Distrito Federal— El
regalo de Navidad se adelantó en la sede del Senado la noche del 26 de
noviembre. Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada priísta, recibió la
“visita especial” de los tres enviados de Los Pinos para destrabar las
negociaciones con el PAN en materia de reforma político-electoral.
Con un dispositivo
especial de seguridad, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño,
subió desde el sótano 1 del Senado a las oficinas de la Junta de Coordinación
Política, presidida por Gamboa, y sostuvo una reunión a puerta cerrada con
legisladores del PAN, del PRI y del Partido Verde.
A Nuño lo
acompañaban Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico de Los Pinos, y
Andrés Massieu Fernández, coordinador de Estrategia y Mensaje Gubernamental.
Previamente el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobernación, Felipe Solís Acero, ya había negociado con los senadores de las
comisiones dictaminadoras.
Mientras los
enviados de Los Pinos cabildeaban en privado, en el pleno los senadores
aprobaban el paquete de reforma financiera, un dictamen de más de mil 800
páginas que modificó una treintena de ordenamientos, escasamente analizados por
los senadores, pero bajo presión de los asesores del secretario de Hacienda,
Luis Videgaray. Prácticamente le dieron línea a los legisladores del PRI para
que aprobaran sin discusión este complejo paquete proveniente de la Cámara de
Diputados.
Así el Ejecutivo
federal “invadió” y comenzó a presionar directamente a los senadores para que,
en vísperas de cumplirse el primer año del Pacto por México, se completara el
ciclo de reformas que se comprometieron a aprobar.
El senador
perredista Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios
Legislativos Segunda, una de las cinco que dictamina la reforma política,
confirmó que entre los panistas y priistas había 10 temas “encorchetados” que
evitaban el avance.
El PRI insistía en
incorporar el concepto de “determinancia” para aceptar que el rebase de topes
de gastos de campaña y el uso de dinero de procedencia ilícita fueran causales
de nulidad de la elección. El PAN defendió que la reelección legislativa se
iniciara en 2018 y no en 2024 como propuso el PRI. El tema del Instituto
Nacional Electoral y la desaparición de los organismos electorales estatales ya
habían quedado en una opción “mixta” (Proceso 1934).
Los panistas, a
decir de varios senadores del PRI consultados, encarecieron su voto a la
reforma político-electoral a sabiendas de la urgencia de aprobar este paquete y
comenzar a dictaminar la energética en los términos también planteados por el
blanquiazul: abrir más la posibilidad de la inversión privada a través de otras
figuras, como las concesiones.
El mismo 26 de
noviembre comenzaron los acercamientos entre el priista David Penchyna,
presidente de la Comisión de Energía, y los panistas Salvador Vega Casillas y
Jorge Luis Lavalle para adelantar un posible predictamen de reforma
constitucional en materia petrolera que incluyera la figura de las licencias,
similares a las concesiones, que durante los foros de debate propusieron varios
ponentes, especialmente Adrián Lajous, ex director de Pemex.
En todo este juego
de cabildeos y presiones el PRD comenzó a estar marginado. Su coordinador,
Miguel Barbosa, tuvo una repentina dolencia física que lo ausentó esos días. Y
la dirigencia nacional, encabezada por Jesús Zambrano, fue olímpicamente hecha
a un lado.
Astuto, al ser
cuestionado por la prensa sobre el cabildeo de los enviados de Los Pinos,
Gamboa admitió la presencia de Nuño, Castillejos y Massieu pero aclaró: “Aquí
el gobierno no vota, aquí votamos 128 senadores. No hay ninguna presión”.
Al pacto lo dieron
por finiquitado, días antes de que el 2 de diciembre cumpliera su primer año,
los propios enviados de Peña Nieto al Senado para acelerar las negociaciones
con el PAN.
PREDICTAMEN DE MADRUGADA
La tarde del 27 de
noviembre el coordinador de la bancada del PT, Manuel Bartlett, recibió, como
otros legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales, un citatorio de
Enrique Burgos, senador priista y presidente de dicha comisión, “para la
presentación del proyecto de dictamen de las diversas iniciativas de reformas
constitucionales en materia político-electoral”.
El oficio
CPC/ST/369-2013 señalaba en los siguientes términos la convocatoria: “Me
permito solicitarle su amable disposición para la eventual convocatoria (sic) a
reunión extraordinaria de dichas comisiones unidas esta misma noche a las 21
horas, en las salas 5 y 6 de la planta baja del Senado de la República.
