El Universal
De acuerdo con el estudio, México: Flujos financieros ilícitos,
desequilibrio macroeconómico y la economía sumergida, el país ocupó la segunda
posición en una lista de 160 naciones en vías de desarrollo.
El primer
sitio lo ocupó China y el tercero, después de México, Rusia.
Raymond
Baker, director de Global Financial Integrity, mencionó que los flujos
financieros ilícitos de México entre 1970 y 2010 se elevaron a 872 mil millones
de dólares.
Detalló que a partir del año 2000, los flujos salientes
anuales promedio ascendieron a 50 mil millones de dólares; estos recursos se
refieren a los recursos ilícitos que salen del país.
Baker reconoció que
es alarmante el incremento en la salida de dinero ilícito. Durante los años 70,
el monto promedio en tres mil millones de dólares, en los 80 llegó a dos mil 400
mdd, en los 90 sumó 17 mil 400 millones de dólares y en la última década la
cifra llegó a 49 mil 600 millones de dólares.
El estudio destacó que
entre los años 90 y el 2000 la facturación fraudulenta representó 80% de los
fondos ilícitos que salieron del país, cifra que aumentó con rapidez tras la
firma del Tratado de Libre Comercio de América del
norte.
Buscan transparencia
El directivo
insistió que es primordial una mayor transparencia de las actividades
financieras internacionales; incluso México pidió al departamento del Tesoro de
Estados Unidos que le conceda acceso a mecanismos para el intercambio automático
de información fiscal, tal y como ocurre entre la Unión Americana y
Canadá.
En el documentó también se precisó que en los últimos cuarenta
años la salida de capital ilegal representa un promedio anual de 5.2% del
Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, en los últimos 16 años la cifra llegó
hasta 6.6% del PIB.
Para frenar la salida de recursos ilícitos, el
especialista propuso elaborar leyes bancarias nacionales que legalicen la
apertura de cuentas en bancos, empresas de valores, aseguradoras, sin el
conocimiento de las personas naturales a quienes pertenecen las
cuentas.
También planteó la necesidad de exigir que las transacciones de
gran volumen con los paraísos fiscales y las jurisdicciones con secrecía se
envíen a una agencia específica del Banco Central otro organismo para su
revisión y aprobación.
Recomendó hacer responsables a los auditores de
las empresas de comunicar las transacciones con entidades de los paraísos
fiscales así como el propósito de las operaciones.
Incluso se debe
considerar a la evasión fiscal como un crimen en lugar de un delito subyacente,
el que se vincule a una causa abierta por blanqueo de capital.
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