FEDERALES: CHANTAJE Y EXTORSIÓN

Comerciantes mexicalenses están temerosos pero también hartos, de los policías federales a quienes acusan de “delincuentes con charola” porque los “cazan” apenas cruzan mercancía por la aduana, los detienen y hostigan para que paguen “cuotas”.

Mientras en Tijuana, transportistas manifiestan su indignación ante la liberación del ex comisario de la Policía Federal Eduardo Vega Camberos, preso desde septiembre de 2012 por el delito de extorsión

Los hostigan, los acechan, los detienen y los extorsionan.

Sergio Haro Cordero/ Rosario Mosso Castro

Policías Federales les exigen cuota semanal en dólares. Aparte, por recuperar la mercancía que les retienen, les piden entre 3 mil 500 a cinco mil dólares, son pequeño-comerciantes de muebles en Mexicali que, pese a “contar con todos los documentos de importación en regla”, aseguran, estado siendo sistemáticamente hostigados por agentes federales (AFIS) y sus “madrinas”.

Los persiguen apenas cruzan la aduana, los identifican, los amenazan y –en caso de no pagar– les detienen con todo y mercancía. Utilizan a “madrinas” y a una mujer que se hace llamar “licenciada Lina”, o Lorena.

Algunos han sido detenidos y llevados hasta las instalaciones de la PGR en Mexicali, quedan liberados por un amparo pero la mercancía ahí la retienen. Lo peor es que pueden pasar días –a la espera de negociar– para que se consignen ante el Ministerio Público Federal, instancia que tiene sus oficinas en ese mismo edificio.

“No somos delincuentes, ni contrabandistas, pagamos todos los trámites de importación y aun así nos siguen hostigando”, expone una de las comerciantes quien, por protección, pide el anonimato.

Apenas el domingo 10 de febrero de 2013 trascendió en Mexicali la detención en flagrancia de dos agentes de la Policía Federal Preventiva –los que eran la Federal de Caminos– acusados por ciudadanos precisamente de extorsión.

Desde las oficinas centrales de la PFP se trasladó un grupo encabezado por el titular de Asuntos Internos, Eduardo Rodríguez, quien coordinó la detención de los oficiales Luis Alberto Carmona y Jesús Said Cerecedo, los que ya fueron puestos a disposición del Juzgado de Distrito. De acuerdo a la información habría al menos otros seis elementos de esa corporación bajo investigación.

Sin embargo los empresarios y comerciantes extorsionados tienen pocas esperanzas en el actuar de la PGR contra sus compañeros corruptos, sobre todo porque apenas este 13 de febrero, la magistrada  Edna María Navarro liberó al ex comisario de la Policía Federal Luis Eduardo Vega Camberos, detenido apenas en septiembre de 2012 en una extorsión flagrante.

No doy cuota

La nueva queja implica a una veintena de comerciantes relacionados con el giro de muebles –más de cien, pero la mayoría temen denunciar– quienes adquieren su mercancía en Los Ángeles, California y la cruzan, repiten, “legalmente” por Mexicali.

“Nos han estado acechando, más o menos desde la semana pasada que ya empezaron a detener a compañeros con sus muebles y sus unidades. No se consigna, se llevan las unidades y están pidiendo una cantidad de 3 mil 500 dólares para arriba”, confió una de las indignadas comerciantes. No conforme con eso les exigen una cuota semanal que va de los 100, 150 dólares. Les mandan mensajes, utilizan a terceros, les hablan por radio.

Aseguran que se han asesorado de un abogado fiscalista para asegurarse de que estuvieran perfectamente al corriente. Todos tienen facturas, boletas, están al día con sus contribuciones fiscales, pagos de IETU, ISR, IVA.

“Pero además la mayor parte de nuestros muebles –de China, Malasia, Indonesia, Brasil, España– tienen tasa cero de arancel, eso quiere decir que nosotros únicamente pagamos el 16 por ciento de IVA, los honorarios de las comercializadoras, del agente aduanal”.

Un comerciante narra cómo empezó el hostigamiento primero con la visita en su establecimiento de gente extraña –“malandros”, asegura– que envían por enfrente para identificar datos, vehículos, gente. En otro de los negocios familiares otros tipos preguntaban si la mercancía estaba legalmente importada. Luego recibieron aviso que les estaban tomando fotos a la salida de las aduanas.