“Lo anterior en
virtud de que los presidentes de las comisiones dictaminadoras se encuentran
trabajando en la construcción de consensos y en la elaboración del documento
que habrá de ponerse a su consideración.”
Firmaba el
secretario técnico de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
Morelos Canseco Gómez.
Por reglamento del
Senado las reuniones de comisiones sólo pueden ser ordinarias o
extraordinarias. De acuerdo con el artículo 139, las reuniones ordinaras deben
convocarse con 48 horas de anticipación, pero las extraordinarias se convocan
“con la anticipación que se requiera, previo acuerdo de la Junta Directiva, a
través de comunicación directa a los integrantes de la comisión”.
Sin embargo, a las
nueve de la noche, en las salas 5 y 6 de la planta baja del Senado no había
ningún legislador. La reunión de comisiones se había cancelado.
Para sorpresa del
petista Bartlett y de los legisladores perredistas, no fue así. A las cuatro de
la madrugada del 28 de noviembre las comisiones emitieron un predictamen que
dejó al margen todos los temas defendidos por el PRD, especialmente los
relacionados con los mecanismos de consulta popular para reglamentar el
artículo 35 constitucional, elemento clave para dar legalidad a la consulta que
quieren solicitar en relación con la reforma energética.
El predictamen, de
231 cuartillas, mantiene aún varios temas “encorchetados”, pero establece dos
ejes: la reforma política y la reforma electoral. La primera consiste en la
figura del gobierno de coalición, ratificación de nombramientos hechos por el
presidente de la República, la creación de una Fiscalía General de la
Federación, la reelección legislativa y el cambio de fecha para adelantar la
toma de posesión del titular del Ejecutivo federal, entre los principales
asuntos.
En materia de
reforma electoral se habla del “fortalecimiento” del Instituto Federal
Electoral y sus atribuciones mediante su transformación en Instituto Nacional
Electoral y aumento “en el umbral” para mantener el registro como partido
político, entre otros asuntos. El tema de la anulación de la elección por
rebase de topes de gasto de campaña aún estaba “encorchetado”.
La desaparición de
los institutos estatales electorales no se concretó. En las páginas 122 y 123
del predictamen se estableció: “Se retirarán las funciones más controvertidas a
los órganos locales que han puesto en duda su imparcialidad” pero se acordó que
“no es pertinente” la desaparición de los órganos locales, “sino establecer en
la Constitución Política la homologación de algunos aspectos para el
cumplimiento de este fin, como son: el procedimiento de nombramiento de los
consejeros electorales, su duración y el sistema de garantías para su cabal
desempeño”.
Para el PRD,
especialmente para su dirigente nacional Jesús Zambrano, impulsor de la figura
del INE junto con el PAN, se trató de un modelo “descafeinado” de organismo
electoral. “Triunfaron los gobernadores”, declaró.
La huella de los
intereses del PAN quedó manifiesta en la página 110 del predictamen donde se
establece que los diputados federales “podrán reelegirse hasta tres periodos
más, para sumar 12 años en ejercicio del encargo y los senadores hasta por un
periodo adicional, también para sumar 12 años de servicio ininterrumpido en esa
calidad”.
Los del blanquiazul
demandan que esta reforma entre en vigor desde 2018 –con los actuales senadores
como posibles candidatos a reelegirse– y no hasta 2024 como demandan el PRI y
su coordinador Emilio Gamboa, quien por cierto ha cambiado de una cámara a otra
en los últimos 12 años.
Ninguno de los
mecanismos de participación y consulta ciudadana, considerados por el PRD como
sus “cartas ciudadanas”, se incorpora en el predictamen aprobado esa madrugada.
La reforma política del Distrito Federal queda en el limbo.
Prácticamente
ignoraron en la negociación una iniciativa impulsada por varios organismos no
gubernamentales, encabezados por el sacerdote Miguel Concha y el ex rector de
la UNAM Pablo González Casanova, quienes proponen incorporar en los artículos
35 y 36 de la Constitución las figuras del plebiscito y el referéndum, además
de las consultas populares.
