referidas órdenes de operaciones.

Al descubrirse el contubernio, la Secretaría de Marina actuó en consecuencia e inició una investigación del Ministerio Público Militar con una lista que contenía diversos nombres de marinos, unos completos, otros solo por su apellido y sus cargos. Algunos de ellos recibían 50 mil pesos mensuales por proporcionar la información al cártel michoacano.

Los conectes de Servando Gómez Martínez se fueron desarticulando hasta que el gobierno decidió iniciar la verdadera ofensiva contra el capo, a mes y medio de la caída de Alfredo Castillo como comisionado en Michoacán y a un día del relevo de Jesús Murillo Karam como procurador general de la República.

“La Tuta” fue sorprendido el viernes 27 de febrero en Morelia. De madrugada, como han caído otros capos en los últimos tiempos, si no es que todos con Enrique Peña Nieto.  “Lideré a una banda de pendejos”, esa fue la respuesta del narcotraficante cuando agentes federales le preguntaron sí sabía por qué estaba detenido. Aun preso, sus videos continúan entre los más visitados en redes sociales.

CRIMEN DE CAPITÁN DE PUERTO EN MICHOACÁN, A DÍAS DE LA CAPTURA DE “LA TUTA”

El contralmirante José Luis Corro Chávez, capitán del puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, fue asesinado a balazos la noche del 4 de marzo, a menos de una semana de la aprehensión de Servando Gómez “La Tuta”.

Pese a que el puerto de Lázaro Cárdenas es parte del territorio controlado por Los Caballeros Templarios y punto clave para el trasiego de droga, el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido García, consideró que el homicidio no se trata de una venganza por la detención del líder de la organización delictiva.

José Luis Corro Chávez fue asesinado frente a su familia y a unos metros de su hogar, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo a las indagatorias de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, alrededor de las 9:00 pm, tres hombres armados abordaron el vehículo en el que viajaba el mando de la Marina junto a su esposa e hijos.

Tras bajar a la familia de la camioneta, los delincuentes le dispararon al contralmirante, para después consumar el robo de la camioneta Toyota Tacoma de reciente modelo.

Corro Chávez, de 57 años de edad, recibió al menos tres disparos, los cuales le provocaron la muerte cuando era trasladado por paramédicos hacia el Hospital Naval.

Por su parte, el procurador de Justicia en Michoacán, Martín Godoy, informó que datos recabados por la dependencia indican que el móvil del asesinato fue el robo del vehículo.

Además, dio a conocer la detención de tres personas, principales sospechosas del asesinato del contralmirante.

VUELVE CASO DE CARO QUINTERO A LA CORTE

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de revisión interpuesto por el narcotraficante Rafael Caro Quintero en contra de la resolución de amparo directo que le fue concedido para efectos de subsanar algunas pifias judiciales, pero que a final de cuentas, confirmaron su condena de 40 años de prisión por el secuestro y homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar.

El presidente del máximo órgano de justicia del país, turnó el recurso al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de la Primera Sala, para que estudie la impugnación que dio impulso a una orden de reaprehensión en contra del capo liberado el 9 de agosto de 2011 y sobre el que pesa también un mandamiento de detención provisional con fines de extradición internacional a los Estados Unidos.

El amparo directo 1801/2011, concedido en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito a Rafael Caro Quintero, líder del extinto Cártel de Guadalajara, para efectos de reposición del procedimiento, no contó con la votación unánime de los magistrados.

Mientras que los colegiados José Guadalupe Hernández Torres y José Félix Dávalos Dávalos votaron a favor de otorgar el amparo al sinaloense para efectos de analizarse su responsabilidad en el crimen de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, la magistrada Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas emitió voto particular en contrario.

Para Moreno Ruiz de Rivas, el amparo debió concederse liso y llano al considerar que se vulneró el derecho a una defensa adecuada de las personas que fueron detenidas inicialmente por su participación en el secuestro, homicidio e inhumación clandestina de las víctimas y de cuyas declaraciones -realizadas sin la presencia de abogado privado o público- se finca el señalamiento en contra de Rafael Caro Quintero.

A manera de corolario de su voto, la magistrada que cita jurisprudencia internacional destacó que “si bien la impunidad no debe tener cabida en un Estado de Derecho, la justicia no puede alcanzarse sin el respeto a los derechos humanos de todos, incluidos los de las personas sujetas a proceso, porque el principio de legalidad postula la igualdad en la aplicación de la Ley, y supone que cada delito sea perseguido y juzgado, con independencia de cualquier circunstancia personal, social, política, económica, entre otras, ajenas a los fines del derecho penal”.

