TIJUANA, B.C. (proceso.com.mx).- Un día antes de concluir su encomienda constitucional como alcalde de Ensenada, la cúpula empresarial de Baja California solicitó de manera formal que se inicie una investigación en contra de Enrique Pelayo Torres por el desvío de fondos públicos.
El
dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en
Ensenada (Coparmex), Adrián Olea Escobosa, pidió por escrito a la
Sindicatura municipal que abra un expediente por “una confesión expresa y
espontánea del presidente Enrique Pelayo Torres, donde reconoce haber
cometido diferentes delitos”.
En varios medios de comunicación
Pelayo declaró que utilizó fondos federales para el pago de la nómina de
los empleados y funcionarios del gobierno municipal, y reconoció el
carácter de haber asumido una conducta delictiva, por lo que la Coparmex
señaló que está tipificada como abuso de autoridad en el Código Penal
para el estado de Baja California.
De acuerdo al artículo 293,
comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público “cuando
teniendo a su cargo caudales del erario les dé una aplicación pública
distinta a aquella que estuvieren destinado, o hiciere un pago ilegal”,
mientras que a escala federal se establece como uso indebido de
atribuciones y facultades en el artículo 217.
Este asunto será
tratado por la Contraloría Interna del gobierno municipal que inició
este 1 de diciembre, a cargo del alcalde Gilberto Antonio Hirata, de
extracción priista al igual que Pelayo Torres. En el escrito también se
solicita que se dé vista a las autoridades competentes, en este caso a
las encargadas de la procuración de justicia.
Los empresarios
advirtieron que los funcionarios están obligados a ser ejemplo de
transparencia y cumplimiento de la legalidad ante la importancia de
realizar un adecuado manejo de los recursos públicos porque “de ninguna
manera están exentos de la correcta aplicación de las leyes”, dijo
Armando León Ptacnik, presidente de la Federación Coparmex en esta
entidad, quien exigió que si Pelayo Torres cometió alguna falta se debe
investigar y, en su caso, aplicar la ley.
Durante su último mes de
la administración de Pelayo Torres, el cabildo de Ensenada aprobó la
modificación del uso de suelo para permitir a la empresa
inmobiliaria Lagza -propiedad de Carlos Lagos y Ricardo Zazueta,
subsecretario de gobierno municipal- realizara un desarrollo
habitacional, deportivo y comercial en el corazón del Valle de Guadalupe
donde se produce el 90% de los vinos mexicanos.
El exalcalde
trató de justificarse al señalar que su voto había sido en abstención,
aunque el gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid anunció que no
publicaría el resolutivo del Cabildo para evitar que entrara en vigor la
medida administrativa.
El nuevo alcalde Hirata, nacido en el
Valle de Guadalupe, anunció que buscará abrogar este acuerdo tomado por
los regidores salientes.
El uso indebido de recursos públicos
hacia otro fin no es exclusivo de Ensenada, pues también de manera
pública el exalcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla,
declaró en medios de comunicación que había tomado fondos federales y
estatales para el pago de la nómina, por lo que anunció que tomará
medidas legales para enfrentar estas conductas ilegales en el primer día
de diciembre al concluir su gestión.
Los gobiernos de Ensenada,
Mexicali, Playas de Rosarito y Tecate mantienen deudas económicas con el
ISSSTECALI al incumplir con el pago de cuotas patronales para la
seguridad social, pero también por omitir la entrega de cuotas de los
trabajadores.
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