lunes, 18 de febrero de 2013

IMPONE GOBIERNO DESALADORA Y LUMINARIAS



Burócratas en contra, regidores desinformados

Dos proyectos, con múltiples fallas, podrían aprobarse en el Cabildo de Ensenada, mientras que las posturas ciudadanas no parecen surtir efecto en las decisiones de gobierno.

La empresa surcoreana GS Inima ya fue favorecida mientras Ayuntamiento pretende amarrar negocio con una convocatoria de 1 día para resolver el asunto del alumbrado público.

Ricardo Meza Godoy
Los integrantes del Cabildo de Ensenada están a un paso de aprobar dos polémicos y multimillonarios negocios, que privilegiarán a dos empresas privadas durante los próximos 20 años.

La aprobación del cambio de uso de suelo para la instalación de una planta desaladora, cuyo contrato el Gobierno del Estado ya aseguró a la empresa surcoreana GS Inima (antes OHL Inima), por encima de los reglamentos municipales, y la convocatoria que tendrá una duración de 1 día, que lo regidores locales pretenden publicar para entregar, rápidamente, el servicio y mantenimiento del 100 por ciento de las luminarias del municipio a un particular, son dos pruebas más de que el gobierno no protege los intereses de la ciudad.

Ambos proyectos han sido anunciados públicamente por las autoridades estatales y locales desde el año 2012, aunque sus pormenores siguen siendo desconocidos. Los dos surgieron tras cambios repentinos en los planes de gobierno y las rápidas autorizaciones que siguieron a esos cambios provocaron la reacción de organismos de la sociedad civil y funcionarios del gobierno local.

La desaladora en manos coreanas

Lo último que consideró la empresa GS Inima, en su acelerada decisión de cambio de ubicación de la planta desaladora, de la zona de El Salitral a la zona de La Lagunita, fue uno de los primeros permisos que deben solicitarse, antes de la realización de cualquier construcción, en cualquier sitio en Baja California: la compatibilidad con el uso de suelo. Algo con lo que al menos hasta el mediodía del 13 de febrero de 2013 no contaban.

No obstante, el negocio con Inima ya está hecho. Su cliente, la Comisión Estatal del Agua (CEA) ignorando los reglamentos del municipio de Ensenada que establecen claramente la zona de construcción frente a La Lagunita como incompatible con las plantas desaladoras, les confirmó el nuevo sitio desde el año pasado.

Tal seguridad tuvo GS Inima que en sus informes de 2012, la planta desaladora de Ensenada ya aparece enlistada como “en construcción” y es considerada una de sus 14 plantas desaladoras más importantes en el mundo.

Los planos de construcción ya están elaborados, al igual que los mapas con las rutas de distribución y las principales zonas que se beneficiarán con los 21 mil 900 metros cúbicos diarios de agua, que estiman generará la planta.

Integrantes de organismos de la sociedad civil en Ensenada, entre los que se encuentra Haciendo lo Necesario A.C, quienes fueron los que alertaron a mediados de 2012 sobre el cambio de ubicación de la planta desaladora, han referido que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el nuevo proyecto de Inima a una velocidad inusual.

De hecho, refieren, la propia Semarnat violentó sus mismos procedimientos, pues entre los requisitos que la dependencia federal establece, se encuentra el que exista compatibilidad con los reglamentos municipales, específicamente el uso de suelo, que la empresa aún no tiene.

El tema, generó una fuerte polémica entre autoridades y organismos no gubernamentales a principios de este año, tras el posicionamiento conjunto de 10 agrupaciones civiles que solicitaban fueran respetados los reglamentos del municipio.

El Presidente Municipal de Ensenada, Enrique Pelayo Torres, respondió a los reclamos de las ONG´s anunciando que promovería una consulta pública respecto al tema, para que el Cabildo tomara en consideración la opinión ciudadana. Dicha consulta, que no fue pública, pero sí incluyó opiniones ciudadanas, se realizó el sábado 12 de enero a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) donde participaron la mayoría de los grupos interesados en el tema.

La postura final en el Copladem, de la que ZETA dio cuenta el 18 de enero, fue en contra del cambio de uso de suelo para la desaladora en el nuevo sitio, 9 posicionamientos en contra, 4 a favor y 2 abstenciones. No obstante, lo ahí planteado no tendría más peso que el de una mera opinión. La decisión final permanece en el Cabildo donde las opiniones de los regidores, previo a la sesión donde se subirá el tema, ya se perfilan hacia la aprobación.

Las facilidades que ha recibido GS Inima para construir la desaladora, de la que obtendrá beneficios económicos por 20 años, incluyen además el apoyo para financiar el 77.1 por ciento de la construcción valuada en 637.1 millones de pesos, utilizando dinero público.

Serían 171.5 millones de pesos, 26.9 por ciento del total, a fondo perdido a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), y 320 millones a través de un crédito con el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). La empresa desembolsará únicamente 145.6 millones de pesos.

Años atrás, cuando el proyecto lo anunciaba la CEA en la zona de El Salitral, donde también presentaba incompatibilidades con el uso de suelo, aseguraban que el 60 por ciento de la inversión sería de la empresa.

Integrantes del Copladem, explicaron a ZETA que los grupos que se han manifestado a favor de la instalación de la planta, coincidentemente están vinculados al ramo constructor, y estiman sería el sector más beneficiado con la desaladora.

El 12 de enero apoyaron la desaladora frente a La Lagunita, representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi); de  la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE); y del consejo del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada (IMIP), que cuenta entre sus filas con varios empresarios dedicados a la construcción.

Los mapas de obras del proyecto ya contemplan una serie de modificaciones al panorama de la ciudad. 7 mil 658 metros de una línea de alta presión para llevar el agua desde la planta desaladora hasta los tanques de almacenamiento El Gallo, ubicados al oriente de la ciudad.