Calculan que en Mexicali puede haber alrededor de cien comerciantes dedicados a la venta de muebles, pero en pequeña escala y en negocios establecidos. Aunque la gran mayoría están temerosos de denunciar los atropellos y hostigamiento.

“Uno paga la boleta, sale con la mercancía de la zona aduanal y te están esperando, te siguen hasta el negocio y piden la documentación y al mostrarle te dicen que eso no sirve, te agarran y te llevan a las instalaciones de la PGR y ahí empieza el jaloneo”.

Una de las mujeres asegura haber sido detenida dos veces, la primera fue a la altura del edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el Río Nuevo. La pararon dos hombres que viajaban en un pickup blanco, le prendieron los códigos. Portaban un gafete grande y se identificaron como agentes federales. Le pidieron los papales de importación pero le dijeron que esos documentos no servían. En eso llegó el esposo de la mujer y después de una discusión verbal los dejaron ir.

Después la señora empezó a recibir una serie de mensajes a través de otros comerciantes que ya habían sido detenidos. El mensaje era que ya se “pusieran” con la cuota si no querían ser aprehendidos. Le pedían que entregara 150 dólares semanales. Investigaron por su cuenta y el radio estaba registrado a nombre de Hugo Madrigal.

“Hay una brava mujer que anda ahí entre ellos, es una aspirina, es la que se encarga de las cuotas, inclusive ha ido a negocios a hostigar a comerciantes. Se hace llamar Lina o Lorena”, expone otro de los denunciantes en alusión a la persona que mandan por delante.

Otro de ellos comenta que cuando detienen a alguno de los comerciantes, se los llevan a las instalaciones de la subdelegación de la PGR pero las negociaciones las hacen fuera del inmueble.

“Tenemos compañeros muy cercanos que han sido extorsionados pero no quieren venir”, asegura otro de los muebleros quien hace un llamado a todas las autoridades para que encaren esta problemática que atraviesan.

Un comerciante más, narra cómo el pasado jueves 7 de febrero, cerca de la una de la tarde, después de cruzar la aduana, estas personas lo siguieron hasta su negocio. Ahí le pidieron la documentación y pese a mostrarles la boleta del pago en Pequeña Importación optaron por trasladarlo las instalaciones de la PGR. Eran dos agentes que le pidieron tres mil dólares pero solo alcanza a completarles seis mil pesos y así fue como lo soltaron.

Dos horas más tarde, detuvieron a otros de los afectados. Eran dos personas a bordo de un pickup blanco sin insignias oficiales pero los tipos les mostraron la “charola” de la PGR, pidieron los documentos y de inmediato le dijeron que lo acompañara, lo tomaron del cinturón y trataron de sacarlo de su propiedad. Luego llegaron con una grúa y se llevaron vehículo y mercancía a las instalaciones de la PGR donde –hasta media semana– estaba aún detenido. Él quedó libre porque llamó a su abogado. Hasta el momento no han consignado el caso.

“No entiendo, no llevo ni droga, ni armas, ni nada, fomento el empleo, pago el Seguro Social, pago mis impuestos”, comenta el comerciante, quien por temor tuvo que recurrir a un amparo. Describe a los agentes involucrados, uno blanco, estatura mediana y el otro moreno, como de 1.85. “Mucha prepotencia”, asegura.

Usan también un pick up Chevrolet Silverado con placas de Sinaloa, otro con láminas de Tijuana. “De repente nos llegan temporadas en que también los municipales quieren, en que hasta los de la PEP nos extorsionan, expone una de las comerciantes.

Un joven también mueblero narra su experiencia, surgida hace seis meses cuando apenas saliendo de la aduana lo paró una patrulla de la dirección de Seguridad Pública Municipal. El agente le pedía dinero y le argumentaba que con los papales que traía no podía comprobar la legal estancia de los muebles que trasportaba. “Como que era un ex agente de la fiscal antes porque manejaba mucha información de los papeleos”, expone.

