CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
La primera percepción de triunfo de los padres y madres de los 43 normalistas
de Ayotzinapa desaparecidos una vez difundida la renuncia de Tomás Zerón como
director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la tarde del miércoles
14, se desvaneció horas después con la decisión del presidente Enrique Peña Nieto
de nombrarlo secretario de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
“Protección”, “burla” y
“mentira” fueron las palabras con las que, un día después, los familiares de
los jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre definieron la acción
presidencial, tras reiterar su negativa a participar en mesas de diálogo con la
titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, que
habían sostenido desde mayo, semanas después de que el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI) revelara las presuntas actuaciones
irregulares de Zerón de Lucio en la construcción de la “verdad histórica” del
basurero de Cocula.
Los familiares de las
víctimas decidieron levantarse de la mesa de conversaciones el pasado 18 de
agosto, luego de que el visitador general de la dependencia, César Chávez
Flores, aceptó haber encontrado “responsabilidades” en la investigación abierta
contra Zerón, aunque indicó que no contaba en ese momento con la resolución
final.
El anuncio de la separación
del cargo del director de la AIC, hecho en un escueto comunicado de la PGR,
devino días después de que la revista estadunidense Science publicara en su
reciente edición el resultado de un experimento realizado por José Torero,
experto en incendios de la Universidad de Queensland, Australia, por el que
confirmó la imposibilidad de que los 43 normalistas hayan sido incinerados.
En el peritaje que elaboró
para el primer informe presentado por Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) en septiembre de 2015, Torero ya había descartado que el
fuego hubiera sido el destino final de los 43 estudiantes. Su dictamen lo
realizó con base en el análisis del expediente, en reportes del Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF), en la inspección del basurero de
Cocula y en las evidencias recolectadas por la PGR en el sitio.
El investigador peruano
también formó parte de un equipo de seis expertos a los que la PGR, en acuerdo
con el GIEI, les encomendó elaborar un peritaje de dinámica de fuego, cuyas conclusiones
preliminares fueron dadas a conocer por la dependencia el 1 de abril de 2016.
Voz discordante en ese panel
de expertos, Torero y un equipo de estudiantes de la Universidad de Queensland
experimentaron con el cadáver de un cerdo de 70 kilos. Para quemarlo
requirieron 630 kilos de madera, de manera que para incinerar 43 cuerpos se
necesitarían 27 mil kilos “y aun así habrían quedado restos de materia
orgánica”.
El experto sometió al fuego
los cadáveres de cuatro cerdos para determinar “si la grasa corporal habría
servido como combustible, facilitando la incineración total”, pero demostró que
habría necesitado mucho más combustible que para calcinar uno a uno.
La divulgación del
experimento de Torero por la revista Science alentó a los padres de familia en
su exigencia a las autoridades de descartar de una vez por todas la “verdad
histórica” y sancionar a quien había contribuido a su construcción: Tomás
Zerón.
Una vez conocida la
separación de Zerón, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, Abel Barrera, declaró a Proceso que, una vez que Arely Gómez se
había comprometido a investigarlo, suponía que la separación “no es una
decisión política, sino que está fundada en que hay una responsabilidad pública
del funcionario en su actuación y que afectó a las familias agraviadas (…) y
tiene que haber sanciones”.
En representación de los 43
padres de familia, en conferencia de prensa el jueves 15, ya con el
conocimiento del nombramiento presidencial de Zerón en la CNS, Mario González y
Cristina Bautista, padres de los jóvenes desaparecidos Mario César González y Benjamín
Bautista, acusaron a Peña Nieto de encubrir al exdirector de la AIC.
“Es indignante que después de
que ese tipo (Zerón) tiene una investigación abierta, se le premie con un cargo
más alto. Es una burla no sólo para los 43 padres sino para todos los
mexicanos”, dijo González.
Dolida, doña Cristina
reprochó a Peña Nieto que en la primera reunión que tuvieron con él, en octubre
de 2014, se comprometió a llevar la investigación topara donde topara, “pero
como se topó con su amigo, le dio un premio por construir la mentira histórica
del basurero de Cocula y del Río San Juan”.
Y continuó: “Peña Nieto ha
mentido no sólo a los papás de los 43 sino a todo el pueblo de México; está
protegiendo a su amigo y no lo mandó a su casa para que lo investigaran sino que
lo premió”.
ACCIONES Y REACCIONES
El director del Centro de
Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez,
explicó que en la reunión de trabajo del 12 de junio Arely Gómez y el entonces
visitador general, César Chávez Flores, notificaron a los padres acerca de la
integración de dos expedientes en la Dirección General de Asuntos Internos de
la Visitaduría General: uno por “irregularidades de todo el contexto de la
investigación (del caso Ayotzinapa) en su conjunto, y el otro es justamente los
hechos del 28 de octubre de 2014 relacionados con el Río San Juan y con Tomás
Zerón”, a quien el GIEI identificó en videos y fotografías realizando
actuaciones e interrogando a un presunto implicado, sin que estas diligencias
estén integradas en el expediente.
Después de fijar su posición,
una comisión de padres de los 43 estudiantes se sumó a la manifestación
ciudadana que exigía la renuncia de Peña Nieto en la Ciudad de México, en tanto
que el resto hacía lo propio en Chilpancingo, Guerrero.
