La
discusión en el Congreso sobre la nueva Ley de Seguridad Interna animada desde
el Gobierno y respaldada por el PRI, es engañosa. Se detonó por el mensaje del
Secretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos, de urgir al Legislativo
a dar marco jurídico a las Fuerzas Armadas para hacer tareas de seguridad
pública en las calles mexicanas, en una llamada de atención que no ha sido
todavía del todo analizada. El General criticó al Secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, sin mencionarlo, al expresar que el papel de ser policía
pertenece a policías y no a militares, que no han hecho su trabajo porque la
encomienda a su colega de gabinete de fortalecerlas, ha sido incumplida. Pero
también fue maniqueo al no hacer una autocrítica por su silencio ante las
decisiones del Ejecutivo de frenar la profesionalización de las policías, que
trajo como consecuencia el desgaste y el descrédito de las Fuerzas Armadas, por
lo cual reclamó airadamente la semana pasada.
Que
el Senado y la Cámara de Diputados no se equivoquen una vez más. Quieren
dictaminar al vapor la Ley de Seguridad Interna que exigió el General
Secretario la semana pasada, arrollados por la coyuntura del ciclo mediático al
que se sumó la clase política encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto,
quien afirmó que es esencial legislar en la materia. Antes de que avance la
militarización del país, hay que entender y explicar por qué se ha llegado a
este punto de crisis de gobierno que el Legislativo quiere resolver. Si existe
una debilidad institucional y las policías estatales y municipales son el
eslabón más vulnerable de la seguridad pública, es porque quienes ahora buscan
apresurar la Ley de Seguridad Interna, son quienes en función de sus necesidades
políticas de corto plazo, sacrificaron la profesionalización de las policías.
Se puede argumentar que intentan cubrir sus errores y deficiencias con otro
error aún mayor y sin punto de retorno. Si se han dado cuenta o no de esta
contradicción, es tema para otra discusión.
La
profesionalización de las policías fue desechada como estrategia de largo plazo
por el Gobierno del Presidente Peña Nieto, lo que las hubiera dotado de mayores
recursos y posibilidades para enfrentar a la delincuencia. No se puede saber
cuáles hubieran podido ser los resultados alcanzados en este momento, pero sí
está claro qué no habría podido hacer el Gobierno en el momento en que comenzó
a aplazar el desarrollo y mejoramiento de las policías: desarrollar la
estrategia de aniquilación del cártel de Los Caballeros Templarios en Michoacán
en 2013, mediante el uso de paramilitares -algunos de ellos integrantes del
Cártel Jalisco Nueva Generación-, disfrazados grupos de autodefensas. Esto le
dio herramientas retóricas al Gobierno para presumir que su lucha contra
criminales, a diferencia del Gobierno de Felipe Calderón, sí funcionaba.
Todo
aquello fueron jueegos pirotécnicos. Durante la administración actual, el
Gobierno y el PRI frenaron sistemáticamente la evaluación y el control de
confianza de los policías, violando las disposiciones de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entró en vigor el 2 de enero de
2009. El artículo 183 especificaba sanciones al servidor público que
inscribiera en una institución a una persona sin contar con el certificado de
evaluación y control de confianza. El artículo 139 establecía sanciones a quien
nombrara a un policía, ministerio público o perito a quien no hubiera sido
certificada y registrada en términos de esa ley, con un Tercero Transitorio que
marcaba un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor del decreto,
para practicar las evaluaciones.
La
ruptura del camino para profesionalizar a la policía comenzó antes de que Peña
Nieto cumpliera un mes en la Presidencia, cuando el Senador Omar Fayad -hoy
Gobernador de Hidalgo-, presentó una iniciativa de reforma al Tercero
Transitorio, aprobada el 28 de diciembre de 2012, seis días antes de vencer el
plazo para evaluar al personal de seguridad, para ampliarlo10 meses más. El 15
de octubre de ese año, Fayad presentó una segunda reforma, apoyada por
senadores del PAN y el PRD, para aumentar otra vez el periodo.
Este
se venció el 31 de octubre de 2014, cuando todos los integrantes de los cuerpos
de policías que no tuvieran la certificación de los centros de evaluación y
control de confianza, tendrían que haber sido separados de sus cargos. Tampoco
se sancionó a quienes nombraran a policías, ministerios públicos o peritos sin
pasar por ese proceso. Los hubieras no existen, pero cabe la pregunta retórica:
de haberse cumplido en tiempo y forma lo que marca la ley, ¿la suerte de los 43
normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos por policías de tres municipios de
Guerrero coludidos con criminales, habría sido la misma?
La
discusión encabezada por el Gobierno y el PRI para que se dictamine la Ley de
Seguridad Interna, también es hipócrita. Frenar la profesionalización de las
policías alargó el tiempo de los militares en las calles. A esa negligencia que
permitió actividades criminales, ahora quieren sumar la atrocidad de
militarizar el país. Una vez más hay que insistir. La solución al problema no
es la Ley de Seguridad Interna, sino un nuevo modelo policial en el país que
profesionalice esos cuerpos. Ya han sido suficientemente irresponsables -por
las consecuencias humanas, sociales y políticas causadas-, para que vuelvan a
caer en el mismo error. La simulación sólo ahonda los problemas, y eleva costos
y tiempos para su solución.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter:
@rivapa
(NOROESTE/
ESTRICTAMENTE PERSONAL/ Raymundo Riva Palacio/ 14/12/2016 | 01:01 AM)
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