Finalmente fue trasladado hasta la Comandancia de la Policía Municipal donde estuvo detenido varias horas. “Me habían encerrado, esposado, llegó un comandante y hasta me rayó la madre”. Luego acudió uno de sus familiares, habló con el sub director y solo así fue liberado.

“Son delincuentes con charola”, expone otro de los presentes quien adelanta cómo han empezado a organizarse para promover una asociación de muebleros y por lo pronto buscan la asesoría jurídica.

“El problema es que nos están machacando la mente, con nuestra familia, con nuestro negocio, con nuestro dinero”, comenta uno de los presentes.

“Nosotros no somos contrabandistas de los que pasan por la brecha ni de los que cajuelean, nosotros salimos de la aduana, de la Pequeña Importación. No traficamos dinero, no traficamos armas, no tenemos antecedentes criminales, trabajamos y estamos al corriente en nuestros impuestos”, sintetiza una de las denunciantes.

Por lo pronto y evidentemente hartos de esta situación, los muebleros se aprestan a denunciar y asumir las consecuencias, advierten que si siguen las detenciones van a acudir a las instalaciones de la PGR y “armar un escándalo”.

“Estamos preparados con todo”, asumen los comerciantes cachanillas.

CANACO propone defenderse

“La extorsión general es un tema delicado, pero la extorsión por parte de funcionarios públicos realmente va en contra de todo principio fundamental del ser humano”, comenta de entrada el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en Mexicali, Jorge Cervantes.

El líder del comercio organizado en Mexicali explica que como cámara han trabajado muy de cerca con la PGR y refiere cómo desde hace varios meses publicaron en la página de internet y distribuyeron volantes y más de 5 mil correos electrónicos donde solicitaban información sobre posibles extorsiones de comerciantes de parte de agentes federales.

Cervantes explica que de esa campaña –implementada hace medio año– no hubo respuesta. “No recibimos reclamación, ninguna denuncia de este tipo”, dice el dirigente de Canaco, quien amplía:

“Yo invito a todos los comerciantes de cualquier giro que se acerquen a Canaco. Traemos un programa muy fuerte de seguridad, especialmente la denuncia anónima”, dice en referencia al plan implementado para tratar de contrarrestar la inseguridad. Esto ha incluido la instalación de un buzón de denuncia anónima ahí en las instalaciones de Canaco en Mexicali.

“Cualquiera que denuncie nadie va a saber su identidad y vamos a poder darle seguimiento a través de Canaco”, comenta Cervantes quien explica que aun cuando no sean afiliados a la Cámara este grupo de comerciantes en muebles pueden recibir todo tipo de apoyo.

Dice que como grupo han tratado de beneficiar a todo el comercio formal y los efectos de este esfuerzo han sido para todos los comerciantes. “Claro que hay temas, programas específicamente para nuestros afiliados, pero el tema de seguridad lo hemos trabajado para toda la población, incluso para los habitantes de Mexicali que no son comerciantes”, asegura.

En ese sentido, insiste en la necesidad de que quienes se sientan agraviados por acciones policiacas ilegales se acerquen a la Cámara. “Hemos logrado desarticular muchos tipos de extorsión policiaca, aun dentro de los comerciantes que no están afiliados a la Cámara”, sostiene Cervantes.

PGR pide denunciar

Se preguntó sobre el tema al Delegado de la PGR en Baja California, Rafael González Cervantes, quien remitió al reportero al área de comunicación social de la dependencia de donde aclararon que desde el 1 de diciembre pasado hay la restricción –para todas las delegaciones– a otorgar información ya que ésta debe surgir desde las oficinas centrales en la Ciudad de México.

Desde el área central de comunicación social de la PGR atendieron la llamada y dijeron que buscarían información acerca del tema planteado, pero al cierre de edición no habían proporcionado respuesta.

Ante el vacío informativo, de forma extraoficial, funcionarios locales de la procuraduría general refirieron que para perseguir a los oficiales extorsionadores es necesario que las víctimas, a pesar del miedo, presenten una denuncia porque no es un delito que se persiga de oficio. “Incluso si se publican notas periodísticas, la PGR no puede iniciar una averiguación previa con esa base”.

Sin embargo los afectados están renuentes ante la deficiente respuesta de la procuraduría y los jueces en denuncias previas. Como ejemplo, la reciente liberación del ex comisario de la Policía Federal, Luis Eduardo Vega Camberos concretada a las tres de la mañana del miércoles 13 de febrero de 2012.

