La matanza de Tlatlaya fue el primer
mazazo contra la imagen del presidente Enrique Peña Nieto. Foto: El Financiero
Los soldados considerados como homicidas
materiales están libres por deficiencias de las autoridades investigadoras
El ejército en legítima defensa abatió a
los delincuentes”.
ERUVIEL ÁVILA, GOBERNADOR DEL EDOMEX.
A más de tres años de la
matanza de Tlatlaya en México, un juez exhortó a la fiscalía a que investigue a
fondo lo ocurrido, algo que, de momento, no ha hecho. En junio de 2014, un
convoy militar se enfrentó a balazos a un grupo de personas armadas en una
comunidad rural de Tlatlaya, Edomex. El Ejército informó entonces que los
agresores, 22, habían muerto en el fuego cruzado. Semanas más tarde trascendió
que no todos habían caído en la balacera, que los militares habían asesinado a
unos cuantos.
El juez amparó a una de las
testigos de lo ocurrido, Clara Gómez, que pedía que la Procuraduría General de
la República, PGR, investigara a fondo el caso: la balacera, los asesinatos, la
alteración de la escena del crimen, la actuación de los mandos militares,
etcétera. En la resolución dictada hace unos días, el juez da la razón a la
testigo y ordena que la PGR profundice en las pesquisas y evite la pérdida de
pruebas.
La matanza de Tlatlaya,
plagada de irregularidades, se considera el primer mazazo contra la imagen del
presidente Enrique Peña Nieto. La muerte a balazos, pero sobre todo la sospecha
fundada de que aquello no había sido un simple enfrentamiento.
La PGR presentó su
investigación ante el juez a finales de 2014, concluyendo que los militares
habían matado a sangre fría a ocho de los 22. Que lo hicieron después de la
balacera, cuando ya se habían rendido. Implicaba directamente a tres elementos
del Ejército, Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández, acusados
además de alterar la escena del crimen. El juez aceptó que los tres siguieran
en prisión.
En mayo de 2016, año y medio
más tarde, un tribunal consideró sin embargo que las pruebas de la PGR
resultaban insuficientes para enjuiciar a los militares y ordenó su liberación.
El tribunal asumía que los militares habían “privado de la vida” a ocho civiles, pero argumentaba que el
paquete de evidencias resultaba exiguo. La PGR protestó: “Conforme al marco
legal vigente, la Procuraduría General de la República acata esta resolución
judicial. Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación considera haber
ofrecido los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos
militares”. Quintero, Acevedo y Millán eran los últimos tres integrantes del
convoy que quedaban en prisión. Antes ya habían salido otros cuatro, vinculados
igualmente al caso, aunque por delitos menores.
El testimonio de la testigo de lo
ocurrido en Tlatlaya reflejaría que estamos ante la peor masacre de civiles por
parte de militares de este sexenio”.
JOSÉ MIGUEL VIVANCO, DIRECTOR DE LA
DIVISIÓN PARA LAS AMÉRICAS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL HUMAN RIGHTS WATCH.
Ahora, otro año después, un
juez de amparo insiste en que no, que las pruebas aportadas para enjuiciar a
los militares no son suficientes. “Se ha acreditado que la autoridad
ministerial ha sido omisa en realizar las diligencias necesarias para
investigar los hechos motivo de la denuncia realizada”, dice.
Adicionalmente, el juez
señala dos puntos cruciales del caso, la responsabilidad de la cadena de mando
y un oficio, divulgado un año después de lo ocurrido, que mostraba la
sorprendente ligereza de los mandos militares respecto al uso de las armas de
fuego.
Tres mujeres sobrevivieron al
enfrentamiento y las posteriores ejecuciones de Tlatlaya. Una de ellas es Clara
Gómez. Desde el principio, la testigo ha explicado que ella estaba con los 22
aquel día por su hija, Erika. Nunca ha quedado claro cómo llegó Erika al grupo.
Si se fue con ellos por gusto o porque la obligaron. Clara dice que hacía
semanas que no sabía de ella y que justo el día de antes, la muchacha le avisó
por celular que estaría en Tlatlaya. Clara, según explicó, fue a buscarla y se
encontró con el tiroteo y lo demás. Erika, que entonces contaba 14 años, murió
a balazos aquel día, 30 de junio de 2014. Clara y sus abogados intentan desde
entonces que la PGR investigue todos los aspectos del caso, que los militares
acusados sean enjuiciados y los mandos militares, investigados.
Reclamo. Ante la ola de violencia que
azota al país, diversas asociaciones civiles piden a las autoridades evitar más
derramamiento de sangre y las desapariciones. Foto: Cuartoscuro
…“Hubo
un enfrentamiento entre personal militar y un grupo de delincuentes… al cesar
los disparos ingresaron a la bodega tres militares y realizaron una secuencia
nueva de disparos sin justificación alguna”.
JESÚS
MURILLO KARAM, TITULAR DE LA PGR EN AQUELLOS DÍAS.
En junio de 2015, los
abogados de Clara presentaron un documento que formaba parte de la
investigación de la PGR. Se trataba de un oficio militar, una orden que la
comandancia del batallón envió al encargado de la base en la que estaban
destinados los soldados implicados en el caso. Uno de los puntos de la orden
consignaba: “Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día
reducir la actividad, con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
El oficio tenía fecha del 11 de junio, dos semanas y media antes de lo
ocurrido.
A raíz de la investigación de
la PGR y el contenido de este oficio, la cuestión resulta más que evidente:
¿Hasta qué punto los militares se sintieron respaldados por sus mandos para
actuar como actuaron?
En la causa militar sobre
Tlatlaya, paralela a la civil, el segundo comandante del batallón, el teniente
coronel Sandro Díaz, declaró que aquel oficio no era obra suya, sino un
machote, esto es, un modelo que se estaba usando desde hacía años. Pese a ello,
la PGR no ha llamado a declarar a sus superiores para determinar el origen
exacto del oficio, ni a Raúl Castro, primer comandante del batallón, ni a
Francisco Ortega, adscrito a la comandancia de la 22ª Zona Militar, ni a su
jefe en la Zona Militar, ni al general Jaime Godínez, comandante de la 1ª
Región Militar, ni, por supuesto, al Secretario de la Defensa, General de
División Salvador Cienfuegos.
El juez que pide ahora a la
PGR que investigue a fondo el asunto es consciente de lo anterior: “Se tiene
acreditado la omisión de investigar respecto a la orden consistente en el abatimiento
en horas de oscuridad”, apunta.
DATOS
22 Civiles perecieron en los
hechos (incluyendo una mujer menor de edad). Una testigo directa de los hechos
aseguran que 21 fueron ejecutados.
Tlatlaya es uno de los 125
municipios del Estado de México, el más grane; se localiza al suroeste de la
entidad y colinda con Guerrero
(VANGUARDIA/ EL PAÍS/ 15 AGO 2017)
No hay comentarios:
Publicar un comentario