miércoles, 14 de diciembre de 2011

SIGUE EL NEGOCIO DE LA "RENTA" DE POLICIAS PARA CUIDAR EDIFICIOS Y EMPRESARIOS

Rentan policías de la DSP para cuidar edificios y empresarios

Javier Valdez 
El Gobierno del Estado prioriza el negocio de la “renta” de policías sobre el combate al delito: tiene un “ejército” de 944 agentes adscritos a la Dirección de Servicios de Protección (DSP), en contraste con los 419 policías de la Estatal Preventiva, pero los destina a cuidar edificios y empresas.

Y a ganar dinero. Datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa indican que de este total de uniformados adscritos a servicios de custodia de valores, 487 realizan labores de vigilancia en negocios comerciales como bancos y otros, 181 lo hacen en empacadoras agrícolas y 153 están “comisionados” a la protección de inmuebles del Gobierno y otros que no han sido especificados, como el cuidado de servidores públicos.

Información extraoficial de Gobierno del Estado indica que 13 están incapacitados, a los que se agregan 4 supervisores, y unos 20 más adscritos a los accesos peatonales y vehiculares de los edificios de Gobierno, como la Unidad de Servicios Estatales y la Unidad Administrativa, aunque se cree que son al menos el doble.

Otras versiones, también del interior de la administración pública estatal, indican que 81 de estos integrantes de la DSP están asignados a escoltas de servidores públicos y exfuncionarios de otros gobiernos, y de estos unos 60 operan como guardias de seguridad del gobernador Mario López Valdez.

Los servicios de custodia o escoltas a integrantes del Gabinete están señalados en la Ley Estatal de Seguridad Pública, de los artículos 179 al 181, de los que se desprende además un reglamento que incluye un Comité Intersecretarial que decide a quién, porqué y cómo se da este servicio.

La fuente señala que otros funcionarios, en su mayoría de primer nivel, como los secretarios de Administración y Finanzas, Seguridad Pública, Supremo Tribunal de Justicia, jueces penales, subsecretarios y personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y quienes lo soliciten por realizar labores de cierto riesgo, cuentan con escoltas que forman parte de la DSP.

Versiones extraoficiales señalan que el mandatario contaría con al menos 30 de estos agentes, a los que se agregan policías de la Federal Preventiva y de otras corporaciones.

A Jesús Aguilar Padilla, el anterior mandatario, lo custodiaban 17 agentes, a quienes se suman los asignados a la seguridad de sus familiares.

En cambio, la Policía Estatal Preventiva, que también depende de la SSP, está conformada por 419 agentes, que en su mayoría realizan labores de prevención, vigilancia y contención del delito en zonas conflictivas como Culiacán, Navolato y Mazatlán, donde cuentan con una base.

Pero intervienen en actos de gran confluencia de personas y vehículos, como las playas, la Feria Ganadera y los festejos del Día de la Virgen de Guadalupe.

También acompañan a servidores públicos a zonas rurales para el pago de recursos de programas sociales como Oportunidades y campañas de vacunación.

De estos poco más de 400 policías, un número indeterminado está sometido a cursos de actualización y especialización para conformar la llamada Policía Acreditable, participar en análisis de información sobre hechos delictivos y labores de investigación, además de operativos especiales.

Cuidar edificios Es común ver a los agentes, con el fusil terciado o la subametralladora Uzi, con su típico uniforme gris, en residencias por el bulevar Doctor Romero o por la avenida Pedro María Anaya, en la colonia Las Quintas, pero también en inmuebles como la pensión de vehículos asegurados, en El Barrio, o vestidos de civil en establecimientos comerciales u oficinas privadas.

No parecen cuidar ciudadanos ni estar atentos a los peatones, si estos sufren algún ataque. Más bien parecen estar preocupados por quién entra y sale a esos edificios, o si las paredes se mueven o la acera se ensancha.

Eso pasa en Culiacán, que concentra la mayoría de los casi mil 800 homicidios sumados en lo que va del año, que es lo mismo que lleva Mario López Valdez, Malova, al frente de la administración estatal.

Este servicio de seguridad bien podría sustituirse con integrantes de corporaciones privadas mientras los policías de la Dirección de Servicios de Protección combaten en las calles al delito, en una ciudad violenta, marcada por narcotraficantes, servidores públicos corruptos y cómplices de criminales, y secuestros, asaltos y robos a la alza.

Información extraoficial señala que el Gobierno, a través de sus áreas de recaudación, capta recursos por este concepto de servicios de protección, oficial o extraoficialmente, entre 8 mil 500 y 9 mil pesos mensuales por la “renta” de cada uno de los agentes, de acuerdo con un reportaje publicado por Ríodoce en agosto de 2010.

“Muchas de estas empresas tienen diez agentes, pero en realidad son cuatro o cinco los contratados, entonces el resto los pagan por fuera, sin documento oficial alguna, y el pago se hace directamente al director o algún funcionario que no depende de la Secretaría de Seguridad Pública, sino de encumbrados servidores públicos, del más alto nivel”, aseguró un alto funcionario de la SSP, del gobierno anterior.

 Otro perfil Francisco Martínez, subsecretario de Seguridad Pública, dijo que los agentes de la Dirección de Servicios de Protección, cuyo servicio está dentro de lo que marca la ley, no tienen perfil para labores de patrullaje y prevención del delito, sino para el traslado de valores y la custodia o servicios de guardaespaldas de funcionarios y empresarios, por eso no los usan en el combate a la criminalidad.

 “Es cierto, muy cierto, tenemos un déficit de policías y además está el reto de contar con mejores agentes, por eso los estamos capacitando, formando a los de la Policía Acreditable, que investiguen, que tengan un perfil más profesional, sean peritos y sabemos que hay mucho qué hacer”, dijo.

Manifestó que desconoce cuánto se cobra por estos servicios, ya que es un asunto que compete a Administración y Finanzas. Estos servicios, añadió, también contribuyen a disminuir ciertos delitos y además propician un ambiente que favorece el desarrollo económico de la región.

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