El
29 de septiembre, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo,
Raymundo Ramos Vázquez, entregó un informe a los integrantes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que en 64 páginas resume el clima oprobioso
que envuelve a Tamaulipas. El documento incluye 23 casos de ejecuciones
extrajudiciales atribuidas a las fuerzas federales, 22 desapariciones forzadas
y una violación cometida en el Cuartel Militar de dicha ciudad.
NUEVO
LAREDO, TAMPS. (Proceso).- En la entidad, los homicidios, secuestros y
desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones a los
derechos humanos y otros delitos se cuentan por miles, lo que mantiene en la
zozobra a los pobladores. Desde hace meses, el temor es generalizado y lo mismo
se cuidan de los criminales que de las fuerzas federales desplegadas en
territorio tamaulipeco.
Este
es el diagnóstico del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL),
entregado el martes 29 de septiembre a Tracy Robinson, comisionada de la
delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un
encuentro realizado en Monterrey, Nuevo León.
Ese
día se realizaron audiencias privadas en las que integrantes de agrupaciones
sociales de los estados del norte del país hablaron de sus experiencias en la
búsqueda de sus familiares desaparecidos y reiteraron su exigencia de justicia
a los visitantes.
Según
el CDHNL, fundado en 1999 y dirigido por Raymundo Ramos Vázquez, la estrategia
de seguridad para Tamaulipas emprendida el año pasado es un fracaso. Pese a que
arribaron a la zona 15 mil elementos de la Policía Federal (PF), así como
soldados y marinos, la inseguridad e indefensión no disminuyen.
Por
mucho que el gobierno federal asegure que en Tamaulipas, entidad gobernada por
el priista Egidio Torre Cantú, “la vigencia del estado de derecho es una
realidad”, lo cierto es que los ciudadanos viven entre el horror y la
destrucción, de acuerdo con el análisis de la citada organización, la única de
su tipo que aún funciona en la entidad, en medio del hostigamiento de
delincuentes y las fuerzas federales.
Durante
el encuentro en Monterrey, efectuado en la Facultad Libre de Derecho y al que
acudieron representantes del CDHNL, así como activistas proderechos humanos de
Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Zacatecas, Robinson escuchó de viva voz las
quejas ciudadanas.
El
CDHNL le entregó a la comisionada su informe de 64 páginas titulado
Desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y agresiones
sexuales cometidas por las Fuerzas Armadas en Tamaulipas, una de las entidades
más inseguras, violentas y con mayor índice de desconfianza hacia las
autoridades.
Ramos
le entregó el informe personalmente a Robinson, quien estuvo acompañada por
Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, y los
especialistas Tania Reneaum y Efrén Olivares. La enviada se comprometió a
analizar el documento y a contactar a Ramos posteriormente.
El
documento refiere que la violencia se percibe principalmente en Ciudad
Victoria, Tampico, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, justo en la frontera
norte.
El
13 de mayo de 2014, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
anunció la estrategia para apaciguar Tamaulipas, luego de una escalada de
violencia atizada por sicarios de Los Zetas y del Cártel del Golfo, que
paralizó las principales ciudades de la entidad.
Y
aunque las autoridades aseguraron que su intención era desarticular las bandas,
sellar las rutas del tráfico de drogas, personas, armas y dinero, así como
garantizar la creación de instituciones locales de seguridad eficientes y
confiables, hasta ahora nada de eso se ha cumplido, sostiene Ramos.
En
su quinto informe de gobierno, presentado la semana pasada, Torre Cantú aseguró
que habían llegado a la entidad 6 mil 120 elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), 900 de la Secretaría de Marina (Semar), 2 mil 293 de
la PF, 2 mil 790 de la Policía Militar (PM) y 2 mil 962 de la Policía Estatal
Acreditable (PEA), que se desplegarían en los 42 municipios del estado.
Sin
embargo, lejos de tranquilizar la entidad –indica el informe del CDHNL–, la
llegada de las fuerzas federales en los últimos meses sólo creó un ambiente de
miedo, injusticia y abuso de autoridad. Hoy, varios poblados están abandonados,
las carreteras son intransitables y los desaparecidos se cuentan por miles.
“Cuando
el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, declaró una
guerra frontal al crimen organizado, en Tamaulipas la violencia alcanzó alturas
inimaginables, creando una guerra de todos contra todos: cárteles contra
cárteles, y cárteles contra autoridades de los tres órdenes de gobierno”, dice
el informe entregado a la comisionada Robinson.
Y
abunda: “Con Peña Nieto el escenario no tuvo una mejoría, a pesar de anunciar
una estrategia diferente. En Tamaulipas las personas siguen desapareciendo,
principalmente mujeres jóvenes, las carreteras son inseguras, los cárteles de
las drogas siguen operando, a pesar de la captura de sus principales
dirigentes, y las fuerzas federales no han podido garantizar ni paz ni
seguridad”.
CIFRAS NEGRAS
Según
las estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, inscrito en
el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Tamaulipas se documentaron 5 mil
293 casos de desaparecidos entre enero de 2007 y diciembre de 2014. Sin
embargo, Ramos asegura que la cifra negra puede ser de 15 mil.
Las
cifras oficiales representan sólo 27% de los desaparecidos en todo el país
–estimados en 23 mil 27–. Tamaulipas es líder en ese rubro, seguido por
Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua y Sinaloa.
Entre
el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de enero de este año, el mayor número de
denuncias de privaciones ilegales de la libertad fueron registradas en el
Estado de México, con mil 225; Tamaulipas, 607; Guerrero, 516; Morelos, 499;
Distrito Federal, 418, y en Veracruz con 340.
