MADRID,
(proceso.com.mx).- Un juez español imputó hoy a la infanta Cristina de
Borbón por delito fiscal y blanqueo de capitales en la gestión y manejo
de fondos en los negocios de su esposo, Iñaki Urdangarín, en el
Instituto Nóos.
En el auto de 227 folios emitido por el juez José
Castro, se citó a la infanta Cristina a declarar el 8 de marzo próximo
en el juzgado de Palma de Mallorca, en el marco de las pesquisas por
supuesta corrupción del llamado caso Urdangarín.
La imputación a
la hija del monarca, el Rey Juan Carlos de Borbón, no implica que esté
enjuiciada, sino que abre la oportunidad judicial de aclarar los
indicios de los supuestos delitos que se le señalan. Esto significa un
nuevo revés para la infanta y se suma a la crisis que ha vivido la
familia real en los últimos meses.
Esta causa tiene en el centro
de la polémica a Urdangarín, quien por años fue el yerno consentido de
los reyes de España, y a su socio, Diego Torres, ambos bajo sospecha
judicial de apropiarse casi 6 millones de euros a través del instituto
Nóos, que supuestamente operaba sin fines de lucro, en tratos con las
comunidades de Valencia y Baleares.
El juez Castro ya había
imputado a la infanta Cristina en abril de 2013, pero aquel fallo –que
contenía 15 folios—fue revertido por el fiscal anticorrupción Pedro
Horrach, quien entonces dijo que no veía elementos para implicar a
Cristina de Borbón en las operaciones sospechosas del instituto Nóos.
No obstante, el fiscal Horrach pide doce años de cárcel para Iñaki Urdangarín por dos delitos fiscales.
Desde
aquel fallo, tanto el fiscal anticorrupción como la Abogacía del Estado
sostuvieron que la infanta Cristina no tuvo participación en las
actividades de la empresa de su esposo –pese a formar parte de la
misma—y que no tuvo conocimiento de los movimientos financieros del
instituto Nóos.
Después de los nueve meses que el juez Castro
recibió ese revés del fiscal Horrach, se centró en investigar la vida
financiera y tributaria de la infanta Cristina, incluidas sus cuentas
bancarias, facturas, tarjetas, gastos, sus propiedades y declaraciones
fiscales, todo ello entre los años 2002 y 2012.
En el nuevo auto del juez se advierte que existen indicios penales suficientes para la imputación de la infanta.
El
sindicato ultraderechista Manos Limpias, personado en la causa contra
los monarcas, reclamó la implicación penal de la hija del rey.
El
magistrado José Castro ha defendido que la declaración de Cristina de
Borbón tiene como fin “evitar que la incógnita se perpetúe” y que la
“justicia es igual para todos”, como lo señaló el propio rey Juan Carlos
en su mensaje navideño en 2011.
Al igual que los negocios del
Instituto Nóos, el juez Castro tiene bajo la lupa las partidas
económicas de la sociedad patrimonial Aizoon, propiedad de Urdangarín y
Borbón.
En una declaración a la prensa luego de conocerse el
fallo, el juez Castro consideró que “no creo hacer tambalear los pilares
del Estado de Derecho” por imputar a la infanta, y añadió que a “nadie
debiera escandalizar” porque quiera hacerle preguntas al respecto de la
causa.
La Casa Real dio a conocer que respetaba la decisión judicial.
El
fin de semana pasado el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, dijo
en una entrevista con TVE que los tres años de instrucción del caso
Urdangarín han sido “un martirio”.
Desde que el caso empezó a
conocerse públicamente, la Casa Real ha separado tanto a Urdangarín como
a la infanta Cristina de los actos de la agenda oficial de la
monarquí
El fin de semana pasado, el diario El Mundo difundió
una encuesta que arrojó que en el último año el apoyo al reinado de Juan
Carlos de Borbón bajó 9 puntos, hasta un 41.3%, y subió 17 puntos
(hasta el 62%) de españoles que piden su abdicación.
El 69,4% consideró que el monarca no será capaz de recuperar el prestigio perdido por la Corona.
El
diario digital vozpopuli.com difundió hoy, tras conocerse el auto, una
encuesta en la que 96% de los encuestados consideró “justo” que la
infanta Cristina deba declarar ante el juez por el caso Nóos.
/7 de enero de 2014)
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