Aunque en el Código Penal federal está contemplado, “… la PGR no está investigando el homicidio, tampoco el narcomenudeo o la delincuencia organizada”, imputó el procurador del Estado; y si no quieren aportar trabajo, “…tiene la obligación cuando menos de contribuir con presupuesto”.
Rosario Mosso Castro
La Procuraduría General de la República (PGR), su Agencia Federal de Investigaciones y la delegación estatal, tienen como misión “… investigar y perseguir a los responsables de la comisión de delitos federales y de aquellos que siendo del fuero común afectan la seguridad nacional o sean atraídos por el ámbito federal”.
Sin embargo, en Baja California llevan más de dos años sin indagar ninguno de los crímenes graves del orden federal, llámese homicidios, tráfico de droga o trata de personas.
“Si se dan cuenta, en los últimos dos o tres años, la Procuraduría General de la República no actúa, no ha ejercido la facultad de atracción de ningún delito de homicidio, pareciera que no hay delincuencia organizada. Prácticamente quienes estamos resolviendo todos los temas ahora, de todo tipo y naturaleza, somos los estados, apuntó el procurador de Justicia de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez.
“Te doy esos indicadores porque me llama la atención que de un plumazo, aunque en el Código Penal federal está el homicidio, ellos no están investigando. Tampoco el narcomenudeo o la delincuencia organizada, tres aspectos completamente definidos, pero todo se acumula aquí”.
Existe la dinámica de coordinación son la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), pero no se llevan nada.
“La fiscalía está resolviendo y absorbiendo estos costos, ¿con qué partidas? Con las mismas que ha tenido siempre. No hay una partida especial, no tenemos más recursos y es un tema interesante”, se lamenta el procurador.
El fiscal de Baja California reconoció que en los asuntos donde se ha dado resolución a homicidios, el 30 por ciento conforme a las estadísticas de la institución, ha sido gracias a las detenciones del Ejército y de la Policía Estatal Preventiva (PEP), seguidas de la Ministerial.
“Los estamos declarando y judicializando, por eso cuando detenemos a cabecillas como Eduardo García ‘El Teo’ ya hay investigaciones, consignaciones, incluso órdenes de aprehensión en su contra”, complementó Moreno.
“Yo creo que la Procuraduría (PGR) tiene la obligación, si no quiere contribuir en trabajo con nosotros, cuando menos sí contribuir con presupuesto para seguir aumentando el recurso humano y la capacidad de trabajo para habilitar más investigaciones en el estado”.
Moreno Manjarrez recordó que meses atrás, con el mismo presupuesto estatal, ante las necesidades incrementó el personal en Homicidios para depurar y ser más asertivos en el fuero común, pero con la reforma que pasa el tema de narcomenudeo legalmente a los estados, el panorama se complica:
“Aunque ya lo estamos atendiendo con la reforma, debemos ponernos en ruta, porque a mitad de 2012 vamos a tener por obligación que capacitar a policías, y jueces para resolver todos los asuntos relacionados con narcomenudeo, y no sabemos de dónde saldrá el recurso y personal que se requiere”.
El procurador de Baja California aclaró que para el Estado no se trata de pelear o rechazar jurisdicciones, ya que de todos modos se están atendiendo, pero manifestó preocupación por el tema de los recursos.
Tiene razón, dado que en el paquete fiscal 2012 propuesto por el Gobierno Federal, el presupuesto de la PGR incrementó en un 23.9 por ciento, otorgándole mil 939 millones para el Programa para Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal (objetivo que no cumple en Baja California) y en 613 millones para programas relativos con la delincuencia organizada.
Es el mismo paquete que redujo en 92 mil millones de pesos las participaciones a los estados. Números y casos Durante 2010, en Baja California se registraron 810 homicidios y se denunciaron 83 secuestros.
Hasta el 31de agosto de 2011, la Procuraduría había abierto expedientes sobre 464 asesinatos y 38 privaciones de la libertad, entre las que se incluye un alto porcentaje de secuestros de migrantes.
En la PGR no atrajeron ningún caso. Tampoco hicieron nada por los 749 muertos y 103 secuestrados en 2009, a pesar de admitir, en un informe presentando por la misma PGR durante el primer trimestre de 2011, que el 87 por ciento de los homicidios cometidos en 2010 estaban relacionados con la delincuencia organizada. Las estadísticas de la Procuraduría bajacaliforniana son más generosas.
En 2011 marcan que el 60 por ciento de las muertes están relacionadas con la delincuencia organizada, y, conforme a los análisis de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, durante el período más álgido del enfrentamientos entre células de traficantes de drogas, ocurrido entre octubre de 2008 y agosto de 2009, se cometieron un total de un mil 158 homicidios, de los cuales el 54 por ciento correspondieron a delincuencia organizada. Los expedientes fueron enviados a la PGR, pero decidieron no ejercer la facultad de atracción.
