Ligan a líder de la CETEG con promotores
de EPR, APPO y movimiento bolivariano de Venezuela.
Guerrero.- De acuerdo con
informes de inteligencia del Estado mexicano (documentos de los gobiernos
federal y de Guerrero), a los cuales tuvo acceso MILENIO, los grupos sociales
que durante 2013 estuvieron muy activos en esa entidad (como el movimiento
magisterial y las policías comunitarias) fueron asesorados y penetrados por
grupos guerrilleros o por miembros de diversos grupos insurgentes que operan en
la entidad. Y no solo eso: pueden estarse armando (algunos con fusiles tipo
AK-47) para, de considerarlo necesario, seguir sus luchas por la vía armada.
Marcados con la leyenda
“CONFIDENCIAL”, los formatos y redacciones de los diagnósticos de estos casos
se asemejan a los que elaboraban los cuerpos de seguridad política del régimen
priista en los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando se utilizaban para
descalificar o perseguir a los opositores de izquierda, a quienes etiquetaban
de “comunistas” y “subversivos”, aunque no lo fueran.
De entrada los informes
analizan las actividades que durante los primeros meses del año pasado llevaron
a cabo los maestros guerrerenses en la Coordinadora Estatal de los Trabajadores
de la Educación en Guerrero (CETEG), el papel de algunos de sus líderes más
visibles y quienes los asesoran.
Por ejemplo, Minervino Morán
Hernández, vocero de la agrupación de profesores, es catalogado como líder del
“sector duro o ultra radical (sic)” de la CETEG.
De él se asienta que es
“activista” del Partido Comunista de México Marxista-Leninista (PCMML), que es
asesorado por Omar Garibay Guerra, quien es miembro de la dirección nacional
del PCMML y promotor del llamado Frente Amplio por la Construcción del
Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN) —que “sirvió de brazo político del
Ejército Popular Revolucionario (EPR)”—, del Frente Popular Revolucionario
(FPR) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Minervino Morán, según estos
expedientes, también es asesorado por Bertoldo Martínez Cruz, personaje
identificado como un hombre de “marcada ideología marxista-leninista”,
“preparador de la lucha armada del EPR en Guerrero” y “enlace principal entre
el movimiento subversivo estatal y el nacional”.
Martínez Cruz es actualmente
presidente de la organización civil Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
(CCTI), se asienta en uno de los documentos, en el cual se afirma que trabaja
“exclusivamente a favor de personas y familias vinculadas con células de otro grupo
guerrillero escindido del EPR, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente
(ERPI)”, en las zonas donde éste tiene presencia, como “las sierras de Coyuca
de Catalán y Petatlán”, así como “en las zonas indígenas de la Costa Chica y La
Montaña”. Martínez Cruz también formó parte de las direcciones estatal y
nacional del ERPI, se afirma.
A él se le une en el
documento el nombre de Raymundo Sánchez Taboada, también del CCTI. A ambos se
les ubica “de manera escurridiza” en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Estado de
México y Distrito Federal, “donde hacen contacto con otros activistas del
movimiento subversivo nacional e internacional”, en especial con el
“bolivariano” de Venezuela.
Uno de los expedientes dentro
de los documentos tiene un subtítulo elocuente: “LIGAS SUBVERSIVAS EN EL MPG”.
Se refiere al Movimiento
Popular de Guerrero (MPG), el cual surgió a principios de 2013 por la suma de
fuerzas de los maestros y los normalistas, como fue el caso de la Normal de
Ayotzinapa, que protestaba junto con la CETEG contra la reforma educativa en la
carretera de Chilpancingo hacia Acapulco, de donde sus miembros fueron
desalojados por la Policía Federal.
En ese apartado, el de los
supuestos nexos subversivos, se afirma que el MPG se concentró, en una segunda
etapa de sus actividades, en sitios en los cuales existen “células armadas
subversivas diseminadas en puntos estratégicos y localidades donde tienen
presencia e influencia las policías comunitarias afines a la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)”. Y fue en esas áreas de influencia
guerrillera, se asienta, donde el MPG “concentra bastiones sociales de mayor
apoyo”.