También se incorporó
un mecanismo nuevo de subrepresentación y sobrerrepresentación en las cámaras
que le permitirán a un partido tener un número de diputados por mayoría y por
representación proporcional con un margen de ocho puntos porcentuales de su
votación. También se incrementó de dos a tres el porcentaje mínimo para que un
nuevo partido pueda tener representación y registro definitivo, sin ir en
coalición con otros en su primera contienda.
RUPTURA DEL PRD
La mañana del 28 de
noviembre, cuando se conoció la existencia de este predictamen, el PRD convocó
a una conferencia de prensa en el Senado para anunciar su salida del Pacto por
México, su ruptura de las negociaciones en la reforma político-electoral y
denunciar un “pacto en lo oscurito” entre el PAN y el PRI para avanzar en la
reforma energética sin incorporar el mecanismo de la consulta popular.
Horas antes de la
conferencia de la cúpula de legisladores y dirigentes del PRD, en entrevista
radiofónica con Carmen Aristegui, el senador panista Javier Corral deslizó la
versión de que su partido estaba ya negociando con el gobierno federal la
incorporación de la figura de licencias en el proyecto de reforma energética,
como semanas antes anunciaron The Wall Street Journal y la agencia Bloomberg
citando fuentes oficiales.
El comunicado, leído
por la senadora Dolores Padierna, vicecoordinadora del PRD, denunció que el
PRI, el PAN y el Partido Verde preparaban un “golpe legislativo” para “redactar
el dictamen de reforma energética sin cubrir los procedimientos parlamentarios,
sin incluir al PRD en sus convocatorias, en forma apresurada”.
El PRD solicitó que
se suspendiera la reunión de las comisiones unidas de reforma
político-electoral, citadas para el mismo 28 de noviembre por la tarde, y no
hubiera sesión ordinaria el 29 de noviembre, pues “no está discutida, analizada
ni completa esa iniciativa y porque no vamos a legitimar la reforma política
porque implica avalar la estrategia para privatizar el petróleo”.
“No podemos aceptar
una reforma política sin las cartas ciudadanas, en particular con la Ley de
Participación Ciudadana para que haya consulta revocatoria”, afirmó Padierna.
“Tampoco podemos aceptar que con maniobras legislativas se pretenda convertir
al tema energético en un tema fiscal que no esté sujeto a la consulta popular,
como se pretende”, abundó.
La perredista hacía
referencia al condicionamiento que impuso el PRI a la aprobación de una ley
reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 constitucional donde se
incorpora la figura de la consulta popular.
Los negociadores
oficiales querían vincular este tema a la misma prohibición de llevar a
consulta los asuntos fiscales. En el paquete hacendario se crea en el título V
de la Ley de Hidrocarburos un nuevo régimen fiscal para Pemex que en esencia
permite la apertura de contratos privados.
Zambrano oficializó
en ese momento la salida del PRD del Pacto por México. Acusó al PRI y al PAN de
violar lo firmado en el pacto y convocó a un plan de acción conjunta con “otras
fuerzas políticas” para frenar la reforma energética.
Encinas expuso los
puntos de diferencia con el predictamen del PAN y del PRI en materia de reforma
político-electoral. “Quieren hacer una restricción para que no se autoricen
consultas populares revocatorias sobre reformas ya aprobadas”, dijo.
“No vamos a
legitimar ni convalidar un condicionamiento del PAN para la reforma
energética”, sentenció Encinas, quien también acusó a los panistas de legislar
en su propio beneficio al defender la posibilidad de que la reelección
inmediata aplique a favor de los actuales senadores del blanquiazul.
La salida del PRD
del Pacto por México le hizo ganar tiempo a este partido en medio de una
acelerada negociación entre PRI y PAN para sacar la reforma político-electoral
y de la movilización convocada por Andrés Manuel López Obrador para este
domingo 1.
El PRD prepara otras
movilizaciones para el martes 2 mientras la dictaminación y votación final de
la reforma político-electoral se prevé que ocurran el lunes 2 y el martes 3, al
tiempo que desde el miércoles 4 y el jueves 5 se acelerará el proceso de
aprobación de la reforma energética, aun sin el voto de la izquierda.
“Va a haber reforma
energética. Nunca nos vamos a dejar presionar ni chantajear por nadie”,
sentenció Gamboa Patrón tras la salida del PRD.
(Jenaro
Villamil/Proceso)
(EL DIARIO,
EDICION JUAREZ/ Proceso | 2013-12-01 | 21:42)
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