DETRAS DE LA NUEVA GUERRILLA

Raymundo Riva Palacio

Los símbolos son siempre importantes en los grupos armados, y cuando se presentan en sociedad los despliegan para transmitir seriedad y poder. Por eso, los símbolos en la aparición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo este fin de semana en Guerrero llama tanto la atención. Lo primero, el color blanco en el estandarte con su nombre, en lugar del convencional rojo y negro. Luego la ropa de los tres “comandantes”, pantalón y camisa para un día cualquiera, en lugar de las fatigas militares. Finalmente, las armas. No aparecieron por ningún lado los fusiles de asalto que tienen las guerrillas, sino una escopeta como cualquier labriego –o policías comunitarios y grupos de autodefensa civil– tiene. Difundieron una fotografía cuya pobreza en la composición gráfica refleja un grupo frugal.

La posibilidad de que represente una “nueva guerrilla”, como se difundió en la prensa este lunes al reproducirse uno de sus dos comunicados es tan real, que el muy serio Centro de Documentación de los Movimientos Armados incorporó a ambos en su portal. No le da carta de legitimidad a las FAR-LP, que es su acrónimo, pero es un registro importante. La posibilidad de que sea “verdadera”, en función no sólo de las analogías con otros grupos armados en México, sino de los planteamientos que expone y el contexto social en el cual surge esta agrupación, sugiere que es una máscara para ocultar a células del Ejército Popular Revolucionario Insurgente (ERPI).

Los dos comunicados de las FAR-LP manejan los lugares comunes revolucionarios –“la guerra contra el pueblo como política de “Estado”, “a luchar desde todas las trincheras unidas”, “el retorno de las armas es imprescindible”, “con el poder popular el pueblo vencerá”–, y aunque vagamente manejan reivindicaciones de alcance nacional –la lucha contra la reforma educativa–, los dos textos, que comparten párrafos e imágenes, son profundamente localistas en sus demandas de justicia y libertad para quienes llaman “prisioneros políticos”.

Uno de los puntos que originalmente llamó la atención en los comunicados, es que hablan del puerto de Acapulco como una de sus bases de operaciones. Esto se explica al ver que entre los nombres de “presos políticos” por los que piden excarcelación inmediata, se encuentran Tomás de Jesús Barranco, detenido en 1996 en Tixtla, presunto miembro del EPR, acusado y condenado por los delitos de terrorismo y homicidio, y Ángel Guillermo Martínez, miembro de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, detenido desde 1999 como parte de esa la guerrilla, junto con los entonces jefes militares de la organización Jacobo Silva y Gloria Arenas, que ya habían fundado al ERPI.

Los comunicados recogen notorias desapariciones, como las del presidente y la coordinadora general de esa organización, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, en diciembre de 2011, y se refieren a recientes asesinatos de luchadores sociales, como Rocío Mesino, hija del fundador de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS) Hilario Mesino, en octubre pasado. Hilario Mesino, que fue detenido por el Ejército por presuntos vínculos con la guerrilla, dejó la dirección a su hija tras amenazas de muerte de los caciques locales. Su hijo Miguel Ángel, hermano de Rocío, fue asesinado en 2005.

La historia en la Costa Grande de Guerrero, a la que se refieren FAR-LP en los comunicados, es donde apareció por primera vez el EPR en 1996, un año después de la matanza de campesinos de la OCSS en el vado de Aguas Blancas. Esa región es violenta, llena de conflictos por la presencia narcos y caciques madereros como el temido Rogaciano Alba Álvarez, que fue detenido en 2010 acusado de pertenecer en distintos momentos a “La Familia Michoacana” y al cártel de Sinaloa.

Viejos luchadores sociales, varios de ellos pertenecientes a la OCSS y al ERPI, se iniciaron en la delincuencia organizada. Personas que conocen detalles de lo que sucede en la región recuerdan que empezaron a realizar secuestros y asesinatos –a Rocío Mesino la acusaron de uno de ellos en febrero, pero la dejaron libre por falta de pruebas–, contratar madres subrogadas para vender a sus hijos, y robar y asesinar a “mulas” de Los Caballeros Templarios. La lucha social se contaminó con actividades criminales en desafío a los cárteles. La Costa Grande de Guerrero ha vivido meses de conflicto y confusión, a la que se añade ahora la aparición de las FAR-LP, una “nueva guerrilla” que deja mucho qué pensar. 

 

(ZOCALO/  Columna de Raymundo Riva Palacio/ 04 de Diciembre 2013)