Hace dos viernes Andrés
Manuel López Obrador tuvo la primera gran reunión con lo que será su gabinete
civil de seguridad, en donde reveló el diseño para la renaciente Secretaría de
Seguridad Pública, cuyo nombre definitivo aún está por determinarse, pero cuyas
funciones producirán escalofríos por el tipo de integración de todos los
órganos de inteligencia -no militares- bajo un mismo mando, al que se sumarán
los especializados en situaciones de emergencia. La arquitectura de la nueva
secretaría incluirá áreas que hoy son responsabilidad de las secretarías de
Gobernación y Hacienda, que deben comenzar a trabajar para facilitar su
traslado a lo que será una súper secretaría que tendrá a su disposición todos
los recursos coercitivos del Estado Mexicano.
En la reunión estaba la
Secretaria de Gobernación designada, Olga Sánchez Cordero, de cuya futura
dependencia saldrán el CISEN y Protección Civil. De la Secretaría de Hacienda,
cuyo futuro titular, Carlos Manuel Urzúa, no estaba presente, se irá la Unidad
de Inteligencia Financiera, que se creó en 2004 para coadyuvar en la prevención
y el combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita,
y que hoy es un brazo eficiente para enfrentar y neutralizar la fuente de poder
de los cárteles de la droga y organizaciones terroristas. Nadie replicó nada en
esa reunión, donde escucharon los grandes trazos de la futura Secretaría de
Seguridad Pública.
Pero el martes pasado, en la
primera reunión que tuvo Sánchez Cordero con sus futuros colaboradores en
Gobernación, afloraron los desacuerdos con el futuro Presidente. Leonel Godoy,
ex Gobernador de Michoacán y ex Secretario de Seguridad Pública en la primera
parte del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, expresó que no era
conveniente que se trasladara el CISEN a la nueva secretaría, porque
Gobernación perdería ojos y oídos que le permiten mantener la gobernabilidad.
Sin embargo, la decisión de López Obrador está tomada, y quien ya está trabajando
en los diagnósticos de la Policía Federal y del CISEN es Joel Ortega, experto
en temas de seguridad, que fue presentado como asesor de Sánchez Cordero.
A la cita de los futuros
funcionarios de Gobernación no fue invitado Alfonso Durazo, quien será el
próximo Secretario de Seguridad Pública, pese a que toda la sesión trató
únicamente el tema que le compete. Durazo reconoce en privado que no sabe nada
de seguridad pública, pero que su trabajo será la administración de la nueva
Secretaría y la ejecución de las instrucciones que le dé directamente López
Obrador, quien diariamente al iniciar el día, como lo hizo cuando fue Jefe de
Gobierno capitalino, tendrá una reunión con los miembros civiles y militares de
su gabinete, para revisar la problemática. El futuro Presidente será, a la vez,
titular de facto de Seguridad Pública.
La concentración de funciones
responde en una buena parte a la racionalización del combate al crimen
organizado y a brindar seguridad, que López Obrador ha dicho públicamente que
será la principal prioridad del nuevo gobierno. Asimismo, arropa la promesa de
campaña sobre la desaparición del CISEN, el órgano de inteligencia civil que
creó el Presidente Carlos Salinas en 1989 sobre las ruinas de la desacreditada
Dirección Federal de Seguridad, incorporando a toda una generación de
profesionales a quienes se mandó a entrenar a Estados Unidos, Inglaterra,
Francia, España e Israel. Su integración en la nueva Secretaría de Seguridad
Pública le permitirá anunciar a López Obrador que el CISEN murió, pero sin
perder los insumos de inteligencia que aportan.
El aparato de inteligencia
civil del Estado Mexicano pasará a reforzar a Plataforma México, un complejo
sistema de información e inteligencia criminal, que después de que fue
desmantelada durante los primeros años del gobierno del Presidente Enrique Peña
Nieto, se ha ido reconstruyendo. Los dos sistemas de inteligencia civil no son
excluyentes, sino complementarios. El CISEN está enfocado a todos aquellos
temas que involucran a la seguridad nacional, y puedan tener un impacto en la
gobernabilidad, mientras que Plataforma México se concentra en la criminalidad.
López Obrador no explicó la forma como trabajarían integrados, ni la razón por
la que añadiría a esa área a Protección Civil, salvo que emane del énfasis para
que una parte de la Policía Federal tenga un acercamiento más continuo y
profundo con la ciudadanía y hacerla realmente de proximidad.
Trasladar la Unidad de
Inteligencia Financiera de Hacienda a Seguridad Pública tiene sentido en un
contexto de combate al crimen, donde se puede complementar con el resto de esas
tareas en Seguridad Pública, pero puede entrar en una dinámica de descoordinación
con otras áreas de procuración de justicia, como la PGR, que utiliza la
información que le proveen para todo tipo de investigaciones, que si bien son
delitos, no se encuentran en el ámbito del crimen organizado. Hay dudas, como
se ventilaron durante la reunión de Sánchez Cordero con sus futuros
colaboradores, si existe un impedimento legal, por los acuerdos internacionales
vigentes, para que esa unidad pueda salir de Hacienda, que tendrán que ser
aclaradas en breve.
El tema de la gobernabilidad
expuesto por Godoy, tampoco quedó resuelto en el diseño de López Obrador, que
se tendrá que ir revisando y ajustando en los próximos meses para que le
entreguen el sueño de cualquier gobernante: capacidad de fuerza, inteligencia y
contrainteligencia policial, financiera y seguridad nacional, bajo un solo
mando, el de López Obrador, cuya construcción de gobierno vertical, con una
línea de mando única, la suya, es lo que empieza a figurar en el horizonte de
su próxima Presidencia.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 16/07/2018 | 03:00 AM)
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