FOTOS: Enrique Botello
Pese a que no hay reglamento que regule y que
profesionales inmobiliarios recomiendan no adquirir predios sin que medie un notario
o utilizar un agente con licencia, se hacen cesiones y ventas de terrenos
ejidales y sin permiso de fraccionamientos, ya que aunque paguen, no podrán
tener documentos de propiedad
Los valles de Ensenada están
repletos de terrenos ejidales que por Ley no son subdividibles, así como
predios rústicos de alta plusvalía en venta por parte de supuestos propietarios
que los ofrecen sin tener derecho sobre el bien inmueble.
La mala experiencia alcanzó a
una pareja cuyo hijo de 26 años de edad, con parálisis cerebral, proyectaron la construcción de un centro de
personas con capacidades diferentes a través de Fundación Manik, Manos que
Ayudan, con recursos del Gobierno Federal en el Valle de Guadalupe, por lo que
comenzaron a buscar tierra en la prestigiosa zona vinícola.
Dieron con un bonito lugar en
la delegación de San Antonio de las Minas, llamado Granjas Campestre El Manzo”, donde el
vendedor había colocado letreros con el mensaje “Se vende. Trato directo”.
Jorge Vilchis Hernández,
abogado de profesión y su esposa Anallansi Taylor Paniagua, en febrero de 2011
creyeron comprar un predio rústico de 1.5 hectáreas por casi 200 mil
dólares donde pretendían construir el
centro, con pagos chicos a plazos largos de hasta 72 meses.
LIC. VILCHEZ Y SU ESPOSA DIRECTORA DEL PROYECTO
Al momento de realizar el
contrato, el supuesto dueño presentó un poder
debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y el
Comercio, ya que las hermanas de éste, de apellido Moreno Calzada, habían
fallecido.
No obstante ocultó
información, pues los hijos de ellas mantenían un juicio en Tijuana para
reclamar la herencia que incluía los terrenos de San Antonio de las Minas, los
mismos que estaba ofreciendo.
“Me expresó que él estaba
facultado para enajenar porciones del referido predio, en virtud de además ser
propietario del referido inmueble, era apoderado legal para actos de
administración, dominio, pleitos y cobranzas de los demás propietarios que
vivían en Tijuana”, declaró el afectado.
Los pago mensuales eran de
720 dólares, pero los compradores intentaron liquidar antes del tiempo pactado
y se toparon con que el vendedor se negó a recibir la última cantidad, pues no
tenía la posibilidad de entregar las escrituras.
“No quiso recibir el dinero,
prefería las mensualidades, eso despertó nuestras sospechas y comenzamos a
indagar”, platicó el denunciante, al tiempo que desveló que en Tijuana hay un
juicio por parte de los hijos de las herederas que reclaman su parte.
Se calcula que otras nueve
familias adquirieron predios en el mismo sitio y no podrán tener documentos de
propiedad.
El caso por supuesto fraude
con número penal 2347/2016, lo resuelve la juez Martha Flores en el Juzgado
Segundo de lo Penal en Ensenada y, aunque se giró orden de aprehensión contra
el señalado, una apelación está en
proceso en el Tribunal de Justicia del Estado.
VENDEDORES HABLAN BONITO, PERO CUIDADO…
El presidente del Consejo
Estatal de Profesionales Inmobiliarios, Marco Antonio Preciado, ha sido
reiterativo con la comunidad bajacaliforniana en mantener la seriedad al
momento de desembolsar el dinero que, para ciertas personas, es producto de
años de trabajo.
“Les hablan bonito, les dicen
que los terrenos los van a regularizar, que tienen amigos en Catastro o en
otras dependencias pero la Ley es la Ley, ninguna autoridad va a meter la mano
por una persona que no está haciendo bien las cosas”, advirtió el profesional.
Sin embargo, reafirmó que
existe una Ley en Baja California que rige a todos los profesionales
inmobiliarios que tienen licencia y están dentro de un padrón, es decir, son
vendedores confiables.
Cualquier promotor
inmobiliario debe tener su licencia, o tramitarla si tiene intenciones de
hacerlo, porque cuando menos garantiza que hay
un filtro con domicilio fijo, registro, sin antecedentes penales, “sobre
todo el conocimiento sobre la actividad para evitar fraudes”.
Preciado compartió que en el
caso del Valle de Guadalupe, así como en la delegación de Maneadero hay una
cantidad enorme de áreas ejidales y
predios rústicos que se venden sin permiso de fraccionamiento, con planos
hechos por ingenieros que saben que esos terrenos no se pueden vender.
“Desgraciadamente es una
realidad, la gente no respeta y reciben dinero sin hacer el proceso por medio
de escrituras y contratos que tienen que pasar primero por un notario”,
platicó.
Lo más delicado son los
derechos de subdivisión si se trata de un fraccionamiento, mismo que tiene que
estar publicado en el Periódico Oficial del Estado.
El también integrante de la
Comisión Mixta de la Ley que regula las actividades de los agentes
profesionales inmobiliarios en Baja California, recomendó evitar conflictos y
pérdida de dinero, acercándose a personas autorizadas en realizar este tipo de
transacciones con desconocidos que no tienen la certeza de que sean legítimo
dueños, por lo cual recomendó siempre acudir a un notario.
COMPRADORES TAMBIÉN INCURREN EN DELITO
La Ley contra el Lavado de
Dinero del Gobierno Federal incluye las actividades inmobiliarias, o de compra
venta de terrenos, entre las “actividades vulnerables” que se prestan para
cometer este delito.
Un abogado que se mantuvo en
anonimato, advirtió que incluso el comprador, en este caso el denunciante,
incurre en un riesgo de ser investigado o requerido por el fisco, si es que no
dieron vista a la autoridad.
También hay que demostrar la
legal procedencia del dinero que cada mes se entrega en pago por la propiedad.
NOBLE PROYECTO NO FRUCTIFICÓ
“Mi proyecto se vino abajo y
no he podido hacer nada cuando tengo todo listo para ejecutar”, lamentó
Anallansi Taylor, presidenta de Fundación Manik, Manos que Ayudan.
El plan tiene la particular
de ofrecer equinoterapias (terapia con caballos) a por lo menos cien personas
de todas las edades con capacidades diferentes, no solo parálisis cerebral,
para mejorar la movilidad.
Platicó que durante la niñez
de su hijo fue muy difícil encontrar en las instituciones de Ensenada un lugar
para la rehabilitación de quienes tienen capacidades diferentes, “de ahí surgió
la necesidad de desarrollar una fundación”.
Otra característica de Manik,
Manos que Ayudan, es que pretenden brindar terapia psicológica a los padres o tutores
de las personas con padecimiento.
“El problema serio no es
quien tiene la discapacidad, sino la familia, son ellos quienes no permiten que
el familiar avance, los tienen limitados porque no pueden caminar, hablar, que
no piensan; pero si les enseñamos a temprana edad, se vuelve una persona útil a
la sociedad que incluso puede asistir a escuelas públicas”, describió Taylor.
Tanto la presidenta del
Sistema DIF Municipal, Mirna Ibarra de Novelo, como la estatal, Brenda Ruacho,
conocen la fundación y tienen una copia del anteproyecto. De ahí nació la idea
de conseguir recursos federales, pero sin escrituras no habrá apoyo económico.
La arquitecta Samara,
desarrolladora del proyecto, afirmó que el plan está listo para su ejecución.
El objetivo es crear un espacio con profesionales especializados para dar
atención.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /
LORENA LAMAS/LUNES, 8 MAYO, 2017 12:00 PM)
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