No
hay estadísticas de los abusos que sufren en su travesía a Estados Unidos los
migrantes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. Sólo se sabe que son
víctimas de las autoridades migratorias y los vigilantes de La Bestia.
Muchos
de ellos son extorsionados, secuestrados y asesinados por bandas criminales en
la ruta de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas, de acuerdo con reportes del
albergue Hermanos del Camino, que dirige el padre Alejandro Solalinde.
Y
aun cuando el presidente Peña Nieto impulsó el fortalecimiento del marco
jurídico para proteger los derechos humanos, promulgó la Ley General de
Víctimas e incluso creó el mecanismo de protección a defensores de los derechos
humanos y de los periodistas, en la práctica esos mecanismos no funcionan, dice
el informe del CDHNL.
Hoy,
agrega, la prevención del delito y la persecución de delincuentes es
prácticamente inexistente en Tamaulipas, pues desde la administración de
Calderón el gobierno estatal desapareció la policía local en la mayoría de los
municipios.
Torre
Cantú firmó un convenio de colaboración mediante el cual el gobierno estatal
depositaba en las Fuerzas Armadas y sus oficiales la estructura y operatividad
de seguridad pública.
El
gobierno del estado incluso se encarga de cubrir los salarios de soldados,
marinos y policías federales asentados en Tamaulipas, así como su hospedaje,
transporte, armamento, vehículos y combustible, además de gastos médicos en
caso de accidente e indemnizaciones por fallecimiento en el cumplimento del
deber.
“Según
expertos en temas de seguridad –dice el informe–, Tamaulipas es un estado
fallido donde las autoridades estatales no pueden garantizar a la población el
derecho a la paz social, la justicia, la libertad de tránsito o expresión,
entre otras.
“Sin
embargo, para el gobierno de la República, la vigencia del estado de derecho es
una realidad. La corrupción en los más altos niveles de gobierno ha permitido
una cercana convivencia entre funcionarios y delincuentes, cobijados también
bajo un poderoso manto protector: el poder político.”
CIUDADANOS EN EL DESAMPARO
En
el apartado más amplio, el CDHNL documenta 23 ejecuciones extrajudiciales, 22
desapariciones forzadas y una violación cometida en el Cuartel Militar de Nuevo
Laredo. Pese a las denuncias ciudadanas, hasta ahora ningún militar ha sido
procesado.
En
junio de 2011, la Marina envió a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila fuerzas
especiales para recabar información de inteligencia a fin de combatir al crimen
organizado, aunque no informaron a autoridades locales del resultado de sus
acciones.
Las
tropas navales tomaron como base de operaciones la denominada Ciudad Deportiva,
ubicada en el Libramiento Segundo Anillo Periférico.
“En
ese lugar torturaban a los detenidos, hombres y mujeres, niños y adolescentes,
para obtener información que les permitieran detectar a delincuentes de mayor
rango que operaban en la región y así proceder a su captura”, dice el informe.
Entre
el 2 y el 14 de junio de ese año, la CDHNL recibió 15 quejas que implicaban a
personal naval por violaciones graves a los derechos humanos en las detenciones
arbitrarias. Algunos incluso fueron torturados e incomunicados; otros
desaparecieron.
Entre
los casos denunciados por desaparición forzada –en 23 de los cuales estuvieron
implicados elementos de las fuerzas federales– destacan los de José Cruz Díaz
Camarillo, José Fortino Martínez, Martín Rico García, Diego Omar Guillén
Martínez, Usiel Gómez Rivera y Héctor Alejandro Rodríguez Vázquez. Familiares
de otros nueve detenidos se retractaron de sus denuncias por miedo a
represalias mayores de las autoridades, dice Ramos.
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su recomendación 39/2012
contra la Secretaría de Marina relacionada con la averiguación
AP/PGR/TAMPS/REY-III/1979/2011, en el que la Procuraduría General de la
República había concentrado las seis investigaciones.
La
Marina pagó 200 mil pesos a cada familia y se comprometió a solventar los
estudios de los hijos de las víctimas hasta nivel licenciatura.
No
obstante, la fiscal federal Rocío Escobar González no encontró elementos de
responsabilidad contra los marinos implicados y el 27 de abril de ese año
informó a las familias que la averiguación quedaba en reserva.
También
hay otro caso de desaparición forzada y ejecuciones que involucran a personal
de la Marina. Las víctimas son tres menores: Juan Pablo Hernández Rodríguez, de
13 años, Raúl David Álvarez Gutiérrez, de 17, quien fue arrestado el 30 de
julio de 2013, y Diana Laura Hernández Acosta, de 15, así como David Veliz
Leija y José de Jesús Martínez Chigo.
La
madre de Juan Pablo denunció que el 8 de agosto elementos navales entraron a su
casa y se lo arrebataron; al día siguiente apareció muerto en la carretera
Nuevo Laredo-Piedras Negras. Tenía huellas de tortura. El cuerpo fue robado
antes de que llegara el MP a dar fe de los hechos, según la averiguación
AP/PGR/TAMPS/NL-II/3048/2013. Junto al chico apareció el cadáver de Veliz
Leija.
El
informe del CDHNL menciona también los casos de los exgobernadores Tomás
Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, quienes enfrentan acusaciones
criminales en Estados Unidos. Contra el primero hay una orden de aprehensión
por narcotráfico, fraude bancario y lavado de dinero; Hernández enfrenta un
cargo formal en el estado de Texas por lavado y narco.
Este
reportaje se publicó en la edición 2031 de la revista Proceso, actualmente en
circulación.
(PROCESO/
REPORTAJE ESPECIAL/ LUCIANO CAMPOS GARZA/ 9 DE OCTUBRE DE 2015)
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