Nadie
les avisó que sus tierras habían sido concesionadas a una minera
inglesa. Los indígenas de San Miguel El Progreso, Guerrero, tuvieron que
enterarse por los periódicos y luchar por sus propios medios contra la
imposición. Temen la tala, la muerte de sus manantiales, el
resquebrajamiento de su cultura, la negación de las garantías laborales y
el fin de sus derechos sobre el territorio. Decidieron que van a pelear
no sólo por su caso, sino por abrogar la ley que ha permitido este
fenómeno en aumento.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Enclavado en la parte alta de La Montaña de Guerrero,
el pueblo de San Miguel El Progreso decidió enfrentar al Estado mexicano
por entregar concesiones mineras en su territorio.
Los habitantes
–la comunidad me’phaa del municipio de Malinaltepec– buscaron el
respaldo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan para entablar una demanda de amparo en contra de las
concesiones mineras otorgadas a la empresa Hochschild Mining, de capital
inglés pero radicada en Perú. Han documentado que los permisos atentan
contra el derecho al territorio indígena. Incluso fueron más allá: piden
al Poder Judicial que se declare inconstitucional la Ley Minera, por no
considerar la opinión de los pueblos indígenas en el otorgamiento de
los permisos de exploración y explotación de minerales bajo su
territorio.
Enarbolando el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales,
firmado por México en 1990, los indígenas de San Miguel El Progreso
lograron que el 31 de octubre se realizara una audiencia constitucional y
que posteriormente el juez primero de Distrito, con sede en
Chilpancingo, ordenara evitar cualquier actividad minera hasta que se
concluya el proceso judicial.
En días pasados, el caso fue turnado al Juzgado Tercero de Distrito Auxiliar en Acapulco.
Agapito
Cantú Manuel, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San
Miguel El Progreso, recuerda que fue en 1999 cuando conoció el convenio
de la OIT. Entonces él era comisario municipal. “Fui estudiando ese
documento con la gente del pueblo y poco a poco entendimos nuestros
derechos como indígenas, que cualquier tipo de gobierno tiene que
respetar porque firmó el Convenio 169. Hace poco supimos por los
periódicos y por internet que nuestro pueblo sería afectado por empresas
mineras sin consultarnos, entonces organizamos asambleas para informar a
la gente y decir no a las mineras”.
Entrevistado por Proceso,
Cantú Manuel dice que habitantes de Totomixtlahuaca, comunidad del
vecino municipio de San Luis Acatlán, identificaron desde 2010 a
geólogos que exploraban la región. La presencia de expertos no era nueva
para los indígenas: quince años atrás ya habían tenido noticia de una
empresa minera, de la que don Agapito no recuerda el nombre. “Llegaron
los ingenieros que estudian la tierra, voltearon piedras y revisaron los
ríos, y vieron que sí había recursos minerales; pero para los indígenas
no significó fuente de trabajo, porque ellos ya traían a su gente”,
dice.
Con esos antecedentes y el conocimiento que les dio el
Convenio 169 de la OIT, los indígenas de San Miguel formalizaron un
pronunciamiento rechazando la exploración y explotación minera en una
asamblea general de comuneros realizada el 17 de abril de 2011. Esa toma
de postura quedó oficialmente inscrita en el Registro Agrario Nacional
(RAN) el 13 de septiembre de 2012.
Otras comunidades hicieron lo
mismo, pero no todas han logrado que sus decisiones se asienten en el
RAN. Según el abogado de Tlachinollan, Santiago Aguirre Espinosa, de las
19 asambleas agrarias a las que ha asistido la organización, 11 están
en proceso de calificación y sólo tres han podido inscribirse en el RAN,
tanto por formalidades de la Ley Agraria como “por decisiones más bien
arbitrarias y ajenas a la calificación legal de las actas de los núcleos
agrarios por parte de las autoridades”.
El abogado advierte que
en Guerrero las autoridades agrarias “actúan más para promover la
minería que como defensores de ejidos y comunidades, como dicta su
mandato. En más de un momento ha sido personal de la Procuraduría
Agraria el que le dice a los indígenas que ellos no tienen derecho a
levantar sus actas porque los minerales son propiedad exclusiva de la
nación y que la minería va a traer desarrollo”.
Pero en San Miguel
El Progreso no se creen esa versión. Desconfían de las autoridades
porque, explica don Agapito, han abandonado a los pueblos indígenas.