Los argumentos plasmados en la sentencia de amparo por la magistrada Rosalía Moreno en casi 90 hojas de la resolución han sido retomados por la defensa del prófugo narcotraficante. (Redacción/ZETA)

EU QUIERE ENCARCELAR A “LA TUTA” E INCAUTARLE SUS BIENES

En Estados Unidos, una orden de aprehensión pesa sobre Servando Gómez Martínez alias “La Tuta”, por el delito de tráfico de cocaína y metanfetaminas, la cual podría condenarlo a cadena perpetua.

De igual manera, la Fiscalía Sur de Nueva York solicitó que “La Tuta” entregue cualquier y toda propiedad  y bien que haya adquirido y derivado directa o indirectamente de las ganancias del tráfico de drogas, así como cualquier propiedad que haya sido destinada a cometer los delitos de los cuales se le acusa, o facilitarlos.

La Oficina de la Fiscalía en Manhattan, Nueva York, ha remitido diez documentos adicionales a la acusación del líder de “Los Caballeros Templarios” desde 2009, todos clasificados como “reservados” y resguardados en una bóveda.

De esta forma, a partir del 2 de octubre de 2009, cuando se formuló la acusación formal contra Servando Gómez, han sido añadidos documentos en 2010 y 2011. Tres años después, se agregó uno más, el más reciente, con fecha del 29 de enero de 2014.

La fecha coincide con el mes en que, de acuerdo al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el gobierno mexicano inició las investigaciones que derivaron en la captura del narcotraficante.

Copias de la acusación y de la orden de aprehensión, en poder de ZETA, describen a “La Tuta” en sus inicios dentro del mundo del narcotráfico, cuando dirigía al Cártel de La Familia Michoacana. A raíz de esto, en 2009, se formuló el primer cargo en su contra por “conspiración para la importación de narcóticos”.

De acuerdo al documento presentado ante la Corte de Estados Unidos, La Familia Michoacana es “un violento cártel del narcotráfico”, el cual controlaba la producción de drogas y su distribución dentro y alrededor de Michoacán.

Además, se dedicaba de la exportación de vastas cantidades de cocaína y metanfetaminas desde México hacia los Estados Unidos.

En específico, “La Tuta” es identificado por el gobierno estadounidense como el jefe operacional del cártel desde 2006 y quien controlaba el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, punto clave para la entrada y salida de cargamentos de droga.

“Es un cártel fuertemente armado que ha utilizado la violencia para apoyar sus actividades de narcotráfico, incluye ataques, asesinatos y secuestros”, detalla el documento.

También explica cómo miembros del cártel, adquieren armas y armamento de alto calibre en Estados Unidos para traficarlo hacia territorio mexicano.

“Gómez Martínez es responsable de garantizar que las actividades relacionadas con el narcotráfico no sean impedidas y adquirir armas”, continúa la acusación presentada por la Fiscalía. 

Un segundo cargo formulado, en violación a las secciones 959 y 960 del Título 21 del Código de Estados Unidos, las cuales prohíben la producción y distribución de enervantes, así como su importación a la Unión Americana, es por el tráfico de “cinco kilogramos o más de cocaína” y “500 gramos o más de metanfetaminas, sales, isómeros y sales de isómeros”.

De acuerdo al reporte presentado ante la Corte, la cual asignó el caso al juez John G. Koeltl, a inicios de 2009, “Servando Gómez Martínez acudió a una reunión en Michoacán, México, en la que él y otros socios discutieron la distribución de metanfetaminas”.

A Servando Gómez se le relaciona con el asesinato de 12 policías federales, cuyos cuerpos aparecieron el 14 de julio de 2009 en Michoacán, días después del arresto de Arnoldo Rueda Medina “La Minsa”, líder de “La Familia”.

Fue así como el 14 de octubre de 2009, el juez federal Douglas F. Eaton firmó la orden de aprehensión en contra de “La Tuta”, para que cualquier oficial federal de las fuerzas armadas pueda detener al originario de Michoacán, quien podría recibir cadena perpetua por la gravedad de los delitos por los que se le acusan.

Cuando el 22 de octubre de 2009, el fiscal Preet Bharara -quien ese año asumió la titularidad de una de las fiscalías con más casos de narcotráfico y terrorismo en su historial- rindió una conferencia de prensa para hablar de la acusación contra Gómez Martínez, reconoció el trabajo tanto de las oficinas de la DEA en la Ciudad de México, como de las fuerzas especiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en San Ysidro y Otay Mesa, en California.