“Nos convirtieron nuevamente en juguetes de la faramalla política, el Presidente, los gobernadores, anuncios en televisión pidiendo a la gente que denuncié, ¿para qué? Pura demagogia, otra vez tenemos que defendernos por nuestros propios medios”, reclamaron el señor Alejandro Torres y su abogado quienes el año pasado tuvieron el valor de denunciarlo. Gastaron recursos para hacerlo en México y tratar de evitar los actos de impunidad que hoy protegen al ex comisario Vega.

Liberan a federal extorsionador

Luis Eduardo Vega Camberos fue capturado el 27 de septiembre de 2012 por elementos federales trasladados desde la ciudad de México, se trató de un plan piloto, basado en un operativo para detener a los policías corruptos en flagrancia.

En compañía de su inspector primero Alfredo García Carrillo, Vega se reunió con el señor Torres y su abogado para recibir 25 mil pesos que solicitaron a cambio de no revisar sus camiones (flotilla dedicada al traslado de materiales pétreos) dentro de un operativo ordenado desde la ciudad de México.

“Con la aclaración de que no ofrecimos el dinero, ellos lo pidieron, lo exigieron y sin razón pararon los camiones afectando nuestros tiempos de entrega para presionarnos. De hecho para ellos el problema fue que nos negamos a seguir entregándoles dinero”, refirió el afectado.

Hartos de la extorsión sistemática implementada por los uniformados de la federación por lo menos  desde 2006 en un operativo que desde entonces es conocido en el bajo mundo como “Las Camionetas” en el que los transportistas que trasladan mercancía a través de Baja California son obligados a pagar una cuota, decidieron denunciar, pero en  México para evitar que el comisario se cobijara en la corrupción de las autoridades locales.

Desde el centro del país se planeó la aprehensión, quienes recibieron la denuncia decidieron atenderla porque frente a ellos, los afectados realizaron llamadas en altavoz con algunos de los implicados para evidenciar los acto de corrupción.

Cuando los oficiales extorsionadores buscaron el dinero, acordaron una reunión en el hotel de la zona río en Tijuana donde platicaron, recibieron un sobre con los 25 mil pesos y cuando salían fueron detenidos por otros  agentes federales.

El 5 de octubre de 2012, Arturo González, secretario de acuerdos del Juzgado Décimo Sexto Distrito de Baja California, determinó que existían elementos suficientes para determinar la formal prisión de Vega y García por el delito de extorsión, el abogado de Vega Camberos apeló dicha resolución incluida en la causa penal 425/2012.

Como resultado, el 13 de febrero de 2013, la magistrada Edna María Navarro García del Sexto Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito resolvió en la toca  559/2012 el “auto de liberación con reservas de Ley por falta de elementos” y aseguró que el juzgador anterior “no estuvo en lo correcto al considerara a” Vega Camberos “como probable responsable”.

Para la magistrada, las declaraciones del señor Torres y su abogado, los agentes federales que participaron en la aprehensión, el video del hotel, así como los informes de inspección del vehículo y el sobre con dinero “no son suficientes jurídicamente para inculparlo”, que la extorsión sí existió pero los elementos sólo sirven para responsabilizar a su subalterno Alfredo García Carrillo.

La magistrada Edna María Navarro García decretó la libertad a pesar de que en su determinación reconoció que el abogado sí habló de una reunión ocurrida el 23 de agosto 2012: “…en las oficinas de la Policía Federal en la que dijo el comisionado Luis Eduardo Vega Camberos en presencia del ofendido (Torres) les hizo del conocimiento de un operativo ordenado desde la ciudad de México para revisar camiones, sugiriéndoles que ellos podían excluir de revisión a los vehículos que desearan mediante el pago de 25 mil pesos…”

“…sin embargo tal información por un lado no puede entenderse como un acto intimidatorio si se considera que el propio (Hernández Martínez, víctima) reconoció, que Luis Eduardo Vega Camberos les enteró lo anterior a título comunicativo, para que lo pensaran y vieran si les convenía, por lo que jamás hubo una supresión de voluntad.