La tarde del jueves 15, el
encargado de la Oficina de Investigación del caso Iguala, Alfredo Higuera
Bernal, lamentó la decisión de los familiares de los 43 desaparecidos de
suspender las mesas de diálogo, tras señalar que el distanciamiento no ha sido
un freno para continuar con las investigaciones y la búsqueda de los
normalistas.
En entrevista con Proceso,
Higuera Bernal reconoció que la presencia de Zerón fue “motivo de reclamo de
los padres de familia” al considerar que como funcionario de la PGR
representaba “una posibilidad de obstrucción” en las investigaciones.
Añadió: “Ese aspecto ha sido
superado con la circunstancia de que él no está aquí, y me refiero a superado
no por que él hubiera realizado precisamente alguna obstrucción, sino en relación
al planteamiento que hacen los papás”.
Tras admitir que los
señalamientos contra Zerón están identificados antes de que él asumiera el
cargo al frente de las investigaciones del caso Ayotzinapa en junio pasado,
Higuera Bernal sostuvo que durante su gestión “jamás se advirtió ninguna
interferencia con el quehacer investigatorio (sic) de esta oficina; aun con
ello, las consideraciones que hicieron valer los padres de familia son aspectos
que siempre deben considerarse (sic); no se pueden ignorar los señalamientos
que víctimas tengan que hacer con respecto a los servidores públicos, pero,
insisto, ninguna obstrucción, interferencia ni nada de esa naturaleza”.
El funcionario reconoció
asimismo que desde que el GIEI reveló en su último informe la presencia de
Zerón en el Río San Juan, “la señora procuradora instruyó que se investigara
concretamente el hecho de la manera más objetiva; no podía ser de otra manera,
precisamente por estar vinculado a este caso tan importante”.
Confirmó que en la última
reunión con los padres, la del 18 de agosto, el visitador “dio a conocer que
estaban muy avanzados los trabajos y lo que restaba era esperar la definición
de esa investigación”, y destacó que la visitaduría es la única que conoce del
“estatus y la situación actual, e informa a las instancias correspondientes, no
necesariamente a esta oficina, por estar nosotros abocados a la investigación
de los jóvenes”.
En cuanto al experimento de
Torero expuesto en la edición reciente de la revista Science, el funcionario sostuvo
que “no ha habido ninguna obsesión con esa hipótesis o línea de investigación”,
y añadió que en su momento, durante la gestión de Jesús Murillo Karam, se dio a
conocer “en función de los elementos que tuvo en aquel entonces”.
Insistió en que la PGR no
está “casada” con la línea del basurero de Cocula, y en cuanto al reporte del
investigador dijo que “todas las opiniones son respetables, pero aun en
actividades de carácter científico, como es la emisión de un dictamen u opinión
por parte de expertos, puede haber diferencias”.
También reconoció que, aun
cuando en el dictamen preliminar del panel de expertos se recomendaba la
realización de peritajes de mayor calado, “todavía no se han realizado”.
De acuerdo con Higuera
Bernal, la oficina a su cargo ha atendido lineamientos del GIEI, solicitudes de
diligencias de los padres de familia a través de sus representantes y
actuaciones surgidas de las propias investigaciones de su oficina, así como
observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Expuso que entre las
peticiones de la CNDH, el jueves 15, a las 19:49 horas, su oficina remitió a la
Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, que depende de
la Subprocuraduría de Delitos Federales, el reporte que realizó el organismo
sobre el caso de Julio César Mondragón Fontes, cuyo rostro apareció descarnado
la mañana del 27 de septiembre, y quien habría sometido a severos tormentos
antes de morir.
“Hubo un planteamiento para
que hubiera intervención federal, para que se dilucidara lo relativo a los
posibles actos de tortura que, de acuerdo al dictamen de la CNDH, podría haber
sido objeto Julio César Mondragón; eso fue motivo de un planteamiento especial
del organismo y de la propia representación de la familia de Julio César.
“Primero obtuvimos
información, copias certificadas de los 10 tomos del expediente, y hemos
generado esa intervención con fines de investigación a través de la Unidad
Especializada en Tortura. El caso de homicidio no se atrae porque está radicado
en un juzgado del estado de Guerrero y allá seguirá su curso”, explicó.
Agregó que durante el tiempo
que ha estado al frente de la investigación se han “obtenido las declaraciones
de más de 100 personas en torno a los hechos y no circunscribiéndola a lo que
originalmente fue el objeto de investigación que eran los municipios de Iguala
y Cocula”, sino que se ha interrogado a autoridades de otros municipios, entre
éstas a alcaldes y policías, así como a integrantes de corporaciones estatales
y federales, además de que se ha ampliado la investigación sobre telefonía
celular.
Higuera Bernal aseguró que su
oficina está en espera de apoyar al personal que designe la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para implementar el Mecanismo de
Seguimiento de las Medidas Cautelares por el caso de la desaparición de los
jóvenes, así como para supervisar el acatamiento de las recomendaciones del
GIEI.
Asimismo, se dijo confiado en
que la visitaduría de la PGR dé a conocer el resultado de la investigación a
Tomás Zerón para que los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos
regresen a las mesas de trabajo.
(PROCESO / REPORTAJE ESPECIAL/ GLORIA
LETICIA DÍAZ / 22 SEPTIEMBRE 2016)
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