Según diagnóstico de la CNDH
Cárceles del estado tienen una calificación de 6.6 a
nivel nacional. El tráfico de drogas y alcohol, la carencia de personal de
custodia, instalaciones en mal estado, así como alimentación insuficiente, y
sobrepoblación de internos, son las principales anomalías
Gerardo Zúñiga Pacheco
En el Diagnóstico
Nacional de Supervisión Penitenciaria elaborado por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) en 2011, las tres principales penitenciarías del estado
de Baja California Sur fueron sujetas a evaluación y colocadas en el lugar
número 13 con un rango de calificación general de 6.61 a nivel nacional.
La información fue
el resultado de un muestreo de las 100 cárceles más pobladas del país, que
incluye centros varoniles, mixtos y de mujeres en los 31 estados y el Distrito
Federal, y cuya población asciende a 161 mil 823 internos, lo que representó el
75.10 por ciento de la población total penitenciaria.
La puntuación fue
considerada por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón
Meza Verdugo, “como buena”, tomando en cuenta que la calificación más alta fue
de 8.42 correspondiente al estado de Aguascalientes y la más baja de 4.57
respecto del estado de Nayarit, en una escala del 0 al 10.
Los indicadores y
sub indicadores tomados como base en este dictamen fueron aquellos aspectos que
garantizan la integral física y moral del interno, estancia digna, condiciones
de gobernabilidad, reinserción social y grupos internos con requerimientos
específicos.
Sin embargo, los
indicadores más relevantes arrojaron una serie de deficiencias e
irregularidades que surgieron en la investigación del organismo autónomo dentro
de las cárceles de Ciudad Constitución, La Paz y San José del Cabo.
La información es
producto de una supervisión permanente, visitas periódicas y atención
personalizada de quejas que fueron expuestas a la institución durante el levantamiento
del diagnóstico. Por su importancia destacan, entre otros puntos, los cobros
indebidos por los propios reos respecto del control de la seguridad y de
servicios, pase de lista, mantenimiento de dormitorios, acceso de visitas y no
realizar labores de limpieza.
Asimismo se anota el
tráfico de drogas y alcohol, así como objetos y comunicaciones telefónicas; la
carencia de personal de seguridad y de custodia, instalaciones en mal estado en
cocina, comedor, visita familiar, talleres y áreas deportivas, así como
alimentación insuficiente, y sobrepoblación de internos.
Lo anterior no es
otra cosa más que el reflejo de una cruda realidad que se vive todos los días
dentro de las cárceles en el estado.
Datos recabados por
ZETA expusieron que la población penitenciaria actualmente asciende a mil 707
reos, distribuidos de la siguiente manera:
1.- La Paz cuenta con 721 de los cuales 490 son del
fuero común y 231 del orden federal.
2.- Ciudad Constitución tiene 157 de los cuales 153
son del orden común y solo 4 del fuero federal.
3.- Santa Rosalía cuenta con 186 de los cuales 178 son
del fuero común y 8 del orden federal.
4.- Loreto tiene 33 de los cuales los 33 son del fuero
común.
5.- San José del Cabo cuenta con 610 de los cuales 590
son del orden común y 20 del fuero federal.
De toda esta cifra,
51 son mujeres y mil 656 son hombres, y los cuales cuestan al estado cerca de
40 millones tan solo en alimentación. En números fríos, son 60 pesos diarios
por prisionero, lo que equivale a 102 mil 420 por día y tres millones 072 mil
600 pesos por mes y 36 millones 871 mil 200 por año.
Las quejas
A raíz del
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2011, la Comisión Estatal
de Derechos Humanos (CEDH) puso en marcha un programa piloto de “visitadurías”
al Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Paz.
“La intención es
hablar con los reos y dar atención individualizada sobre quejas que puedan
presentarse en este organismo autónomo, y donde hemos detectado algunos
problemas que posteriormente son expuestos a las autoridades penitenciarias y
logramos una solución”, dijo el presidente de la CEDH, Ramón Meza Verdugo.
— ¿Y los otros
penales?, cuestionó ZETA.
“No lo hemos
implementado, porque tenemos escasez de personal, pero ya hemos estado hablando
con algunos visitadores de los municipios, y es muy posible que este año,
aterricemos el programa en todos los penales del estado. La verdad de las cosas
es que no es que vamos cada mes al Cereso en el caso de La Paz, ya que el
visitador va prácticamente todos los días, porque muchos de los asuntos que
recoge en su visita mensual formal, tiene que salir y desahogarlos en el penal
y eso permite que entre y salga todos los días de la semana y atienda asuntos
durante dos o tres horas diariamente”.