Como botón de muestra dice: “El gobierno no nos echa la mano para nada.
Ahora con las lluvias por el huracán Manuel tenemos dos meses sin agua
en las tuberías porque se taparon y tenemos incomunicadas algunas
colonias. Nosotros hemos hecho el trabajo con zapapico y pala para abrir
el espacio y que puedan circular las unidades. Me tardé dos días en
llegar a Chilpancingo para hacer gestiones para que las máquinas
quitaran la tierra de los caminos, pero no nos hacen caso; y sólo una
vez nos llevaron despensas, una por familia”.
Así que si las
autoridades estatales o federales argumentan que la minería es benéfica,
los habitantes de San Miguel El Progreso –donde habitan 3 mil 800
personas– toman los datos con reserva y prefieren investigar.
“Buscamos
en internet. Vimos videos de cómo las mineras cortan los árboles, y la
gente dijo que no quería que trabajaran las mineras en nuestro
territorio. Nosotros vivimos de la madre tierra y sabemos que nos van a
afectar porque de los cerros salen los manantiales que nos dan vida;
pero también pensamos en las futuras generaciones y en los pueblos que
atraviesan los ríos, porque sabemos que los empresarios mineros van a
contaminar el agua y que no ocupan un litro de agua, sino 2 mil y pico
de agua por hora, y nosotros ni 200 litros gastamos a veces”, sostiene
Cantú Manuel.
Además está en juego el factor cultural. Cada 15 de
abril y 15 de agosto del año “subimos a los cerros donde nacen los
manantiales para pedir lluvia y dar gracias por la primera cosecha. Son
nuestros sitios sagrados, adonde subían nuestros antepasados a rezar; si
llegan los empresarios mineros los van a destruir”, resume don Agapito.
Por
solicitudes de información, en las que fueron apoyados por el equipo de
Tlachinollan, los indígenas identificaron que hasta 2005 existían 417
concesiones mineras, con una extensión de más de 388 mil hectáreas, y
que en la actualidad hay 600 títulos por más de 700 mil hectáreas. Sólo
en la región de La Montaña hay 42 yacimientos: el gobierno federal ha
entregado 30 concesiones para exploración y explotación por 50 años, en
una superficie de más de 200 mil hectáreas.
Fue el pasado 23 de
junio de este año cuando, a través de un documento de la Secretaría de
Economía, los habitantes de San Miguel El Progreso tuvieron la certeza
de que su territorio estaba asentado sobre las concesiones de Reducción
Norte de Corazón de Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas
(236861).
Las concesiones para extraer oro y otros metales
preciosos otorgadas a la trasnacional Hochschild Mining afectan 43 mil
759 hectáreas y dañan también a las comunidades indígenas de
Totomixtlahuaca, Tenamazapa, Tierra Colorada, Tilapa, Pascala del Oro y
Acatepec.
El grito y la lucha
El 15 de
julio pasado las autoridades comunitarias y municipales de San Miguel El
Progreso presentaron la demanda de amparo en el Primer Juzgado de
Distrito en Chilpancingo, registrada con el número 1131/2013.
Sin
ser el primer recurso judicial contra una concesión minera, lo novedoso
de éste radica en que entre las 17 autoridades demandadas se encuentra
el presidente de la República y el Congreso de la Unión. Se les denuncia
porque al aprobar, promulgar, decretar y publicar la Ley Minera “no
reconocen ni respetan los derechos territoriales de los pueblos
indígenas, y generan un esquema muy favorable para los concesionarios.
Eventualmente el asunto podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) porque hay un argumento sobre la
inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley”.
Aguirre
Espinosa sostiene que el objetivo último de los demandantes es que el
Poder Judicial llegue al fondo del asunto, “porque aunque se llegaran a
ganar juicios en contra de determinadas concesiones, la Ley Minera sigue
vigente y haciendo mucho daño”.
Diversas dependencias de la
Secretaría de Economía ya respondieron la demanda, en nombre de la
Presidencia de la República. En espera de que el juzgado auxiliar emita
su fallo, el abogado de los comuneros considera que en estas respuestas
“no hay propiamente una argumentación técnica y jurídica que niegue los
derechos que la comunidad reclama, sino más bien un argumento de
política económica, de decir que los concesionarios mineros necesitan
una ley flexible con una duración de las concesiones de 50 años,
renovables prácticamente en automático, para adecuarse a sus condiciones
de explotación y recuperar la inversión. Casi parece una defensa del
empresario minero antes que el interés nacional, que es a lo que obliga
la Constitución”.