La conjunción de esfuerzos
entre los maestros de la CETEG y las policías comunitarias de la CRAC se
originó por el trabajo de otro hombre que también es analizado minuciosamente,
Eliseo Villar Castillo, coordinador de la Casa de la Justicia en San Luis Acatlán.
De él se afirma que tiene
“preparación política e ideológica recibida por cuadros del ERPI” en la Costa
Chica. Villar Castillo y el asesor jurídico de la CRAC, Valentín Hernández
Chapa, así como otro sujeto a quien se identifica como David Bracamontes Chona,
se han dedicado, según se afirma, a crear policías comunitarias en 23 poblados
de cuatro municipios: Ometepec, Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca y
Tlacoachistlahuaca.
Otro líder de la CRAC,
organizador de 10 grupos de policías comunitarias en sendos poblados del
municipio de Ayutla, es Arturo Campos Herrera, de quien se afirma que es
“promotor del ERPI desde 1998”. También se menciona a Gonzalo Molina González
como reclutador de policías comunitarias en cuatro localidades de Tixtla. De él
se asienta que también es “promotor del ERPI” en dicho municipio.
La estrategia final, a decir
de quienes redactaron los diagnósticos, es “dar la apariencia” de que tanto los
maestros como los normalistas y las policías comunitarias “tienen el poder de
las armas” para, de ser necesario, continuar sus luchas por esa vía, una vez
que han sido asesorados por guerrilleros, ex guerrilleros o cuadros políticos
de las guerrillas.
“Cabe citar que por fuentes
de inteligencia se sabe que en puntos estratégicos se están diseminando células
armadas del ERPI en el corredor del cuadrilátero de la subversión (sic) entre
la Costa Chica-Montaña, zona de mayor presencia de la CRAC, donde han estado
recibiendo fusiles AK-47”.
En el expediente se cita un
caso, el de la Casa de Justicia en El Paraíso, municipio de Ayutla, donde uno
de sus coordinadores es “el erpista Bernardino García Francisco, sobreviviente
de los hechos de El Charco en 1988”.
El 7 de junio de 1998 tropas
del Ejército protagonizaron un
enfrentamiento con erpistas en la comunidad de El Charco, en Ayutla. En
la escuela primaria del lugar pernoctaban tanto guerrilleros como civiles
desarmados y las balas alcanzaron a ambos grupos. El saldo fue de 11 muertos,
cinco heridos y 22 detenidos.
MÁS INVOLUCRADOS
Una organización adicional
señalada como parte del MPG y que puede tener tendencias insurgentes, es el
Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), cuyo director, Francisco Monroy
Hernández, es identificado como “parte de la estructura del ERPI en Guerrero”,
encargado “de la célula en Chilpancingo”.
A él lo une “un vínculo
subversivo muy marcado” con Manuel Olivares Hernández, quien a decir de quienes
realizaron los análisis, formaba parte del EPR en 2006 cuando pasó a la
clandestinidad para “reaparecer posteriormente como defensor de los derechos
humanos en Chilapa”, en calidad de coordinador estatal de la Red Guerrerense de
Organismos Civiles de Derechos Humanos.
Se le etiqueta como “de
marcada ideología marxista-leninista”, ex militante del Partido Revolucionario
Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP, grupo guerrillero en los años 70).
El diagnóstico menciona a
varios activistas más con aparentes vínculos guerrilleros y “notable poder de
dirección” en la CRAC, como el ya mencionado Gonzalo Molina González, “erpista”
de Tixtla, tutor de Pastor Coctecón Plateado, comandante de la policía de
Acatempa.
Finalmente, en los documentos
se hace un balance de la cantidad de policías comunitarias armadas afines a la
CRAC. Tienen presencia en al menos 14 municipios, en 86 comunidades, y cuentan
con más de 800 elementos armados con escopetas, rifles y pistolas de bajo
calibre, salvo algunos elementos que ya cuentan con fusiles de alto poder.
