La
desaparición de dos agentes antisecuestro, el pasado enero, ha crispado el
ambiente en la unidad de la SEIDO encargada de combatir ese delito, pues el
jefe de los desaparecidos, Gualberto Ramírez Gutiérrez, se ha dedicado desde
entonces a criminalizar a las víctimas y buscar culpables entre sus compañeros
de trabajo. Él mismo, sin embargo, está bajo sospecha de actuar en contubernio
con el crimen organizado.
CIUDAD
DE MÉXICO (Proceso).- Agentes de la Unidad Especializada en Investigación de
Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS) laboran bajo “hostigamiento”, a partir
de la desaparición de dos de sus colegas en los límites entre Morelos y la
Ciudad de México, en enero pasado.
En
una denuncia –de la cual Proceso tiene copia–, presentada en marzo ante la
Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), los
agentes ministeriales acusan del acoso a Gualberto Ramírez Gutiérrez, jefe de
la UEIDMS.
Los
problemas se originaron el pasado 24 de enero, cuando desaparecieron los
agentes Víctor Andrés Vilchis Retana y Miguel Ángel Rodríguez Cuéllar,
adscritos a la UEIDMS, que depende de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Los
denunciantes –quienes hablaron con este semanario a condición del anonimato–
señalan que ese día, apenas transcurridas un par de horas desde que las esposas
de los desaparecidos notificaron del hecho a la PGR, la institución intentó
precipitadamente eludir su responsabilidad y aseguró que los agentes estaban
fuera de su horario laboral, pese a que muchas veces se les envía en comisión
sin que un oficio ampare su trabajo.
Pero
después de los hechos, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) reveló que ambos
agentes de la UEIDMS –que realizaban una investigación en la demarcación
Tlalpan, en los límites entre Morelos y la Ciudad de México–, estaban
acompañados por Marco Antonio Álvarez Gómez, suboficial de la Policía Federal
quien también desapareció.
Pese
a lo revelado por la CNS, la PGR se limitó a señalar que “al parecer” los
agentes desaparecidos indagaban a miembros del Cártel del Golfo que operan en
la capital y en el estado de Morelos.
REQUERIMIENTOS ILEGALES
Los
denunciantes señalan que el jefe de la UEIDMS reunió a los agentes a su cargo
para obligarlos a declarar sobre la desaparición de sus compañeros y además
intentó despojarlos “ilegalmente” de sus celulares para descargar su contenido.
A todos los trató como sospechosos. Sólo algunos accedieron a las peticiones de
Ramírez Gutiérrez.
En
la denuncia, que también turnaron a la Presidencia de la República y a la
Secretaría de Gobernación, señalan sobre sus compañeros:
“Vilchis
Retana se encontraba apoyando a víctimas de secuestro en la zona noreste del
país (…); tenía fama de honrado y responsable entre compañeros y víctimas.
Rodríguez Cuéllar ayudó a capturar a los secuestradores de una maestra en el
estado de Hidalgo.
“A
pesar de ello, el trato de la institución hacia los familiares, ha consistido
en una indignante respuesta como es una atención indiferente, e insinuaciones
de que los compañeros pudieron haber desaparecido por andar inmiscuidos en
cuestiones ilegales, situación que no debe de pensarse puesto que en primer
lugar, ellos son víctimas de desaparición y no delincuentes.
“En
la UEIDMS deberían darles trato de víctimas en lugar de establecer juicios a
priori. Sin embargo, les dan trato de imputados, ya que en lugar de realizar
una búsqueda constante de su paradero, Gualberto Ramírez Gutiérrez le dio vista
a la Visitaduría de la PGR (la cual investiga delitos cometidos por los
servidores públicos). Tenía un marcado interés por ver primero si cometieron
algún delito, en lugar de dar con su paradero”, revelan.
Aclaran:
“Esta no es una apreciación subjetiva, se desprendió del extraño comportamiento
del titular de la Unidad, cuando se precipitó a señalar que al momento de la
desaparición, Vilchis Retana y Ramírez Cuéllar ya no estaban laborando. Para él
eso fue lo más importante, a pesar de que exista una investigación no debe de
limitar el inicio de la indagatoria para localizarlos”.
Señalan
que el 7 de marzo, la periodista Denise Maerker dio a conocer que personal de
la PGR le hizo saber que antes de la desaparición de los agentes había una
investigación en su contra por supuestas actividades ilícitas y que incluso la
Procuraduría aún no define la naturaleza de la desaparición: no sabe si se
trata de un delito en materia de delincuencia organizada en su modalidad de
secuestro, o bien delitos cometidos por servidores públicos.
