El modelo de cárceles privadas no
privilegia la reinserción social, pues ve a los reos como un negocio, según un
informe hecho por varias organizaciones.
En 2010, el ex presidente
Felipe Calderón lanzó un nuevo modelo de inversión para construir 12 nuevos
centros penitenciarios privados y así abatir el hacinamiento y mejorar las
condiciones de las personas en reclusión. A seis años de la operación,
persisten los mismos problemas que en los centros públicos: autogobierno,
tráfico de drogas, prostitución y tratos degradantes.
Así lo concluye el estudio
“Privatización del sistema penitenciario en México”, realizado por la
Universidad Iberoamericana Puebla, México Evalúa y Due Process of Low, entre
otras organizaciones.
De acuerdo con el análisis,
la privatización de las cárceles ha sido un proceso opaco, toda vez que se han
adjudicado contratos directos que no se dan a conocer vía transparencia por
“seguridad nacional”. Además, los inversionistas han mercantilizado a los reos
“sin tomar en cuenta los aspectos de reinserción social”.
El documento incluye la
investigación sobre nueve de los centros de reclusión construidos con capital
privado de 2010 a 2016: el Cefereso 15 de Chiapas, Cefereso Femenil de Ramos
Arizpe en Coahuila; el Centro varonil de seguridad penitenciaria I y el II en
la Ciudad de México. Cefereso 14, en Durango; Cefereso 12, en Guanajuato;
Cefereso Buena Vista Tomatlán, en Michoacán; Cefereso femenil 16 en Morelos;
Cefereso femenil 13 en Oaxaca y el Cefereso 11 en Sonora.
La idea de incluir capital
privado en la administración de los centros de reclusión (excepto en las tareas
de vigilancia y custodia, que sigue a cargo de los gobiernos estatales y
Federal) era quitar presión a las finanzas públicas y mejorar las condiciones
de los reos a través de una mayor inversión en infraestructura; pero “esta
medida parece estar más enfocada a satisfacer las necesidades de las empresas
que de las personas usuarias”, dice el estudio.
Los centros de reclusión
construidos después de 2010 están focalizados en el modelo de máxima o alta
seguridad, lo que permite una mayor inversión en la infraestructura y en las
condiciones de seguridad (rejas, puertas blindadas, cámaras de seguridad), pero
sin tomar en cuenta los aspectos de reinserción social o de contacto con las
familias.
Esto implica problemas para
los familiares de reclusos, pues los centros penitenciarios están
geográficamente aislados y son de difícil acceso. Uno de los casos que ejemplifica
que el modelo de inversión privilegia los intereses de privados por encima de
acabar con la crisis de los centros penitenciarios, son el Centro varonil de
seguridad penitenciaria I y II de la Ciudad de México.
La construcción de ambos
centros representaba una oportunidad para afrontar los niveles de
sobrepoblación que va de 49% a 120% en los 12 centros de la ciudad; seis meses
después de su apertura, los nuevos centros tienen una ocupación de 23% y 14%,
respectivamente. ¿La causa? “Se construyeron centros de máxima seguridad en una
entidad donde la mayoría de la población fue sentenciada por el delito de
robo”, explica el estudio.
Esto demuestra “una falta de
planeación en materia penitenciaria al momento de definir los contratos de
construcción desde un enfoque de reinserción social. En lugar de privilegiar
las múltiples posibilidades para evitar el uso de la prisión como las medidas
alternativas, se decidió construir cada vez más cárceles”.
A esto se suma que las
empresas cobran una cuota de mantenimiento al Estado por cada lugar disponible
en el centro concesionado; es decir, debe pagar una cuota por la capacidad
completa del centro y no por el número de reos. “Esto significa que el gobierno
mexicano tiene interés en llenar estos centros porque, de todas formas, tiene
que asegurar el pago completo, lo que se ha traducido en casos de traslados
masivos hacia los nuevos centros concesionados”, indica el estudio.
Por ejemplo, en los primeros
tres meses de operación del Cefereso 16, en Morelos, se trasladaron a mil 339
internas, lo que representa 53% de la capacidad instalada del lugar. Sin
embargo, los traslados atentan contra del derecho a ser internadas en centros
más cercanos a sus domicilios.
¿CERTIFICACIÓN PATITO?
Como parte de la Iniciativa
Mérida (una estrategia entre el gobierno de México y Estados Unidos para el
combate del crimen organizado) existe el Programa de correccionales, para
mejorar las capacidades del sistema penitenciario mexicano. Entre las
estrategias donde intervienen particulares en este tema está la acreditación
internacional por parte de la Asociación Americana de Correccionales (ACA).
En abril de 2011, por
solicitud del gobierno de México, auditores nacionales y personal ejecutivo de
la ACA visitaron algunas prisiones de este país para evaluar su viabilidad para
ser acreditadas. De acuerdo con la investigación, hay 14 centros estatales,
cinco federales, tres para adolescentes y la Academia Nacional de
Administración Penitenciaria (ANAP) acreditados por la ACA.
La ACA incluye 139 estándares
internacionales divididos en siete áreas: seguridad, orden, cuidado, programas
y actividades, justicia y administración. Sin embargo, en los CERESOS de
Chihuahua, la entidad pionera en la certificación, persisten las problemáticas
estructurales.
Las organizaciones que
realizaron el estudio recabaron testimonios de internos y sus familias entre
enero y abril de 2016 en la entidad y detectaron que, como ocurre en otros
centros penitenciarios, en las cárceles certificadas de Chihuahua existe
hacinamiento, pues hay de seis a ocho personas en celdas individuales.
Los testimonios narran
también el autogobierno: “El que controla no son ni los comandantes, ni el
director, ahí el que comanda es un jefe alto del narcotráfico” y que las
autoridades permiten y promueven la prostitución, al “realizar traslados de
internas de la zona femenina a la zona varonil para la realización de fiestas”.
“Se prostituyen las reclusas.
Van a las fiestas y los narcos que están ahí, traen lana. Les gusta y luego las
piden, le dice a la custodia: ‘me gustó fulana de tal, échamela, échamela’.
Luego ahí está tu lana y también a la reclusa”, narran los testigos
entrevistados por los investigadores.
El estudio concluye que esta
es “una acreditación de papel que deja fuera del proceso la palabra de las
personas privadas de la libertad y permite a los centros pagar por una
acreditación mediática sin tener que cambiar sus prácticas”.
LA OPACIDAD
La inversión privada en un
sector de seguridad ha propiciado la opacidad, como lo denunció la Tercera
Visitaduría de la CNDH en 2013. Aunque los investigadores realizaron
solicitudes de acceso a la información entre 2013 y 2014, respecto a los
contratos, la Secretaría de Gobernación negó la información al clasificarla
como “reservada” por “comprometer la seguridad nacional”.
Entre las pocas cosas que la
Secretaría de Gobernación respondió está que el gobierno federal ha firmado 223
contratos con empresas privadas para la construcción, operación, mantenimiento
y prestación de servicios en los Ceferesos de 2009 a 2014, pero sin informar
los detalles.
El modelo público privado en
los centros de reclusión, a seis años de implementarse, no ha traído los
beneficios que argumentaron las autoridades federales.
(ANIMAL POLITICO/ CuartoOscuro
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