Tan solo en enero la
CEDH recibió 13 quejas de internos del penal de La Paz, y cinco más fueron
presentadas durante una visita esporádica a las cárceles de San José del Cabo,
Ciudad Constitución y Santa Rosalía.
Desde el punto de
vista del presidente del organismo, Ramón Meza Verdugo, la violación de los
derechos humanos no es una constante dentro de los penales, en comparación con
el caso de los cuerpos policiacos. “Las cifras que tenemos no son
significativas y los pocos casos que nos llegan son atendidos, y tienen
solución rápida, sobre todo porque tienen que ver con castigos y negligencia de
revisión de expedientes o de libertades e incluso de la dilatación de
resoluciones de los jueces en las sentencias”, señaló.
Pero
independientemente del diagnóstico oficial, el principal problema del penal de
La Paz es el encarcelamiento de aproximadamente 10 reos que están purgando una
condena, a pesar de que padecen de sus facultades mentales.
A decir del
presidente del organismo, Ramón Meza Verdugo, los prisioneros con problemas
mentales irreversibles, prácticamente conviven con el resto de los internos y
no están aislados y quienes por humanidad “deberían de estar internados en un
hospital psiquiátrico o en un establecimiento especializado en el tratamiento
de personas con enfermedades mentales irreversibles”.
El ombudsman agregó
que recientemente presentaron un proyecto para la construcción de un hospital
monovalente o un manicomio para que se puedan internar no solo a reos, sino a
personas internas en el hospital psiquiátrico, y los cuales tienen daños
mentales que desgraciadamente no se pueden solucionar. “Es lo humanamente
posible hacer por ellos, porque independientemente de todo, son personas y
tienen sentimientos, aunque estén trastornadas”, señaló.
Aunque fuera de
estos señalamientos el ombudsman consideró que “dentro de las cárceles priva la
tranquilidad, salvo el intento de motín registrado el 9 de octubre del 2012 en
La Paz y el amotinamiento del 7 de febrero pasado en el de San José del Cabo”.
— ¿Ya estuvieron en
el Cereso de Los Cabos?
“Sí, ya estuvimos e
incluso el día del motín pasamos hasta dentro y no hubo quejas. Obviamente, eso
no quiere decir que no vaya a haber. Lo que hicimos ahora fue regresar y hablar
con los presos para recoger posibles quejas y de las cuales tendremos
información una vez que se levanten las actas.”
El presidente de la
CEDH anticipó que la queja principal que habían recolectado dentro de ese penal
“era la escasez de alimentos y la entrega de porciones muy limitadas que no
satisfacían el paladar de la mayoría de los internos”, información que fue
expuesta por los propios reos y algunos familiares tras estallar el motín del 7
de febrero.
Datos recabados por
este Semanario expusieron que el Cereso de San José del Cabo, estaba atravesado
por su peor momento desde su inauguración registrada el 24 de octubre del 2007.
El motín –según
testimonios de trabajadores del penal– “ya se veía venir” porque estaba en
completo abandono “y todo mundo hacía lo que quería”, tanto así que el Director
era interino y carecía de comandante general, jefe jurídico, de recursos
humanos y hasta de criminología.
La única área
medianamente funcional era la de administración bajo el cargo de Elsa Agúndez
Ceseña, prima del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y de su ex esposa,
Sonia Gómez Ceseña, y quien en el sexenio pasado ocupó el cargo de secretaria
privada de la ex Primera dama.
No obstante, los
trabajadores mencionaron a ZETA que la administradora restringía mucho los
gastos de alimentación y comúnmente faltaba entre 40 y 60 platillos de reos por
día, y cuya carencia siempre pretendía solucionar “dándoles un huevo”.
Por último, a raíz
de la revuelta que se registró la semana pasada, no había todavía una
cuantificación de los daños ocasionados en el interior del Cereso de San José
del Cabo. Empero, el director del penal de La Paz, Jesús Ranghner Torres fue
transferido como director a ese penal de Los Cabos, y en su lugar quedó
provisionalmente Raymundo Flores.
La revisión
Ante esta situación,
el secretario general de gobierno, Armando Martínez Vega explicó que “el sistema penitenciario entró en un
proceso de revisión exhaustiva, ya que actualmente se elabora una evaluación en
el estado en conjunto con el gobierno del Presidente de México, Enrique Peña
Nieto”.