El defensor recuerda el caso de la Ley Televisa,
ocurrido en 2006. Se trató de una reforma en telecomunicaciones hecha a
la medida de las televisoras, descartada al final por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
Aguirre Espinosa explica que uno de los
argumentos utilizados por la SCJN fue que la reforma permitía que las
concesiones duraran 20 años y se renovaran automáticamente. “Tratándose
de un plazo tan largo en concesiones de temas que son estratégicos,
hacen que el Estado pierda su facultad en la rectoría de la economía que
la Constitución le indica, y eso ocurre con la Ley Minera”.
Los
argumentos esgrimidos por parte de la Presidencia, apunta, revela “cómo
para el gobierno es más importante la generación de supuestas
condiciones de competitividad de México en el mercado internacional
minero, aunque esas condiciones impliquen degradación del ambiente,
negación de los derechos laborales, violación de los derechos
territoriales de los pueblos indígenas, todo en aras de conservar la
inversión extranjera fundamentalmente, a pesar de que en la legislación
vigente el empresario minero no paga impuestos en función del metal que
extrae, sino de la superficie que ocupa”.
Agrega que los alegatos
de que la actividad minera desarrolla las zonas indígenas carecen de
validez, porque “en todo caso nadie les preguntó a los indígenas qué es
lo que quieren hacer”. Puntualiza: “El argumento sobre la falta de
consulta es mucho más que un argumento jurídico, refleja el verdadero
sentir de la gente, que está indignada porque nadie los consultó sobre
si querían mineras”.
En las respuestas también se alega que no hay
daños en los terrenos indígenas. Eso es cierto, porque el juez les
prohibió arrancar las obras. La respuesta asienta que cuando la minera
presente su manifiesto de impacto ambiental, los habitantes de San
Miguel El Progreso podrán expresar su desacuerdo.
El abogado
afirma que, con su réplica, las autoridades “están desconociendo los
estándares de derecho internacional: La Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha establecido que no tiene que haber daños, y si al dar la
concesión no hubo consulta, se afectaron derechos indígenas”. El
argumento del gobierno, abunda, ha sido “muy tramposo, en el caso muy
conocido de la minera San Javier en San Luis Potosí, por ejemplo, la
respuesta del Poder Judicial acerca de algunas acciones fue que la mina
ya estaba operando y que ya era un hecho consumado”.
Puntualiza
que la exigencia de los me’phaa de San Miguel El Progreso es que el
Poder Judicial actúe de manera congruente y consistente “con la reforma
en materia de derechos humanos, específicamente en el protocolo en
materia de derechos indígenas que la SCJN aprobó, que además de
reconocer el derecho a la consulta menciona buenas prácticas
internacionales”.
En este contexto, la organización comunitaria ha
funcionado contra el embate de la industria minera en La Montaña de
Guerrero. Aguirre Espinosa resalta la conformación del Consejo de
Autoridades Agrarias, agrupadas para combatir legalmente las concesiones
otorgadas sin consulta ni beneficio.
“Hay varias comunidades que
están siguiendo los pasos de los me’phaa de San Miguel, informándose,
organizando asambleas para rechazar la presencia de mineras y tramitar
las actas en el RAN, y eventualmente interponer sus respectivos
juicios”, apunta el abogado.
En San Miguel El Progreso las
autoridades comunitarias toman muy en serio su lucha en tanto llega la
resolución del juzgado federal. “Nos estamos informando para que no
quieran manipular; hacemos asambleas para preguntar a la comunidad si
creen pertinente seguir defendiendo nuestra madre tierra, y la comunidad
dice que está al ciento por ciento, que no se van a echar para atrás”,
puntualiza Agapito Cantú Manuel.
Argumenta: “Nosotros vivimos de
la agricultura. No somos como otros pueblos que se van a otros lugares a
trabajar. Eso quisiera el gobierno. Que les dejáramos el espacio para
que ellos trabajen con los empresarios mineros. Decidimos pelear. Vamos a
dar todo porque nadie lo va a hacer por nosotros, los indígenas.”
/ 6 de diciembre de 2013)
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