Una tubería que comenzará un recorrido hacia el norte desde la desaladora a lo largo de toda la Avenida Pedro Loyola, después doblará hacia el este, a lo largo de todo el libramiento Esmeralda hasta el entronque con la Calle Delante, doblará nuevamente hacia el este y sorteará varias calles hasta llegar a los dos tanques de El Gallo con capacidad de mil metros cúbicos a más de 100 metros sobre el nivel del mar.

“El objetivo final es abastecer los desarrollos habitacionales del sector noreste de la ciudad, donde las empresas constructoras pretenden desarrollar nuevos fraccionamientos”, refirió en carácter anónimo un integrante del consejo del IMIP. “El argumento del desabasto de más de 100 litros por segundo de la CESPE es una vil mentira, si dicen que es cierto que presenten pruebas convincentes, ¡no las hay!”, explicó.

Y es que la supuesta urgencia por el recurso agua en la ciudad, ha sido uno de los argumentos centrales del ejecutivo estatal y de empresarios constructores para apresurar la decisión del Cabildo ensenadense, respecto al uso de suelo de la amarrada negociación con la desaladora de GS Inima.

Entre los defensores del proyecto destacan por ejemplo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Wenceslao Martínez Santos, quien ha obtenido contratos (al menos en 1997, 1998, 2001 y 2005) de la CESPE para instalación de colectores redes y emisores de agua a través de su empresa Paymar S.A. de C.V.. Y César Cuevas Ceseña, quien siendo secretario de administración urbana en la administración municipal anterior, avaló la instalación a pocos metros de distancia de donde se proyecta la planta desaladora de Inima, de un Casino ´Caliente´, giro que también es incompatible con lo previsto en el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP) de Ensenada para esa zona.

“El agua no va para algún desarrollo en particular, se va a mezclar con toda el agua que es para Ensenada”, aseguraron a ZETA, sin que se les preguntara específicamente sobre eso, distintos regidores en relación al cambio de uso de suelo de la desaladora.

La fecha límite establecida por la Semarnat al momento de otorgar su permiso a GS Inima a través de su filial local Aguas de Ensenada S.A. de C.V., ya se encuentra vencida, y el nuevo delegado de la dependencia, el regidor ensenadense con licencia Alfonso Orel Blancafort Camarena, del Partido Verde Ecologista de México, refiere que la empresa se ha acercado a pedirle una prórroga para alcanzar a que el Cabildo de Ensenada autorice el cambio de uso de suelo. Al 12 de febrero la Semarnat en Baja California no le había otorgado prórroga, en lo formal, a Inima.

Las luminarias y el sindicato

Otro de los temas que está previsto para la próxima sesión del Cabildo de Ensenada es la aprobación de la convocatoria para la instalación y mantenimiento de las luminarias en la ciudad. Destacando que los regidores, al menos en los trabajos de comisiones, han considerado que en un día la pueden convocar, y al día siguiente la pueden cerrar y asignar.

La última propuesta para la convocatoria analizada al interior de las comisiones del Cabildo, prevén que tras la sesión que podría realizarse entre el 13 y el 14 de febrero de 2013, se pondría como fecha límite de recepción de solicitudes de las empresas interesadas en adquirir la concesión para sustituir el 100 por ciento de las luminarias de Ensenada, darles mantenimiento y prestar todo el servicio de alumbrado público, el mismo 14 de febrero. Y la fecha del fallo definitivo sería al día siguiente, el 15 de febrero.

Para Aníbal Santana Chaires, el único regidor que ha manifestado su oposición al proceso de la concesión por carecer de elementos técnicos que puedan asegurar su viabilidad, los tiempos son ridículos. “En reglamentos en el estado de Sonora por ejemplo, las convocatorias establecen plazos de 30 días, y otros 30 días para emitir los fallos correspondientes, apoyados con la opinión de especialistas”, explicó Santana.

La iniciativa de la concesión, fue lanzada por el regidor Alberto Moreno Garayzar del Partido Nueva Alianza (PANAL), tras el rechazo del Alcalde Pelayo Torres por la propuesta (también de Moreno) de un endeudamiento por 140 millones de pesos para comprar luminarias LED. Es vista con recelo hasta entre los mismos funcionarios del gabinete de Pelayo. Por ejemplo el director de servicios municipales, José de la Luz Valdez López, semanas atrás ha advertido que existe un problema serio con el cableado en el servicio de alumbrado, que no está contemplado en el planteamiento de Moreno. Colegios de ingenieros y el mismo personal del observatorio astronómico nacional de la UNAM externos.

El líder del Sindicato de Burócratas en el Estado Ricardo Medina Fierro dijo haber rechazado “totalmente” el proyecto. Medina aseguró que no se le ha explicado al personal sindicalizado que opera en la dirección de servicios municipales y que actualmente se hace cargo del servicio de alumbrado público, cuál será su destino.

La falta de información entre los regidores, promotores de la concesión y el sindicato de burócratas tuvo su punto más álgido la tarde del miércoles 13 de febrero, cuando al menos 30 empleados del departamento de servicios se manifestaron en las oficinas de la casa municipal pidiéndole una explicación a Moreno Garayzar.

Dudas del proyecto han sido también externadas al Cabildo por el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Ensenada y científicos del Observatorio Astronómico de la UNAM, los primeros por falta de detalles técnicos y los segundos por buscar la disminución de la contaminación lumínica en la región.

La convocatoria continúa en comisiones y tras la manifestación de los burócratas la sesión de cabildo que pudo realizarse el miércoles 13 apuntaba a postergarse un día más.

(SEMANARIO ZETA/Ricardo Meza Godoy/ febrero 18, 2013)

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