De entrada, anticipó
que el primer paso que van a dar para revertir está evidente crisis
penitenciaria es tratar de descomprimir las prisiones y lograr la transferencia
de alrededor de 80 reos sentenciados del fuero federal hacia cárceles de
seguridad máxima, porque la sobrepoblación es un tema pendiente en la agenda,
sobre todo en el Cereso de La Paz.
“Estamos muy
preocupados en cuanto a su ubicación, ya que actualmente está dentro de la
marcha urbana y tenemos planeado reubicarlo definitivamente fuera de la ciudad,
pero hasta ahorita no hemos conseguido el respaldo económico en el seno del
Consejo Nacional de Seguridad Pública”, reconoció.
Durante una
entrevista con ZETA indicó que la reubicación del Cereso de La Paz, costaría
cerca de mil 400 millones de pesos y admitió que “es muy costoso porque debe
ser construido con materiales especiales desde celdas, bardas perimetrales y
todo el sistema de vídeo-vigilancia y seguridad”.
El segundo paso que
las autoridades tienen en mente es agilizar el proceso de sentencias de cada
uno de los internos de las cárceles, ya que es el principal problema y reclamo,
derivado de que algunos reos tienen ya hasta tres años y todavía no han
recibido una sentencia del Juez que pueda ser condenatoria, libertad o pago de
una fianza, cuando en teoría, debieron haberla recibido en un plazo no mayor al
año.
Según un informe de
resultados de enero del 2012 a enero del 2013 de la Secretaría Estatal de
Seguridad Pública –responsable de las penitenciarías– casi la mitad de la
población interna está en el estatus de procesados, lo que quiere decir que no
han recibido sentencia de parte de un Juez.
En el caso de los
reos del fuero común, de los mil 144, solo 549 han sido sentenciados y 888 se
encuentra en calidad de procesados, lo que representa una diferencia del 75 por
ciento entre uno y otro.
En el caso de los
presos del fuero federal, de los 263, solo 77 fueron sentenciados y 186
aparecen como procesados, lo que significa una diferencia del 140 por ciento.
Armando Martínez
Vega también afirmó que actualmente están trabajando apegados a los códigos y
reglas de operación nacional de las penitenciarías, donde está establecido el
tipo de alimentación y el tratamiento que deben de otorgar a personas que están
purgando una condena por haber cometido un delito.
El funcionario dijo
que aún tendrán que esperar tres o cuatro meses la aprobación de la iniciativa
de reforma a la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de
Sanciones, a fin de homologarla e implementar las nuevas reglas del juego en
esta materia.
— ¿En qué
condiciones, considera, están operando las cárceles del estado?, se le
preguntó.
“Nosotros estamos
trabajando apegados a las normas federales y eso está validado en el
diagnóstico que hace poco hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Dirección
General de Prevención y Reinserción Social. El estado estaba calificado con un
5.66 cuando recientemente empezó está administración, y ahorita estamos en el
estatus de 6.61, lo que quiere decir que nos hemos esforzado en atender todas
las recomendaciones que se han hecho desde mejora en las instalaciones hasta
suplir deficiencias en actividades, atenciones y trato. No digo que todo se
haya solucionado, pero estamos avanzando, y sobre todo porque periódicamente
somos sujetos de revisión por parte de la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social, y la cual toma nota y evalúa y de eso depende que bajen más
recursos federales para equipamiento, armamento y equipo, así como
capacitación”.
El secretario
general añadió que este año el personal de seguridad y custodia de los penales
habrá de ser evaluado y tendrá que ser sometido a exámenes de control y
confianza porque tienen la mira puesta en lograr que todos sean custodios
acreditables.
— ¿Y los que no
pasen?
“Bueno, por eso van
a presentar un examen y van a ser sometidos a capacitación, y el que no pase,
pues tendremos que darles las gracias”.
El funcionario
enfatizó que actualmente Gobierno del Estado corre con todos los gastos de los
penales desde alimentación hasta luz, agua y gas entre otros gastos indirectos,
y la federación entrega una aportación mínima de cinco millones de pesos al
año. Además, consideró que el dinero destinado a los penales alcanza bien para
cubrir los gastos más elementales y preparar cinco mil 121 raciones de alimento
diariamente, conforme al rol del menú de cada semana y basado en la norma de
las penitenciarías y autorizado por un consejo.
“Las revisiones que
nos hacen de la federación son tan rígidas que traen médicos y nutriólogos y
toman internos al azar y los someten a una evaluación para ver su nivel de
nutrición y ahí salen los resultados”, comentó.
(ZETA Baja California Sur/ Gerardo Zúñiga Pacheco /
febrero 18, 2013)
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