Si pensaban que esta semana
sería de relax y esparcimiento, después de la histórica jornada electoral y sus
euforias, lamentos y proyecciones, debo decirles que se equivocaron.
Este lunes será analizada en
la comisión legislativa del caso, la iniciativa presentada en la víspera por la
gobernadora Claudia Pavlovich para reformar la ley 149 del transporte urbano,
cuya parte medular alude a la transferencia de facultades a los ayuntamientos
para operar ese servicio.
El tema no es menor,
considerando la ya muy larga estela de encuentros y desencuentros a propósito
de este tema, incluyendo las naturales suspicacias que se han manifestado a
través de diversos medios, acerca del “timing” con que fue presentada, a dos
meses de que tomen posesión las nuevas autoridades municipales.
El tema de la
municipalización no es nuevo, pero fue retomado en Hermosillo durante la
campaña electoral por los dos candidatos a la alcaldía que obtuvieron más votos
y de hecho, la alcaldesa electa Célida López ya manifestó su disposición a
tomar por los cuernos ese toro, que no luce nada mansito, por cierto.
“Celebro la disposición del
gobierno del estado de atender lo urgente; lo dije en campaña y lo sostengo:
tienen los hermosillenses que lograr la municipalización del transporte
público. Debemos dignificar este servicio y lo haremos con éxito”, escribió el sábado
en su cuenta de Twitter.
También el alcalde de Cajeme,
Faustino Félix Chávez consideró viable la propuesta de la gobernadora y dijo
que si se le otorgan las facultades debidas a los ayuntamientos, será más fácil
regularlo. Recordó que él mismo, como diputado local en la LIV legislatura
(2009-2012) promovió una iniciativa en ese sentido, que buscaba salvar el
sistema SUBA, creado por Eduardo Bours y desmantelado en la siguiente
administración.
Desde hace tiempo, Cajeme
cuenta con un proyecto registrado ante el Fondo Nacional de Infraestructura,
para mejorar rutas y vialidades, pero no se ha podido avanzar porque se
requiere el visto bueno del gobierno estatal, que es la autoridad reguladora en
la materia.
El punto es que este lunes al
filo de la una de la tarde sesionará la Comisión del Transporte y Movilidad del
Congreso del Estado, que preside Jorge Márquez Cázarez y en la que también
participan Javier Villarreal Gámez e Iris Sánchez Chiu, los tres del PRI;
Manuel Villegas (que llegó por el PAN, se declaró independiente y trabajó en
las campañas del PRI en Guaymas); los panistas Javier Dagnino Escoboza (que
mordió el polvo como candidato a la alcaldía de Cananea, donde ganó el
independiente Eduardo Quiroga) y Ramón Antonio Díaz Nieblas, que ganó la
alcaldía de Huatabampo, por lo que será cubierto por su suplente José María
Gaxiola, y Teresa María Olivares Ochoa (PANAL).
En resumidas cuentas, la
iniciativa propone transferir a los municipios la operatividad del sistema del
transporte y los faculta para establecer políticas públicas con autonomía y de
acuerdo a las necesidades de los ciudadanos: diseño de rutas, horarios de
servicio, cantidad de unidades, vigilancia para que los concesionarios cumplan,
entre otras, que no incluyen las tarifas, pues en ese rubro los ayuntamientos
sólo podrán emitir su opinión.
Por la importancia del tema y
la cantidad de sectores y organizaciones que involucra (incluyendo a los
concesionarios, que han mostrado cautela frente a la iniciativa), es previsible
que la sala de comisiones esté a reventar y que la discusión no sea del todo
tersa, considerando los antecedentes del caso.
Si la iniciativa es aprobada
en la comisión, el siguiente paso es enviarla al pleno para su discusión y en
su caso aprobación, para lo cual es probable que se cite a una sesión
extraordinaria, ya que el periodo ordinario inicia hasta el 16 de septiembre,
con la instalación de la siguiente legislatura, y se entiende que este asunto
deberá desahogarse antes.
Veremos cómo se pone el
asunto mañana en el Congreso, pues la plana mayor de Morena en Sonora, Alfonso
Durazo, Jorge Taddei y Jacobo Mendoza ofrecieron una rueda de prensa en la que
solicitaron a la diputación permanente la información sobre la iniciativa en
cuestión, para que sea producto de un proceso de reflexión muy amplio antes de
ser aprobada.
Alfonso Durazo recordó que
hace unos días sostuvo un encuentro con la gobernadora Claudia Pavlovich en el
que acordaron mantener una comunicación permanente y una relación política de
juego limpio y cartas sobre la mesa.
II
Mientras tanto en el plano
federal, el equipo de Andrés Manuel López obrador, y el propio virtual
presidente electo siguen dando de qué hablar con algunos de los ejes del
próximo gobierno, particularmente en lo que tiene que ver con las medidas de
austeridad y ahorro.
La propuesta para
descentralizar dependencias federales y recortar sueldos y personal con la que
se pretende ahorrar centenas de miles de millones de pesos ya provocó las
primeras reacciones y no todas favorables.
Solamente con el recorte de
sueldos y prestaciones a funcionarios de primer nivel se pretende conseguir un
ahorro de 132 mil millones de pesos al año. El propio AMLO anunció ayer que su
ingreso se reduciría a 108 mil pesos mensuales, un 60 por ciento menos de lo
que gana Enrique Peña Nieto (270 mil pesos al mes). Anunció también que ningún
funcionario federal podrá ganar un monto superior a ese.
Y con ello ya respingaron,
sobre todo los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos
ingresos superan los 600 mil pesos mensuales. Pero también secretarios de
Estado, diplomáticos, diputados federales y senadores, entre otros, perciben
ingresos muy superiores a esa cantidad, por lo que se advierte una etapa de
jaloneos sobre este tema.
También en el proceso de
descentralización de la administración pública federal comienzan los escarceos,
pues ya hay indicios de que podría resultar más caro el caldo que las
albóndigas, para decirlo coloquialmente, ya que garantizar el traslado y
permanencia de los servidores públicos y sus familias que actualmente se
concentran en la Ciudad de México a los estados más lejanos, así como la
construcción, adaptación o renta de oficinas resultaría más caro e inoperante.
Ni qué decir de la estructura
de 32 coordinadores estatales del gobierno federal en cada uno de los estados,
que ya empieza a ser vista como una especie de estructura paralela al poder de
los gobernadores, que concentraría un gran poder sobre todo en materia de
administración de los recursos.
Estos son algunos de los
temas que en el papel lucían bien, pero conforme se van conociendo empiezan a
causar resquemores, por ejemplo entre las familias de los más de seis mil
burócratas federales que serán dados de baja y cuyo destino es incierto.
Entendemos que Andrés Manuel
aún no toma posesión y seguramente en el tiempo que falta para ello habrá de
cabildear este y otros temas, trazando una ruta crítica para que no resulte tan
lesivo para miles de familias (muchas de las que votaron por él, hay que
decirlo).
Ya comienza a hacer
resistencias hasta de sindicatos fuertes, aunque ya encarrerado, el tabasqueño
puede darle para adelante a esa y cualquier otra medida que quiera, pues tiene
todo el apoyo del Congreso de la Unión y la legitimidad que le dieron los
votos.
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(DOSSIER POLITICO/ ARTURO SOTO MUNGUÍA /2018-07-16)
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