En un hecho inédito,
en la página 3 de esta edición de ZETA se publica un desplegado que firman en
conjunto Francisco Vega de Lamadrid, Gobernador de Baja California, y los
Presidentes Municipales Jorge Astiazarán Orcí de Tijuana, Gilberto Hirata Chico
de Ensenada, Jaime Rafael Díaz Ochoa de Mexicali, César Moreno González de
Castilla de Tecate y Silvano Abarca Macklis de Rosarito. Los seis electos, tres
del PAN, tres del PRI, se dicen víctimas del mismo chantaje:
“…hacemos público nuestro rechazo a la política de
chantaje ejercida por los directivos de periódicos Healy (Impresora y Editorial
S.A. de C.V.) representados en Baja California por los diarios “La Crónica”,
“Frontera” y “Frontera Ensenada”, así como sus respectivas ediciones
electrónicas, en contra del derecho que tienen los bajacalifornianos de obtener
de sus medios de comunicación información, información oportuna, veraz y
objetiva”.
Refieren lo que
quienes leen esas ediciones han constatado: la publicación de notas adversas
hacia la figura de los mandatarios que firman el desplegado.
De hecho, uno de
ellos había confiado a DICHOZ Y HECHOZ en secreto, que las notas negativas
hacia su persona eran porque él no había accedido a dar recursos de Desarrollo
Social, a periódicos Healy como fue la petición de quienes encabezan las áreas
comerciales de los diarios, aparte de los millones de pesos que en convenios
publicitarios se destinan a Periódicos Healy.
Algunos
precandidatos comentaron a ZETA de cómo deben pagar por aparecer en los diarios
de la familia sonorense, que además existe una cuota para aparecer en
menciones, en entrevistas, en columnas.
El gobernador y los
alcaldes dicen ser víctimas del mismo trato comercial en las áreas que se
supone, deben estar reservadas a la publicación de información objetiva para
los lectores de los diarios. Y explican el motivo de lo que llamaron “la
política de chantaje”:
“Ese manejo
informativo se deriva de la imposibilidad financiera del Estado y los
Municipios de dar respuesta afirmativa a la demanda económica de Periódicos
Healy, la cual sale de toda proporción con relación al presupuesto que ejercen
las instancias responsables de las partidas correspondientes a difusión y
publicidad, ya que ceder a ello sería una grave irresponsabilidad en el destino
de los recursos públicos”.
Los firmantes
finalizan informando la cancelación de las relaciones comerciales con la
editora de la familia Healy. Inédito pues que los políticos hagan pública su
animadversión ante un medio que requiere de inyección económica para “escribir
bien” de sus clientes, cuestión que, vaya, no es una novedad en la prensa
oficialista, como sí lo es, la postura del Gobernador y los Alcaldes de Baja
California, que no tocan a otros medios que aunque también venden sus páginas,
no cuestionan sus acciones, por lo tanto se omite su mención. Una postura más
justa obligaría a las autoridades abajo firmantes a también revelar a estos
medios bajacalifornianos.
En el pasado, ZETA
rompió relaciones comerciales con el Alcalde Carlos Bustamante Anchondo, cuando
al inicio de su periodo, pretendió exigir a cambio de publicidad en estas
páginas, que se escribieran notas favorables sobre su administración, hecho que
el Consejo Editorial dio a conocer a sus lectores.
También en su
momento, ZETA hizo público que en estas páginas no se aceptaría publicidad ni
de la campaña ni del gobierno de Jorge Hank Rhon, pues él mismo era (y acaso
sigue siendo) sospechoso de la autoría intelectual del asesinato del Codirector
de ZETA, Héctor Félix Miranda. Pero pocas veces se había visto la máxima por
parte de un periódico de exigir pago para no pegar, aunque en los últimos años
sí se ha visto la tendencia, al menos en el rubro de Espectáculos, de no cubrir
conciertos, obras de teatro y demás eventos cuando las empresas organizadoras no
compran, primero, publicidad al medio.
En ese “dando y
dando” a la prensa local –aunque también nos referimos a medios nacionales con
presencia en Baja California que incurren en esta mala práctica– parece que se
le ha olvidado su razón de existir, que es informar al lector, ser un
intermediario entre las autoridades y la ciudadanía, garantizar el derecho que
toda la gente tiene a saber en una sociedad democrática como la que en Baja
California y en México se pretende construir.
Ahora lo que se
observa con este lamentable ejemplo es una regresión total al ejercicio
periodístico de reducir la labor a un manejo prácticamente delincuencial que
ciertos medios hacen de la información, como si se tratara de una mercancía
más.
(SEMANARIO
ZETA/ GENERALEZ/Redacción ZETA / 13 de
Marzo del 2015 a las 09:58:20)
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