Si bien, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) reconoció la labor del gobierno mexicano en la aprehensión del narcotraficante más buscado en el país, la Fiscalía Federal de Estados Unidos podría solicitar la extradición del capo a Nueva York para que se le juzgue por estos delitos. Inés García

“LA TUTA”: AGACHADO, PERDIDO, CUSTODIADO

Ciudad de México.- El semblante de Servando Gómez Martínez “La Tuta” distaba de su desafiante personalidad, conocida a través de vídeos en los que retaba y amenazaba al Gobierno Federal.

Con la cabeza abajo y la mirada perdida, caminaba con dos manos de los policías federales sobre su cuello y nuca. Lo custodiaban y le impedían levantar la cara hacia las cámaras de televisión que registraban su paso en el hangar de la Procuraduría General de la República (PGR).

Horas antes, el líder de Los Caballeros Templarios había sido sorprendido cuando salió de su domicilio en la calle Residencia Juárez número 49 de la colonia Eliseo Morelos en Morelia, Michoacán. Portaba una bufanda y una gorra, artículo característico del capo. Pero ya en los terrenos de la PGR, Servando Gómez lucía la cabeza descubierta, unos pocos cabellos grises a los costados y un evidente estado de calvicie a sus 49 años.

Con un pantalón de mezclilla y una sudadera negra, y las manos esposadas al frente, los elementos lo conducían en su recorrido desde un vehículo tipo “Rinoceronte” de la Policía Federal, hasta un helicóptero con los rótulos de la dependencia policiaca.

“A paso lento” fue como los empleados de la PGR explicaron a los más de 200 reporteros reunidos, que “La Tuta” pasaría caminando frente a sus cámaras. “No, no se va a detener, pero va a caminar a paso lento”, repetían junto a la petición de “Por favor, no les griten ni les digan nada”, la instrucción de no entablar comunicación era tanto para delincuentes como funcionarios.

A las 7:06 pm, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Monte Alejandro Rubido García, comisionado nacional de Seguridad; Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional y Vidal Soberón Sáenz, secretario de Marina, aparecieron frente a los medios de comunicación para dirigir el mensaje sobre la captura del “criminal más buscado en el país”.

El originario de Arteaga, Michoacán, y profesor de oficio, se inició a principios de 2000 en el tráfico de marihuana, explicó Rubido García, tras los enfrentamientos entre los grupos delictivos en la entidad, aquellos encabezados por Armando Cornelio Valencia y Osiel Cárdenas Guillén. La coyuntura fue aprovechada por Gómez Martínez para extender su dominio a otros estados, a partir de 2007.

Entre sus principales crímenes, se le atribuye el asesinato de 12 policías federales en julio de 2009, quienes realizaban un operativo con la finalidad de detener a “La Tuta” y sus colaboradores.

De acuerdo a la reseña del comisionado nacional de Seguridad, a inicios de 2011 se enfrentó, junto a Emilio Plancarte, contra Nazario Moreno.

Fue así como en enero de 2014, el Gobierno Federal emprendió un operativo para detener a los principales cabecillas de la organización criminal, con el propósito de arrebatarle toda protección a Servando Gómez.

Durante estas operaciones, los elementos de seguridad identificaron al círculo cercano de “La Tuta”, sus intermediarios, personas de confianza y familiares más cercanos.

“Estos cómplices se encargaban de recolectar víveres, ropas y alimentos”, quienes se los entregaban a un segundo cinturón de seguridad en la región de La Sierra, donde se ocultaban.

Mediante tareas de inteligencia, se introdujeron a su entorno más cercano y, en septiembre de 2014, se logró identificar a una persona de  su máxima confianza, quien era mensajero y enviaba las instrucciones de Servando Gómez a los jefes locales en los lugares donde mantenía algún tipo de actividad delictiva.

En noviembre del mismo año, el mensajero fue ubicado en una residencia de Morelia, Michoacán. Ahí se instalaron células de vigilancia en diversas zonas para identificar a Servando Gómez Martínez y, derivado de un seguimiento de cuatro meses, se identificaron diez domicilios con vigilancia permanente, vehículos, personas y modus operandi de su equipo de seguridad.

Tres meses después, el 2 de febrero de 2014, el mensajero fue descubierto mientras entraba al domicilio donde, menos de un mes después, “La Tuta” sería capturado. En el lugar, fueron identificadas varias personas, quienes servían de apoyo para recibir alimentos, ropa y vehículos, entre éstos, una camioneta a nombre de una de las parejas sentimentales de Servando Gómez.