“Tal
situación es digna de análisis, ya que, si previo a su desaparición estaban
siendo investigados, la PGR debe aclarar si se trataba de una queja por alguna
inconformidad de una víctima o negligencias en el actuar, pero no precisamente
por actos de corrupción”, dicen a Proceso los denunciantes.
“Tenemos
el temor fundado de que a Víctor Andrés Vilchis Retana y a Miguel Ángel
Rodríguez Cuéllar les hayan inventado una supuesta investigación por corrupción
para darles trato de inculpados con el fin de desviar la atención de otra
posible línea de investigación que involucre al mismo jefe de la unidad”,
señalan.
Temen
una cacería. Afirman que Ramírez Gutiérrez pretende enfocar las líneas de
investigación contra los compañeros de la Unidad, ya que ha buscado
responsables entre muchos agentes del Ministerio Público.
“En
marzo, el licenciado Jorge García Valentín, quien funge como uno de los
coordinadores de la UEIDMS, convocó a varios compañeros a su oficina, a la cual
acudieron los licenciados Eder Reyes García, Juan Francisco Quezada López,
Jorge Enrique Aldana Cervantes, Ana Gabriela Rocío Rosas Sandoval, con
excepción de la encargada de la investigación (a pesar de que era amiga de uno
de los desaparecidos).
“El
coordinador asumió un trato amable y político –sin embargo, eso no le quita lo
ilegal a la reunión–, solicitó que, en aras de la investigación de Vilchis y
Rodríguez, le proporcionáramos nuestros aparatos telefónicos particulares.
Luego llegó Gualberto Gutiérrez Ramírez y asumiendo una posición más
autoritaria y prepotente (…) nos amenazó diciendo que si no lo hacíamos nos
aventaría a la ‘visita’ (la Visitaduría General de la PGR).”
Lo
cuestionaron: “El simple hecho de que fuéramos sus compañeros no nos convierte
en sospechosos. Mencionaron que supuestamente a todos los de la Unidad se les
haría lo mismo. Varios de nosotros no les creímos. Nos indicaron que nos
pasarían con nuestros propios compañeros Ministerios Públicos para que nos
entrevistaran (declararan)”.
Prosigue
uno de los agentes que accedió a ser entrevistado: “Nos preguntaron si era
nuestra voluntad proporcionar nuestro aparato telefónico para que le extrajeran
la información contenida; ante esta situación, algunos accedimos, presionados y
por temor a las represalias”.
Otros
se negaron tanto a la entrevista como a entregar sus celulares, por
considerarlo ilegal. Además pensaron que el contenido de sus teléfonos no era
relevante en la investigación sobre la desaparición de sus compañeros. Afirman
que las entrevistas obran en la carpeta de investigación de los dos
desaparecidos.
Dicen
en la denuncia: “Reflexionando, los agentes convocados a dicha reunión,
casualmente son personas que se percatan de actividades irregulares que se
realizan al interior de la Unidad, por lo que definitivamente esto permite
pensar que dicha información no le serviría al titular para generar alguna
línea de investigación interesante en la búsqueda de los compañeros, sino para
tener acceso a la información de la gente no grata para él. Por eso, hay temor
de que diera la orden de que las entrevistas que no le eran convenientes no
fueran anexadas al expediente”.
De
acuerdo con la denuncia, una muestra de la represión y hostigamiento se
registró en la tercera semana de marzo, cuando el agente Juan Manuel Grimaldo
Cruz, pese a que explicó las razones de su renuencia, fue amenazado por
personal del órgano revisor por negarse a proporcionar su celular. Durante la
visita del personal del órgano revisor, René de los Santos Torres, su jefe
inmediato, fue quien “indebidamente” condujo la visita técnica.
Grimaldo
presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
por los abusos e irregularidades registrados.
“Varios
agentes ministeriales consideramos que estas situaciones en contra del personal
de la Unidad sólo son cortinas de humo que se utilizan para desviar la atención
de la opinión pública, para hacer creer que ellos estaban siendo investigados
por realizar actividades ilícitas; por eso tenemos el temor de que les hayan
fabricado alguna investigación”, agregan.
Y
se preguntan: “¿Por qué desviar la atención? Porque una línea de investigación
podría ser que el titular de la UEIDMS sea quien los haya mandado investigar de
manera extraoficial. Tenemos conocimiento de que un elemento de policía
(distinto al desaparecido de la Policía Federal) le reportó a Miguel Ángel
Rodríguez Cuéllar la existencia de un narcolaboratorio por el rumbo en que
desaparecieron los compañeros y que él lo reportó directamente al titular de la
Unidad”.
