Ignora “gobierno del cambio” advertencia de CNDH y el control de las cárceles de Sinaloa sigue en manos del crimen…
Tal y como ocurrió en el 2012, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria
presentado en este año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos es
insistente: son los presos los que mandan en las cárceles estatales y
Sinaloa sigue en los primeros planos de autogobierno. En contraste, el
penal federal de Guasave y el militar de Mazatlán no reportan tan malas
notas.
Las tres cárceles que opera el Gobierno de Sinaloa volvieron a
reprobar. Según el estudio de la CNDH, la crisis en el sistema
penitenciario pasó de severa a “condición crítica”, y tal y como ocurrió
en el 2012, el pasado 19 de noviembre se confirmó esa realidad que
todos ven en la entidad, menos la autoridad.
La infraestructura carcelaria de Sinaloa consta de tres centros de
ejecuciones de las consecuencias jurídicas del delito, un Centro de
Reinserción Social (Cefereso) y una Prisión Militar. En su conjunto
albergan un total de 6 mil 543 delincuentes y en común tienen que en
mayor o menor medida los internos son quienes participan en actividades
propias de la autoridad carcelaria.
A partir de que Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, reveló los resultados del DNSP 2011, Ríodoce
(Edición 507) echó un vistazo al Cecjude de Culiacán, mejor conocido
como el penal de Aguaruto, y efectivamente se pudo comprobar que quienes
mandan en dicho centro de reclusión no son las autoridades.
Más todavía, en esa ocasión se mostró que imperan condiciones de
abusos, torturas, explotación, tráfico de drogas, de armas, de bienes de
consumo, prostitución, privilegios, prácticas todavía vigentes.
Fuentes consultadas al interior del penal actualizan el estado de
cosas: “Tiene razón Derechos Humanos. Aquí nada ha cambiado… si no es
que está peor”.
Números tercos
La CNDH lleva una década usando el DNSP como instrumento para evaluar
el sistema penitenciario en México frente a los derechos humanos.
Para llevar a cabo el diagnóstico presentado el martes 19 de
noviembre, la muestra de penales supervisados fue de 101 centros, entre
varoniles, femeniles y mixtos, incluyendo variables que le dieron mayor
certeza y credibilidad.
Se tomaron en cuenta las tres prisiones militares del país, por lo
que el estudio abarcó a una población de 169 mil 995 reos en cárceles
estatales, 20 mil 293 en 17 federales y 818 en las tres militares,
alcanzando una representatividad del 79.93 por ciento de la población en
custodia.
Los resultados colocan a Sinaloa en los últimos lugares en cuanto a
gobernabilidad, pues con promedio de 3.97 solo supera a Nuevo León, que
alcanzó 3.80 y a Tamaulipas con 3.65.
De esta manera el estado empeoró en este rubro, pues según el DNSP
2011, tenía un 5.84 de gobernabilidad. En gran medida eso se debe a que
el penal de Culiacán registró 3.91, mientras que el de Los Mochis 4.07 y
el de Mazatlán 4.01.
Es también en la cárcel de la capital donde se tienen los mayores
problemas de sobrepoblación y hacinamiento, pues de tener una capacidad
de 2 mil 533 reos, al momento del estudio albergaba 2 mil 810.
La gobernabilidad, que es la que define en gran medida la relevancia
del estudio, evidencia controles por parte del preso y no de la
autoridad, aunado a ello no se cuenta con manuales de procedimientos
para los ingresos, traslados, así como para casos de motines, uso de la
fuerza o solicitud de audiencias.
Existencia de áreas de privilegio y el tráfico de objetos y
sustancias prohibidas; el uso de violencia de algunos reos o el control
sobre el resto de la población se suma a la prostitución, cobro por
protección, servicio médico, alimentos, uso de teléfonos, entre otras
irregularidades, todas administradas por internos.