Después de ese largo período, el 12 de septiembre de 2011 finalmente atrajeron el asesinato de la señora Martha Fernández, suscitado en Mexicali ese día por la mañana.
Tomaron el caso después que las corporaciones locales detuvieron a los presuntos responsables y, mediante cateos encabezados por el Ejército, incautaron armas, droga y vehículos robados.
Como siempre, no hubo investigación de su parte. Otro de los ejemplos de la ausencia de trabajo tuvo lugar esta misma semana, con la liberación de Manuel Garibay Espinoza, acusado y detenido en junio de 2010 por traficar cocaína de Colombia a México y cruzarla hacia Estados Unidos por Mexicali.
Líder de un numeroso grupo criminal -los operadores directos son Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán-, es señalado como presunto responsable en diversas indagatorias por múltiples y sanguinarios asesinatos y secuestros cometidos entre 1995 y 2010.
Autoridades locales lo entregaron a la PGR, sin embargo, contrató un buen abogado, se amparó, interpuso algunos recursos legales y 16 meses después obtuvo su libertad de la justicia federal.
La Procuraduría estatal fue notificada, y el lunes 10 de octubre, en el momento en que se abrían las puertas del Altiplano, Garibay fue detenido por elementos de la Policía Ministerial de Baja California, para cumplimentarle tres órdenes de aprehensión por homicidio, secuestros y asociación delictuosa, otorgadas al Ministerio Público del Fuero Común entre marzo de 2003 y noviembre de 2004.
En su fracción V, el Artículo Segundo de la Ley contra la Delincuencia Organizada indica que cuando tres o más miembros de la delincuencia organizada cometan asaltos, robo de vehículos, pornografía, corrupción de menores, lenocinio o tráfico de menores, serán investigados, procesados y sancionados conforme a esta legislación federal, mientras que la fracción VII incluye el secuestro; delitos que se perseguirán bajo esta ley cuando el Ministerio Público federal decida atraerlos.
El homicidio se federaliza cuando, como ahora, afecta la seguridad nacional y es cometido reiteradamente por grupos de tres o más personas, con armas de uso exclusivo del Ejército.
A pesar de los cambios de delegado y los discursos que hablan de coordinación, la PGR evade su responsabilidad en Baja California y se limita a aceptar capturados que le remite el Ejército y a las corporaciones locales, y a liberar a la mayoría de los aprehendidos por narcomenudeo.
En el mejor de los escenarios, cuando se logra la captura de un matón buscado por el estado, los procesan usando los elementos de la investigación del Ministerio Público del Fuero Común.
La leyenda en su página electrónica indica que a la delegación bajacaliforniana de la PGR se le asignó en 2011 un presupuesto de 23 millones 679 mil 120 pesos para el programa de “Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal”.
De acuerdo a un informe de resultados presentado el mes de septiembre, personal de la PGR había decomisado el 0.01 por ciento de la marihuana, el 0.04 por ciento de la cocaína, el 0.74 de la heroína y el 0.50 por ciento de la metanfetamina.
A final de cuentas, apenas el 0.32 por ciento de la droga decomisada en Baja California en el transcurso de este año. Y aunque en el mismo reporte aseguran haber capturado a 523 de los mil 030 sujetos aprehendidos por delincuencia organizada, no hay datos de cuántos de estos hombres eran narcomenudistas, ni cuántos alcanzaron la libertad después de 48 horas.
Tal esquema evidencia la falta de apoyo del Gobierno Federal del Presidente Felipe Calderón, que no puede responsabilizar al Estado y que con delegaciones inútiles, favorecen la impunidad y obstaculizan la justicia.
Homicidios sin resolver
Cuestionado respecto a los cientos de asesinatos archivados sin detenido, principalmente del crimen organizado y a la gran cantidad de tiempo que le toma a la PGJE resolver homicidios, incluso los del fuero común, como el caso Haziel Ruiz (agosto 2011) y la maestra Alejandra Martínez (junio 2011), Rommel Moreno primero aseguró que la efectividad en la resolución de expedientes por muertes del fuero común es del 70 por ciento y del crimen organizado el 33 por ciento; incluido el histórico rezago y los homicidios cometidos durante la actual administración estatal.
De los años que transcurren antes de que los crímenes sean resueltos, apuntó: “Los tiempos mediáticos o la presión que hay, no tienen que ver con la investigación. Un delito mientras no prescriba se tiene que investigar y, conforme a la ley, según el tipo de homicidio, la Procuraduría tiene hasta 50 años para resolver asesinatos; y no me estoy justificando, pero si a la ciudadanía no le parece correcto, debe promover con los diputados para que lo reformen”.