Sin embargo, el hecho contundente para capturar al narcotraficante, fue su fiesta de cumpleaños el 6 de febrero de 2015. Ese día, los más cercanos a Gómez Martínez arribaron con pasteles, refrescos y comida.

Después de 25 minutos en que Osorio Chong y Rubido García leyeron sus mensajes y se retiraron del estrado, apareció Flavio Gómez, hermano de Servando Gómez, quien fue capturado ese mismo día, pero en Mérida, Yucatán.

El hermano menor de “La Tuta” descendió de una camioneta y subió a otra. Inmediatamente después, apareció Servando Gómez, quien fue dirigido al helicóptero frente a los medios de comunicación.

Ahí permaneció sentado durante casi cuatro minutos, ya sin las manos de policías sobre su nuca, pero aún abajo, sin despegar la mirada del piso de la aeronave. Entonces, el helicóptero inició el movimiento de las hélices y comenzó a recorrer la pista para levantarse y dirigirse hacia el Centro Federal de Reinserción Social “Número 1” del Altiplano. 

LOS ZETAS BUSCAN SUCESOR AL “Z-42”

La organización criminal de Los Zetas se encuentra en proceso de recomposición, luego de anunciarse la detención de su presunto líder, Óscar Omar Treviño Morales “Z- 42”, quien cayó en manos de las autoridades la madrugada del miércoles 4 de marzo, cuando se ocultaba en una lujosa residencia de Garza García, Nuevo León.

Al hermano de Miguel Treviño Morales “El Z-40”, que también fuera jefe del cártel hasta antes de su detención en julio de 2013, le imputan la comisión de delitos contra la salud, secuestro, robo de hidrocarburo y delincuencia organizada, entre otros.

La presentación del “Z-42” ante los medios de comunicación ocurrió el mismo día de su captura por la tarde, en el hangar de la Procuraduría General de la República, sitio que se volvió recurrente para hacer este tipo de anuncios oficiales, antes de que fuese trasladado junto con cinco cómplices a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

Autoridades mexicanas ofrecían una recompensa de 30 millones de pesos por información que condujera a la captura del capo, mientras que la Oficina para la Administración y el Control de las Drogas de Estados Unidos, había ofertado 5 millones de dólares por la cabeza del narco tamaulipeco.

El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, informó que Omar Treviño, de 38 años, está relacionado con al menos once causas penales en las que jueces de distrito de diversas entidades dictaron órdenes de aprehensión.

El originario de Nuevo Laredo, se había convertido en uno de los delincuentes más buscados en el país, además de ser reclamado por el gobierno de los Estados Unidos de América en extradición, bajo el cargo de asociación delictuosa.

Rubido afirmó que “El Z-42” es un hombre de perfil extremadamente violento y estaba señalado entre los 122 objetivos prioritarios fijados por el Gobierno de la República a inicios de la administración de Enrique Peña Nieto. Es considerado “uno de los principales generadores de las pugnas entre los grupos delictivos en las entidades de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León”, dijo el funcionario.

Entre los casos más conocidos en los que participó el indiciado, se encuentran el incendio al Casino Royale en 2011, donde murieron 52 personas; los ataques a instalaciones consulares norteamericanas en Tamaulipas y Nuevo León; el asesinato del jefe policial de Nuevo Laredo, General Ricardo César Niño Villareal; y la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

Los detenidos con el líder de Los Zetas, son Carlos Arturo Jiménez Encinas, de 42 años, presunto operador financiero; Miguel Ángel Anzaldúa Meléndez,  de 27; Ricardo Aurelio Torres Rodríguez, de 59; Juan Pablo Téllez de La Cerda, de 41; y Rodolfo Campbell Encinas, de 30, quienes quedaron a disposición de un fiscal federal.

Monte Alejandro Rubido expresó que por el momento no se puede anticipar quién podría ser el sucesor de “El Z-42” en la organización tamaulipeca; sin embargo, algunos medios de comunicación ya anuncian a lugartenientes y sicarios que buscan llenar el vacío de poder que deja la captura de Treviño Morales.

Entre otros posibles aspirantes a la cúpula del cártel, se menciona a Maxiley Barahona Nadales “El Contador”, uno de Los Zetas más buscados por la PGR y por el que ofrece una recompensa de 10 millones de pesos.

“El Contador”, “El 19”, “El Maxiley” o “El Max”, como le conocen en el mundo del hampa, opera en los estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco, de acuerdo a información de la dependencia federal. (Redacción/ZETA)

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Luis Carlos Sáinz Martínez/  10 de Marzo del 2015 a las 07:11:01)