El inventario del desastre ocasionado por “Ingrid” y “Manuel” no va a quedarse sólo en la tragedia. Se sabe dónde y cuándo comenzó, pero no dónde, cuándo y cómo terminará. Casi una quinta parte de los municipios en el país resultaron afectados y el 10% del total nacional fueron declarados zonas de desastre. Se rompió la cadena de sobrevivencia de miles de mexicanos, donde cientos están prácticamente a la deriva. La generosidad nacional ha sido fundamental, pero para el futuro ominoso que se presenta en varias zonas del país, es insuficiente.
Comunidades enteras están anegadas –hay 58 mil personas desplazadas de
sus lugares de origen-, cosechas arruinadas -534 mil hectáreas-, y
muertas decenas de miles de cabezas de ganado. Los humildes santuarios
de donde salían ejércitos de trabajadores para el sector turístico en
Guerrero, están devastados. Muchos de ellos tienen que repartir
prioridades entre salvar lo que queda de su patrimonio y trabajar para
comer. Es un círculo vicioso pues el trabajo está limitado porque la
infraestructura está dañada. Los aeropuertos a los destinos turísticos
en la costa del Pacífico están operando nuevamente, pero las carreteras
que conectan con ellos están dañadas. El cóctel ominoso por la
interrupción de fuentes de ingreso, se agrava por las afectaciones al
sector agrícola que producirá alza de precios de los alimentos por las
cuantiosas pérdidas de cosechas. Los medios de subsistencia están rotos
para decenas de miles de personas, tanto como el tejido institucional.
¿Para dónde vamos?
Para ver uno de esos escenarios en las zonas marginadas, hay que analizar la geografía de la desgracia. La principal región afectada en el Pacífico es la costa y la montaña de Guerrero, donde confluyen el narcotráfico y la guerrilla. Junto a los cultivos tradicionales –como maíz, jitomate, arroz, sorgo o soya-, quedaron arrasadas las cosechas de mariguana y amapola, de la que los campesinos sacaban el principal componente de su ingreso. Los cárteles de la droga perderán dinero en el corto plazo por la caída de la producción, particularmente la mariguana. Pero como esa droga vive del mercado interno, la compensación se hará con un inevitable aumento de precio.
Con el ajuste de precio mantendrán los costos de operación que se sostienen de la mariguana, mientras que aquello de donde obtienen sus utilidades estratosféricas, la cocaína y las drogas sintéticas, se mantienen sin gran daño. Los puertos de Lázaro Cárdenas en Michoacán, y Manzanillo en Colima, por donde entran los precursores químicos para las metanfetaminas, no sufrieron alteración sustancial en sus operaciones. Tampoco Topolobampo, Sonora, por donde entra la cocaína en ruta a Estados Unidos. Los cárteles, que tienen bajo control la vida pública en Michoacán y en varias partes de Guerrero, empezarán a repartir ayuda entre las comunidades, como lo hizo el Cártel del Golfo en el norte de Tamaulipas, con lo que fortalecerán su arraigo social y estimularán el desprecio por las instituciones.
Las fuerzas federales no tienen la capacidad humana para desplegarse en simultáneo por todo el país en tareas de rescate, evacuación y atención a las comunidades. Los cárteles, en cambio, operan quirúrgicamente con sus potenciales clientelas. La molestia de los afectados por los retrasos en la atención o en aquellas zonas donde aún no llega la ayuda, beneficia proporcionalmente a los criminales, pero a la vez, en zonas específicas de la costa sur del Pacífico, crea condiciones para que la guerrilla amplíe su base social y reclute nuevas milicias, que se nutren del hambre y el rencor.
Antes de los ciclones, en Tierra Caliente guerrerense proliferaban grupos de autodefensa civil y policías comunitarias en pueblos con presencia guerrillera. Igual sucede en Oaxaca y algunas comunidades michoacanas colindantes con Guerrero, donde comparten el hábitat con Los Caballeros Templarios y talamontes. El desastre los coloca como los mejor posicionados para sacar ventaja de la tragedia.
