“Es el caso de Joaquín Guzmán
Loera “El Chapo”. Líder criminal que fue del Cártel de Sinaloa y que espera
sentencia en los Estados Unidos luego de ser encontrado culpable de diez cargos
en una corte de Nueva York y por lo cual le impondrían cadena perpetua”. Foto:
Eduardo Verdugo, AP
La justicia para los
mexicanos que han sido víctimas del narcotráfico de manera directa o indirecta,
casi no llega en este país. La obtienen en el ajeno. Especialmente cuando se
trata de los capos más notorios de los cárteles de las drogas mexicanos,
quienes suelen encontrar en México –entre complicidades e ineficacia de las
autoridades- largos procesos que pueden ir dilatando con amparos y que al final
lograrán zafarse de algunos, obtener pequeñas condenas en otros, o incluso recuperar
la libertad.
Es el caso de Joaquín Guzmán
Loera “El Chapo”. Líder criminal que fue del Cártel de Sinaloa y que espera
sentencia en los Estados Unidos luego de ser encontrado culpable de diez cargos
en una corte de Nueva York y por lo cual le impondrían cadena perpetua.
En México estuvo preso casi
doce años. Los primeros nueve de junio de 1993 a enero de 2001 cuando se escapó
del penal de Puente Grande, Jalisco; recapturado en febrero de 2014 fue
mantenido tras las rejas 17 meses hasta que de nueva cuenta escapó en julio de
2015. Seis meses después fue aprehendido otra vez en enero de 2016, y después
de un año en prisión fue extraditado a los Estados Unidos.
Durante esos casi doce años
en prisiones mexicanas, a Guzmán Loera se le sentenció únicamente en tres
causas penales de más de una docena que se le siguen. En total, por cargos de
portación de arma prohibida, asociación delictuosa y cohecho, le dieron 20
años. Pendientes quedaron otros cargos y causas penales.
Las víctimas de Guzmán Loera
encontraron la justicia en Estados Unidos.
A saber de acuerdo a las
deliberaciones del jurado de Brooklyn, el narcotraficante mexicano fue hallado
culpable en diez cargos de los presentados en su contra y en 25 de 27
violaciones a la ley, que incluyen entre otras, participar en una empresa
criminal de narcotráfico, conspiración para asesinar, conspiración para
fabricar, producir y distribuir cocaína, marihuana y metanfetamina, conspirar
para importar cocaína, lo misma para distribuirla, distribución internacional
de cocaína, lavado de dinero y uso de armas de fuego.
En tres meses de juicio y 35
horas de deliberación del jurado, en Estados Unidos lograron lo que en México
no pudieron o no quisieron en doce años. Procesar a “El Chapo” y sentenciarlos
por todos los cargos, delitos contra la salud, delincuencia organizada y
asociación delictuosa. Narcotráfico.
En México aparte de la
ineficacia del Ministerio Público Federal, y en ocasiones la condescendencia
del Poder Judicial en los casos de narcotraficantes, lo que ha imperado es la
impunidad. En el juicio que concluyó en Nueva York fue puesta en evidencia esa
corrupción. Ex presidentes, Generales, ex secretarios, policías, agentes,
soldados, políticos, fueron evidenciados por algunos de los 57 testigos que declararon
contra Guzmán Loera, como quienes le protegieron, le concedieron impunidad, y
en algunos casos fueron sus cómplices.
Ciertamente en el juicio de
Brooklyn no se estaba juzgando al Gobierno de México, pero sí fue evidente por
los testimonios, que elementos del Estado Mexicano fueron parte importante en
el desarrollo de la carrera criminal de Guzmán Loera y el crecimiento del
Cártel de Sinaloa. En ese contexto tres sentencias por cargos de posesión de
armas y de pastillas, con un total de 21 años a los que fue condenado “El
Chapo” en México, resultan lógicas. No justas, lógicas en un clima de impunidad
y corrupción.