— ¿Qué pasa con el concepto de que si la autoridad investigadora no consigue una línea seria de investigación en las primeras 72 horas, los elementos de prueba se pierden?
“En el nuevo sistema, una vez que un homicida es vinculado a proceso, el juez me da otros cuatro y hasta seis meses para seguir investigando. (El caso) Haziel duró justo seis semanas que, para mí y para cualquier Procuraduría del país, es un récord”.
— Pero la PGJE pudo capturar a los presuntos responsables porque, después que fueron directamente señalados, decidieron quedarse en el estado; el padrastro de Haziel tuvo seis semanas para huir y el novio de la maestra Alejandra tuvo casi seis meses para irse… “Eso es especulación. Ahorita están en la cárcel”.
— Si se escapan, ¿qué le corresponde a Usted hacer?
“Mi trabajo es técnico-jurídico, yo cumplo con ejercitar la acción penal, solicitar y obtener la orden de aprehensión. Ahí es donde termina prácticamente el trabajo de la fiscalía, para cumplimentarlas y detenerlos están todas las autoridades, incluido el Ejército, y se puede hacer en coordinación o con esfuerzos internacionales, pero ése es otro tema”. En una segunda etapa, “…una vez detenidos nos corresponde sostenernos y sustentar nuestro dicho hasta la sentencia”.
El procurador explicó que los tiempos para resolver homicidios se alargan por cuatro factores:
1. El cúmulo de trabajo que representa al Estado tener que desahogar temas de delincuencia organizada, narcomenudeo y fueron común, subdividido en nuevo sistema y sistema tradicional. 2. Falta de equipo pericial. 3. Intervención “fuera de proceso” de otras autoridades como SEMEFO y el Ejército en las investigaciones. 4. Falta de recursos económicos y humanos.
“Ya no estamos en la época de los señalamientos, no es solamente decir ‘esta persona es responsable’, ‘sospecho’, ‘presumo’, ‘me parece’. La acusación tiene que ser tan contundente que el juez acepte la detención y vincule a proceso”.
— ¿Y qué pasa con los expedientes basados en las declaraciones de las decenas de cómplices o empleados criminales de los hermanos García Simental, Fernando Sánchez Arellano o Alfredo Arzate? Ahí estamos hablando de dichos…
“No; nosotros hemos documentado con averiguaciones previas de muchos sicarios perfectamente relacionados con homicidios, que no tiene que ver con los dichos, además en cada caso existen más de dos señalamientos, no solamente son indicios testimoniales, es la articulación pericial y temporal porque se pudo comprobar de alguna manera para que el juez, que no son nada facilitos, nos otorgaran las órdenes de aprehensión: 70 por ciento de las órdenes nos han sido otorgadas, ése es nuestro nivel de productividad”.
En delitos del crimen organizado, están pendientes de ejecutar un 17 por ciento de las órdenes de aprehensión concedidas a la PGJE.
De los problemas que les representa la intervención de otras autoridades en la investigación, ejemplificó con el caso Alejandra, con los pronunciamientos públicos del Servicio Médico Forense y los cateos del Ejército por denuncias anónimas en tema no vinculado a delincuencia organizada.
“El único facultado para tal investigación es el Ministerio Público, creo yo que debe ser más reservada la visión científica de la SEMEFO porque así lo ordena la ley.
En el caso de la intervención militar no podemos olvidar que en estos casos con investigaciones iniciadas, cualquier acción o diligencia jurídica debe llevar el debido proceso, porque parece que a la gente se le olvida que los presuntos se pueden amparar, meter recursos y salir por tecnicismos.
No se debe pronunciar y nos debemos coordinar más, en eso estamos trabajando. “Sabemos que abonan de buena fe, pero entorpecen jurídicamente y atrasan la investigación formal. Además que ante la opinión pública, en lugar de generar una confirmación, produce dudas”, consideró el procurador.
En cuanto a los requerimientos para mejorar los tiempos, detalló que en cuanto a los laboratorios para procesar evidencias, requieren cubrir 54 áreas especializadas y tienen 15:
“Para que se den una idea, el Gobierno Federal ayudó a Mexicali con 57 millones de pesos para insumos y aparatos, y que necesitamos otros 157 millones de pesos para equipar Mexicali y una cantidad igual para equipar Tijuana en una primera etapa.
“Necesitamos más fiscales, capacitar más ministeriales en investigación, traemos un desfase del 50 por ciento. Y también capacitar al Ejército, la Policía Municipal, los reporteros en la custodia de la escena del crimen” concluyó.
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