En contraste, el Cefereso No. 8 Norponiente de Guasave alcanzó una
gobernabilidad de 7.9, justo la media nacional, solo menos de un punto
porcentual debajo del penal del Altiplano del Estado de México.
Pero sí tiene problemas: personal de seguridad y custodia
insuficiente, sanciones disciplinarias deficientes, al igual que la
capacidad para atender incidentes violentos como riñas, fugas,
suicidios, homicidios, motines y huelgas de hambre.
Por lo que hace a la prisión de la III Región Militar de Mazatlán,
con un 9.01 la gobernabilidad alcanzó el promedio más alto de todas, por
encima del 8.44 de la media nacional. Más gobernable que el Campo
Militar No. 1 del DF.
Pero tampoco escapa a los problemas. El DNSP 2012 le atribuye fallas
en cuanto a la integridad física y moral del interno, en prevención y
atención de la tortura, e incapacidad para atender quejas y aplicar
sanciones disciplinarias.
Todo depende
Tras darse a conocer el DNSP 2012, el gobernador de Sinaloa, Mario
López Valdez, entró en un cantinfleo que dejó las cosas más claras: el
problema es real. De otra manera no se hubiera comprometido a mejorar
los niveles de gobernabilidad, aunque no haya querido reconocer del todo
la gravedad del problema… pero sí.
Aprovechando la visita a Sinaloa el 22 de noviembre de Raúl
Plascencia, titular de la CNDH, para firmar un convenio de colaboración,
el mandatario solo tomó lo bueno y lo boletinó con un encabezado que
pretendía contrarrestar la contundencia del DNSP: Reconoce CNDH a Sinaloa como un aliado en la defensa de los derechos humanos.
Un día anterior, un reo había sido encontrado sin vida en el penal de Aguaruto, aparentemente ahorcado.
Y entonces, Malova, sostuvo en conferencia de prensa que
ingobernabilidad no hay en los penales de Sinaloa, pues de ser así “los
reos simplemente no estuvieran presos”.
Y entonces minimizó: “Creo que son temas donde podemos mejorar mucho,
más bien ha sido por omisión o porque no nos hemos puesto a trabajar,
no es un tema de alto riesgo, no es un tema de presupuesto, sino más
bien de voluntad política y el señor secretario general de Gobierno ha
tomado el compromiso de que si hoy estamos en el ISO 9000 llevemos este
objetivo de mejorar este punto de las condiciones de gobernabilidad”.
Pero Malova piensa, y lo dijo, en resolver este indicador
emitiendo manuales, mismos que estarán listos para el próximo
diagnóstico de la CNDH, con lo que anticipó se mejorará la puntuación.
Plascencia fue claro: los manuales fueron propuestas que se
formularon al gobernador con la idea de que permitan mejorar algunas
circunstancias internas. No necesariamente para resolver la
ingobernabilidad.
“Seguido caemos en confusiones porque a veces el emisor quiere decir
una cosa en un mensaje y a veces el receptor lo capta en otro”, acotó Malova.
Pero no hay confusión, el DNSP es muy claro: “Un centro penitenciario
en el que la autoridad no tiene el mando y control legítimo de la
administración, orden y disciplina, para su buen gobierno interior,
difícilmente podrá operar en condiciones apropiadas de seguridad y
atención para los internos, que permitan alcanzar el logro de los
objetivos de la reinserción”.
Y reformuló Malova su lógica deducción: “¿Cómo si están en
manos de los criminales, por qué están dentro los reos?”… Y dijo no
poder aceptar como gobernador que se diga que en Sinaloa los centros
penitenciarios tienen ingobernabilidad porque están manejados por los
internos.
Pero el documento seguía ahí: “El gobierno de las prisiones que
dependen de los poderes ejecutivos estatales, tiene que estar a cargo de
las autoridades públicas legítimamente designadas para ello y no en
manos de los internos, ni de grupos relacionados con la delincuencia
organizada”.