El miércoles pasado, el presidente Enrique Peña Nieto pidió al Gabinete y a los gobernadores acelerar la reconstrucción del país destruido. Es vital, pero en varias regiones del país hay que añadir el enfoque de la seguridad nacional. Ante instituciones tan débiles y vulneradas en varias de las entidades partidas de tajo por los ciclones, lo que se pone en juego detrás del desastre, es la viabilidad de varias regiones del país como parte de la Federación, y la gobernabilidad en decenas de municipios. Acelerar, visto como estrategia humanitaria y económica, no basta. Acelerar el rescate del Estado, es la forma como también se debe actuar para evitar que la partición del país no sea una externalidad del fenómeno meteorológico.
Para ver uno de esos escenarios en las zonas marginadas, hay que analizar la geografía de la desgracia. La principal región afectada en el Pacífico es la costa y la montaña de Guerrero, donde confluyen el narcotráfico y la guerrilla. Junto a los cultivos tradicionales –como maíz, jitomate, arroz, sorgo o soya-, quedaron arrasadas las cosechas de mariguana y amapola, de la que los campesinos sacaban el principal componente de su ingreso. Los cárteles de la droga perderán dinero en el corto plazo por la caída de la producción, particularmente la mariguana. Pero como esa droga vive del mercado interno, la compensación se hará con un inevitable aumento de precio.
Con el ajuste de precio mantendrán los costos de operación que se sostienen de la mariguana, mientras que aquello de donde obtienen sus utilidades estratosféricas, la cocaína y las drogas sintéticas, se mantienen sin gran daño. Los puertos de Lázaro Cárdenas en Michoacán, y Manzanillo en Colima, por donde entran los precursores químicos para las metanfetaminas, no sufrieron alteración sustancial en sus operaciones. Tampoco Topolobampo, Sonora, por donde entra la cocaína en ruta a Estados Unidos. Los cárteles, que tienen bajo control la vida pública en Michoacán y en varias partes de Guerrero, empezarán a repartir ayuda entre las comunidades, como lo hizo el Cártel del Golfo en el norte de Tamaulipas, con lo que fortalecerán su arraigo social y estimularán el desprecio por las instituciones.
Las fuerzas federales no tienen la capacidad humana para desplegarse en simultáneo por todo el país en tareas de rescate, evacuación y atención a las comunidades. Los cárteles, en cambio, operan quirúrgicamente con sus potenciales clientelas. La molestia de los afectados por los retrasos en la atención o en aquellas zonas donde aún no llega la ayuda, beneficia proporcionalmente a los criminales, pero a la vez, en zonas específicas de la costa sur del Pacífico, crea condiciones para que la guerrilla amplíe su base social y reclute nuevas milicias, que se nutren del hambre y el rencor.
Antes de los ciclones, en Tierra Caliente guerrerense proliferaban grupos de autodefensa civil y policías comunitarias en pueblos con presencia guerrillera. Igual sucede en Oaxaca y algunas comunidades michoacanas colindantes con Guerrero, donde comparten el hábitat con Los Caballeros Templarios y talamontes. El desastre los coloca como los mejor posicionados para sacar ventaja de la tragedia.
El miércoles pasado, el presidente Enrique Peña Nieto pidió al Gabinete y a los gobernadores acelerar la reconstrucción del país destruido. Es vital, pero en varias regiones del país hay que añadir el enfoque de la seguridad nacional. Ante instituciones tan débiles y vulneradas en varias de las entidades partidas de tajo por los ciclones, lo que se pone en juego detrás del desastre, es la viabilidad de varias regiones del país como parte de la Federación, y la gobernabilidad en decenas de municipios. Acelerar, visto como estrategia humanitaria y económica, no basta. Acelerar el rescate del Estado, es la forma como también se debe actuar para evitar que la partición del país no sea una externalidad del fenómeno meteorológico.
(ZOCALO / Columna de Raymundo Riva Palacio/ 27 de Septiembre 2013)
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