EL GOBIERNO DE LOS CRIMINALES

En diciembre pasado, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, recién entrado como gobernador de Nuevo León, habló con la cúpula empresarial regia y les comentó detalladamente el problema de seguridad que había encontrado en el penal del Topo Chico, en Monterrey.

Jaime Rodríguez les señalaba que no sólo controlaban la cárcel los criminales, sino que en las noches salían de la cárcel escuadrones de la muerte para asesinar a sus rivales. Tras sus ejecuciones, regresaban al santuario que les proporcionaba el reclusorio.

La petición de ayuda al Gobierno federal, que en aquella ocasión les dijo que era insistente, nunca llegó. Unos 45 días después, facciones rivales de Los Zetas se enfrentaron y tras una matanza quedó un saldo de 49 muertos heridos.

La matanza en Topo Chico, que es una cárcel estatal, y la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal federal de máxima seguridad de El Altiplano en julio del año pasado, llevaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a realizar un estudio sobre las vulnerabilidades del sistema penitenciario a nivel nacional  que fue dado a conocer este martes, y que se perdió en medio de tanto ruido social y político.

Pero las conclusiones del informe 2015, dadas a conocer por el ombudsman, Luis Raúl González Pérez, no pueden soslayarse. Entre los datos más relevantes del informe, realizada sobre una muestra en 130 centros penitenciarios estatales de 359 que existen en el país (el 36% del total), se encuentran:

Hay 71 cárceles estatales que son gobernadas por los criminales. Es decir, los custodios no tienen control de ingresos de visitas, ni uso de teléfonos ni, por supuesto, de la seguridad. (Cuando la matanza en Topo Chico, la videograbación en tiempo real no sirvió para alertar a la Policía Federal, a un kilómetro de  distancia, porque las cámaras no estaban en poder de los custodios, sino de los criminales).

En 73 de las 130 cárceles estatales en la muestra, existen áreas VIP, donde los criminales tienen áreas de privilegios, donde pudieron introducir objetos (muebles, estufas, camas, por ejemplo), así como sustancias prohibidas (por ejemplo, hay cárceles donde el olor a la mariguana que se consume en su interior es  penetrante). La forma como tienen estas zonas restringidas para los criminales es por medio de la intimidación y la violencia contra los custodios y las autoridades penitenciarias.

Una constante en 75 centros penales es la falta de manuales de procedimientos para ingreso, traslado de internos en caso de motín, uso de la fuerza, solicitud de audiencia con las autoridades, visita íntima, familiar, revisión de visitantes, de estancias, así como una deficiente difusión de la normatividad.

Los homicidios dolosos no son inusuales. Entre los estados, las cárceles en el Estado de México son las de mayor vulnerabilidad (14 de los casos se registraron en la entidad, contra ninguno en Yucatán, que es el mejor evaluado en esta categoría). En materia de desórdenes, Sonora es el peor evaluado (131) contra  Guerrero, el mejor evaluado (un caso), mientras que en riñas, Sonora volvió a ser el peor (220), contra Sinaloa y Yucatán como los mejores (dos registradas).

El informe de la CNDH estableció que en promedio, los peores promedios se los llevaron Nayarit (4.11); Quintana Roo (4.43); Guerrero (4.99); Hidalgo (5.01), y Tabasco (5.06). Quienes obtuvieron las mejores calificaciones fueron: Guanajuato (8.02); Aguascalientes (7.75); Baja California (7.42); Chihuahua (7.38), y

Tlaxcala (7.34).

“En una escala de 1 a 10”, de acuerdo con el documento, “el promedio nacional de calificación de los centros penitenciarios estatales fue de 6.21, que si bien representa un crecimiento de dos décimas respecto de las calificaciones de 2014, no implica un avance sustantivo o cambio radical en el panorama nacional en la  materia”.

La CNDH revisó también las prisiones federales, y encontró que en 16 se observó insuficiente personal de seguridad y custodia; en 15, deficiencias en los programas para prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; en 14, insuficientes actividades laborales y de capacitación, y en 11 es nula la clasificación  entre procesados y sentenciados, advirtiéndose en 8 casos hacinamiento.

La calificación promedio fue de 7.36, mientras que en las prisiones militares fue de 7.93. Esta calificación sólo fue superada por las prisiones en Guanajuato (8.02), y la cárcel femenil en las Islas Marías (7.99), parte del sistema federal, cuyo promedio fue de 7.36.

“Día con día se violentan los derechos fundamentales de un gran número de mexicanas y mexicanos privados de su libertad”, advirtió el ombudsman González Pérez. “Los hechos no nos permiten concluir que el sistema penitenciario esté plenamente organizado y opere sobre una base de respeto a los derechos humanos”.

El documento de 523 páginas es un diagnóstico del sistema penitenciario, al cual el Gobierno federal ha ido presupuestal y conceptualmente deshidratando.

El presidente Enrique Peña Nieto no se distinguió desde sus tiempos de gobernador por estar interesado y preocupado por el mejoramiento de las condiciones dentro de las cárceles, que se desdobló en una reorientación de recursos –no se puede saber con precisión a dónde fueron a parar porque fueron adjudicaciones directas inscritas en seguridad nacional, que son secretas– y en el desmantelamiento de procedimientos y protocolos.

Por la vía del dolor –fugas de alto impacto y matanzas dentro de las prisiones–, debería darle atención y prioridad a un tema que no luce, pero cuesta política y electoralmente. Topo Chico no es la peor prisión del país; se encuentra en el promedio. Este es un dato que no puede olvidar.

(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 14 DE ABRIL 2016)