Eso hizo recordar que el ex escolta del gobernador Malova, Frank Armenta Espinoza, reveló en un video filtrado a Ríodoce que es el Chapo Guzmán quien controla el penal de Aguaruto como parte de un acuerdo con el mandatario y para lo cual, su lugarteniente, el Cholo Iván, es quien tiene las riendas.
Pero además revive el señalamiento que el mes de mayo, a través de
volantes tirados desde avionetas en Culiacán y Guamúchil, se hizo en el
sentido de que el Árabe, Francisco Javier Avilés Araujo, detenido
por la Policía Ministerial en un retén en Guasave por portar arma y
drogas, había sido internado en Aguaruto para que lo torturaran y
ejecutaran, en algo que acusaba el panfleto, estaba de acuerdo Malova, tras recibir una supuesta orden de Joaquín Guzmán Loera.
El mismo Armenta Espinoza mostró en un segundo video donde acusaba a Malova de nexos con el narco, llamadas telefónicas grabadas en las que Jorge Iván Gastélum Ávila, el Cholo Iván,
insultaba, regañaba y amenazaba al director del penal de Aguaruto y al
jefe de seguridad, el mayor Alfredo Mejía Pérez, por no permitirle a su
gente el ingreso de drogas al centro penitenciario.
En diciembre del 2012, el mayor Mejía, que apareció en 2008 en una
nómina de los Beltrán Leyva que confiscó la PGR tras la captura del Mochomo,
terminaría muerto a balazos en El Limón de los Ramos, Culiacán, por lo
que Frank Armenta sugirió: “He ahí que nos damos cuenta del motivo o uno
de los motivos de su muerte”.
En la edición 507 de Ríodoce, desde el Cecjude Culiacán se
reveló que había “presos pesados” con más autoridad que el director del
penal y que desde sus celdas dictan lo que se hace y lo que no.
“Los guardias o custodios realmente están de adorno. Son los presos
los que hacen la labor de vigilancia de cada una de sus áreas”, se
aseguró.
“¿Qué puede hacer el director en turno? ¡Nada! Es igual que los
custodios, no pueden oponerse a nada porque les puede ir mal”, publicó Ríodoce y después de eso se conocieron las llamadas del Cholo con el director del penal y el mayor Mejía.
Por todos lados
De acuerdo con el DNSP 2012, persisten prácticas arraigadas como la
introducción de objetos, sustancias prohibidas, drogas, prostitutas,
comida, etcétera, de lo que al menos en Sinaloa da cuenta la propia
autoridad al realizar esculques “sorpresa” y reportar decomisos de
puntas de acero, cuchillos, drogas, dinero, aparatos electrónicos,
celulares, radios de comunicación, cerveza, etcétera.
Para Plascencia Villanueva esto “es una muestra de la debilidad
institucional y de gobierno de las autoridades responsables, al tolerar
la corrupción”.
Pero no solo la CNDH considera que hay problemas graves en las cárceles del país.
Tres organizaciones coaligadas para ver por los derechos de los
presos: Asilegal, Documenta y el Instituto de Derechos Humanos para la
Justicia Social, A.C., elaboraron el informe EPU sobre el sistema penitenciario en México
y en octubre de este año llegaron a la misma conclusión de la CNDH: en
las cárceles prevalece el autogobierno, la corrupción y la violencia.
El documento precisa que es la sobrepoblación, atribuida a la
aplicación de la prisión preventiva, con miles de personas que no han
sido juzgadas, lo que ha generado esta grave situación.
EN CIFRAS
— 2,810
reos tiene el penal de Aguaruto. Su capacidad es de 2,533.
Promedios de gobernabilidad
Aguascalientes 8.24
Guanajuato 7.82
Colima 6.95
Sonora 5.97
BCS 4.94
Sinaloa 3.97
FUENTE: DNSP 2012 de la CNDH.
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