Las policías comunitarias
cercanas a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)
tienen presencia en nueve municipios, 166 localidades, y cuentan con 3 mil
elementos armados.
Cabe mencionar que MILENIO no
pudo revisar las 18 hojas finales de uno de los documentos, ya que, por razones
de “seguridad del Estado”, fueron extraídas. Sin embargo, fue posible constatar
que en algunos casos se trataba de fotografías de activistas armados y vestidos
con ropas bélicas, otras de síntesis de expedientes ministeriales, unas más de
fotos de comandantes guerrilleros vivos y muertos, y finalmente carpetas de
supuestas relaciones estrechas entre guerrilleros activos, ex guerrilleros y
activistas.
OTROS ASESINADOS, APREHENDIDOS Y EXILIADOS...
De todos los nombres
mencionados en dos expedientes, uno elaborado en abril de 2013 y otro en mayo
del mismo año, cuatro activistas fueron asesinados:
Arturo Hernández Cardona, de
la Unidad Popular de Iguala, ultimado a balazos el 31 de mayo.
Raymundo Velázquez Flores,
dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ),
organización fundada por el difunto guerrillero Genaro Vázquez, ejecutado a
balazos el 6 de agosto.
Rocío Mesino Mesino,
dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), asesinada a
tiros el 19 de octubre.
José Luis Olivares Enríquez,
dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG),
ultimado a tiros el 10 de noviembre pasado.
De los nombres mencionados en
los mismos informes, cuatro han sido detenidos:
Gonzalo Molina González,
coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Tixtla, parte de la CRAC,
detenido el 6 de noviembre pasado, acusado de secuestro, portación de armas de
uso exclusivo del Ejército y terrorismo.
Bernardino García Francisco,
coordinador de Autoridades Comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso,
de la CRAC, en Ayutla de Los Libres, detenido el 21 de agosto y acusado de
secuestro.
Arturo Campos Herrera, líder
indígena na'ssavi (mixteco), uno de los principales artífices de las policías
comun itarias en Guerrero, pues desde la Casa de Justicia de El Paraíso llevó
los grupos de apoyo de la Policía Comunitaria hacia Tixtla, Olinalá,
Huamuxtitlán, Cualac y Atlixtac. También es coordinador de la CRAC en Ayutla;
fue detenido por secuestro agravado el 1 de diciembre pasado.
Arturo Campos Hernández,
dirigente de la CRAC en la comunidad de El Paraíso, municipio de Ayutla,
detenido también el 1 de diciembre, acusado por el delito de secuestro agravado.
Además de los cuatro
dirigentes ejecutados y citados en los informes, el Movimiento Popular de
Guerrero (MPG) ha denunciado el asesinato de otros 10 miembros. Además de la
detención de los cuatro dirigentes mencionados en los documentos, el MPG ha
denunciado la detención de otros nueve de sus activistas.
Otro mencionado es Vidulfo
Rosales Sierra, defensor de derechos humanos, abandonó el país en mayo pasado
por "falta de garantías para desarrollar su trabajo en condiciones de
seguridad", según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan.
También citado, Cirino
Plácido Valero, presidente del comisariado ejidal del ejido de Buena Vista y
fundador de la CRAC, ha denunciado "amenazas de muerte", aunque ha
tenido pleitos con dirigencia de esa organización.
CLAVES
OTRO GRUPO ARMADO
-El pasado 2 de diciembre
hizo su aparición pública en las montañas de Guerrero el grupo autodenominado
Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo (FARP-LP).
-Ante un grupo de reporteros
de medios nacionales e internacionales, que fueron trasladados durante cuatro horas hasta la sierra
guerrense, una veintena de hombres embozados con capuchas, paliacates y
pasamontañas leyeron un comunicado.
-En el mensaje, integrantes
de las FARP-LP exigían la liberación de líderes de la CRAC y el esclarecimiento
de asesinatos de distintos dirigentes sociales.
(MILENIO/ Agencias/ 07/01/2014
02:17 AM)
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