En
entrevista, los agentes ministeriales confirman lo señalado en su denuncia:
“Extraoficialmente, tienen conocimiento de que los cuerpos de sus compañeros ya
fueron encontrados. También, que los dos salieron a trabajar en una
investigación oficial, como lo demuestra el que el policía federal que los
acompañaba sí contaba con oficio de comisión”.
Desconocen
por qué a los agentes de la PGR se les mandó sin oficio: “En muchas ocasiones
se manda a los ministerios públicos a trabajar fuera de su lugar de base sin
oficio de comisión; así, en una situación como ésta, que se sale de control,
las autoridades asumen una posición cómoda e intentan deslindarse”.
NEGRO HISTORIAL
En
su denuncia señalan que las irregularidades cometidas por Ramírez Gutiérrez en
la investigación de la desaparición no son las únicas: “En internet hay una
nota periodística titulada ‘Denuncian robo masivo de animales en rancho, en
Iguala’, en la que se señalan actos delictivos cometidos por Francisco Mauriño
Cubas y Francisco Ornelas Delgado, dos agentes de confianza del jefe de la
Unidad.
Se
refieren a una nota publicada el 11 de noviembre de 2014 en Diario 21, de
Iguala, en la cual una mujer presentó una queja ante la CNDH por el
hostigamiento a que la sometieron Francisco Cuauhtémoc Murillo (sic) Cubas,
Ernesto Ornelas Salgado y un grupo de policías presuntamente de la SEIDO,
quienes sin órdenes de cateo entraron a sus propiedades.
“No
encontraron nada ilícito, pero sí nos robaron diversos bienes y todo el ganado.
Los animales los vendieron sin papeles en la misma ciudad”, publicó el
periódico igualteco.
“De
esta situación tuvo conocimiento Gualberto Ramírez Gutiérrez; sin embargo, dio
la orden de que se desaparecieran indicios con tal de quedarse dinero y bienes
de lujo que fueron encontrados”, afirman los agentes en la denuncia.
Señalan
otro caso: la detención del presunto narcotraficante Alberto Martínez
Gutiérrez, El Güero Cleofas: “Es un caso conocido al interior de la Unidad, el
cual fue asignado por Ramírez Gutiérrez a un agente del Ministerio Público
quien a su vez era supervisado por un elemento de su entera confianza. Al
momento de consignar, de manera casual e inocente se les olvido anexar los
acuerdos de retención y duplicidad de la misma, lo que significó su libertad”.
En
el documento mencionan que otro caso emblemático en que el titular de la UEIDMS
“cometió irregularidades” es el de Ayotzinapa: “En un documento fechado el
pasado 18 de agosto, la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría
General de la PGR señala que Gualberto Ramírez Gutiérrez incurrió en irregularidades
dentro de la investigación para dar con el paradero de los 43 normalistas
desaparecidos el 26 de septiembre de 2014”.
Según
el expediente DGAI/510/CDMX/2016, de la investigación realizada por el entonces
visitador general de la PGR, César Alejandro Chávez, Ramírez Gutiérrez es
probable responsable de entregar un imputado al extitular de la Agencia de
Investigación Criminal, Tomás Zerón, sin orden o mandamiento judicial que
justificara dicha acción.
“Cabe
destacar que el mismo Ramírez Gutiérrez ha dirigido todas y cada una de las
diligencias que obran en la investigación; no ha pasado una sola que no lleve
su visto bueno, e incluso es sabido en toda la PGR que ha creado pruebas en tal
investigación, tan es así que el ex visitador instruyó que se iniciara una
indagatoria en su contra…”, apunta el documento.
El
fin de presentar la denuncia es que la autoridad conozca el “temor” e
“incertidumbre” con que laboran los agentes ministeriales de la SEIDO, sobre
todo, desde la desaparición de Vilchis Retana y Rodríguez Cuéllar.
Revelan
en su denuncia: “Se respira temor por la manera en la que desaparecen los
compañeros y por la falta de claridad en la investigación. Se ha llegado a
pensar que existe un alto funcionario al interior de la SIEDO (sic), que como
se dice coloquialmente ‘haya puesto’ a Vilchis Retana y a Rodríguez Cuéllar, a
un grupo de la delincuencia organizada”.
Concluyen:
“Esta situación impactó en el ánimo de nuestra actividad. No sabemos si la
comisión a donde se nos mande, estemos yendo al matadero”.
Este
reportaje se publicó en la edición 2123 de la revista Proceso del 9 de julio de
2017.
(PROCESO/ PATRICIA DÁVILA/13 JULIO,
2017)
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