Fue acusada
con su esposo de tráfico de influencias en el 2005 y 2006, para que no
detuvieran a Emmanuel Valencia Pérez
TIJUANA.- La abogada
Ana Carolina Valencia, simpatizante panista y tía de Fernando Emmanuel Valencia
Pérez, presunto homicida (actualmente recluido en el penal), de la niña Sara
Benazir Chavolla Ruiz en diciembre de 2005 en esta ciudad, se encuentra a punto
de ser designada juez primero de lo Familiar en Tijuana por los Magistrados del
Tribunal de Justicia en el Estado.
La entonces asesora
de la Corette (en 2005 y 2006), junto con su esposo, en ese tiempo consejero
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, licenciado Adrián Humberto
Murillo González, utilizaron sus influencias para que su sobrino Fernando
Emmanuel Valencia Pérez “El Backstreet”, tras haber sido detenido y estando a
disposición del Ministerio Público en forma inexplicable quedara en libertad y
huyera a los Estados Unidos, según acusaciones en su contra.
En ese tiempo, los
padres de la víctima responsabilizaron de la liberación “al abuso de poder”,
pues afirmaron que dos parientes del presunto victimario habían hablado con el
entonces gobernador Eugenio Elorduy; su tía Ana Carolina Valencia, entonces
asesora de Corette y su esposo, el consejero de la Judicatura, Adrián Humberto
Murillo González.
Ocho años después
del asesinato de ‘’Sarita’’ fue detenido el presunto homicida, Emmanuel
Valencia Pérez; y su tía Ana Carolina está a punto de ser designada Juez de lo
Familiar en Tijuana, con el voto de la mayoría de los 17 togados del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, la mayoría del área penal.
Fuentes del Poder
Judicial, aseguran que la abogada Ana Carolina, es actualmente secretaria de
acuerdos de un Juzgado, y que tiene el apoyo total del secretario general del
Consejo de la Judicatura, Enrique Magaña Mosqueda, hermano de Héctor, quien era
el jefe de la abogada en Corette, para lograr ser la titular del Juzgado de Lo
Familiar..
En Mexicali, dijeron
las fuentes, que al parecer los magistrados no conocen el caso de Sara Benezir,
el asesinato de la menor y el dolor de sus papás, por lo que es momento de que
sepa lo que sucedió en Tijuana.
PARTE DE LOS HECHOS
Sara Benazir
Chavolla Ruíz, de 15 años de edad, fue arrojada de una camioneta Nissan Pathfinder,
color guinda, modelo 1991, conducido por un hombre identificado como “El
Backstreet” y un taxi la arrolló, falleciendo horas después en la clínica 20
del Instituto Mexicano del Seguro Social por traumatismo craneoencefálico.
El origen del
asesinato fue que la adolescente no accedió a las pretensiones amorosas de
Valencia Pérez.
Después de siete
años, autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),
aprehendieron a Fernando Emmanuel Valencia Pérez “El Backstreet”,ahora de 29
años, y se logró –según la versión oficial-- por una alerta de arresto que en
su momento emitieron al gobierno de Estados Unidos.
Valencia Pérez huyó
al país vecino para evadir la justicia, y como “su padre tiene nacionalidad
norteamericana. En base a eso solicitó la propia residencia y cuando él
comparece a las oficinas en San Diego informan a la Policía Ministerial”, dijo
la PGJE.
Años antes, el 20 de
abril del 2006, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana
de Baja California (PDH) emitió la recomendación 8/2006.
En el análisis de
los hechos y evidencias que se derivan de la queja PDH/TIJ/328/05, se acreditan
sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos en contra de Manuel
Chavolla Flores y Sara Elena Ruiz Meza, padres de la joven Benazir, cometidas
por el entonces Procurador de justicia, Antonio W. Martínez Luna.
Se trata de
infracciones al derecho, a la legalidad y a la seguridad jurídica, en sus
modalidades de dilación en la procuración de justicia, irregular integración de
averiguación previa, y no consignación de la misma.
Dicha recomendación
de la PDH, dirigida al entonces gobernador del Estado, Eugenio Elorduy Walter,
y al Congreso local, indicó que se iniciara un Procedimiento Disciplinario
Administrativo en contra de estos servidores públicos, y destaca la ineficacia,
insensibilidad e indiferencia de las autoridades judiciales para encontrar a
los culpables y aplicar la ley.
Los agresores gozan
de la impunidad que les proporcionó la dilación en la procuración de justicia
de las autoridades que tardaron seis meses en consignar y solicitar la orden de
aprehensión, a pesar de las evidencias.
Al Ejecutivo se le
pidió que iniciara la averiguación previa por la posible comisión de hechos
delictuosos, cometidas por los servidores públicos. A los diputados se les
recomendó que se iniciara el procedimiento al procurador de Justicia, para que
se finque la responsabilidad que en derecho proceda.
El homicidio sin
castigo de Benazir Sara, puso a la expectativa a la sociedad civil, por la
crueldad con la que fue cometido el asesinato –fue arrojada con las manos y
pies esposados desde un auto en marcha.
Sin embargo, los
presuntos culpables: Fernando Emmanuel Valencia Pérez, sobrino de un consejero
de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California y de una funcionaria del
gobierno estatal, y Carlos Jesús Soto Ocio, no fueron detenidos, incluso el
último ni siquiera fue llamado a declarar, citaba la recomendación de la PDH.
(EL MEXICANO
/ Sergio ANZURES / 13 de Octubre 2013)
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