Normalmente es así. En un
país como México dominado por la corrupción y la impunidad es difícil encontrar
justicia. Especialmente cuando la estrategia en los últimos doce años ha sido
apostarle al desmembramiento de las cabezas de los cárteles, sin tocar la
estructura criminal, las rutas para el trasiego de la droga, los negocios
sucios, el lavado de dinero, las cuentas bancarias, la delincuencia organizada.
En un contexto así, los cárteles sobrevivirán a la captura de sus liderazgos
criminales.
Otros capos cuyos cárteles
sobreviven, también han encontrado la prisión en los Estados Unidos. Tres de
los hermanos Arellano Félix permanecen, ya procesados, en cárceles
norteamericanas. A Benjamín Arellano Félix lo sentenciaron en 2011 a 25 años de
prisión y al pago de una multa de 100 millones de dólares. Fue declarado
culpable de delitos de conspiración para encabezar una red criminal, por conspirar
el tráfico y la distribución de drogas, lavado de dinero entre otros. En México
aún no cumple los poco más de 20 años a los que ha sido sentenciado –también
tiene causas penales pendientes- pues sólo permaneció en cárceles mexicanas
nueve años, entre el 2002 cuando fue capturado y 2011 cuando fue extraditado.
La multa en México ni siquiera llegó a los cuatro mil pesos, contra los cien
millones que le cargaron en Estados Unidos.
A Francisco Javier Arellano
Félix lo detuvieron autoridades de los Estados Unidos en 2006, y a saber
oficialmente, en aguas internacionales. Al menor de los hermanos del cártel
Arellano Félix le habían dictado la cadena perpetua, pero tras negociaciones su
sentencia quedó en 25 años de cárcel y el pago de 50 millones de dólares. En
México, este heredero de una de las dinastías mafiosas más violentas de México,
ni siquiera contaba con una orden de aprehensión.
Eduardo Arellano Félix solo
fue condenado a 15 años de prisión, también en los Estados Unidos, y al pago de
50 millones de dólares. En México y sólo por posesión de arma de fuego, había
sido sentenciado a poco menos de ocho años de cárcel.
Otros capos se enfrentaron,
después de años de impunidad en México, a la justicia en el país ajeno. Juan
García Abrego quien fue líder criminal del cartel del Golfo, fue capturado y
entregado a los Estados Unidos, debido a su ciudadanía norteamericana; en 1997
fue sentenciado a once cadenas perpetuas en una Corte de Distrito de Houston,
Texas, cuando se le halló culpable de 22 cargos de narcotráfico, organización
criminal y lavado de dinero, además fue ordenado a pagar 500 millones de
dólares a la autoridad de aquel país.
Osiel Cárdenas Guillén,
también ex líder criminal del cártel del Golfo, fue encontrado culpable en 2010
en los Estados Unidos, de narcotráfico. Fue sentenciado a 25 años de prisión
más el pago de 50 millones de dólares. Alfredo Beltrán Leyva, del cártel de los
Beltrán, fue condenado a cadena perpetua, entre otros cargos por conspirar para
distribuir cocaína y metanfetamina de Colombia a los Estados Unidos.
Otros narcos de menor
jerarquía en las estructuras criminales de los cárteles de la droga en México
han sido sentenciados, como Dámaso López Núñez El Lic, a quien le sentenciaron
a cadena perpetua y al pago de 25 millones de dólares, y otros están a la
espera en prisiones de los Estados Unidos, como Ismael Zambada Niebla El
Mayito, quien fue testigo –al igual que Dámaso- en el juicio contra El Chapo.
El 25 de junio próximo, el
Juez encargado del juicio de Joaquín Guzmán Loera dictará su sentencia.
Entonces las víctimas habrán encontrado justicia, aun en país ajeno, dado que
en el propio impera la corrupción, la impunidad, tanto para narcotraficantes
como para quienes desde el Estado, les ayudan en el desarrollo de su vida
criminal.
(SIN EMBARGO/ ADELA NAVARRO BELLO/13 DE FEBRERO 2019)
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