“…y por otro lado tal aseveración del testigo (abogado) no fue corroborada en autos el representante social federal, partiéndose de la base de que tal cónclave jamás lo refirió la víctima (Alejandro).

Torres desmiente a la juez y asegura que los señalamientos respecto a Vega están en dos declaraciones. Que le preguntaron y sí habló de la reunión, pero además hizo otras menciones.

“Vega Camberos dijo cuando le hablé de la extorsión de García ´ese cabrón no hace nada si no lo ordeno yo´, entonces le contesté que ya había entendido, en el video está cuando después yo extiendo el sobre, le dije ‘aquí está lo que me pediste pero ya suéltame’; él respondió, ‘dale el dinero a tu abogado y que se lo dé a Carrillo’ (García Carrillo), le dio instrucciones de recibir el dinero en otra parte para que lo pudiera contar”. El entonces inspector primero y el abogado atienden la instrucción y hacen el intercambio en el estacionamiento.

“Todo eso lo declaré dos veces, obra en actas, la magistrada no puede decir que no lo imputamos”, reclama Torres.

En la misma sentencia Edna María Navarro se va contra los denunciantes aduciendo que si bien la víctima y el testigo coinciden en señalar que Vega les exigió el pago para no secuestrar la flotilla: “…tal constreñimiento no puede entenderse afectado del aspecto emocional de la víctima cuando ésta sabía plenamente que agentes de la policía mantenían un operativo de vigilancia para mantener infraganti al ahora inculpado”.

Con la intención de exponer que las víctimas tenían la opción de no entregar el dinero porque en ese preciso momento su seguridad no estaba amenazada, –porque había policías cuidándolos– argumento absurdo considerando que se trataba de un operativo para detener a los policías criminales en flagrancia.

Al final, conforme a los criterios de la licenciada Navarro García, titular del Sexto Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito los elementos de prueba sólo sirven para iniciarle proceso a Alfredo García Carrillo pero en el caso del ex comisario de la Policía Federal, solo prueba que se reunió con los extorsionados, pero no demuestran vínculo de Vega Camberos con el dinero asegurado”, así de simple para la magistrada el ignorar las declaraciones de las víctimas.

“Si así fuera ¿a qué fue el comisario a la reunión? Estaban Vega y García en la misma mesa con el sobre enfrente, pretenden suponer que García hizo todo a sus espaldas. Nosotros hablamos con él para quejarnos del comportamiento de García y admitió que su subalterno no hacía nada sin sus órdenes”, reclamaron las víctimas.

“Denunciamos y sale, ahora vienen las consecuencias, ¿qué vamos a esperar? Por lo pronto están hostigando a los choferes de nuestras flotilla y tenemos que esperar más consecuencias”, concluyó en medio de la decepción y molestia el señor Torres, en las oficinas de ZETA.

El juicio contra Alfredo García Carrillo sigue en proceso.

Otro federal quedará en libertad

En cuanto a los oficiales de la Federal de Caminos, Luis Alberto Carmona y Jesús Said Cerecedo, detenidos el domingo 10 de febrero mientras realizaban una extorsión en Mexicali, Baja California, el proceso de denuncia y el operativo fue similar al de Vega Camberos, y el operativo se preparó para detenerlos en flagrancia.

En este caso en particular, la pareja estaba integrada por un elemento que llevaba ya tiempo en el mismo servicio y por un recién llegado, “era su primer día en esa patrulla”, pero las evidencias muestran que la primera lección en su día de entrenamiento era la extorsión.

Conforme al relato de hechos, al momento de la comisión de delito, el agente más experimentado fue él único que bajó de la unidad a recibir el dinero, el “novato” jamás bajó de la unidad y ese argumento puede exonerarlo conforme a los criterios judiciales manejados en el estado.

Mientras tanto, siguen a disposición del Juzgado Primero de Distrito bajo la causa penal 26/2013. De acuerdo a la información habría al menos otros seis elementos de esa corporación bajo investigación.

A las 21:55 horas del 11 de febrero ingresaron al Centro de Readaptación Social de Mexicali, donde hasta el cierre de edición permanecían en espera de la determinación del juez.

(SEMANARIO ZETA/ Sergio Haro /febrero 18, 2013)